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viernes, abril 01, 2016

Pablo Rodriguez Grez Democracia y Estado de Derecho

Democracia y Estado de Derecho

Pablo Rodríguez: "Chile demanda una rectificación que supere los traumas del pasado y estimule la capacidad productiva, sin lo cual los mejores proyectos serán vanos. Pero, por encima de todo, pacifique los espíritus en lugar de inducir al enfrentamiento y la discordia..."

Se ha discutido entre analistas y estudiosos si el Estado de Derecho es un ingrediente necesario en un régimen democrático. En otras palabras, si puede existir un gobierno elegido por el pueblo (la mayoría), sin estar fundado en el respeto a la ley como requisito fundamental de la vida en sociedad. El Estado de Derecho supone la existencia de un sistema de normas (leyes, reglamentos, tratados internacionales, etcétera), que regula o determina la licitud y legitimidad de todos nuestros actos. Aquel que vive en el marco de la legalidad sabe, a ciencia cierta, qué puede y qué no puede hacer, cuál es el castigo en el evento de una contravención, y quién es el encargado de aplicar las sanciones previstas en la ley. Pero las exigencias son todavía mayores. El ordenamiento jurídico debe ser elaborado por el titular de la respectiva potestad (poderes colegisladores) y respetar valores esenciales, como la vida, la igualdad ante la ley, la libertad y la dignidad de las personas. En pocas palabras, es este el único medio capaz de brindarnos plena certeza de que no seremos objeto de represalias, abusos o discriminaciones. En suma, no puede existir la democracia si no en el ámbito del Estado de Derecho.

Tengo la impresión de que los chilenos -ciudadanos y autoridades- no valorizamos suficientemente la importancia del Estado de Derecho, ni nos encontramos empeñados en perfeccionarlo y fortalecerlo, razón por la cual estamos muy lejos de que él impere como es debido. No exagero si digo que la mayor parte de nuestros problemas son consecuencia de que eludimos o burlamos el mandato de las leyes, con los más pueriles pretextos y siempre sobreponiendo el interés personal por sobre el interés común. Esto explica un decaimiento generalizado, una desconfianza obsesiva y una insatisfacción profunda con las instituciones fundamentales. El daño social que provoca un Estado de Derecho imperfecto y anémico es enorme, porque se pierde toda esperanza de mejorar la convivencia, de hacer que impere la paz y, por sobre todo, que reine la seguridad.

Si miramos en derredor, el panorama es patético. En efecto, constataremos que los dirigentes políticos, llamados a conducir los destinos de la nación, sin distinción de banderías, aparecen atados a sus intereses económicos y electorales. La delincuencia se ensaña con la población, contrarrestando toda capacidad de reacción policial. Los tribunales, lejos de amedrentar a subversivos y antisociales, parecen dar alas a sus móviles. La salud pública funciona en condiciones paupérrimas, y la privada vive en constante pugna con la autoridad. La legislación laboral, llave maestra para estimular la inversión y el crecimiento, se debate entre consignas e imposiciones ideológicas, enervando toda iniciativa económica de envergadura. Como si lo anterior fuera poco, ni siquiera sabemos de qué modo se abordará, en definitiva, la sustitución de la actual Constitución, que no tiene otro reparo que haber sido obra del gobierno militar. El cuadro que describo es terreno fértil para cultivar el odio y el revanchismo, obsesión que parece haber contagiado a una parte de la ciudadanía.

Chile demanda una rectificación que supere los traumas del pasado y estimule la capacidad productiva, sin lo cual los mejores proyectos serán vanos. Pero, por encima de todo, pacifique los espíritus en lugar de inducir al enfrentamiento y la discordia.

La insatisfacción actual no es la primera experiencia en la materia. Luego de la caída del primer gobierno del general Carlos Ibáñez del Campo (1931), aún latentes brotes anarquistas que se activarían más adelante, se proclamó la candidatura presidencial de don Juan Esteban Montero, un distinguido abogado y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Cuando se le preguntó cuál era su programa, sacó de su bolsillo un ejemplar de la Constitución Política del Estado. Indudablemente, quiso con ello realzar la importancia de vivir en la legalidad y el respeto a la institucionalidad vigente.

El país ha avanzado en los últimos 30 años como nunca a través de su historia independiente. Ha surgido una clase media pujante, que desplazará a sectores antes hipersensibles frente a la predica del resentimiento y la lucha de clases. Pero el desconcierto que ha sembrado la decadencia que nos afecta, fruto de reformas mal pensadas y peor implementadas, puede mellar su resistencia y echar por tierra todo lo avanzado. Por lo mismo, debemos neutralizar este peligro, cualquiera que sea su costo. De aquí la urgencia de alcanzar un gran acuerdo nacional que asegure la estabilidad y el progreso.

Pablo Rodríguez Grez 
Fuente:EMOL

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Rodrigo González Fernández
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Compañías chilenas anotaron durante 2015 la mayor caída en utilidades desde 2011

Compañías chilenas anotaron durante 2015 la mayor caída en utilidades desde 2011

Las 713 empresas que informaron a la SVS sus estados financieros del año pasado registraron un descenso de 12,9% interanual, con lo cual sumaron tres años de descensos.P. POBLETE Y K. BARTOLINI | EMPRESA | 05:00 HRS

© Andrés Pérez

Pese a que en el cuarto trimestre la tendencia de fuerte alza de costos, caída en las ventas y menores utilidades que venían mostrando las empresas comenzó una incipiente mejora, no fue suficiente para terminar un año negativo en materia de resultados corporativos.

Así, la desaceleración económica experimentada en Chile se traspasó a los números de las empresas y las 713 empresas que informaron a la Superintendencia de Valores y Seguros sus estados financieros de 2015 acumularon ganancias por US$17.157 millones, es decir una caída interanual de 12,9%, la mayor disminución desde 2011 (-19,4%). Con esto, ya son tres años consecutivos de descensos en los beneficios de las Sociedades Anónimas del país. Los ingresos, en tanto, retrocedieron 6,87%.

Un factor relevante no operacional que afectó el desempeño de las empresas fue el efecto de la depreciación de las monedas, especialmente las que están expuestas a mercados latinoamericanos, una región que fue particularmente afectada con el desplome de las materias primas. De hecho, el año pasado el real se contrajo un 32,9% frente al dólar y un 21,73% frente al peso chileno, afectando a compañías como LATAM Airlines. El propio CEO de Latam Airlines, Enrique Cueto, señaló a PULSO que la depreciación del real tuvo un impacto de última línea de US$400 millones durante el año pasado.

De acuerdo a un análisis de los resultados de CorpReseach, el cuarto trimestre del año pasado evidenció un leve avance en materia de Ebitda y utilidad, lo que fue favorecido por la depreciación de la moneda local. "Una segunda lectura nos muestra que este desempeño se explica por la depreciación de 16,6% a/a observada en el tipo de cambio promedio trimestral (que se emplea para expresar en pesos los resultados de las compañías que reportan en dólares). Eliminando este efecto, las cifras de ingresos, Ebitda y utilidad habría mostrado un débil desempeño, con caídas anuales de 16%, 10% y 13%, respectivamente".

Otra empresa que sintió el golpe fue Sonda. "La depreciación de ciertas monedas latinoamericanas respecto del peso chileno, principalmente el real brasileño, ha afectado negativamente la conversión de resultados de moneda funcional a moneda de reporte", señaló la compañía en su análisis razonado del último trimestre del año pasado.

Pero más allá del efecto cambiario, el desempeño de las 713 compañías se vio en gran parte influenciada por la minería. De hecho, Codelco tuvo pérdidas de US$1.357 millones en el ejercicio 2015 (después de ajustes contables), explicado por una caída de 20% en el precio internacional del cobre. Los excedentes previo a ajustes contables fueron US$1.075 millones, monto que se utiliza para compararla con las S.A.

Codelco pierde liderato
Si no se considera Codelco en el listado de las empresas, las ventas habrían cedido sólo 6,4% y la utilidad habría disminuido 5,2%. Es que tan duro fue el golpe para la minera estatal que fue desplazada de su tradicional primer lugar en utilidades.

El primer lugar lo obtuvo Enersis, con una utilidad de $661.587 millones (+8,43%), mientras que Codelco quedó segundo con $573.809 millones (-67%). Muy de cerca lo siguieron Banco de Chile y Falabella, con $558.995 millones (-5,43%) y $519.951 millones (+11,88%).

En cuanto a las ventas, Empresas Copec y Cencosud siguen como líderes indiscutidos.


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Rodrigo González Fernández
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BLANCA ARTHUR : LA CAIDA DEL PLAN ABBOTT

La caída del plan Abbott

La intención del fiscal nacional de cerrar los casos se está complicando, no sólo con las acusaciones de que se actúa con sesgo político, sino con la rebelión de los fiscales regionales que comenzaron a desmarcarse de su doctrina de que es necesario contar con denuncia o querella del SII para actuar.

  • Por Blanca Arthur
    La caída del plan Abbott

    Cuando fue nominado para el cargo a fines del año pasado, quedó claro que la intención de Jorge Abbott era no centrar su gestión en las investigaciones por financiamiento irregular de la política. De hecho, él mismo destacó en su discurso al asumir, que su interés era focalizarse en el combate a otros delitos de connotación social.

    Ése era su plan, el que decidió explicitar en una comentada entrevista el domingo, en la que afirmó que se estaban buscando fórmulas para acotar dichas causas, agregando que le había pedido a los fiscales que mandaran los antecedentes al SII para que éste decidiera si se querellaba o no, para de esa manera poder ir cerrándolas.

    Con ello, Abbott reiteraba su doctrina, que estableció al comparecer al Senado cuando éste debía ratificarlo, en cuanto a que para imputar delitos tributarios era necesario contar con una querella o denuncia del organismo fiscalizador.

    Como su director, Fernando Barraza, había dado indicios de que probablemente no lo haría, al declarar a comienzos de marzo que la labor del SII no era presentar querellas, todo indicaba que el plan de Abbott, al encontrar un soporte en las decisiones de dicho servicio dependiente del gobierno, tenía posibilidades reales de comenzar a cumplirse.

    Pero tanto las acusaciones de que ello implicaba un sesgo, porque al final los beneficiados serían principalmente personeros de la Nueva Mayoría, como la suerte de rebelión de los fiscales al desmarcarse de la llamada "doctrina Abbott", que quedó de manifiesto con el anuncio de formalización al ex senador UDI, Pablo Longueira, podrían terminar abortando su plan.

    Críticas por sesgo

    La confirmación de los propósitos del fiscal nacional por parte de él mismo esta semana, bastó para que se reinstalara la idea de que –con intención o no- el Ministerio Público, con la colaboración para este caso del SII, estaban actuando con un criterio político, al no aparecer al menos que hubiera un trato igualitario para personeros del oficialismo en comparación con lo que ocurría con figuras de la oposición.

    Fue lo que de inmediato reclamó la UDI, que por intermedio de su presidente, senador Hernán Larraín, cuestionó el anuncio de querer terminar las indagatorias por los casos de las platas políticas, acusando que la fiscalía no ha actuado con equidad con los distintos sectores.

    El alegato de la UDI se basó, principalmente, en que el cierre de las causas implicaba que sólo se indagaría a personas de su sector, especialmente de su partido, quedando fuera de las pesquisas los políticos de la Nueva Mayoría que también habrían recibido dineros de SQM de manera irregular, como el ex ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, quien incluso formó una empresa fantasma con el fin de financiar la llamada pre campaña de Bachelet, u otros como los hijos del senador y presidente de la DC, Jorge Pizarro, el hijo del diputado del mismo partido, Roberto León, o cercanos al senador PS, Fulvio Rossi.

    Las acusaciones de sesgo en el tema de las platas políticas no apuntan, en todo caso, sólo contra el Ministerio Público, sino también de manera especial hacia la actitud del SII, al que critican incluso dirigentes del oficialismo, coincidiendo con lo que planteó públicamente el presidente del PS, Camilo Escalona, quien demandó que el organismo se querellara contra todos los que pudieran tener responsabilidad, porque no podía quedar la impresión de que se quería llevar a tribunales a unos y a otros no.

    Es una posición que se ha generalizado mereciendo reparos de distintos sectores, como por ejemplo de los querellantes de Ciudadano Inteligente, que han acusado derechamente al SII de actuar con criterio político desde que estalló el caso SQM con el fin de proteger al oficialismo que aparece comprometido.

    Complicación de Abbott

    En círculos políticos como judiciales comentan que estas críticas de falta de imparcialidad que ha liderado la UDI desde el caso Penta, han sido una complicación para que Abbott pueda cumplir su plan de cerrar los casos, el que habría sido parte de los acuerdos informales para acceder a su cargo.

    Tanto es así, que circula la versión de que le hizo saber a La Moneda que para lograr su propósito, era necesario que también se pudiera investigar a alguna figura destacada del oficialismo, considerando que era difícil deshacerse de los cargos de actuar sin equidad, si el único condenado era un emblemático líder de la UDI, como Jovino Novoa, a lo que se sumaba que además han sido formalizados parlamentarios de ese partido, era posible que ocurriera lo mismo nada menos que con sus dos ex candidatos presidenciales como Longueira y Laurence Golborne.

    De acuerdo a lo que indican algunos, desde palacio tomaron nota, haciéndole saber que para ellos era importante proteger a Peñailillo, porque al final es quien podría comprometer a Bachelet.

    Es en este escenario, donde en distintos círculos no se descarta que la opción del gobierno para mostrar un trato ecuánime, fue arremeter contra el ex senador PS, Carlos Ominami, tesis que se basa en que es el único personero de izquierda contra el que se querelló el SII, lo que no tendría costo puesto que no pertenece a la Nueva Mayoría, mientras de paso podía significar un daño político a su hijo Marco Enríquez-Ominami.

    Fue una acción que no pocos, incluido el propio afectado, calificaron de extraña, lo que significó que Ominami fue formalizado, aunque posteriormente fue sobreseído por prescripción.

    Lo cierto es que más allá de las especulaciones, la última señal de Abbott el domingo fue desestimar que hubiera un trato desigual, apelando a que en los casos que afectan a personas del oficialismo no existían antecedentes suficientes. Pero lo que más llamó la atención fue que liberara de responsabilidad de haber cometido delito a quienes recibieron dineros de la empresa de Giorgio Martelli - al que sí considera culpable- lo que se entendió que era porque estaba de acuerdo en impedir que se indague a Peñailillo, pese a que como lo reconoció el propio Martelli, fue el que lo impulsó a crear la empresa con el único fin de recaudar fondos.

    Esa afirmación del fiscal nacional marcó un contraste en relación a lo que planteó respecto a los otros casos, como los de los hijos de Pizarro o León, al indicar que ellos dependían de lo que hiciera el SII, resistiéndose a pronunciarse si debería presentar querella o no, con el argumento de que era respetuoso de sus facultades.

    El factor Longueira

    Un factor que no estaba contemplado en el plan de Abbott es la situación que afectó al ex líder de la UDI, Pablo Longueira, luego de que el fiscal a cargo del caso SQM, Pablo Gómez, decidiera abrir una investigación por cohecho en su contra, ante las sospechas de haber favorecido a la empresa durante la tramitación de la modificación a la ley del royalty cuando era senador.

    El caso de Longueira lo complicó, en primer lugar, porque se trataba de otra figura emblemática de la UDI que alimentaría las críticas de que se actúa contra un solo sector, como se encargó de alegar ese partido cuando se supo que sería formalizado, argumentando que se hacía antes de que éste prestara declaración para hacer sus descargos.

    Pero lo que atenta contra las pretensiones de Abbott en este caso, es que el fiscal Gómez anunció que no sólo lo formalizaría por cohecho y soborno, sino también por delitos tributarios con el cargo de facilitación de boletas ideológicamente falsas para recibir pagos de SQM.

    Como no existe una querella en su contra del SII, la explicación del persecutor fue que lo hacía basándose en una denuncia del mes de abril de dicho organismo contra todos quienes resulten responsables de ciertos hechos.

    Con ello, el fiscal de Valparaíso se desmarcó claramente de la "doctrina Abbott" en cuanto a que se requiere una acción directa del SII, lo que podría significar un giro, puesto que él mismo no descartó que otras personas del oficialismo que aparecen en la misma denuncia por la que se formalizará a Longueira, pudieran correr la misma suerte si es que se comprueban los hechos que se están indagando.

    La rebelión de los fiscales

    Esa actitud es la que algunos en círculos judiciales consideran que se trata de una suerte de rebelión de los fiscales, puesto que después de los alcances que hizo Gómez, que contrarían la postura de Abbott, el fiscal Manuel Guerra, que quedó a cargo del caso Penta, hizo un planteamiento similar. Fue al anunciar la formalización de Golborne, cuando manifestó que actuaría en todos los casos que considerara que existe delito, sin inhibirse por la existencia o no de querella del SII, al punto que se estima que en el caso de ex presidenciable lo hará por delitos que no figuran en la querella que presentó en su contra el organismo fiscalizador.

    La tesis que circula en medios ligados a la fiscalía, es que Abbott no tiene el liderazgo ni la autoridad suficiente para imponerse sobre sus subalternos, los que no querrían aparecer formando parte de un acuerdo para cerrar los casos que pudiera afectarles su imagen, menos cuando se estima que el tiempo del fiscal nacional en su cargo no perdurará hasta el final de su período básicamente por razones de salud.

    En esa lógica se inscribe que el fiscal Gómez hubiera recurrido al concurso de Estados Unidos para que le colabore tras detectar pagos irregulares de SQM a prácticamente todos los partidos, pero además a las campañas de Frei, Piñera y Bachelet.

    Con la actitud autónoma que están mostrando los fiscales, todo indica que el plan de Abbott difícilmente podrá cumplirse, sin que nadie sepa a estas alturas qué cauce podrá tomar el complejo tema de las platas políticas.

Fuente: DF 

Saludos
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