Señor Director:
Los señores Harasic y Cerna han escrito ayer una columna de opinión favorable al proyecto de ley del Ejecutivo que le da atribuciones al Servicio de Impuestos Internos (SII) para conocer los movimientos y saldos de las cuentas corrientes de cualquier chileno. Se argumenta que en Chile habría una "imposibilidad de acceder a cierta información financiera de los contribuyentes en casos calificados", pero se omite decir que hoy un juez puede conocer los movimientos y saldos de cualquier cuenta corriente si sospecha que su titular es culpable de un delito.
En verdad, lo que este proyecto busca es darle al SII una nueva facultad: la de conocer los movimientos de la cuenta corriente de cualquier chileno, sin que medie la orden previa de un tribunal. Este proyecto de ley afirma que el SII podrá solicitar al banco comercial del ciudadano cuya cuenta se desea conocer que se ponga en contacto con su cliente y le comunique que el SII desea conocer los movimientos de su cuenta. El SII no debe explicarle a nadie las razones por las cuales desea conocer esta información. De hecho, el proyecto no establece causales específicas por las cuales el SII puede querer conocer la información de la cuenta corriente de un ciudadano.
A su vez, el ciudadano cuya cuenta se desea investigar tiene tres posibilidades: Decir que sí, en cuyo caso el SII tendrá acceso a su cuenta. No decir nada, y aquí ocurre lo mismo que en el caso anterior. O decir que no, situación en la que el SII debe recurrir a los tribunales tributarios y aduaneros (o a los civiles mientras éstos no se creen) y pedirle al juez que cite al ciudadano que se negó, y en juicio sumario resolver.
No soy abogado, pero creo que es altamente probable que tengamos jueces bien predispuestos en contra del ciudadano que no ha querido voluntariamente mostrar los movimientos de su cuenta, por razones obvias.
Presentaré en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados una indicación que cambia el proyecto, en el sentido de obligar siempre al SII a pedir la información de la cuenta corriente de un ciudadano a través de un tribunal. Me parece que sólo si un tribunal independiente estima que existen sospechas de un delito, dicho tribunal podrá solicitar los movimientos de la cuenta corriente del ciudadano.
Creo que de esta forma conciliamos los dos objetivos buscados: evitar que se usen las cuentas corrientes para cometer delitos tributarios o financieros y resguardar la legítima vida privada de los ciudadanos, la mayoría de los cuales no es delincuente.
Julio Dittborn
Diputado
Fuente:EL MERCURIO
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Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
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