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viernes, julio 25, 2014

Las asesorías que siete ex diputados pidieron justo antes de dejar la Cámara

Las asesorías que siete ex diputados pidieron justo antes de dejar la Cámara

Congreso canceló $177 millones por trabajos solicitados por 39 parlamentarios que sabían que no volverían. Revisamos los 200 informes. Y aparecieron sorpresas.  

por:  Viviana Candia
viernes, 25 de julio de 2014

Un tercio de los diputados que había en 2013 tenía claro, en noviembre del año pasado, que no volvería al hemiciclo en marzo de 2014. Una decena porque no repostuló, otros siete pasaron a integrar las filas del Senado, y el resto derechamente perdió en los comicios electorales.

Estos 40 parlamentarios siguieron con sus labores hasta el 11 de marzo. Y en febrero, pese a ser un mes de receso veraniego, llamó la atención que varios de ellos pidieron informes a asesores externos. Para este ítem, cada parlamentario cuenta con un monto de $ 2.056.000 mensuales y acumulables de un mes a otro (más el proporcional de marzo).

Algunos utilizaron parcialmente el dinero disponible y uno, Edmundo Eluchans (UDI), no lo usó. La utilización de estos recursos, que es legal, se rige por un reglamento de asesoría externa elaborado por el Consejo de Asignaciones Parlamentarias.

Dicha normativa indica que con cargo a estos fondos se "podrá encargar la elaboración de estudios, investigaciones, informes y asesorías sobre materias o asuntos científicos, técnicos, económicos, políticos, sociales, estadísticos, comunicacionales, informáticos, tecnológicos, jurídicos, legislativos u otros análogos para asistir a la labor parlamentaria, incluidas asesorías de imagen, estudios de opinión y encuestas". Labores que además sólo pueden realizar asesores inscritos en un registro especial al cual acceden tras acreditar su calidad profesional o técnica y acreditar que no tienen relación parental (hasta tercer grado) con parlamentarios o funcionarios de la misma Corporación.

Estas como otras asignaciones son auditadas por el Comité de Auditoría Parlamentaria, que en este momento se encuentra fiscalizando precisamente las asesorías externas a una treintena de los actuales diputados. Una evaluación que se hace en forma aleatoria.

Mediante una solicitud por Ley de Transparencia accedimos a doscientos de estos documentos que, en total, significaron un costo para el erario nacional de $177 millones por estos 39 diputados.

La revisión de los mismos arrojó una serie de interrogantes sobre la relación entre costo, calidad y utilidad de los mismos por lo menos en 17 casos.

El resto de los trabajos aparentemente cumplió con el objetivo expresado al momento de contratar los servicios externos, no sólo en forma, sino que también en contenido.

El reporteo de esta investigación generó que la mesa de la Cámara de Diputados citara a una reunión especial el miércoles pasado para tomar medidas, especialmente en el caso de las asesorías que se encargan en periodo de receso legislativo. Gestiones que consignaron otros medios de comunicación que, tal como los miembros de la Cámara Baja, desconocían el contenido del reportaje que presentamos hoy.

Próximo lunes: Segunda parte de esta investigación.

Marta Isasi (independiente) $1 millón por discurso

Están identificados como "asesoría legislativa" pero corresponden a dos documentos escritos en primera persona, con comentarios y opiniones, como si fueran discursos de la diputada en el hemiciclo. Se trata de "Votos obligatorios versus voto voluntario" y otro llamado "Fallo de La Haya". Ambos costaron $2 millones 56 mil y fueron elaborados (según la información de Transparencia) por Emilio del Solar.

Revisamos las actas de sesiones de noviembre de 2013 a marzo 2014 sin encontrar dichas alocuciones. Sólo detectamos tres exposiciones de la ex parlamentaria: en la sesión Nº 93 (Presupuesto, partida de Vivienda); en la Nº 103 (al informar y luego comentar proyecto que declaró patrimonio cultural la Fiesta de La Tirana) y la sesión Nº 124, la última de la legislatura (donde se despidió del Parlamento).

En febrero, el mismo asesor entregó un informe de 10 páginas sobre el relleno sanitario de Alto Hospicio que también costó $2 millones 56 mil.

Sobre el punto Isasi respondió: "Ese material lo solicité porque supuestamente había una invitación entre febrero y marzo por ONU Mujer y me iba a corresponder hablar a cerca de eso" pero el viaje no se concretó.

Marcelo Díaz (PS) $ 1 millón por proyecto que no se presentó

El hoy embajador de Chile en Argentina, Marcelo Díaz, pagó $1 millón 37 mil al abogado Juan Molina Tapia por dos informes de apoyo legislativo.

El primer reporte -de enero- es sólo una relación de actividades de una página donde se indica que se "Prepara proyecto de ley que autoriza el autocultivo de Cannabis". Sin embargo, nunca se presentó (existe una previa del ex senador Nelson Avila de 2005). Su ex colega María Antonieta Saa (PPD) utilizó un procedimiento similar para la moción para crear los delitos de venta o cesión e inscripción fraudulenta de menor. ¿La diferencia? Que sí ingresó a trámite y se informó en la cuenta del 12 de marzo.

El trabajo de febrero hecho para Díaz, según se especificó, fue el estudio de la ley sobre protección a la vida privada y "atención y preparación de propuestas de solución ante requerimientos orales y escritos de ciudadanos del Distrito". A pesar de solicitar una respuesta de parte de Díaz, hasta el cierre de esta edición, eso no se producía.

Ximena Vidal (PPD) $400 mil por 24 líneas

Entre los informes que solicitó la actual agregada cultural de Chile en México se encuentran dos sobre "asesoría de imagen comunitaria".

El de enero es de dos párrafos (24 líneas). Allí José Gallegos Quijada -inscrito en el Registro de Asesores Externos como encargado de producción de eventos y gráfica- resalta la prioridad de contar con "identidad personal" para lograr "una identidad colectiva". Menciona "jornadas con la comunidad" pero no indica fecha, ni hora, ni identifica al grupo con que se interactuó. No existe mención de esta actividad en la página web de la ex diputada.

El de febrero es un poco más extenso (6 párrafos, 54 líneas) pero sigue sin especificar personas ni barrios beneficiados.

Durante 2013 este asesor presentó nueve informes (entre abril y diciembre) sobre la misma materia a un costo promedio individual de $400 mil. Los del verano resultaron 22% más caros: $490 mil cada uno.

Análisis de prensa: Asesores comunicacionales

Análisis de prensa, de política coyuntural, así como el monitoreo de apariciones en medios de comunicación, es la oferta de quienes aparecen como asesores comunicacionales.

Revisando este ítem encontramos que el ex diputado Giovanni Calderón (UDI) suscribió un contrató por el verano de $2 millones 100 mil, que no han sido pagados porque hasta ahora no llega el respectivo reporte.

Quienes sí presentaron fueron Adriana Muñoz (PPD), Carlos Recondo (UDI), Alfonso de Urresti (PS) y Patricio Hales (PPD).

El ex diputado Felipe Salaberry (UDI) pagó el máximo permitido para asesorías para este periodo ($5 millones 84 mil 550) a Rodrigo Díaz Hurtado por el servicio de "seguimiento de la imagen corporativa - mantención sitio web y actualización de la página, diseño y construcción de resumen informativo de la oficina parlamentaria". Hasta la corporación llegaron dos informes: en enero uno de tres páginas (con 5 fotos) y en febrero uno de dos páginas (con 3 fotografías). Sobre el tema Salaberry clarificó que el pago no fue sólo por los informes sino por la mantención de las diferentes plantaformas sociales que utilizó como parlamentario. Más aún, dijo, el asesor sigue colaborando con él en sus actuales actividades profesionales.

Nino Baltolu (UDI) y Eugenio Bauer (UDI): Informes repetidos

El abogado Jorge Olguín (titulado en abril de 2012) asesoró durante el 2013 a estos dos ex parlamentarios y al diputado Jorge Ulloa (también UDI). Según la descripción del cargo, su trabajo era elaborar minutas para sesiones especiales, para los proyectos de ley; preparar indicaciones así como proyectos de ley.

En enero entregó a cada uno de estos congresistas sendos documentos que compartían dos tercios de su contenido mientras que los que despachó en febrero eran exactamente iguales (28 páginas).

Por todos estos documentos la Cámara tuvo que erogar $4 millones 200 mil por parlamentario. Es decir, Olguín terminó recibiendo $8 millones 400 mil por dicho trabajo.

No es raro que se repitan informes, pero, por lo general, se indican en la primera página los nombres a quienes van dirigidos, dejando claro que es un documento duplicado.

Consultados Baltolú y Bauer aseguraron desconocer que los informes eran duplicados, dado que nunca consultaron ni compararon con sus colegas los contenidos de estos trabajos.

René Alinco (independiente) "Copy Paper" por $ 5 millones

Once páginas tiene el informe "Análisis y propuestas en políticas de turismo para la Región de Aysén" que encargó, por poco más de $ 5 millones, el ex diputado obrero René Alinco (ex PC, ex PPD) quien se caracterizó por criticar prácticas poco transparentes en el Congreso.

El "paper" desarrolla los problemas de accesibilidad a las comunas de la XI Región, gran parte del cual corresponde a un "copy paste" de las páginas web de los municipios. Su autor -el técnico en Turismo Orlando Orellana- también redactó previamente el análisis "de cómo el acceso al turismo es clave para poder desarrollar el turismo en la Región" por $10 millones 293 mil (entre octubre y diciembre de 2013) para el mismo parlamentario.

¿Las propuestas? "Leyes que permita (sic) desarrollar las políticas del turismo en la región para que parte de los impuestos del turismo sean reinvertidos en la región, que se tengas (sic) sueldo regionalizados para esta industria, que se cree la universidad del turismo y el medio ambiente" contenidos en un párrafo sin más explicación.

Alinco nunca presentó alguna moción u oficio sobre la materia, ni siquiera tocó el tema en el hemiciclo. Su asesor -un activo militante PPD (ligado al sector de Guido Girardi)- desde abril trabaja a honorarios en la Gobernación de Chacabuco que encabeza la también PPD Adela Bahamondes (hija de Alejandro, actual embajador en Paraguay). Su sueldo es de $ 1 millón 583 mil.

Hasta el cierre de nuestra edición no fue posible contactarse con el ex parlamentario.

Mario Bertolino (RN): $2 millones en consejos para volver a la política

Lapidario es el contenido del "Estudio sobre el reposicionamiento político en la IV Región. Perspectiva de política regional para el periodo 2014-2018" que realizó la empresa Tinto Producciones para el ex diputado Mario Bertolino a un costo de $2 millones 250 mil.

No es fácil imaginar que esta asesoría sirviera para apoyar el trabajo legislativo de Bertolino. Aparentemente, busca fórmulas que permitieran al ex parlamentario volver a tener un rol político a futuro (meta que no está contemplada en el reglamento que regula estas asignaciones).

Para los analistas de Tinto Producciones -que asesoran a varios diputados RN- "la estrepitosa derrota electoral (...) costará muchísimo revertir" dado que fue visto como "un constante factor de división no sólo en las filas de RN sino en la derecha completa".

Agregan que la imagen que proyecta lo hace ver como "anticuado y poco creativo". Y que la única posibilidad que le ven en política es recomponer personalmente las relaciones con su electorado a fin de postular a concejal (en 2016) y luego a alcalde de La Serena (en 2020).

Uno de los socios fundadores de Tinto Producciones, el fotógrafo Juan Diego Santa Cruz, participó además en la fallida campaña a senador de Bertolino haciéndose cargo de una revista y de la "asesoría de imagen" por $3 millones 985 mil 500, según rendición entregada al Servicio Electoral. Santa Cruz es actualmente el secretario general de Amplitud.

Al ser contactado Bertolino aseguró que "aquí no hay ningún santo tapado" y confesó que tras perder las elecciones al Senado "quise saber qué pasaba en mi región porque nos volaron del mapa. No era un análisis para mí futuro político. Además le doy firmado que yo no vuelvo nunca más a la política".

-¿Leyó el informe?

-Soy muy honesto en reconocer que no lo leí. Yo me vine y no sé qué pasó.

-¿Santa Cruz fue su asesor de imagen?

-El no fue mi asesor. Lo que pasa es que él tiene las boletas y facturas de eso ¿Me entiende? El me consiguió una persona que me sacaba las fotos y luego me lo facturó porque él (Santa Cruz) se arregló con esa gente.

Esta mañana, Bertolino agregó que llamó a la Cámara y se le informó que "esto no se le va a pagar".

Plataformas digitales: Escritos reciclados

Parte de las asesorías externas corresponde al mantenimiento de plataformas digitales como web, Facebook y Twitter.

Ximena Vidal (PPD), Carlos Recondo (UDI), Mónica Zalaquett (UDI), Enrique Accorsi (PPD) y Alberto Cardemil (RN) optaron por ello.

Este último pagó $ 5 millones por dos informes de 5 y 6 páginas, respectivamente. Documentos que contienen párrafos y hasta un gráfico idénticos (aunque están fechados en febrero y marzo de 2014). Su autora es Carolina González quien también aparece en la planilla de gastos presentada por el comando de Cardemil al Servicio Electoral, como coordinadora en terreno de la última campaña parlamentaria recibiendo $3 millones 300 mil.

Alberto Cardemil explicó que trabajó con González durante dos años y que la tarea que encomendó fue mucho más que lo que indican los dos informes: "En mi trabajo parlamentario le di gran importancia a las redes sociales y eso lo mantuve hasta el último día".









































































































































































































































































Fuente:lasegunda

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Rodrigo González Fernández
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SVS PLANTEA MEJORAR ATRIBUCIONES DE FISCALIZACIÓN DEL ORGANISMO

SVS PLANTEA MEJORAR ATRIBUCIONES DE FISCALIZACIÓN DEL ORGANISMO

Publicado el 25 de julio del 2014

Así lo manifestó el Superintendente de Valores y Seguros, Carlos Pavez, al concurrir nuevamente a la Comisión Investigadora del conflicto entre accionistas de SOQUIMICH, conocido como el Caso Cascadas.

     Ante la instancia investigadora, Carlos Pavez sostuvo que es fundamental dotar a la entidad reguladora de nuevas atribuciones y formas de relacionarse con otros organismos del Estado, para poder cumplir con sus funciones fiscalizadoras y mejorar el marco regulatorio en pos de una mayor transparencia del mercado bursátil.

    "Creemos que es muy importante estar permanentemente recogiendo las recomendaciones internacionales, los mejores estándares, las mejores prácticas internacionales. En ese sentido hemos estado trabajando durante largo tiempo en algunas propuestas que creemos que han demostrado ser exitosas y eficientes, y creo que esta es una oportunidad muy valiosa de poder analizarlas en el seno de la Cámara".

    Otra materia que fue abordada en la sesión se relacionó con los criterios que utiliza la SVS para la fijación de los denominados precios de mercado, como elemento a considerar para efectos de determinar en sus investigaciones si hay indicio de alguna infracción, por ejemplo.

    "Las mismas compañías son las que habitualmente recurren a estos precios de mercado para establecer los valores a los cuales van a hacer sus colocaciones de aumento de capital o apertura al mercado", señaló el personero, señalando que son un referente para el ente regulador.

    Escuchar a minoritarios

    Sobre los antecedentes expuestos, el diputado Daniel Núñez (PC), indicó que esta sesión fue para delinear los roles y funciones que tiene la SVS, pero que se enfrentaron a la dificultad que el superintendente "se justificó de no poder entregar todos los antecedentes, porque la ley le impide revelar información que estaría siendo vista en forma administrativa por el propio organismo y posiblemente también el proceso legal", explicó el legislador.

    No obstante, el diputado Núñez afirmó que en la próxima sesión ya podrán entrar más directamente en la materia objeto de la investigación, una vez que terminen de delinear cómo opera el mercado de valores y principalmente "conocer cuál es la opinión de la Superintendencia en detalle de por qué se formuló cargos y cuál sería el probable delito que se cometió".

    Asimismo, informó que luego se invitará a los accionistas perjudicados, minoritarios e institucionales como las AFP's, porque tomando en consideración los montos involucrados, "las pérdidas pueden ser significativas y no estamos hablando de un negocio de pequeña escala"; el cual, criticó el parlamentario, "le sigue reportando ventajas significativas a quien al parecer tramó y urdió esta operación fraudulenta", en alusión a Julio Ponce Lerou y el aumento de precios que han tenido las acciones de SOQUIMICH.
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    La millonaria licitación en La Dehesa con el Rodeo

    La millonaria licitación en La Dehesa con el Rodeo

    VIERNES, 25 JULIO, 2014POR: REVISTA CAPITAL

    licitación La Dehesa

    Como uno de los terrenos más atractivos del sector oriente promociona Colliers el remate de un paño propiedad de CorpSeguros, ubicado en la esquina de avenida La Dehesa con El Rodeo. Se trata de una explanada a pasos de la Clínica Alemana en manos de Álvaro Saieh, la que sería prescindible para el empresario, por lo que será rematada el 20 de agosto próximo.

    El mínimo para optar a quedarse con el terreno serán 586 mil UF (casi 25 millones de dólares) y la propuesta de CorpSeguros para los interesados incluye un master plan ya desarrollado, que incluye 43.365 metros cuadrados construidos divididos en un hotel de 126 habitaciones, equipamiento comercial, 184 departamentos y oficinas.

    "Bajo un contexto normativo se ubica en la 'Zona M' permitiendo desarrollo residencial en altura y equipamiento (salud, comercio y servicios, entre otros) con una superficie construible de 43.365 m2. Actualmente se ha generado una importante cantidad de equipamientos y residencial en este eje. Entre las iniciativas de gestión público-privada que han sido presentadas para complementar el transporte privado en sector nororiente, para el terreno y el submercado de Estoril–La Dehesa, el más determinante sería el Proyecto Tranvía Las Condes, desde 2009 en fases previas de gestación; hoy proyectado para el 2015/16", destaca el folleto que ha circulado para promocionarlo.

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    LUCAS PALACIOS PLAN DE CONCESIONES

    PLAN DE CONCESIONES

    Considerando que en materia de infraestructura siempre debe primar una visión de largo plazo y de desarrollo futuro, me parece responsable hacer notar ciertas inexactitudes contenidas en la carta de Iván Poduje del día 20 de julio en el diario El Mercurio.

    En primer lugar, Poduje se refiere a mi evaluación del Plan de Infraestructura presentado por el gobierno solo desde la perspectiva de las concesiones. Su confusión lo lleva a un análisis sesgado, por cuanto señala proyectos que tienen distinta naturaleza de financiamiento. Un gobierno tiene responsabilidades respecto de la inversión pública directa, de la asociación público-privada y de generar mejoras en las condiciones para la inversión privada.

    Es curioso que en su calidad de miembro del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), Poduje haga una defensa tan férrea del actual gobierno en materia de concesiones. Lo cierto es que en esta administración, dicha cartera ha disminuido aproximadamente US$ 1.300 millones, por el retiro de proyectos adjudicados y en proceso de licitación (hospitales).

    Al miembro del CPI también le debiese preocupar la decisión de las actuales autoridades de no entregar a los precalificados de la relicitación del Aeropuerto de Santiago información relativa a la operación comercial del actual terminal, tal como estaba previsto en su origen, evidentemente desincentivando la competencia del proceso.

    Poduje defiende la ausencia de cronogramas del Plan de Infraestructura bajo la premisa de que en el gobierno anterior tampoco existía, con lo cual comete dos errores: primero, no es razonable ni serio un Plan de Infraestructura sin plazos, y segundo, entrega información errónea, pues los proyectos del gobierno del Presidente Piñera sí tenían cronogramas, plazos y objetivos claros y conocidos, constatables en el sitio web del MOP y en los Planes Regionales de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico 2012-2021.

    Finalmente, Poduje plantea las falencias de la actual metodología de evaluación social. Estoy de acuerdo en que la metodología puede no recoger todos los beneficios sociales de un proyecto determinado; sin embargo, tiene la bondad de medir el impacto social de una inversión en un contexto de recursos limitados, permitiendo la asignación eficiente de recursos. Corresponde a un método aplaudido y utilizado por el Banco Mundial y el BID, siendo la Cepal su principal promotor a nivel latinoamericano.

    Para terminar, el señor Poduje debiera transparentar a la opinión pública su calidad de asesor para el MOP en la segunda etapa de Américo Vespucio Oriente, lo cual, sin duda, resta objetividad a sus planteamientos.

    Publicado en: 
    El Mercurio
    Escrito por: Lucas Palacios
    Ex subsecretario MOP y vicerrector económico UDD
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    A PESAR DE TRIQUIÑUELAS FNE REQUIERE A SMU DEL GRUPO SAIEH

    FNE Revela Los Representantes De SMU en Supermercados Montserrat

       
       
       

    El grupo Saieh tiene en el directorio de las distintas filiales de la cadena controlada por la familia Bada a Paulina Rendic, Álvaro Caviedes y Consuelo Gatica, teniendo en su calidad de socio acceso a información competitiva relevante de la empresa.

    La Fiscalía Nacional Económica dio a conocer quiénes son los representantes de SMU en la cadena Montserrat, sociedad en la cual el grupo Saieh mantiene un 40% de la propiedad pese a que el desprenderse de estas acciones era una de las principales exigencias del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y de la Corte Suprema para su fusión con Supermercados del Sur.

    En su requerimiento en contra de SMU por estos incumplimientos de condiciones, la FNE indicó que el directorio de Supermercados Montserrat S.A.C. y Supermercados Montserrat Dos S.A. está formado por los directores Paulina Rendic y Álvaro Caviedes, que representan al grupo Saieh, y por Ceferino Bada y sus hijos Andrés y Antonio, donde esta familia cuenta con el 60% de la firma. 
    Asimismo, el directorio de Inmobiliaria Santander S.A. –sociedad ligada a Montserrat-, está conformado por Consuelo Gatica y Álvaro Caviedes, quienes representan a SMU, y por Ceferino Bada y sus hijos Andrés y Antonio.

    En tanto, la FNE recordó las declaraciones del TDLC acerca de qué significa que SMU mantenga un 40% de la propiedad de Montserrat. El ente antimonopolio apuntó que esto influye en el comportamiento anticompetitivo del retailer, dado que las estrategias de reducción de precios o de inversión en nuevos locales considerarán en su evaluación lo que dejaría de ganar con la cadena de Supermercados en que cuenta con una posición accionaria. 

    También, aunque SMU no administre Supermercados Montserrat –lo que sí realiza la familia Bada, con quienes el grupo Saieh asevera tener malas relaciones-, en su calidad de socio sí cuenta con acceso a información competitiva relevante incluso para la industria nacional. 

    En esa línea, el hecho de que SMU tenga representantes en el directorio de Montserrat, revelaría que sí tiene injerencia en todo lo relacionado a esta cadena supermercadista, por lo que el que no venda su 40% de propiedad en ella atentaría contra la libre competencia, según lo que ha manifestado a través de su requerimiento ante el TDLC la FNE. 
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    Industriales de Santiago en alerta por plan de descontaminación que implicará inversiones por casi US$ 800 millones

    Industriales de Santiago en alerta por plan de descontaminación que implicará inversiones por casi US$ 800 millones

    En los gremios y asociaciones industriales están atentos y comienzan a tomar posición para una largo debate. El gobierno tendrá conversaciones con todos los actores para elaborar el anteproyecto en los próximos 12 meses.

    • Industriales de Santiago en alerta por plan de descontaminación que implicará inversiones por casi US$ 800 millones

      El primer paso para la actualización del Plan de Prevención y Descontaminación (PPDA) de la Región Metropolitana dio el Ministerio de Medio Ambiente al presentar ayer el estudio de Propuesta de Regulación para la Reducción del Material Particulado Fino (PM 2,5), que realizó el centro Mario Molina.

      El anuncio sorprendió a algunos gremios y asociaciones industriales de Santiago, que comenzarán a analizar las primeras propuestas que sirven de base para el anteproyecto que debe elaborar la autoridad.

      El documento incluye 32 medidas para reducir el material particulado fino destinadas al transporte, energía, industria y otros sectores. De aplicarse este paquete, al 2020 debería disminuir en 50% la emisión de PM 2,5, que aquél que más afecta la salud de las personas, e implicaría una inversión de US$ 790 millones, donde el 45% sería de responsabilidad estatal. Es decir, los privados deberían inyectar del orden de 
US$ 435 millones.

      El titular de Medio Ambiente, Pablo Badenier, explicó que en agosto iniciarán el trámite para declarar a la capital como zona saturada de material particulado fino, lo que da pie a la elaboración del PPDA.

      A partir de eso comenzarán a elaborar el anteproyecto de la regulación, para lo cual tienen 12 meses. En este período contemplan recoger las posturas de los sectores regulados y municipios.

      Una vez listo el anteproyecto, éste será sometido a consulta pública. Se espera que las nuevas restricciones estén operativas a partir de septiembre de 2016.

      Respecto al tiempo que pueda tomar esta discusión -que para la actualización del plan actualmente vigente se extendió por un período largo-, Badenier dijo que espera que el diálogo sea más efectivo, porque en general hay más conciencia de la importancia de este tema entre los regulados y la población en general.

      Medidas


      En transporte, el informe establece siete medidas que apuntan en varias líneas, como transporte de carga no contaminante y la electrificación del transporte público. El Transantiago, a 2020, debería tener 800 buses eléctricos con baterías, 1.500 trolebuses y 3.700 a diesel. Esto fue bien recibido por los operadores, que plantearon que este recambio tecnológico requiere incentivos. Consultado, Badenier dijo que generarán mecanismos para tener combustibles más limpios.

      A nivel industrial, se plantean medidas que implicarán una inversión cercana a los US$ 230 millones, donde el 90% será asumido por los privados. Se contempla reducir las metas de emisión de material particulado para grandes emisores, para procesos industriales, para calderas y cambios en el criterio de paralización de fuentes fijas en episodios críticos.

      Respecto a esto último, Badenier explicó que la idea es masificar la certificación ISO 50.001 sobre Eficiencia Energética. "El plan de descontaminación está vinculado a reducir gases con efecto invernadero y eficiencia energética, por lo que van a jugar un rol relevante las industrias que tengan este tipo de certificaciones como un criterio para eventuales paralizaciones", dijo.

      Badenier dijo que en general estas medidas apuntan al sector metalúrgico y de elaboración de pinturas y aerosoles, entre otras.

      Héctor Castillo, presidente de la Federación de Asociaciones Industriales Comunales (Feasin), anunció que revisarán la propuesta, pero que el sector industrial ya hizo muchos esfuerzos para mitigar sus emisiones, por lo que ahora el eje del PPDA debería estar en el uso de leña, el polvo en suspensión y el transporte, áreas donde realmente hay un retraso.

      Agrega que hay poco espacio para mejorar, porque las emisiones ya están en el mínimo. "Somos como los autos catalíticos", graficó.

      En energía, se propone introducir filtros a calderas que se utilizan como respaldo en algunas industrias y la reducción catalítica selectiva de centrales termoeléctricas. Al respecto Badenier dijo que no ve mayor problema en las termoeléctricas, porque si éstas cumplen con la nueva norma de emisiones, será suficiente para lo que establece el plan.

      Finalmente, el ministro dijo que se propondrá prohibir el uso de leña para calefacción residencial en el radio urbano. Añadió que analizarán el uso de pellets -muy comunes en calefacción residencial-, porque aunque son mejores que la leña, de todas formas generan emisiones.

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      AGN: GAS TAMBIÉN ES ALTERNATIVA

      Una mirada positiva a las propuestas tienen en la Asociación de Distribuidores de Gas Natural (AGN), en especial porque se apunta a desplazar el uso de diesel y leña en la Región Metropolitana, principales responsables del material particulado fino. El director ejecutivo del gremio, Carlos Cortés, explica que aunque en materia de transporte no se hace mención específica al gas natural, es una alternativa real que ayudaría a la solución del problema y que se está analizando por las autoridades. Dice que hay países y ciudades que ya usan esta tecnología, como en Punta Arenas donde hay 61 máquinas que han sido muy bien evaluadas. Además, la tecnología es rentable. Pero de todos modos es necesario solucionar algunas trabas o dar incentivos, como emparejar la cancha impositiva, ya que el impuesto específico del diesel es 1/3 del que paga el gas.

       

      TRANSANTIAGO A FAVOR DE NUEVA FLOTA

      El director ejecutivo de la Asociación de Concesionarios del Transporte Urbano de Superficie (Actus), Víctor Barrueto, se mostró a favor de la propuesta de regulación elaborada por el Centro Mario Molina. Explicó que esto va en línea con lo que han manifestado como gremio, de adelantar el recambio de máquinas, dado el envejecimiento prematuro de algunos buses, especialmente los de tipo oruga. Según análisis que han realizado, esto debería ser antes de 2016. Hacer la renovación implicaría pasar de tecnología Euro IV a Euro VI, aunque Barrueto advierte que para esto tiene que haber voluntad política, porque se requeriría modificar los contratos para que los nuevos costos no impliquen alza en las tarifas. El director ejecutivo ve como factible incorporar una cierta cantidad de buses eléctricos, que incluso se podrían implementar en el nuevo corredor del eje Alameda-Providencia.


    Fuente:diariofinanciero

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