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viernes, enero 21, 2011

RSE La Responsabilidad Social Corporativa y la Cooperación Internacional para el Desarrollo: caminos convergentes (ARI)

La Responsabilidad Social Corporativa y la Cooperación Internacional para el Desarrollo: caminos convergentes (ARI)
Rafael Domínguez Martín
ARI 6/2011 - 18/01/2011
Tema: La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) para el desarrollo ha cobrado un gran auge en la última década, desde que Naciones Unidas lanzó el Pacto Mundial. Este ARI traza los paralelismos de la RSC y la Cooperación Internacional para el Desarrollo (CID), paralelismos que sugieren la oportunidad de colaboración entre una RSC menos asistencialista y más estratégica con una CID que vaya más allá de la ayuda y busque la coherencia de políticas[1].

Resumen: Este ARI revisa los principales paralelismos entre la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), como estrategia empresarial, y la Cooperación Internacional para el Desarrollo (CID), como política pública concertada, en cuanto a su naturaleza e influencias doctrinales, objetivos, eficiencia/eficacia, críticas, principales problemas de identidad y retos respectivos, a partir de la siguiente hipótesis: la RSC es a las empresas lo que la CID es a los gobiernos. La conclusión es que necesita una colaboración estratégica entre la RSC como innovación social y la CID ampliada desde la ayuda a la coherencia de políticas.

Análisis

Metáfora fundante y vidas paralelas
La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) es a las empresas lo que la Cooperación Internacional para el Desarrollo (CID) es a los gobiernos. La primera, como estrategia empresarial, y la segunda, como política pública concertada, están destinadas a entenderse desde mucho antes de que Kofi Annan lanzara en 1999 la idea de un Pacto Global.

El concepto de RSC nace en 1953 con la publicación del trabajo de Howard Bowen (Social Responsibilities of the Businessmen), que formaba parte de una colección sobre "Ética cristiana y vida económica" del Consejo Nacional de las Iglesias de Cristo en América. Bowen apelaba a la responsabilidad social de las corporaciones para producir no sólo bienes y servicios, sino devolver a la sociedad parte de lo que ésta les había facilitado. Un año después, Peter Drucker, devoto cristiano episcopaliano, incluía la responsabilidad pública como una de las áreas clave del management: los ejecutivos, además de cumplir su "primera responsabilidad con la sociedad" que es "operar hacia el beneficio", tenían que "promover el bien público… [y] contribuir a la estabilidad, el fortalecimiento y la armonía sociales" (The Practiceof Management, 1954).

Pero la corporación "con alma", como la denominó un autor del momento, respondía a algo mucho más terrenal, a saber, el alineamiento de los intereses de las empresas norteamericanas en la "lucha más colosal" contra lo que se percibía durante la Guerra Fría como "el desafío del comunismo a nuestro modo de vida", según dijo el decano de la Harvard Business School (HBS), Donald K. David, en mayo de 1949. Y en esta lucha los líderes empresariales debían trabajar "para resolver lo que es de lejos el mayor problema económico actual: el desarrollo de las denominadas áreas subdesarrolladas hasta el punto donde al menos las sombrías consecuencias de la extrema pobreza (la malnutrición, la muerte prematura, la mala salud crónica, la superstición, la sordidez y la miseria) sean mitigadas", como planteó el economista y activo miembro de los cuáqueros Kenneth E. Boulding en un artículo para la revista de la HBS en 1950. El propio decano David volvería sobre este tema en su discurso de 1958 en la HBS llamando a una movilización "de todos los recursos de nuestro sector privado empresarial mediante un contrato entre las agencias gubernamentales responsables y las compañías privadas y sus ejecutivos para hacer un trabajo masivo y efectivo de desarrollo económico en el exterior".

Por su parte, la CID surgió como política pública a raíz del Programa de los Cuatro Puntos del presidente Truman, en enero de 1949, en el que el político Demócrata, de arraigadas convicciones baptistas, se planteó la creación de un gran programa para "la mejora y el crecimiento de las áreas subdesarrolladas", siguiendo la ética pragmática de "ayudar a los menos afortunados a ayudarse a sí mismos". Este lema, calcado de la misión original del Banco Mundial, cabe remontarlo a la máxima del filántropo Andrew Carnegie, para quien "en el otorgamiento de la caridad, la principal consideración debería ser ayudar a aquellos que quieren ayudarse a sí mismos" y, como fuente original, al puritanismo depurado de Benjamin Franklin, que es a quien se debe la frase "Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos" (Poor Richard's Almanak, 1757). El programa de Truman se consideró como parte de las "nuevas responsabilidades" derivadas de la "nueva influencia" de la democracia americana, que serviría para testar "nuestra devoción por el deber… anclada en nuestra fe por el Todopoderoso", y, por supuesto, para responder al objetivo más mundano de luchar contra "la falsa filosofía del comunismo". Sólo tres meses más tarde, el decano de la HBS, Donald K. David, se sumaría entusiásticamente a la causa con la RSC.

La historia del objetivo del 0,7% también reúne esa peculiar mezcla de religión y política. En 1955, el Consejo Mundial de las Iglesias, una organización ecuménica con sede en Ginebra que agrupa a todas las iglesias cristianas, solicitó el asesoramiento del economista senior del Banco Mundial (que luego sería rector del International Institute of Social Studies de Rotterdam, el decano de los institutos de desarrollo europeos), Egbert de Vries. Se trataba de promover las donaciones de las parroquias en los países ricos con el fin de destinarlas a los países pobres en coherencia con la virtud cristiana de la caridad y de los objetivos fundacionales del Consejo. De Vries, militante cristiano, les convenció de que las donaciones privadas, por mucho que aumentaran, no podrían cubrir la gran brecha de capital que necesitaban los países pobres para salir del subdesarrollo. Así que el comité central del Consejo, cuando volvió a reunirse en 1958, aprobó una declaración en la que se solicitaba que "al menos un 1% del ingreso nacional de los países [desarrollados] fuera dedicado a estos propósitos". La petición del Consejo fue transmitida a las misiones diplomáticas de varias naciones industrializadas de la ONU, cuya Asamblea General, a fines de 1960, expresó "la esperanza de que el flujo de ayuda internacional y de capital debería incrementarse sustancialmente para alcanzar lo más pronto posible el 1% de los ingresos nacionales combinados de los países económicamente desarrollados".

A esta misma cifra mágica también habían llegado Jan Tinbergen y sus colaboradores del Netherlands Economic Institute de Rotterdam, en 1959 (y cuyo trabajo De Vries probablemente conocía), aunque el 1% fue presentado a nivel mundial en 1962, gracias al patrocinio de la Twentieth-Century Fund, un think-tank progresista en cuyo patronato estaban integrados muy connotados asesores del presidente Kennedy, Demócrata y católico, como J. Kenneth Galbraith y Arthur Schlesinger Jr. (poco después Peter Drucker se integraría a esta institución). Según Tinbergen, se trataba de poner en marcha un programa mundial para distribuir la cantidad de 7.000 millones de dólares, necesaria para ayudar a ayudarse a sí mismos a los países en desarrollo, siguiendo la propuesta de Rosenstein-Rodan de un impuesto progresivo a las familias de los países desarrollados. En 1968, en el segundo encuentro de la UNCTAD, se adoptó la recomendación de que el 0,75% de ese 1% fuera destinado a la ayuda al desarrollo, recomendación que fue suscrita inmediatamente por 10 de los 16 miembros del Comité de Ayuda al Desarrollo y luego por el CAD en 1969 y la Asamblea General de la ONU en 1970 como objetivo oficial para la II Década del Desarrollo.

Con estos antecedentes, no es de extrañar que la legitimación primaria de la AOD por parte del CAD fuera de carácter moral: "la necesidad de ayudar a los países menos desarrollados a ayudarse a sí mismos" (resolución sobre el Esfuerzo Común de la Ayuda, 1961). El Banco Mundial y su agencia también justificaron su propia actuación en 1969 desde una perspectiva moral que combinaba el enfoque de la ética deontológica (del motivo), muy influida por la Encíclica de Pablo VI Populorum Progressio (1967), y la utilitarista (de las consecuencias). Si en la primera se apelaba a la "cooperación en el bien común", sobre la base de que "los pueblos ya desarrollados tienen la obligación gravísima de ayudar a los países en vías de desarrollo", en el Informe Pearson se afirmó "la obligación de los ricos y privilegiados de ayudar a los pobres y necesitados", pero sin olvidar que la ayuda a los países pobres generaría "más desarrollo y progreso en los países ricos industrializados". De acuerdo con la noción de una "comunidad mundial interdependiente", la racionalidad de todo esto era análoga al modelo de egoísmo ilustrado de la RSC que se construyó simultáneamente: "el interés nacional es la base racional para la política –de la ayuda y de cualquier otra cosa–, pero solamente si es ilustrada y clarividente y mira más allá de sus propias fronteras". Estas consideraciones morales, junto con la fijación del objetivo del 0,7% del PIB de los países desarrollados para AOD en 1975 "y en ningún caso más allá de 1980", más varias recomendaciones sobre el desligamiento de la ayuda y la coherencia de las políticas comerciales y de inversión extranjera directa, fueron las principales conclusiones del informe Partners in Development, dirigido por el ex primer ministro de Canadá y premio Nobel de la Paz Lester B. Pearson a propuesta del presidente del Banco Mundial Robert MacNamara. Si Pearson era hijo de un pastor metodista, el ex secretario de Defensa de Kennedy, Robert McNamara, con sus raíces católico-irlandesas, desde luego tenía una gran familiaridad con la combinación de los enfoques deontológico y utilitarista sobre los que el hermano del difunto presidente, Robert Kennedy, había teorizado en 1968 al afirmar que "la ayuda prestada al extranjero no es una donación gratuita, sino que es, a la vez, una obligación moral para con todos los seres humanos y una sana y necesaria inversión para el futuro".

En la década de los 60, el enfoque altruista (arraigado en la filantropía) de la RSC, por el que las empresas tenían que avanzar sobre sus obligaciones legales usando voluntariamente sus recursos para fines sociales más amplios como respuesta a presiones externas fue la tónica dominante. De hecho, las empresas tuvieron que reaccionar antelas demandas sindicales, del movimiento de los derechos civiles, de las mujeres, de los consumidores y las reivindicaciones conservacionistas, sin esperar, además, ningún retorno económico específico por sus acciones sociales voluntarias. Esta posición defensiva suscitó muy pronto las primeras críticas que, también en el marco de la ideología de la Guerra Fría, denunciaron el carácter "subversivo" de la RSC, identificada como "socialismo" y verdadero pretexto para aumentar las regulaciones, según Milton Friedman, para quien el negocio de las empresas era hacer beneficios. Esto obligó a buscar una racionalidad para la RSC, que se concretó en el llamado "modelo de egoísmo ilustrado" según el cual la RSC contribuiría a maximizar a largo plazo el valor para el accionista, y la RSC se presentó como auténtico poder blando ("poder social") de las empresas, antes de que tal concepto fuera acuñado en la teoría de las relaciones internacionales.

En paralelo, la CID también recibió las tempranas críticas de Milton Friedman, que ya en 1958 había condenado la ayuda por promover el desarrollo a través de un medio (la planificación centralizada) contaminado con "la ideología comunista". Luego, Peter T. Bauer (Dissenton Development Studies and Debates in DevelopmentEconomics, 1971) denunció que la ayuda era simplemente "caridad" para atenuar los "sentimientos de culpabilidad… por injusticias pasadas", a la vez que un mecanismo de compensación de las barreras arancelarias erigidas contra las exportaciones de los países en desarrollo, cuando no un "instrumento para forzarlos a comprar lo que de otra manera no podría venderse". La ayuda, para Bauer, representaba "una ampliación natural de la imposición progresiva" desde el "nivel nacional al internacional", en lo que este autor de la escuela austríaca veía como una expansión perversa del Estado del bienestar.

Humanocentrismo de "stakeholders" y "partners"
Consolidada la definición de RSC como aquella estrategia voluntaria que empieza donde termina la ley, en los 70 se reafirmó la noción del contrato social (implícito) entre las empresas y la sociedad, que desembocó de manera natural en la teoría de la integración de los stakeholders a la empresa. La empresa empezó a concebirse no como una organización maximizadora de beneficios, sino del bien común, concepto vinculado no por casualidad a la doctrina social de la Iglesia (Encíclica de Pablo VI, Populorum Progressio, 1967). Así, los stakeholders se convirtieron en los 80 en la contrapartida conceptual de los partners de la CID, a medida que las empresas y sus grupos de interés se fueron globalizando. Y el poder blando de la empresa se ligó al concepto de reputación corporativa, dentro de una ética estoica en la que las empresas, como personas jurídicas, buscan la "aprobación social" y la "gratitud de quienes han cosechado el beneficio de sus acciones" a los que se refirió Adam Smith en su Teoría de los sentimientos morales. PeterDrucker (The Frontiers of Management, 1986) otra vez fue quien explicitó claramente la idea de centrar los objetivos de las empresas en las personas: la empresa se redefinió como una institución social basada en relaciones de confianza a largo plazo con personas (trabajadores, clientes y proveedores, como capital social, el único que aumenta con el uso), cuya razón de existir era servir a los clientes y donde el beneficio sólo resultaba un medio para este fin que es el que asegura la sostenibilidad de la empresa. En la organización, así concebida, los trabajadores (recursos humanos) no eran un pasivo, sino el principal activo de la organización, junto con el capital social y la reputación corporativa.

Sobre estos fundamentos y la teoría de los stakeholders, al llegar el nuevo siglo, el objetivo de la RSC evolucionó de manera natural hacia el desarrollo humano sostenible, una vez que estuvo claro que esto era un compromiso político para conciliar el crecimiento económico con la protección del medio ambiente dentro de una noción blanda y puramente empresarial de sostenibilidad. Así, el Libro Verde de la Comisión Europea definió la RSC como la "integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales (business operations) y sus relaciones con sus interlocutores", lo que subraya, además, la diferencia entre filantropía y la RSC al conectar ésta con el núcleo duro de las operaciones de la compañía en las que necesariamente está la gestión de los stakeholders. Por su parte, el World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) utilizó el sustitutivo de sostenibilidad para referirse al "compromiso de las empresas para contribuir al desarrollo económico sostenible, trabajando con los empleados, sus familias, la comunidad local y la sociedad en su conjunto". Desde ese momento, se aceleró el proceso de creación en los países desarrollados de una infraestructura institucional emergente de nuevas normas de comportamiento, transparencia y rendición de cuentas para las compañías multinacionales a modo de poder compensatorio. Y publicaciones tan influyentes como la Academy of Management Review empezaron a hablar de que "las corporaciones deberían actuar como agentes de cambio social".

Paralelamente, la CID retomó con fuerza la teoría de los partners, con la Comisión Independiente sobre Asuntos de Desarrollo Internacional, presidida en 1980 por el socialdemócrata Willy Brandt a sugerencia del presidente del Banco Mundial, Robert McNamara. El llamado Informe Brandt propuso un nuevo pacto internacional keynesiano para "la solidaridad humana y el compromiso internacional con la justicia social". El pacto consistía en un impuesto universal pagado por todos los países, excepto los más pobres, calculado mediante una escala móvil dependiendo del ingreso nacional, para constituir un fondo de desarrollo en el que los países desarrollados deberían aportar al menos el 0,7% de su PIB para 1985 y el 1% en 2000. Dicho fondo también recibiría aportaciones de las tasas sobre los gastos militares, las exportaciones de armas y el comercio internacional, de acuerdo con el principio de "responsabilidad global" que obviamente apelaba a lo que luego –cuando empezó a bajar la marea neoliberal que dio al traste con las recomendaciones de Informe Brandt– se reconstruiría como coherencia de políticas.

La coherencia de políticas no era más que una concreción de la teoría de la interdependencia compleja, según la cual el aumento de las interrelaciones económicas, sociales y ecológicas elevaba la probabilidad de la cooperación internacional entre los Estados en detrimento de las relaciones jerárquicas basadas en el poder militar. Dicha cooperación arraigaba en la ética utilitarista compartida tanto por la visión liberal como la realista de las relaciones internacionales (los Estados persiguen sus propios intereses de acuerdo a una serie de incentivos), mientras que la interdependencia se volvía compleja al perder los Estados el monopolio de las relaciones exteriores. Mientras que en la visión tradicional de las relaciones internacionales los Estados maximizaban su seguridad a través del poder militar (al igual que en la visión de Milton Friedman, las empresas maximizaban beneficios para ser viables), con el fin de la Guerra Fría, la teoría de la interdependencia compleja estableció que los Estados maximizaban su seguridad a través del "poder blando" o "cooptativo" de la cooperación internacional (al igual que en la visión Drucker, las empresas maximizaban su reputación con los stakeholders para ser sostenibles).

En este contexto, en el que precisamente se publicó el manual de Drucker sobre la empresa como proyecto de personas, con personas y para las personas, la CID fue diseñando el cambio del objetivo del crecimiento económico por el del desarrollo humano, que el PNUD definió en 1991 como "el desarrollo de las personas, para las personas y por las personas". Las personas eran fines en sí mismas, mientras el aumento del ingreso o del consumo era un medio para ese fin del desarrollo humano que necesariamente debía ser sostenible (compatible con el crecimiento económico) y con la noción de sostenibilidad empresarial. Después de todo, la conocida definición del Informe Bruntland es congruente con la regla del capital constante de Hicks-Solow, lo cual tiene una traducción política inmediata para la CID, como dejó claro el presidente Obama en la Conferencia de seguimiento de los ODM en septiembre de 2010 al expresar que "el propósito del desarrollo es crear las condiciones que no hagan necesaria la ayuda… un desarrollo que sea sostenible".

Pecados originales, retos comunes
En la actualidad la RSC estratégica tiene el reto pendiente de la demostración del business case, porque tras 35 años de ingentes esfuerzos de investigación, el último meta-análisis sobre 167 estudios muestra una relación muy tenue entre RSC y rentabilidad financiera, de manera que es posible que sea la rentabilidad la que incite a ser responsable y no al contrario. Aunque hay premio de consolación, porque la revista The Economist, otrora crítica, en enero de 2008 bendijo la RSC como just good business y un reciente informe de la Economist Intelligence Unit arroja el resultado de una encuesta entre ejecutivos de más de 30 países en la que el 69% considera que hay una relación positiva a largo plazo entre desempeño financiero y compromiso con la sosteniblidad.

Además de estas críticas internas que ponen en evidencia la posible falta de eficiencia de la RSC, desde el ala izquierda se sigue cuestionando la RSC como un discurso promovido por las corporaciones y/o las agencias de desarrollo internacionales para justificar la imposición del modelo neoliberal mediante una retórica green washing y por washing, que sirve para evadir otras responsabilidades. En un sentido más concreto, la RSC según algunos autores, es una noción de las grandes empresas de los países desarrollados que refleja las preocupaciones y prioridades de los consumidores de esos países, noción que es imposible trasladar a la realidad de las MYPMES de los países en desarrollo, que operan en un contexto de reglas de juego muy hostiles, o, si hablamos de multinacionales locales, que tampoco se puede traducir automáticamente por la inexistencia de una sociedad civil y un entorno competitivo suficientemente desarrollados. Incluso se considera que la RSC es una estrategia de las empresas de los países desarrollados para restringir la competencia en los países en desarrollo, mediante la imposición de estándares ambientales y cláusulas sociales que ponen trabas a la producción y las exportaciones. Y finalmente, se critica la falta de regulación de la RSC, como verdadera enmienda a la totalidad, ya que una supervisión pública estricta llevaría a desnaturalizar lo que, por definición, es una actuación voluntaria tal y como reconocen la Comisión Europea, la OIT o la International Organisation of Employers.

En todo caso, parte de las razones de esta última crítica responden a un problema de identidad de origen de la RSC que, precisamente por su carácter de autorregulación, es muy vulnerable a los fallos de mercado, tales como la información imperfecta, las externalidades y la existencia de free riding, lo que ha promovido un movimiento de accountability corporativa para cerrar la brecha entre la retórica y la política, que está generando una gran demanda de métricas y ratings de la RSC. Este movimiento pretende redireccionar el foco desde la voluntariedad de la RSC hacia las obligaciones legales –que con frecuencia no cumplen las empresas que se dicen responsables–, mediante la participación en iniciativas multi-stakeholder para elevar los estándares y procedimientos para presionar a favor de iniciativas voluntarias internacionales que luego se pueden interiorizar a nivel nacional mediante leyes (regulación articulada). La UE se encamina por esta senda con el anuncio, por parte de la Comisión, de un nuevo Libro Verde sobre transparencia de la información ambiental, social y de derechos humanos, que podría dar lugar a una directiva comunitaria de RSC centrada en la transparencia –particularmente en áreas de derechos humanos y desarrollo sostenible–, el buen gobierno corporativo, la participación de los grupos de interés –con especial atención a los empleados– o la mejora de las relaciones entre las compañías, los accionistas y la sociedad.

Como la RSC, la CID se enfrenta al reto de demostrar que la ayuda al desarrollo es efectiva. Sin embargo, tras 60 años de ayuda, 50 años de investigación y un centenar largo de estudios, no se puede afirmar que la ayuda haya ejercido, en términos agregados, un impacto positivo sobre el crecimiento del mundo en desarrollo. Parte de la explicación tiene que ver con los problemas sistémicos –carácter voluntario, distorsión asignativa por intereses políticos y comerciales, proliferación de donantes e intermediarios y volatilidad– de la ayuda que no se acompaña con la coherencia de otras políticas, y donde, como en la RSC, están presentes la información imperfecta (incompleta y asimétrica), las externalidades y el free riding, una consecuencia inevitable de una política que al fin y al cabo es unilateral, voluntaria o discrecional de los países desarrollados. Aunque el presidente Obama ha insistido recientemente en la interdependencia compleja (el desarrollo "no sólo como imperativo moral, sino como imperativo estratégico y económico"), las "responsabilidades mutuas" y la coherencia de políticas, y aunque su secretaria de Estado ha hablado de un "modelo de desarrollo basado en la asociación, no en el patrocinio", que implica "responsabilidad compartida", es evidente que el pecado original del sistema de ayuda persiste y no dejará de entorpecer la eficacia de la misma. Esto probablemente seguirá siendo así mientras dure la ayuda como business as usual, y por mucho que el movimiento de accountability y la proliferación de índices de calidad o transparencia de la ayuda traten de identificar a las mejores y peores agencias donantes, en paralelo a lo que pasa en el mundo de la empresas con los ratings y la métrica de la RSC.

Conclusión

Hacia una colaboración estratégica
La RSC nació como una obligación moral, vinculada a la ética cristiana del bien común a la que sigue muy atada a través de la doctrina de los stakeholders (reformulada recientemente en la Encíclica de Benedicto XVI, Caritas in Veritate, de 2009).[2] Por su parte, la CID también nació como una obligación moral vinculada a la virtud cristiana de la caridad a la que sigue muy atada. Recuérdese que la campaña del Jubileo 2000 para cancelar la deuda de los países en desarrollo está basada en la tradición judeocristiana de condonar deudas cada 50 años y en la Encíclica de Juan Pablo II Centesimus annus de 1991.[3]

Aunque el nuevo contrato entre las empresas y la sociedad que representa la RSC nunca se reconoció como la panacea para resolver todos los problemas sociales, la RSC se fue centrando en los objetivos de desarrollo humano global, a medida que se aceleró la internacionalización de las compañías y sus stakeholders. Por su parte, la obligación moral de los países desarrollados de ayudar a los países en desarrollo se intentó concretar en un nuevo compromiso internacional entre gobiernos basado en la idea de asociación, en que se reconocía, no obstante, que la ayuda, como actuación voluntaria, requería de la coherencia de otras políticas mucho más influyentes en el desarrollo, cuya definición se fue desplazando desde la noción de crecimiento económico hacia la de desarrollo humano sostenible.

La RSC, como enfoque idealista de poder blando (social), en el que la reputación se convirtió en un factor clave, fue sometido a las críticas de quienes denunciaron la agenda oculta redistributiva e intervencionista de la RSC o –en el extremo contrario– el carácter ideológico de la misma por los problemas de información imperfecta que incentivan la evaporación de políticas y dan como resultado una gran incoherencia entre las actuaciones empresariales y las políticas de RSC que se implementan en la realidad o sólo se anuncian y luego no se cumplen.

Por tanto, la RSC, como estrategia empresarial, y la CID, como política pública concertada, estaban destinadas desde sus orígenes a confluir y entenderse porque partían de influencias doctrinales muy similares (la virtud cristiana de la caridad como preservativo contra el comunismo durante la Guerra Fría) y objetivos que fueron convergiendo en la noción del desarrollo centrado en las personas (desarrollo humano) y sostenible. Su encuentro también se basó en la falta de eficacia (en el caso de la CID) y eficiencia (en el de la RSC) que en los últimos años está llevando a buscar las ventajas comparativas cruzadas de las empresas –eficacia y eficiencia para la CID– y el sector público –legitimidad para la RSC– con el fin de hacer frente a las críticas comunes sobre las agendas ocultas intervencionistas y redistributivas, los magros resultados financieros o para el desarrollo de una y otra, y la incoherencia y evaporación de políticas que compartieron desde sus inicios.

El mensaje final de este trabajo es que se necesita descristianizar la RSC y la CID. O dicho de otra manera, hay que aligerar el componente paternalista de la RSC y el asistencialista de la CID arraigados en la ética cristiana de la caridad y el bien común. Si la RSC se convierte en parte del núcleo duro de la estrategia empresarial por el interés propio de las compañías, y la CID va más allá de la ayuda y se centra en la coherencia de políticas cambiaras, comerciales, de inversión o migratorias con las de AOD, también por el interés propio de los países desarrollados, entonces la complementariedad de la estrategia empresarial responsable y la política pública para la promoción del desarrollo sostenible dará buenos resultados, como ha teorizado recientemente la Comisión Europea en su Programa de Trabajo para la Coherencia de Políticas 2010-2013. Independientemente de que empresas o agencias de desarrollo se planteen trascender la ética utilitarista por la ética deontológica kantiana o la estoico-smithiana, y pese a todas la críticas sobre la falta de impacto de la RSC en el desempeño financiero y sobre la escasa relación de la ayuda con el crecimiento económico, seguirá siendo necesario practicar una y otra por defecto, porque sin RSC a las empresas, a sus grupos de interés (trabajadores, proveedores y clientes) y al medioambiente les iría peor, y sin CID todo sería también peor para las poblaciones más vulnerables de los países en desarrollo y para los "intereses compartidos" de países desarrollados y en desarrollo en torno al mantenimiento de los bienes públicos globales.

La CID, ayudando a implementar las reformas necesarias del entorno regulatorio para que las empresas responsables puedan desempeñar su cometido, y la RSC, en tanto que innovación social promotora de negocios inclusivos que mejoren el entorno para las empresas, están en condiciones de ofrecer una colaboración estratégica como respuesta combinada a la demanda de desarrollo de millones de personas que no están pidiendo caridad sino una ampliación de sus oportunidades. Porque, en definitiva, como ha señalado recientemente Homi Kharas ("Can Aid Catalyze Development?", 2010), "los países pobres que reciben ayuda están más focalizados en el crecimiento que en la caridad" y es ahí donde las empresas tienen la primera responsabilidad en el desarrollo.

Rafael Domínguez Martín
Director de la Cátedra de Cooperación Internacional y con Iberoamérica, Universidad de Cantabria


[1] Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto DER2009-14370 del MCI.

[2] "La gestión de la empresa no puede tener en cuenta únicamente el interés de sus propietarios, sino también el de todos los otros sujetos que contribuyen a la vida de la empresa: trabajadores, clientes, proveedores de los diversos elementos de producción, la comunidad de referencia… Se ha de evitar que el empleo de recursos financieros esté motivado por la especulación y ceda a la tentación de buscar únicamente un beneficio inmediato, en vez de la sostenibilidad de la empresa a largo plazo, su propio servicio a la economía real y la promoción, en modo adecuado y oportuno, de iniciativas económicas también en los países necesitados de desarrollo" (http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate_sp.html).

[3] "No se puede pretender que las deudas contraídas sean pagadas con sacrificios insoportables. En estos casos es necesario encontrar modalidades de reducción, dilación o extinción de la deuda, compatibles con el derecho fundamental de los pueblos a la subsistencia y al progreso" (http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_01051991_centesimus-annus_sp.html).


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Rodrigo González Fernández
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Exportaciones de vinos y alcoholes crecieron 11,5% en 2010

EL ARTE DE COLECCIONAR EL VINO

Exportaciones de vinos y alcoholes crecieron 11,5% en 2010

Por su parte, los envíos al exterior de pisco anotaron US$1,7 millones en 2010, 77% más que en 2009, detalló Odepa.

por La Tercera - 21/01/2011 - 09:36
© Bloomberg

Los envíos al exterior de vinos y alcoholes alcanzaron US$1.563 millones en 2010, cifra 11,5% mayor que en 2009, según informó el Ministerio de Agricultura, a través de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa).

El director de Odepa, Gustavo Rojas, señaló que "en los últimos años las exportaciones de vinos y alcoholes han ido creciendo sostenidamente en el tiempo, tanto en volumen como en valor, lo que se debe al gran dinamismo del sector vitivinícola en 2010".

Odepa precisóq que los principales productos exportados de esta categoría fueron vino tinto mezclas (US$282 millones); Cabernet Sauvignon (US$276 millones); Sauvignon Blanc (US$ 151 millones); Merlot (US$110 millones); Chardonnay (US$108 millones) y Carménère (US$74 millones).

"Cabe señalar que las exportaciones de pisco anotaron US$1,7 millones en 2010, un 77% más que en 2009", afirmó el directivo.

Los principales destinos de los embarques de vinos y alcoholes fueron Estados Unidos (16%), Reino Unido (15%), Canadá (6%), Holanda (5%), China (5%), Japón (5%), Alemania (5%), Brasil (5%) y Dinamarca (4%).


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Minagri reitera rechazo a fusión Nestlé-Soprole: “Es perjudicial para los productores de leche”21 de enero de 2011

FUERTE RECHAZO DE MINAGRI A FUSION NESTLE-SOPROLE

Minagri reitera rechazo a fusión Nestlé-Soprole: "Es perjudicial para los productores de leche"

21 de enero de 2011

En una opinión enviada al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, el Ministerio de Agricultura sostiene que "la materialización del joint venture tendrá un poder oligopsónico en el precio pagado a los productores, especialmente en las dos regiones con mayor producción de leche en Chile (Los Lagos y Los Ríos), y un poder oligopólico en la venta de algunos productos lácteos.

El Ministerio de Agricultura reiteró su rechazo a la posible fusión de Nestlé y Soprole en el mercado de la leche, por considerarla "perjudicial para los productores de leche en el país" y porque, adicionalmente, podría "atrasar el desarrollo del sector".

En una opinión enviada al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, el Ministerio de Agricultura estima que esta fusión "iría en sentido contrario a las políticas del Gobierno, en cuanto a buscar mejorar la transparencia de los mercados agrícolas, estimulando la participación de más actores en el comercio de bienes primarios y no al contrario, como se pretende con esta fusión".

En su escrito, el Minagri añade que "la materialización del joint venture entre Nestlé y Soprole tendrá un poder oligopsónico en el precio pagado a los productores, especialmente en las dos regiones con mayor producción de leche en Chile (Los Lagos y Los Ríos), y un poder oligopólico en la venta de algunos productos lácteos".

Fundamenta su apreciación, entre otras razones, en "la alta concentración en la venta de productos lácteos por parte de las dos empresas involucradas; la participación en el directorio del joint venture de cuatro representantes de Nestlé y Soprole, de un total de siete miembros; la alta concentración en  la compra de leche a nivel nacional (45,2% en 2009) por parte de las dos empresas aludidas, y la alta concentración en la compra de leche en las regiones en las cuales están presentes las dos empresas  (Biobío 60% y Los Lagos, 50%)".

Añade entre sus razones contrarias a la fusión "el déficit de 240 millones de litros de leche por parte del joint venture para elaborar los productos lácteos, la alta participación del mercado por parte de Nestlé y Soprole para leche cultivada (72,7%), yogur (53,9%) y leche fluida (38,4%) y, finalmente, la alta concentración por parte de la nueva empresa (DPA) en la elaboración de leches fluidas, yogur y postres lácteos".

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Jefe de Estado encabezó Consejo de Gabinete21 de enero de 2011

Jefe de Estado encabezó Consejo de Gabinete

21 de enero de 2011

El Presidente de la República, Sebastián Piñera, encabezó esta mañana una reunión con su gabinete de ministros en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo.


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Cámara de Diputados aprobó por unanimidad proyecto de ley del Sernac Financiero

Cámara de Diputados aprobó por unanimidad proyecto de ley del Sernac Financiero


Por unanimidad, la Cámara de Diputados aprobó esta mañana el proyecto de ley del Sernac Financiero, que busca dotar de mayores atribuciones legales principalmente en materia de servicios financieros y de transportes al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac).

Tras este trámite, el proyecto pasará a discusión al Senado para su votación en general.

Los tres pilares claves del proyecto son la incorporación del "sello Sernac", que garantiza que los contratos sean compatibles con las leyes de protección al consumidor, la mejor información a la que tendrán acceso todos los consumidores, y la creación de la figura de los ministro de fe.

Esta última iniciativa se trata de funcionarios del SERNAC quienes ante la posibilidad de que un reclamo llegue a los tribunales de justicia, podrán certificar los hechos y cuyo testimonio servirá como prueba.

La iniciativa legal busca perfeccionar la normativa vigente en el ámbito de la industria financiera con el fin de que los consumidores puedan evaluar los productos y servicios disponibles en el mercado con mayor información y logren proteger de mejor manera sus derechos, reforzando además el rol del Servicio Nacional del Consumidor reforzando los mecanismos de orientación y control de la entidad.

Aproximadamente un 67% de los hogares urbanos del país tiene algún tipo de deuda y muchos de los deudores no entienden todas las complejidades de los productos financieros tal cual se ofrecen hoy en el mercado.

La complejidad de estos servicios genera abusos de los proveedores que se expresan en reclamos de los usuarios al Sernac. Entre enero y mayo de 2010 se registraron 13.636 reclamos contra el mercado financiero (22% del total), 65% de ellos referidos a tarjetas de crédito del retail, 26% a bancos y 9% a otras materias.

Las causas más frecuentes de reclamos en materia de servicios financieros se refieren a cobros indebidos (40%), incumplimiento en las condiciones contratadas (14%), y mala calidad del servicio (14%), principalmente a dificultades para cerrar las cuentas bancarias.

Tras la votación, el ministro de Economía, Fomento y Turismo, Juan Andrés Fontaine, comentó que "el proyecto del Sernac Financiero constituye una pieza clave en el programa de Gobierno. Esto porque crea una nueva institucionalidad para la defensa del consumidor especialmente en materia de servicios financieros y transportes. Cabe destacar el apoyo transversal que ha despertado esta iniciativa, siendo promovida con entusiasmo por todos los parlamentarios, considerando sus beneficios para el consumidor", señaló Fontaine.


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Mandatario adelantó objetivos ayer en comité político:


Mandatario adelantó objetivos ayer en comité político:
Ministros y el "segundo piso" contrastan visiones en consejo de gabinete encabezado por Piñera

Los secretarios de Estado expondrán en Cerro Castillo su cumplimiento de tareas y comprometerán metas para 2011.  

RIENZI FRANCO 

Muchos de los ministros anticipan que será una dura prueba. A partir de las 8:30 horas de hoy, la totalidad del gabinete está citado en el palacio presidencial de Cerro Castillo para participar del primer consejo de ministros del año.

El encuentro, en el que además de los ministros y el Mandatario participará la jefa de asesores del segundo piso, María Luisa Brahm, se realizará a puertas cerradas.

Justamente, Brahm jugará un rol clave en la jornada. Y es que la dinámica establecida en la cita es que cada ministro hará una exposición -de doce, quince o veinte minutos, según su cartera- en la que deberá dar cuenta del cumplimiento de las tareas asignadas a su repartición y, en segundo término, comprometerse con metas para el 2011.

Tras cada intervención, será María Luisa Brahm quien entregará su propio informe de los objetivos ministeriales.

Por ello, se espera que la duración sea extensa: alrededor de nueve horas, durante las cuales se hará una planificación del año en curso y una proyección estratégica con miras a 2014.

Otro factor clave para La Moneda es la privacidad que tendrá la cita. La reserva es tal que se habilitó un buffet para el desayuno y el almuerzo con el objetivo de que los asistentes no abandonen el lugar.

Fuentes de Gobierno señalaron que Piñera abrirá la jornada con una exposición, y luego será el turno de los ministros del Interior, Segpres y Hacienda.

Comité político

En La Moneda señalan que el contenido de la intervención del Presidente estará centrado en las metas del Gobierno para 2011.

Parte de ellas fueron adelantadas por el propio Mandatario a los ministros que se reunieron junto a él en el comité político de los jueves, donde se analiza la contingencia, que ayer tuvo a dos debutantes: los recién nombrados Andrés Allamand y Evelyn Matthei, quienes llegaron cerca de las 16:30 horas al despacho presidencial.

En la cita también participaron los ministros de Educación, Joaquín Lavín; de Justicia, Felipe Bulnes, y los titulares de Interior, Segpres, Hacienda y Segegob.

En los puntos centrales de su intervención de ayer, Piñera enfatizó que los lineamientos centrales de su administración se concentrarán este año en sacar adelante las siete reformas prometidas en su campaña. La aprobación de la reforma educacional esta semana en el Congreso redujo la meta a seis.

Si bien el debut de Matthei y Allamand en La Moneda había activado incertidumbre sobre su participación en las instancias más políticas del Gobierno, el Mandatario explicó al inicio del encuentro del "petit comité" que su idea es que todo el gabinete participe de esta instancia.

"Les quiero decir que este comité político se realizará todos los jueves y a él se integrarán distintos ministros sectoriales de manera rotativa", señaló.

Nueve horas

Esa es la duración estimada de la cita de hoy que reunirá a todos los ministros del gabinete. Los secretarios de Estado están convocados a las 8:30 horas a Cerro Castillo, y se espera que el cierre de la jornada sea alrededor de las 18 horas.

 

 Hinzpeter y Von Baer descartan inminente modificación de subsecretarios e intendentes

"No se está evaluando en el corto plazo ningún cambio de subsecretarios e intendentes, así que eso es sólo un rumor". Con estas palabras, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, descartó ayer que La Moneda vaya a realizar un ajuste en dichos puestos en los próximos días.

En Palacio salieron ayer a desmentir que las modificaciones sean inminentes, ya que además del jefe del gabinete, la vocera Ena von Baer destacó que, por ahora, no debieran haber cambios. "El Gobierno y el Presidente, por supuesto, siempre están haciendo evaluaciones de todas las personas que conforman el equipo, pero por el momento no hay ninguna modificación", señaló.

Las intervenciones de ambos ministros se dieron en medio de la inquietud existente en el oficialismo por los eventuales cambios, y de las versiones sobre posibles salidas de diversas autoridades.

De todas formas, en Palacio confirmaron que se está en pleno proceso de evaluación del desempeño de distintas autoridades. Altas fuentes oficialistas señalaron que en algunas semanas más se produciría el ajuste a nivel de subsecretarios y que también se alista una reestructuración entre los intendentes y gobernadores. Pero en La Moneda señalan que ello se concretaría en febrero -una vez que el Presidente Sebastián Piñera retorne de las vacaciones que inicia mañana en el lago Ranco-, o incluso en marzo.



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RSE Los desafíos del cambio climático

Los desafíos del cambio climático

La Cumbre de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático de diciembre pasado alcanzó un inesperado acuerdo general (con la sola oposición de Bolivia), que, aunque modesto, representa un considerable avance para enfrentar el "efecto invernadero".

El acuerdo establece, entre otros compromisos: continuar negociaciones para acordar una extensión del Protocolo de Kyoto más allá de 2012 sin brecha temporal alguna entre el primer período de cumplimiento (2008-2012) y el segundo; perfeccionar los "mecanismos flexibles" (de mercado) del Protocolo para canalizar inversiones y transferencia de tecnología desde los países desarrollados hacia los países en desarrollo; crear un Fondo Climático Verde, de 30.000 millones de dólares anuales a corto plazo y de 100.000 millones anuales en 2020, para financiar acciones en países en desarrollo; emprender acciones para reducir emisiones generadas por la deforestación y la degradación forestal mediante el apoyo tecnológico y financiero de los países desarrollados; aprobar el "Marco de Adaptación de Cancún" para ayudar a las comunidades a adaptarse mejor a los efectos del cambio climático.

¿Qué rol juega la Argentina en este escenario?

Nuestro país cuenta con extraordinarias posibilidades para producir energías renovables. Si bien nuestra matriz energética es comparativamente limpia (mucha generación de energía hidroeléctrica), el potencial para llevar adelante emprendimientos de energía eólica en Cuyo y la Patagonia, por ejemplo, es inmenso. Lo mismo para repotenciar la capacidad de las usinas hidroeléctricas existentes, y ni que decir, para procesar los residuos orgánicos de las ciudades y pueblos, generando energía a partir de biomasa, y a la vez resolviendo el problema de la disposición final de la basura, que en las grandes ciudades alcanza proporciones alarmantes.

Asimismo, la matriz agro-ganadera de nuestra producción otorga enormes oportunidades para la captura y disposición de los excrementos animales, fuentes de grandes emisiones de metano, un gas 21 veces más nocivo en materia de calentamiento global que el dióxido de carbono.

Sin embargo, la Argentina, en comparación, cuenta con un número muy escaso de proyectos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Al día de hoy, la página de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático ( www.unfccc.int ) reporta que nuestro país ha registrado ante la junta ejecutiva del Mecanismo de Desarrollo Limpio un total de 23 proyectos, mientras que economías más pequeñas cuentan con un mayor número, como Colombia (27) o Chile (45). Brasil, en tanto, supera largamente los 200. No parece que los argentinos estemos haciendo nuestra parte, teniendo en cuenta además que ya estamos sufriendo en un alto grado los efectos del cambio climático. En un informe presentado en Cancún, el Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas (UNEP) ha reportado entre otras cosas que la superficie de los glaciares argentinos ha disminuido en forma significativa en el último medio siglo. La aparición del mosquito del dengue en Buenos Aires y el crecimiento de la leptospirosis en el segundo y el tercer cordón del conurbano bonaerense son también consecuencias del efecto invernadero.

¿Qué tareas debemos enfrentar para acometer acciones más significativas?

Los proyectos de mitigación del cambio climático requieren ciertas condiciones. Precios genuinos de la energía, que provean incentivos para comprometer el monto de capital necesario. Un clima de negocios pacífico y estable, que provea de expectativas razonables para el retorno de la inversión. Y todo ello en el marco de una clara política pública en materia de cambio climático, que comprometa al Estado en forma previsible y decisiva.

Alarma la ausencia de la problemática del cambio climático en nuestra agenda pública. Más allá de algunas iniciativas interesantes, no existen propuestas claras ni programas concretos de acción en la medida necesaria para crear una verdadera política de Estado.

Con una política clara y consensuada, la Argentina debería poder aprovechar las oportunidades que se le ofrecen: establecer marcos regulatorios que incentiven la separación de residuos sólidos urbanos, reciclando los inorgánicos y utilizando los orgánicos para generar energía o producir fertilizantes naturales; crear mecanismos legales y económicos para que la ganadería intensiva (feedlots) capture las emisiones de metano causadas por los excrementos animales y las elimine o utilice para producir energía; estimular la eficiencia energética en forma sistemática; promover acciones contra la deforestación y la degradación de bosques (llamadas "REDD+"); explorar, en fin, qué alternativas existen para coordinar iniciativas con los países de la región -en especial Brasil, que se ha comprometido a reducir sus emisiones hasta un 39% para 2020-, de modo de aprovechar economías de escala.

Una gran tarea nos espera, que a la vez representa grandes oportunidades para el desarrollo sustentable de la Argentina. Tenemos los recursos técnicos, humanos y naturales; es hora de utilizarlos en forma ordenada y sistemática para aprovechar a fondo las numerosas oportunidades que se nos presentan.
Por Claudio J. Lutzky

20/01/11
LA NACION


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En clase con Marisa Toro, Directora de Comunicación de GooglE

APRENDAMOS CON ENRIQUE DANS

En clase con Marisa Toro, Directora de Comunicación de Google18

Ayer, en una de mis clases del International MBA, tuve como invitada a Marisa Toro, Directora de Comunicación de Google. Marisa lleva justamente un año en Google, y proviene de una amplia trayectoria de más de quince años en puestos de comunicación y relaciones con medios en empresas multinacionales, y tengo que agradecerle que ayer, en un día especialmente movido para ella debido al tema de la Agencia de Protección de Datos en la Audiencia Nacional, pudiese hacer hueco para pasarse una hora y media en clase.

A mis invitados siempre les digo lo mismo: no se trata de que vengan "a presentar la compañía", sino de asumir que enfrente van a tener personas con amplia formación, experiencia y diversidad, que se han preparado el tema, y que van a preguntar todo lo que les preocupe o interese de la empresa, sea políticamente correcto o no. Conozco a Marisa desde hace ya cierto tiempo y hablo con ella a menudo, pero no la había visto en público, y en su caso, como directiva del área de Comunicación, la cosa tenía su gracia: una postura excesivamente oficialista, tensa, envarada o que rehuyese dar información era muy posible que no funcionase. Sin embargo, la clase estuvo fantástica, y los alumnos terminaron encantados y con percepción de alto valor añadido. Y dado que habitualmente suelo, mientras el invitado habla, dedicarme a ilustrar la discusión en la pantalla de la clase con enlaces que puedan ser relevantes para los temas que van saliendo, al final me encontré con un montón de pestañas abiertas que recogían la amplia variedad de cuestiones que se comentaron. La lista no es exhaustiva, puede habérseme escapado algún tema, y no necesariamente son los mejores enlaces (los extraigo de búsquedas hechas sobre la marcha y no tengo ni idea de qué tema va a salir, no hay nada preparado, ni nada sugerido por la compañía – salvo el primero que se usó como arranque). El curso pasado, en otro grupo, el que estuvo en clase fue Javier Rodríguez Zapatero, y en aquella ocasión fuimos apuntando los temas en la pizarra.

A pesar de estar obviamente sin el contexto de la discusión, pensé que podía ser interesante recopilarlos: ¿qué temas interesan o son relevantes para los directivos a día de hoy con respecto a Google? Y repito, el resultado de la clase fue enormemente satisfactorio para todos los presentes… ¿qué compañía entra en discusión con total apertura y transparencia sobre todos esos temas? Gracias, Marisa, por una clase verdaderamente de lujo.


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Ministro Larroulet confirma cambios de subsecretarios e intendentes antes del 11 de marzo

Ministro Larroulet confirma cambios de subsecretarios e intendentes antes del 11 de marzo

El secretario de Estado también dijo que el Gobierno del Presidente Piñera ha superado el promedio de aprobación de proyectos de ley que registraba la Concertación.

Emol
Viernes 21 de Enero de 2011 10:08

SANTIAGO.- El ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, confirmó esta mañana que el Presidente Sebastián Piñera realizará nuevos ajustes en su administración tras el cambio de cuatro ministros. Ahora será el turno de hacer modificaciones de subsecretarios e intendentes, señaló el secretario de Estado.

"Siempre hay ajustes y perfeccionamientos que hacer y es muy probable que haya antes del 11 de marzo ajustes en algunas subsecretarías e intendencias", señaló Larroulet en entrevista con el programa Alerta Temprana de radio "95 Tres", argumentando que estos cambios se realizarán para corregir falta de cohesión en algunos equipos.

El ministro emitió estas declaraciones una hora antes de iniciar su participación en el consejo de gabinete que a esta hora encabeza Piñera en el palacio presidencial Cerro Castillo.

"Esta es una reunión en donde se hace una evaluación final de lo que fue el año 2010, un año difícil, complejo. Y posteriormente se planifica el 2011 con las tareas que el Presidente le ha encargado a cada uno de los ministros", explicó sobre la cita.

Respecto de su exposición, Larroulet entregó una cifra que seguramente generará reacciones en la oposición. El ministro dijo que, de acuerdo a datos que maneja, el Gobierno actual ha tenido una mayor efectividad legislativa si se lo compara con las cifras dejadas por las administraciones de la Concertación.

"En el año que acaba de terminar, con todas sus complejidades, de una colación que no gobernaba desde hace 52 años, los resultados son muy favorables. Si uno mira la efectividad legislativa del Presidente y sus ministros, es un record en la historia de Chile", señaló.

"El año legislativo se tiene que evaluar en enero-continuó-. Si uno mira, en el parlamento hemos alcanzado todo un record: la tasa de efectividad es de 50 por ciento. De cada 10 proyectos se aprueban 5. El promedio de los gobiernos de la Concertación fue de 33%. De cada diez proyectos, se aprobaban 3,3. Es un gran resultado que nos tiene muy contentos

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ENERGIA NUCLEAR Grupo Suez está interesado en construir una planta nuclear en el norte de Chile

Grupo Suez está interesado en construir una planta nuclear en el norte de Chile

Máximo ejecutivo, Gerard Mestrallet, dijo que Chile analiza la opción de contar con un proyecto nucleoeléctrico.

por A. Astudillo y C. Pizarro
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Chile analiza la posibilidad de instalar una planta nuclear en el norte del país, junto a la franco-belga GDF Suez, dijo ayer el máximo ejecutivo de esa multinacional, Gérard Mestrallet, reportó la agencia Dow Jones. En París, Mestrallet explicó por qué el grupo abandonó un proyecto de central atómica en Rumania y agregó que analizan proyectos en Gran Bretaña, Italia, Brasil y Chile.

El ejecutivo dijo que las mineras del norte de Chile tienen una enorme necesidad de electricidad y que quieren una fuente fiable, añadiendo que el gobierno chileno está tomándose su tiempo antes de tomar cualquier decisión.

Jan Flachet, presidente y CEO del grupo en Latinoamérica, confirmó el interés a La Tercera. "Si Chile opera unidades nucleares, por supuesto que es del interés de GDF Suez mirar las posibilidades que ofrece el mundo, y me parece que es una buena opción para el país". Y agregó: "Estamos dispuestos a construir una central nuclear". El grupo considera el norte una buena opción."Tiene muchos terrenos que no están ocupados y espacios para hacer centrales nucleares. Las otras regiones, como la V, son mucho más pobladas", dice. "La primera palabra la tienen los políticos del país (...) en Chile aún no se toma una definición, todas las opciones están abiertas", añadió Flachet.

Etapa preliminar

"El país está en una etapa inicial de lo que implican estas tecnologías. Estamos en una etapa preliminar de análisis", comentó ayer a La Tercera el ministro de Energía, Laurence Golborne.

Y aunque el gobierno aceleró el proceso de análisis sobre el uso de centrales nucleares en 2010, el Presidente Sebastián Piñera dijo que la decisión no se tomará bajo su administración. "Chile no puede renunciar a priori a ningún tipo de energía, pero estamos muy lejos de tomar una decisión en esta materia", comentó a principios de enero.

En todo caso, ya hay algunos avances. Asesores del gobierno indicaron que están elaborando una propuesta de proyecto de ley sobre seguridad nuclear -que será el marco general para la operación- y atribuciones del organismo regulador. Ambos borradores estarán este año y serán presentados al gobierno.

Los avances, sin embargo, deberán ser visados ahora por el nuevo ministro de Energía, quien asumió hace cinco días ese cargo y está estudiando en detalle todas las aristas de su cartera para formarse su propia opinión sobre cada materia. La Cancillería y Energía han suscrito convenios de cooperación nuclear con Argentina y Francia y contemplan pactos similares con EE.UU. y Japón.

Hasta ahora, Francia lleva la delantera. En octubre y luego del episodio de la fallida construcción de la central termoeléctrica Barrancones, en Punta de Choros (proyecto de GDF Suez), Piñera viajó a París. Ahí firmó un acuerdo de cooperación con el Presidente Nicolas Sarkozy y crearon una comisión empresarial binacional energética. Por Francia se incluyó a GDF Suez, representado por Mestrallet, y por Chile al empresario Guillermo Luksic, quien asumió la presidencia del comité. El grupo chileno explora alternativas para el sector energético.

A fines de febrero está planificado un viaje a Francia para ver centrales nucleares, al que asistiría el ministro de Energía y Luksic. El reemplazante de Ricardo Raineri en Energía aún no decide su asistencia y analiza ahora si participará en ese viaje, previsto incialmente por una semana entera.


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Perú pidió incluir referencia a La Haya en declaración conjunta de presidentes


Perú pidió incluir referencia a La Haya en declaración conjunta de presidentes

Lima solicitó aludir al litigio como una solución pacífica de controversias entre ambos países.

por P. García y F. Artaza
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Un brindis con pisco sour cerró ayer la visita del mandaraeio peruano, Alan García, a Chile. Fue en la residencia del embajador peruano, Carlos Pareja, donde el Presidente Sebastián Piñera alzó su copa para recordar la polémica que hubo en noviembre pasado, cuando al cerrar su visita a Lima brindó con la misma bebida junto a García. "Dije en ese momento que el pisco es de quien se lo toma y como yo me lo tomé primero, entonces el pisco es chileno", dijo en tono de broma y aludiendo a la polémica sobre la denominación de origen del licor.

Las bromas cruzadas sobre el pisco marcaron una visita en que ambos mandatarios resaltaron la normalidad de la relación política, pese al litigio limítrofe que se tramita en La Haya.

En todo caso, este punto sí gatilló algunas tensiones entre ambos países. Puntualmente, al demorar la divulgación de la declaración conjunta, que fue entregada ayer y no tras la cita del miércoles en el Palacio de la Moneda.

Según fuentes diplomáticas, Perú pidió incluir una referencia al juicio limítrofe internacional. Esto, en el párrafo en que ambos países expresan su "respeto al derecho internacional, el rechazo al uso de la fuerza y la solución pacífica de controversias".

En Santiago interpretaron la petición limeña como un intento del Presidente Alan García por mostrar en su país que había abordado este tema en Chile. Además, explicaban otros personeros, aceptar dicha petición habría sido contradictorio con la postura de La Moneda de que la demanda fue un gesto "inamistoso".

En tanto, Alan García negó ayer que hubiese aludido a Bolivia al pedir que "ningún tercero se aproveche" del juicio en La Haya, en momentos en que La Paz pidió los antecedentes del litigio a la corte.

En ese contexto, el mandatario aclaró después de su visita a la Corte Suprema que no se había referido a Bolivia en sus declaraciones del miércoles y que "respaldaremos cualquier decisión consentida, bilateral y armónica entre Chile y Bolivia".

Luego, García asistió a la Municipalidad de Santiago, para participar en una ceremonia que lo declaró huésped ilustre de la capital, para después realizar una charla del Consejo Chileno para las Relaciones Exteriores (ver columna). El mandatario terminó su agenda de actividades en el país con una gran recepción en la embajada del Perú junto al Presidente Piñera.

Antes de abordar el avión a Lima, el jefe de Estado señaló que habían sido 48 horas intensas, en que se preocupó "de hacer las cosas bien y de que no haya una mala interpretación" de su presencia en Chile.

Piñera, en tanto, en una entrevista al programa Animal Nocturno, de TVN, contó que Alán García le había dicho que Perú quería competir -en crecimiento económico- con Chile, a lo que el mandatario chileno le respondió "acepto el desafío".

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