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viernes, agosto 29, 2008

Por Davor Harasic Y.: Designación del Consejo para la Transparencia: una decisión trascendental

Designación del Consejo para la Transparencia: una decisión trascendental

Imprimir artículo14 Agosto, 2008.

*Por Davor Harasic Y.

Con la reciente promulgación de la Ley de Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información, nuestro país no sólo podrá contar con una de las regulaciones más avanzadas a nivel internacional en lo que se refiere a acceso a información, sino que además, su aplicación tendrá un impacto profundo para el futuro y el desarrollo de Chile desde el punto de vista de la probidad y la transparencia. Con esta ley se dará efectiva aplicación al artículo 8º de la Constitución Política, que garantiza la publicidad de los actos y resoluciones del Estado, siendo la norma general la publicidad y la excepción, la reserva.

En este contexto, la actuación y desempeño del Consejo para la Transparencia tendrá una enorme trascendencia para asegurar que esta moderna institucionalidad normativa cuente con una implementación adecuada. Será esta entidad la encargada de velar por la debida protección del derecho de acceso a la información. También deberá garantizar su ejercicio eficaz por parte de los ciudadanos, al resolver los conflictos que se planteen cuando un ciudadano considere que su petición de información ha sido injustamente denegada. Este organismo especializado deberá promover la transparencia de la función pública, fiscalizar el cumplimiento de esta ley y resolver los reclamos de denegación de información.

Teniendo en cuenta la importancia de las funciones y atribuciones que la ley ha entregado a este organismo, será clave el proceso de designación de los cuatro consejeros que integrarán esta entidad. Estos consejeros serán designados por la Presidenta de la República, previo acuerdo del Senado, adoptado por los dos tercios de sus miembros en ejercicio. Si bien el sistema de nombramiento de los consejeros favorecerá el equilibrio entre los poderes políticos en la composición del Consejo, ello no es garantía suficiente para asegurar la independencia e idoneidad técnica de sus integrantes.

El Consejo de la Transparencia deberá interpretar los alcances de esta ley, delimitar conceptos jurídicos indeterminados y construir una doctrina sólida y bien fundamentada que asegure el acceso a la información y que, al mismo tiempo, garantice los demás derechos fundamentales. Para ello, es esencia que esta entidad esté conformada por integrantes que garanticen plena autonomía en el ejercicio de sus funciones, posean una capacidad técnica de excelencia para realizar una labor interpretativa altamente compleja, tengan una visión moderna del acceso a la información coherente con los principios de transparencia garantizados en esta ley, cuenten con una credibilidad y respetabilidad social que de legitimidad a sus actuaciones, y tengan la decisión y compromiso adecuado para propiciar un cambio de paradigma en el ámbito público desde el secretismo a la transparencia.

Estas capacidades personales y técnicas serán puestas a prueba durante la implementación, aplicación y fiscalización de esta ley. Le corresponderá promover la implementación de esta ley a través de normas generales, recomendaciones y propuestas de perfeccionamiento normativo. Deberá decidir si los casos de denegación de información que sean sometidos a su consideración, se ajustan y fundamentan en las causas de reserva establecida en la Constitución y en esta ley, estableciendo los límites de lo público y lo reservado al interior de la Administración del Estado.

En los casos en que se deniegue de manera infundada el acceso a la información, no haya entrega oportuna de la información o se incumpla injustificadamente las normas de transparencia activa, deberá sancionar a ministros o jefes de servicio con multas o suspensión del cargo. Y en relación a los órganos constitucionalmente autónomos, tales como la Contraloría General de la República, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, el Tribunal Calificador de Elecciones o el Banco Central de Chile, deberá lograr que, como lo señala ley, efectivamente consideren su opinión aunque ésta no sea vinculante para estos órganos (Como expresamente lo señaló el fallo del Tribunal Constitucional al momento de revisar la constitucionalidad de esta ley).

La promulgación de esta ley de transparencia de la función pública es un hito trascendental para el acceso a la información en nuestro país. Pero su efectividad dependerá en gran medida de la función y responsabilidad encomendada al Consejo de la Transparencia. Esta ley será en gran medida lo que el Consejo de la Transparencia decida que sea. Es por ello que resulta tan importante el perfil, experiencia y calidad técnica de quienes sean designados como sus primeros integrantes. El primer Consejo de la Transparencia marcará la pauta y el estándar de la efectividad del derecho de acceso a la información en nuestro país. Esperamos entonces que el proceso de designación de los primeros cuatro consejeros de esta entidad responda a las altas expectativas que todos los ciudadanos hemos puesto en esta nueva institucionalidad de acceso a la información.

*Davor Harasic Y. es presidente de Chile Transparente, capítulo chileno de Transparencia Internacional.

Ver documentos:
Fallo del Tribunal Constitucional sobre la Ley de Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información
Ley de Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información

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El coronel (r) Pedro Valdivia está acusado de usar la empresa de seguridad privada

MUNICIPALIDAD DE VITACURA EN PROBLEMAS....QUE LAMENTABLE
Los negocios y amores que complican al guardián de la seguridad en Vitacura

El coronel (r) Pedro Valdivia está acusado de usar la empresa de seguridad privada que fundó y administró hasta enero de este año (SyP) para triangular contratos de la Municipalidad de Vitacura a través de Piamonte S.A. Su cargo de director de Operaciones del mismo municipio lo tiene hoy bajo fuego cruzado de la Contraloría y de su ex socia y pareja. El mediático ex oficial de Carabineros dice que todo es "un problema sentimental". Pero la historia que investigó CIPER es más compleja y está documentada.

Por Pedro Ramírez, CIPER

 

 


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CIPERCHILE: MUNICIPALIDAD DE VITACURA COMPLICADA CON VALDIVIA

  • UNA HISTORIA INCREIBLE


  • Última hora: Valdivia es trasladado a la Dirección de Tránsito de Vitacura

    Posted: Thu, 28 Aug 2008 16:44:42 +0000

    Alcalde Torrealba confirmó su nueva destinación, la que se mantendrá mientras se investigan los negocios realizados entre el municipio y una empresa de seguridad privada vinculada al coronel (r). El edil confirmó que los antecedentes fueron entregados al Ministerio Público y a la Contraloría, además de instruir dos sumarios en la comuna.

     Sólo cinco días después de que CIPER difundiera los documentos que vinculan al director de Operaciones de la Municipalidad de Vitacura, coronel (r) Pedro Valdivia, con una triangulación de contratos en ese municipio, la que benefició a una empresa de seguridad que él representaba, se conocieron los primeros efectos de esa investigación. Valdivia fue separado de su cargo y enviado a otra repartición municipal. El propio alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, entregó este jueves 28 un comunicado de prensa en el que informa que el coronel (r) de Carabineros, jefe de los servicios de seguridad ciudadana de la comuna, fue destinado a la Dirección de Tránsito mientras se investigan los hechos.

    El comunicado de Torrealba señala que dispuso la instrucción de "dos sumarios administrativos que están a cargo del juez de Policía Local de la comuna y el director de Control, respectivamente". Además, el alcalde señaló que puso los antecedentes "en conocimiento de la Contraloría General de la República y del Ministerio Público".

    Torrealba, según los documentos que expuso CIPER, fue alertado de los hechos en febrero pasado. El jefe comunal no respondió nuestras consultas acerca de por qué no había reaccionado antes. No obstante, en un artículo publicado por Las Últimas Noticias luego del reportaje de CIPER, Torrealba señaló: "Mire, durante el tiempo que se hacen las acusaciones, yo estaba de vacaciones. De todos modos, son situaciones que hay que investigar y no tengo ningún inconveniente en colaborar con Contraloría".

    En una nota posterior de Las Últimas Noticias, el concejal de Vitacura Sergio Hernández (DC), confirmó que el alcalde ya había sancionado a Valdivia en 2005. Ese año, Hernández denunció que el coronel (r) utilizaba vehículos municipales en su empresa de seguridad privada. Hernández afirma que el alcalde ordenó un sumario: "El fiscal entonces fue el contralor municipal (…) Sé que el fiscal aplicó una sanción. Valdivia apeló ante el alcalde Torrealba, quien determinó sancionar al señor Valdivia con una multa del 20% de un mes de sueldo (…) El hecho de que el alcalde lo haya sancionado significa que hubo culpabilidad de Valdivia, aunque en mi opinión cabía la destitución".

    Lea además:
    Los negocios y amores que complican al guardián de la seguridad en Vitacura

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  • Los negocios y amores que complican al guardián de la seguridad en Vitacura

    Posted: Sat, 23 Aug 2008 02:32:47 +0000

    El coronel (r) Pedro Valdivia está acusado de usar la empresa de seguridad privada que fundó y administró hasta enero de este año (SyP) para triangular contratos de la Municipalidad de Vitacura a través de Piamonte S.A. Su cargo de director de Operaciones del mismo municipio lo tiene hoy bajo fuego cruzado de la Contraloría y de su ex socia y pareja. El mediático ex oficial de Carabineros dice que todo es "un problema sentimental". Pero la historia que investigó CIPER es más compleja y está documentada.

    Por Pedro Ramírez, CIPER

    Simpático y de palabra fácil, el coronel (r) Pedro Valdivia siempre se hace un tiempo para atender a la prensa. Desde que abandonó una alta jefatura en Carabineros -por su responsabilidad de mando tras un incidente entre personal de la SIP y funcionarios de Investigaciones-, se ha esmerado en cultivar su imagen de experto en seguridad. Número puesto en los matinales de TV cada vez que las noticias imponen el tema de la delincuencia, siempre tiene consejos prácticos y preventivos para que las dueñas de casa, jefes de hogar, empleadas de servicio doméstico y conserjes, sientan que -con alguna ayuda- pueden vivir más seguros.

    Director de Operaciones de la Municipalidad de Vitacura desde 1997 y responsable de la seguridad ciudadana en la comuna, Valdivia fue el principal organizador del seminario "Seguridad para los tuyos: Capacita a tu nana en Vitacura", que se realizó este viernes (22 de agosto) y que encabezó el propio alcalde Torrealba. Pero este hombre que simboliza el combate a los ilícitos, era investigado en ese mismo momento por faltas a la probidad.

    Lo que era un rumor fue investigado por CIPER, constatando que existen documentos y testimonios que apuntan a que el coronel (r) Valdivia está comprometido en acciones que facilitaron que una empresa ganara una licitación relacionada con la seguridad ciudadana en Vitacura. Además, esa misma empresa habría pagado una comisión a una compañía de seguridad privada que él fundó y que representó hasta enero de este año.

    Se trata de la licitación del suministro de motoristas para la seguridad comunal de Vitacura. La empresa que se quedó con el negocio fue Piamonte S.A. La comisión la habría pagado a SyP, empresa de seguridad privada creada en 1997 por Valdivia, quien tuvo un poder amplio para administrarla y representarla hasta enero de este año.

    CIPER logró obtener copias de varios documentos que complican a Valdivia y a los dueños de Piamonte S.A. Uno de ellos es un sorprendente correo electrónico del 15 de junio de 2004. En ese mensaje el coronel (r) aparece informándole a un ejecutivo de Piamonte S.A. las cifras que esa empresa debía ofertar en la licitación para proveer motoristas de seguridad ciudadana a Vitacura, montos con los que, según escribe Valdivia, "debiéramos ganar la propuesta". Un mes después, el 19 de julio de 2004, el dueño de Piamonte S.A. efectivamente firmó el contrato "Contratación del Servicio de Motoristas para el Programa de Seguridad Ciudadana" con la municipalidad donde Valdivia ejerce la jefatura máxima de seguridad.

     La dupla de negocios que formaron Valdivia y Raúl Dell'Oro, propietario de Piamonte S.A., tuvo su origen antes de la mencionada licitación. En 2000, Piamonte S.A. también se adjudicó el servicio de las motos para la vigilancia de las calles de Vitacura. Pero el suministro de los guardias que las conducían como la vestimenta que se les proporcionaba para cumplir su función, fueron subcontratados por Piamonte a SyP. Lo que escapaba a la norma es que Pedro Valdivia, al mismo tiempo que controlaba y supervisaba el servicio que Piamonte daba a la comuna, era poseedor del mandato legal que lo facultaba como administrador y representante de SyP. Entre el 1 de agosto de 2000 y la misma fecha del 2002, Piamonte S.A. pagó a SyP el monto de 306,867 UF mensuales (unos 6,1 millones de pesos en cifras actuales) más IVA por este servicio.

    La denuncia de estas irregularidades están en conocimiento del alcalde Raúl Torrealba (RN), al menos desde febrero pasado. Y los hechos han originado incluso una investigación de la Contraloría General de la República. José Zamorano, el encargado de la investigación de la Contraloría, sólo confirmó a CIPER que se ha instalado en la municipalidad para investigar la función del coronel (r) Valdivia. No está facultado -dijo- para responder consultas respecto de las irregularidades que investiga y tampoco sobre los plazos ordenados.

    El triángulo de los motoristas

    La denuncia contra Valdivia fue ingresada a la Contraloría el 22 de abril de este año. En el texto se afirma que, al mismo tiempo que el ex oficial de Carabineros ejercía como jefe del área de seguridad ciudadana del municipio, tenía a su cargo la administración de la empresa SyP. El coronel (r), según acusa el documento, también habría empleado a funcionarios municipales que estaban bajo su jefatura para supervisar a los guardias que SyP mantenía en tareas de vigilancia para distintas empresas privadas del sector. La supervisión a los guardias de esas empresas se hacía -según el denunciante- a bordo de camionetas municipales.

    Una tercera acusación contenida en el texto sostiene que Valdivia ejecutó asesorías de seguridad para Piamonte S.A cuando ésta ya estaba contratada como proveedora de servicios de seguridad que el propio ex oficial debía administrar y fiscalizar.

    Pilar Reyes Zurita es una mujer que tiene una relación con el coronel (r) con dos características que pueden ser explosivas: ex socia y ex polola. La propietaria de SyP es además la dueña de un verdadero arsenal de documentos que complican a Valdivia. Uno de sus misiles más duros repartió esquirlas que también alcanzaron a Dell'Oro y a Torrealba.

     El edil de Vitacura tiene una estrecha relación con Valdivia. El jefe del Departamento de Protección Civil del municipio, Ricardo Vásquez, cuenta que cuando Valdivia llegó a la comuna en 1997 las encuestas indicaban que la sensación de temor entre los vecinos se empinaba cerca del 70%. En dos años -señala- bajó a 3,5%, donde se ha estacionado hasta ahora. Torrealba valora la labor de Valdivia: sabe que le da uno de los capitales políticos que pesan en las campañas electorales.

    El 26 de febrero de este año, Pilar Reyes le envío un correo electrónico a Torrealba en el que denunciaba que "el señor Valdivia a través de Seguridad y Protección Ltda. hace años atrás licitó el servicio de motoristas de Vitacura, sin embargo ante una denuncia del concejal (Sergio) Hernández, decidió traspasar el servicio al señor Del Oro (sic), el cual cancelaba mensualmente una comisión a SyP por efectuar dicha prestación. Esta comisión era facturada a Del Oro por SERVICIOS DE SEGURIDAD LOCALES PIAMONTE, prestaciones que obviamente nunca se realizaron".

    El e-mail solicitaba a Torrealba que interviniera ante Valdivia y Dell'Oro para que Piamonte pagara tres facturas, por un valor total de $ 5.402.965, que adeudaba a SyP.

    -El alcalde Torrealba jamás me contestó. Al final decidí querellarme contra Piamonte para conseguir el pago de las facturas -señala Pilar Reyes.

    CIPER tuvo acceso a tres de estas facturas que fueron pagadas por Piamonte a pesar de que SyP, según la versión de la empresaria, jamás le prestó el servicio de asesoría en seguridad o vigilancia a la compañía de Dell'Oro.

    La dueña de SyP no sólo presentó su demanda ante tribunales sino que, además, le entregó los antecedentes que poseía al concejal de Vitacura Sergio Hernández (DC).

    CIPER contactó al alcalde Torrealba para que explicara qué hizo al conocer, en febrero pasado, la denuncia que indica que Valdivia intervino para que Piamonte pagara una comisión a SyP por el servicio prestado al municipio. Pero el jefe de gabinete del edil señaló que el director jurídico de la Municipalidad se comunicaría para responder las consultas. Ese llamado no se concretó.

     En tanto, el principal dueño de Piamonte S.A., Raúl Dell'Oro, pidió que se le enviara copia del e-mail que Pilar Reyes remitió a Torrealba, indicando que tras su lectura resolvería si contestaba las consultas, pero CIPER prefirió no hacer circular ese documento por correo electrónico y le propuso una reunión para abordar el contenido del mismo. Dell'Oro no contestó.

    Pilar Reyes cuenta que entregó a la Contraloría las pruebas de que Piamonte aparecía licitando el servicio de motoristas, pero que SyP era la empresa que en los hechos administraba los recursos humanos: pagaba honorarios y proveía uniformes. Para comprobarlo, exhibe una factura por la compra de los uniformes y varios contratos de trabajo en los que SyP empleó a guardias que cumplirían labores de motoristas en Vitacura a través de Piamonte. Lo singular es que esos contratos aparecen firmados por Valdivia en representación de SyP.

    La versión de Pilar Reyes no es una novedad. Fue el descuido de Valdivia en relación a su doble función lo que hizo surgir las dudas en el entorno de Vitacura. Muchos motoristas de la seguridad comunal eran vistos regularmente en las oficinas que SyP ocupaba entonces en O'Bryan 2870, cerca de la Municipalidad. No era una visita de amigos: allí cobraban sus salarios. La peculiar situación fue detectada por el concejal Hernández, quien denunció a la Contraloría en 2005 el posible uso indebido de vehículos municipales que frecuentemente veía estacionados frente a esta empresa.

    Lo que nunca supo Hernández es que si bien entonces no hubo señales de que la Contraloría investigara la eventual irregularidad, su acción sí fue la alerta roja que hizo que Valdivia tomara la decisión de separar a SyP del servicio de motoristas en manos de Piamonte S.A., dejando a Dell'Oro como único beneficiado del negocio. Eso es lo que afirma la entonces socia y polola de Valdivia, Pilar Reyes.

    Según los datos en línea del portal de ChileCompra, entre 2007 y 2008 Piamonte participó en 34 licitaciones y en 16 de ellas se adjudicó contratos por venta o arriendo de vehículos o venta de accesorios para vehículos. El año pasado la empresa de Dell'Oro suscribió un contrato para arrendar al municipio de Vitacura 23 vehículos durante 36 meses (10 furgones Fiat Fiorino y 10 autos Fiat Siena que administra Valdivia, y 3 autos Fiat Siena para uso de Carabineros). El precio mensual que le paga Vitacura por los arriendos asciende a UF 347,5 (unos 7,2 millones de pesos).

    "Un problema sentimental"

    -Detrás de todo esto hay un problema sentimental. Esta señora o señorita terminó una relación hace dos años atrás y yo al formar mi empresa propia, independiente, generó que algunas empresas y asesorías (que eran clientes de SyP) se fueran conmigo. Y de ahí, bueno… me acusó de todo. Todas las acusaciones que me ha hecho están prácticamente descartadas. Me acusó de uso de recursos, que yo trasladaba a su mamá, que le llevaba flores a ella en vehículos municipales. Es tan larga la historia y son tantos los documentos que hay, que al final me llega a doler la cabeza –comenta Valdivia cuando se le pregunta por la investigación de la Contraloría, en la que ya ha declarado dos veces.

     El coronel (r) sostiene que entregó a la Contraloría los documentos que a su juicio desvirtúan las denuncias: "Yo presenté todo, incluso las cartas de amor". CIPER le pidió que exhibiera esos documentos para poder mostrar las dos versiones. Valdivia respondió que estaban en manos de su abogado y que consultaría con él si podía entregarlos. No volvió a comunicarse.

    SyP se formó el 17 de abril de 1997, el mismo año en que Valdivia desembarcó en Vitacura. Firmaron el original de la constitución de la sociedad, en partes iguales, el coronel (r) y Carlos Riera Balart, quien actuó en representación de Pilar Reyes, entonces su esposa. La sociedad marchó sin novedad hasta el 2000. Según afirma Pilar Reyes, en 1999, cuando ella ya estaba separada, comenzó un pololeo con Valdivia que se extendería hasta enero de 2006.

    Valdivia asegura que él se retiró en marzo de 2000 de SyP, por lo que no recuerda con exactitud la relación de esa empresa con Piamonte en el tema de los motoristas de Vitacura:
    -En algún momento hubo un trabajo de motoristas, pero no recuerdo cuánto tiempo pudo haber sido y cuándo fue.

    Efectivamente Valdivia dejó SyP el 20 de marzo de 2000, cediendo su parte y dejando el 99% de la propiedad en manos de Pilar Reyes y el 1% restante en poder de una persona que él mismo llevó a la sociedad: José Ignacio Vivanco Bravo. La administración de la sociedad y el uso de la razón social corresponderían a Pilar Reyes. Eso es lo que se dejó a la vista de cualquier ciudadano que revise los archivos del Diario Oficial. Pero lo que quedó en reserva, con copia sólo en la notaría, es que nueve días más tarde Pilar Reyes delegó el mandato de administración de la sociedad en Pedro Valdivia, quien quedó facultado para representar ampliamente a SyP en todo lo relacionado con el giro del negocio. Es decir, su gerente y representante legal.

    Valdivia dice que se retiró de la sociedad porque atravesaba por problemas personales y conyugales, los que le impedían mantener una empresa. Además, señala que SyP pretendía hacer negocios con Vitacura: "Pero a mí me incomodaba. Incluso en ese tiempo no había normas al respecto, pero yo me retiré por una decisión de negocios y porque tenía problemas personales". Lo cierto es que antes de que se concretara su salida, el 8 de marzo de 2000, SyP inició un servicio de vigilancia a las casetas de cobranza de los permisos de circulación de Vitacura.

    El mandato de la discordia

    Pilar Reyes asegura que Valdivia se casó en sociedad conyugal y no deseaba aparecer como propietario de la empresa para efectos de la repartición de bienes al término de su matrimonio. Por eso, dice ella, figura cediendo su parte de SyP el año 2000: "Yo era su polola y confiaba en mí". A cambio -cuenta- ella le dio el mandato que lo facultó para administrar, representar, firmar contratos y cheques de la empresa.

     José Ignacio Vivanco Bravo, afirma Pilar Reyes, era un amigo de Valdivia que nunca se apareció por el negocio. De acuerdo con los registros del Diario Oficial, José Ignacio Vivanco Bravo ha constituido 14 sociedades desde 1983 y en dos aparece como dueño de un exiguo 1% de los derechos: Transportes El Monte Limitada y Seguridad y Protección SYP Limitada. Su rubro fuerte es el de empresario gastrónomico, es propietario del restaurante "Los buenos muchachos", fue socio de un cabaret y actualmente es investigado por sus vínculos con un millonario fraude con tarjetas de crédito (ver recuadro).

    Vivanco se retiró de SyP el 7 de febrero de 2008, cuando la batalla entre Pilar Reyes y Valdivia ya estaba declarada. En su reemplazo ingresó el hermano de ella, Óscar Enrique Reyes Zurita. Una semana antes, el 31 de enero, la empresaria ya había revocado el mandato de administración al ex jefe policial.

    El coronel (r) le resta importancia al mandato: "Ese documento tenía por finalidad conservar la posibilidad de recuperar parte de esa empresa en algún minuto de mi vida, porque ese mandato se hizo en el año 2000 por problemas personales que yo tenía, me había separado (…) Era un mandato dado por la dueña de la empresa. Cuando se creó la empresa, se creó en sociedad, y ese mandato fue una cesión que yo hice, completa, de toda mi parte, con el compromiso de que alguna vez, cuando yo solucionara mis problemas personales, pudiera recuperarlo, cosa que no ocurrió".

    Valdivia afirma que "ese mandato no decía relación exactamente con los servicios que prestaba SyP". Y asegura que a través de esa empresa, él no prestó servicios a Vitacura. Si la Contraloría comprueba que efectivamente usó ese mandato legal y administró o representó a SyP al mismo tiempo que cumplía una función en el mismo rubro en la Municipalidad de Vitacura, corre el riesgo, incluso, de ser destituido.

    En su rol de director de Operaciones del municipio está obligado a declarar todas las actividades económicas en las que tenga intereses, incluso en instituciones sin fines de lucro. Y en su declaración de intereses del 6 de octubre de 2004 no mencionó que tenía poderes para representar o administrar SyP. Si la Contraloría considera que esa fue una "omisión grave", Valdivia se expone a la pena más severa. Más aún si se comprueba que, con posterioridad a esa declaración, él contrató a nombre de SyP a motoristas que trabajaron para Piamonte en Vitacura.

    Pilar Reyes exhibe uno de estos contratos, firmado por Valdivia en representación de SyP el 20 de octubre de 2004, sólo dos semanas después de haber presentado su declaración de intereses.

    La empresaria muestra diversos documentos que indican que Valdivia efectivamente actuó como gerente general y representante legal de SYP varios años después de su salida formal de la sociedad. Entre los papeles, surgen informes de asesorías para empresas, un escrito judicial, una negociación interna con trabajadores de SyP e incluso una notificación que remitió a la Inspección del Trabajo.

    En esos documentos se establece que algunos de los subordinados de Valdivia en Vitacura, como los inspectores municipales Juan Vera Burboa y José Manuel Gallardo, trabajaban al mismo tiempo para SyP como supervisores de los guardias de la empresa privada. De hecho, hasta fines del año pasado le entregaban boletas de honorarios a SyP en las que indicaban como domicilio la avenida Bicentenario 3.800, la dirección de la Municipalidad de Vitacura.

    Punto de quiebre

    La pareja Reyes-Valdivia puso fin a su pololeo en enero de 2006. Y, según el relato de Pilar Reyes, en los siguientes dos años coordinaron sus labores sin problemas:
    -Él venía todas las mañanas a las oficinas de SyP. Se quedaba hasta las 10:00 y se iba a la Municipalidad. Yo llegaba a esa hora y me hacía cargo de todo por el resto del día.

    La situación se volvió tensa a fines del año pasado, cuando el coronel (r) quiso recuperar formalmente su propiedad. Valdivia ya había obtenido el divorcio, el que quedó registrado en su certificado de matrimonio con fecha 29 de agosto de 2007. Pero, según relata Pilar Reyes, no llegaron a acuerdo en el monto con el que se debía valorizar a la empresa en las escrituras. Valdivia aborda el tema con menos detalles: "Cuando quise recuperar legalmente (la propiedad), la persona se negó".

    Si para el coronel (r) la trama que lo tiene enredado se originó por despecho, la explicación de Pilar Reyes es bastante menos glamorosa. La empresaria dice que entre el 28 y 29 de enero de este año le llegaron seis cartas de empresas que cancelaron, sin expresión de causa, sus contratos con SyP. "Me avisaban que a contar del 1 de marzo ya no requerían nuestros servicios". Muestra una de esas cartas: Artel. Pero menciona además a Televisa, Braun Medical y Mc Donald's entre los que partieron de manera repentina. Ella dice que un gerente de una de estas empresas le explicó lo que estaba sucediendo: Pedro Valdivia había formado su propia empresa de seguridad y se iban con él.

    SyP se quedaba sin "rostro" para el mercado de la seguridad y la fuga de esa figura mediática, que además tenía el mandato de administración, arrastraba a sus clientes.

     Para lo primero, Pilar Reyes buscó aliarse rápidamente con un personaje que le devolviera peso ante la competencia: el general director de Carabineros (r) Fernando Cordero Rusque, quien aparece en la web de SyP como socio y gerente general. En el organigrama figura también el general (r) Lautaro Contreras, quien ejerce como gerente de Estudios. En el Diario Oficial no hay registro de que Cordero haya ingresado a la sociedad.

    Para lo segundo, no había remedio. El 15 de enero se constituyó la empresa individual de responsabilidad limitada "Asesorías en Seguridad Pedro Valdivia E.I.R.L." o "Pedro Valdivia Seguridad E.I.R.L.". Y la cartera de clientes de SyP sufrió una merma significativa. Eso comprueba, a juicio de Pilar Reyes, que el coronel (r) trabajó con SyP hasta este año controlando esa cartera. Es más, asegura que SyP apoyó al coronel (r) con recursos destinados al posicionamiento de su imagen pública, porque eso les generaba nuevos clientes. Eso explicaría las boletas de honorarios pagadas por SyP hasta fines del año pasado al encargado de mantener la página www.pedrovaldivia.cl, donde el ex policía difunde noticias y consejos sobre seguridad.

    El 31 de enero pasado, la empresaria concurrió a la notaría de Humberto Quezada Moreno, para revocar el mandato delegado en Valdivia. En ese último día con poderes de representación y administración, el coronel (r) dejó firmada una boleta de honorarios porque efectuó un retiro de $1.900.000 de las cuentas de SyP con un cheque que, según el relato de su ex socia, se hizo él mismo.

    Una de las últimas operaciones comerciales que registra Valdivia es precisamente con Piamonte S.A. Dell'Oro le vendió este año dos camionetas Fiorino con las que el coronel (r) puso en marcha su nueva empresa de seguridad privada. El mismo Valdivia reconoce que las adquirió para su empresa y señala que no ve nada malo en ello: "He comprado, claro, como compra cualquier persona".

    Los buenos muchachos

    José Ignacio Vivanco Bravo, administrador y dueño de Los Buenos Muchachos, aparece involucrado en la investigación de un millonario fraude con tarjetas de crédito que pesquisa la Fiscalía Oriente de la Región Metropolitana. Por esa causa, el 1 junio de 2007 la Brigada contra el Crimen de la Policía de Investigaciones llegó hasta el restaurante de avenida Ricardo Cumming para incautar dos televisores plasma, ocho pantallas planas y una tina de hidromasajes tipo spa avaluada en tres millones de pesos. Las especies habían sido adquiridas con tarjetas de crédito clonadas en el comercio regular y llegaron a poder de Vivanco Bravo por medio de dos conocidos delincuentes.

    Uno de ellos es Cristián Deb González, actualmente en prisión preventiva y con un amplio prontuario por fraudes reiterados con tarjetas clonadas, quien hizo fama en 2003 por ser uno de los cabecillas del frustrado plan para desvalijar la bóveda de una sucursal del banco BCI mediante un túnel. La otra es Fresia Astudillo Soto, conocida como la mayor reducidora de objetos robados, también detenida.

    De acuerdo con la declaración que Vivanco Bravo prestó en la Fiscalía Oriente, éste compró los objetos a Deb y Astudillo, quienes llegaron por separado para ofrecérselos directamente en su local. El empresario conocía el nombre de ambos pero argumenta haber actuado de buena fe, sin saber que las especies tenían un origen ilícito.

    La investigación surgió al constatarse una serie de operaciones fraudulentas con tarjetas de crédito y cheques. Las compras de objetos de lujo y fácil reventa, que significaron montos por cerca de 800 millones de pesos, derivaron en la detención de Cristián Deb y su esposa, Alejandra Lumbrela Santis. Deb fue detenido en diciembre último por la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la policía civil, BRIDEC, que lo sindicó como el líder de una banda de estafadores integrada por veinte personas. Cuatro meses después, en abril pasado, Fresia Astudillo cayó en manos de la policía.

    La investigación sigue abierta y está a cargo de los fiscales Carlos Gajardo y Felipe Díaz, especializados ambos en delitos económicos.

    Documentos
    Correo electrónico de Valdivia a ejecutivo de Piamonte
    Contrato entre Piamonte y SyP para suministrar motoristas
    Denuncia en la Contraloría
    Correo electrónico al alcalde Torrealba
    Facturas de SyP a Piamonte S.A.
    Factura por la compra de uniformes para motoristas
    Contrato de guardia de SyP firmado por Valdivia
    Denuncia del concejal Hernández en 2005
    Constitución de la sociedad SyP Ltda.
    Delegación de mandato de administración en favor de Valdivia
    Factura de SyP a Vitacura por vigilancia en módulos de cobranza
    Revocación del mandato de administración
    Declaración de intereses de Pedro de Valdivia (año 2004)
    Contrato de guardia de SyP firmado por Valdivia en octubre de 2004
    Carta compromiso suscrita por Valdivia con trabajadores de SyP
    Nota a la Inspección del Trabajo firmada por Valdivia en nombre de SyP
    Boletas de honorarios de inspectores municipales de Vitacura pagadas por SyP
    Boleta de honorarios pagada por SyP por mantención del sitio web personal de Valdivia
    Boleta de honorarios pagada por SyP a Valdivia en enero de 2008

    Lea además:
    Última hora: Valdivia es trasladado a la Dirección de Tránsito en Vitacura

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    ciperchile Los autocontratos que tienen en la mira a la Facultad de Economía de la U. de Chile

    ESTO ES LA UNIVERSIDAD DE CHILE HOY ¿CASA DEL DELITO?

    Los autocontratos que tienen en la mira a la Facultad de Economía de la U. de Chile

    Imprimir artículo5 Junio, 2008.

    Edificio FEN

    Hace cinco años, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Chile se vio envuelta en el caso MOP-CIADE, que en su arista administrativa terminó con la destitución del director del Centro de Investigación Aplicada para el Desarrollo de la Empresa (Ciade), Nassir Sapag. Fue acusado de autorizar pagos a empresas propias y de su esposa, entre otras cosas. A pesar de esto, el modelo de negocios se volvió a implementar de manera muy similar, aunque esta vez sin involucrar al MOP. La facultad creó una fundación homónima dirigida por sus propios directivos. Los mismos que fueron contratados para hacer asesorías y consultorías pagadas a sociedades constituidas con sus esposas. La Contraloría se instaló en la facultad a investigar y ya existe una denuncia ante el Ministerio Público.

    Por Juan Pablo Figueroa Lasch, CIPER

    Suena el teléfono en la oficina de Juan Carlos González, director ejecutivo de la Fundación Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Es miércoles 14 de mayo. La llamada es para solicitarle copia de algunos de los 69 convenios que entre 2005 y 2007 suscribió la facultad con la fundación para agilizar los procesos operativos de diplomados y cursos, y realizar distintas asesorías y consultorías tanto para la planificación estratégica interna de los departamentos como para clientes externos. Levanta el auricular y contesta.

    -Esta semana nos cayó la Contraloría General. Así que te voy a pedir por favor que no me molestes más. El tema me tiene realmente chato –dice González antes de colgar.

    Desde que en 1981 las universidades estatales sufrieron una reforma que les impuso un régimen de autofinanciamiento, los recursos fiscales destinados a ellas se redujeron drásticamente. Si antes el 100% de su presupuesto provenía del Estado, el aporte en la Universidad de Chile se redujo sólo a un 20%. Por lo mismo, para competir con las universidades privadas, se otorgó a las estatales la facultad de crear centros, institutos y fundaciones que les sirvieran de apoyo en su gestión. Y la Universidad de Chile lo aprovechó.

    Actualmente, las principales facultades de la universidad cuentan con fundaciones. Las hay en Medicina, Derecho, Ingeniería y, desde el 28 de noviembre de 2003, cuando el Ministerio de Justicia emitió un decreto exento que la autorizaba, también en Economía.

    -En estricto rigor, la fundación es una persona jurídica independiente de la universidad, pero por sus objetivos, está demasiado relacionada. Está transparentemente creada para ayudarle a funcionar a la facultad –decía Juan Carlos González en una entrevista días antes de que le "cayera" encima la Contraloría.

    Cuando la fundación no existía, la parte operativa de la ex Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas –en 2006 cambió el nombre a Facultad de Economía y Negocios (FEN)– tenía procesos bastante engorrosos, pues como todos los procedimientos de la universidad, debían tener la firma del rector. Con la formación de una fundación de derecho privado y sin fines de lucro, todo se agilizaría, ya que podrían actuar a través de un organismo con personalidad jurídica independiente. Pero se debía proceder con cautela.

    Sólo unos meses antes, la FEN se había visto involucrada en el caso MOP mediante unos contratos entre ese ministerio y su Centro de Investigación Aplicada para el Desarrollo de la Empresa (Ciade), dirigida por el ex decano interino Nassir Sapag. La investigación derivó en un proceso judicial que en primera instancia lo condenó a 541 días de presidio menor en su grado medio y a la inhabilitación permanente para ejercer cargos públicos. Desde hace un año la causa se encuentra en acuerdo.

    Pero lo que realmente provocó el descalabró en la FEN, fue el sumario administrativo que realizó la Contraloría (ver recuadro 1). A raíz del informe, a varios empleados de la facultad se les aplicaron medidas disciplinarias. Uno de ellos fue Sapag: fue destituido de su cargo por autorizar pagos a empresas de su propiedad y su cónyuge, contratar a su hermano y su sobrino, consentir indemnizaciones a funcionarios que se acogieron a retiro –sin existir normas que lo permitieran– y pagar por proyectos convenidos con la facultad sin que se hubieran realizado.

    -Después de la mala experiencia que significó para la facultad todo el tema del MOP, se dijo "empecemos de nuevo y tratemos de ser lo más cautos posible" –dice Joseph Ramos, entonces decano de la FEN.

    La fundación ya se había constituido. Su directorio estaría conformado por los directivos de la facultad en función de sus cargos: el decano, el vicedecano, los directores de los tres departamentos (de Administración, de Sistemas de Información y Auditoría, y de Economía), el director de la Escuela de Postgrados y tres consejeros electos por el Consejo de Facultad. Sus fines, según sus estatutos, serían "la investigación, el estudio, el fomento, la difusión y la ejecución de toda clase de actividades relacionadas con las ciencias económicas y administrativas, incluyendo la auditoría y los sistemas de información a nivel nacional e internacional". Y aunque la cautela que menciona Ramos llevó a que la fundación sólo entrara en actividad en 2005, al parecer no fue suficiente.

    Desde hace un tiempo los movimientos de la fundación han estado bajo la lupa tanto de la Fiscalía Centro Norte como de la Contraloría, a raíz de dos convenios que, lejos de ser casos excepcionales, son una muestra del modelo de negocios que ha realizado la FEN a través de ella.

    A fines de enero de 2007, Miguel Mendoza, un académico de la facultad, puso una querella en el 7º Juzgado de Garantía de Santiago denunciando "la exacción indebida e ilegal de recursos de la FEN de la Universidad de Chile" por parte de Carlos Maquieira, actual director de la Escuela de Postgrados. Un año y tres meses después, Mendoza haría lo mismo en Contraloría.

    Los contratos del triministro

    La acusación de Mendoza se enfoca en dos estudios que solicitó la FEN a la fundación en diciembre de 2005 y enero de 2006, respectivamente. En ese entonces, Carlos Maquieira tenía un nivel de poder dentro de la facultad que lo llevaba a autodenominarse como el "triministro": era director del Departamento de Administración, vicedecano interino y director de Postgrados. El primero de esos cargos es de elección popular entre los académicos de la facultad; los otros dos, de designación directa del decano. Y los tres le daban derecho a un puesto en el directorio de la fundación.

    El 1º de noviembre de 2005, la facultad y la fundación firmaron un contrato de prestación de servicios para obtener el estudio "Asesoría para la gestión estratégica de programas de postgrado", por la suma de $8.700.000. El estudio lo había solicitado Maquieira desde el Departamento de Administración. El documento, que el 5 de diciembre fue aprobado por decreto exento de la facultad, fue firmado por el decano Joseph Ramos, en representación de la FEN, y Fernando León, por la fundación. Este último era director de Extensión del Departamento de Administración y, por lo tanto, subalterno directo de Maquieira, su director. La firma que León puso fue por instrucción directa suya. No sería la última.

    -Carlos (Maquieira) no me lo propuso; me dijo que tenía que hacerlo. Tuve que firmar como representante de la fundación, porque como funcionario de la facultad y el cargo que tenía, podía hacerlo. Cuando tu jefe, que además tiene tres cargos dentro de la estructura, te dice que el decano le pidió que hiciéramos esto, esto y esto otro, no te lo cuestionas mucho. Así que firmé. Pájaro. La fundación funcionaba como una sociedad de papel, pero te das cuenta del cuadro general cuando lo miras desde afuera –cuenta León, quien dejó el cargo en la FEN en diciembre de 2006.

    Un mes después, Maquieira solicitó otro estudio de similares características y por el mismo monto. Al igual que el convenio anterior, después de pasar por Contraloría Interna, fue aprobado en decreto exento de la FEN. Pero el contralor sólo aprobó el contrato entre la facultad y la fundación. Lo que viene después queda fuera de sus atribuciones.

    Para realizar esos estudios, la fundación subcontrató a la sociedad Inversiones Maquieira y Caro Ltda., perteneciente a Maquieira y su mujer, Lorena Caro. Los montos que se comprometió a pagarle la fundación corresponden al total del precio estimado en un principio y provendrían del centro de costo 0101 de la facultad, correspondiente al departamento administrado por Maquieira. La firma en representación de la fundación nuevamente la puso Fernando León, según él por orden expresa de su superior. Recién ahí apareció la firma de Maquieira, aunque no como funcionario de la universidad ni director de la fundación, sino como representante de la sociedad de inversiones. Ningún porcentaje del total fue a parar a la fundación. Los $17.400.000 que sumaban ambos estudios fueron depositados directamente en la cuenta de la sociedad de inversiones del "triministro", quien para ese entonces recibía un sueldo mensual cercano a los nueve millones de pesos. (ver recuadro 2)

    Los decretos de la facultad estipulaban que los pagos se efectuarían dentro los 10 días hábiles siguientes a la recepción en conformidad de los estudios solicitados por Maquieira –a través de la fundación– a Inversiones Maquieira y Caro. Sin embargo, en una revisión de cuentas hecha en mayo de 2006 por el profesor asociado de la facultad, Fernando Bravo, se señala que los pagos se hicieron sin que existieran los informes pertinentes y que los que existían, eran muy breves. A los pocos días, aparecieron ambos informes, los que según León, llegaron simultáneamente a la orden de pago que él mismo despachó.

    -No fueron antes, pero sí en paralelo. Cuando mandamos la solicitud de pago a la unidad administrativa de la FEN, se enviaba junto con el informe. Lo normal es que se manden a posteriori: que primero se haga entrega del informe y luego vendrían los pagos. Acá se hizo en paralelo. Carlos me dijo "acá está el informe, mándese a pagar". Pero en rigor, era el mismo Carlos el que los aprobaba –relata León.

    Por otro lado, León asegura que la definición de la planificación estratégica de cada departamento es responsabilidad directa de su director, como parte de las funciones regulares del cargo. Ambos estudios tenían por objeto esa tarea.

    -No tiene mucha lógica que por hacer una pega que le corresponde, y que por otra parte ya estaba remunerada dentro de sus ingresos regulares por esos cargos fijos, finalmente se le paguen montos aparte por tareas que debe cumplir en su horario normal de oficina –agrega el ex director de Extensión del departamento de Maquieira, Fernando León.

    Sobre lo mismo, Joseph Ramos asegura que "ellos (los directores de departamento) definen adónde se quiere ir, dónde va a haber más profesores, en qué áreas, cómo se reclutan, cómo se consiguen los fondos", es decir, por su propio cargo definen la planificación estratégica. Pero agrega que en el modelo aplicado "no hay nada raro. Todas las facultades funcionan con estos mecanismos y típicamente se contrata a los profesores, que son quienes se consiguen las asesorías o proyectos afuera".

    Las dudas tras los informes

    Desde que los estudios de asesoría para la gestión estratégica solicitados, realizados, entregados, aprobados y pagados por Carlos Maquieira llegaron a la FEN, se ha puesto en cuestionamiento el monto que por ellos se canceló.

    -Haciendo un análisis económico frío, en el caso de que Maquieira hiciera una consultoría de este tipo para otro lado, como independiente, él ganaría como 5 UF la hora. Eso ganan todos estos tipos reputados de la Adolfo Ibáñez, la Chile o la Católica. Y la destinación de tiempo para hacer uno de estos informes es alta. Deben tener ayudantes y todo el cuento, pero eso es lo que cuestan. Si se hace un cálculo matemático simple, aproximando el costo alternativo de Maquieira a 100 mil pesos la hora, es como si hubiera dedicado 87 horas para el informe… tal vez es mucho. Quizás en 20 horas de dedicación exclusiva se saca un informe como este. Probablemente no valen los 8,7 millones, sino que deben estar en el orden de los dos o 2,5 millones cada uno –explica Fernando León.

    El director del magíster de Recursos Humanos de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago, Carlos Gómez, le solicitó hace unos meses a su asistente la realización de un estudio similar al primero de los presentados por Maquieira. El informe lleva por título 'Estudios sobre composición de mallas curriculares en programas de MBA'. La confección del estudio no demoró más de 20 días, ya que, al igual que Fernando León, asegura que "toda la información está disponible en línea y lo que no, se consigue vía telefónica". Pagó por él $100 mil.

    Por encargo de CIPER, Gómez revisó los informes realizados por Maquieira.

    Sobre el primero, Gómez dice que es "de una pobreza franciscana. Es pura información de catálogo. Además, no es uniforme: no se utilizan los mismos criterios para todos los casos. Por otro lado, las conclusiones son insuficientes. Quizás agrega algo, pero no dicen nada. Y no tiene antecedentes que lo respalden. Además, las conclusiones son irrelevantes, propias de un adolescente. Por un estudio de estas características, a un alumno de pregrado le pago 100 mil pesos y se va feliz".

    En relación al segundo, Gómez comenta que "son conclusiones obvias. Además, están mal redactadas, ya que dice: 'De acuerdo a las características expuestas, creemos que aún existe una gran posibilidad de ganar participación de mercado a las universidades seguidoras ofreciendo un producto carente de innovación científica y creación de nuevos conocimientos'. Eso es un barbarismo. Es inaceptable. Además, muchas de las cosas presentes en el informe no tienen fundamento. Por ejemplo, en uno de los ranking de universidades que utiliza como fuente, donde además pone cifras, es sólo una 'estimación basada en el criterio del experto Fernando León'. Eso es realmente inaceptable, porque es una opinión. Más allá del contenido de este estudio, las fuentes son inaceptables para alguien que trabaja en la universidad. Es de mala calidad; como si se hubiera entregado sólo para cumplir".

    De todas formas, tanto León como Joseph Ramos defienden los estudios. Ambos concuerdan en que sirvieron para mejorar los programas de postgrados de la FEN, ya que mediante ellos se pudieron dar cuenta de que los que la facultad ofrecía eran considerablemente más caros y largos que en el resto del mercado. Además, a partir de ellos se modificaron los criterios de entrada al MBA.

    -Justamente lo que tiene la Universidad de Chile es el prestigio académico, entonces si empezamos a aguar eso es muy difícil repuntar. De ahí que preferimos limitarnos sólo a nuestros diplomados; todo a partir de esos trabajos –cuenta Joseph Ramos.

    En el segundo de los estudios elaborados por Maquieira y Caro Ltda., uno de los parámetros que se mencionan como de relevancia es el ranking de MBA que publica anualmente la revista América Economía. En la versión 2007 de este ranking, la escuela de postgrados de la FEN descendió del puesto 6 al 14.

    Pero los estudios cuestionados y denunciados no son casos aislados. El modelo aplicado en ellos fue, por lo menos entre 2005 y 2006, la regla de las relaciones FEN-fundación.

    La continuidad del modelo

    Entre septiembre de 2005 y agosto de 2007, la FEN suscribió 69 convenios con la fundación. De ellos, el 74% corresponde a diplomados y cursos solicitados por el ex Departamento de Sistemas de Información y Auditoría (SIA) –actual Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información– dirigido por Mario Morales Parragué, quien además era director de Extensión del mismo departamento. En ese lapso, existen otros cuatro convenios firmados con el SIA: dos de ellos tienen mucha similitud con los solicitados por Maquieira.

    Los estudios pedidos por el departamento de Morales, que al igual que Maquieira era miembro del directorio de la fundación, fueron suscritos en diciembre de 2005 y marzo de 2006. Éstos también se referían a la planificación estratégica, pero para el SIA ("Asesoría para la gestión estratégica en programas de educación continua"), y funcionaron bajo el mismo modelo: las facturas por las consultorías eran a nombre de Profesionales Morales y Gálvez Ltda., la sociedad de inversiones perteneciente a Mario Morales y su esposa, Loreto Gálvez.

    En los dos decretos exentos de la Facultad que autorizan los estudios solicitados por el departamento de Morales, la representación de la fundación recayó en Claudio Müller, un símil de Fernando León en los primeros contratos. Entre 2005 y 2006, Müller fue director comercial del SIA, el departamento que dirigía Mario Morales, quien por lo tanto era su jefe. Y al igual que León, dice haber firmado por orden expresa de su superior.

    El primero de los decretos fue emitido el 12 de diciembre de 2005, sólo 19 días antes de que venciera el plazo para la entrega del informe final. El segundo fue aprobado el 13 de marzo y el plazo de entrega vencía el 28 del mismo mes. El monto total de ambos estudios fue de $10.000.000.

    A pesar de que sólo existen dos convenios de ese tipo, según Müller estos estudios se realizaban mensualmente. De hecho, durante la entrevista que CIPER le realizó en su oficina, mostró por lo menos nueve solicitudes de pago que aún guarda en su computador. Todas eran de 2006 y estaban destinadas a la sociedad de Morales. En ellas no aparecen los montos pero recuerda que, por cada uno, los pagos no eran inferiores a los $2,5 millones.

    -En el fondo, era una remuneración a la asesoría que hacía Mario (Morales) por ser director de Extensión. Él percibía un sueldo como director de departamento, y más de una vez me comentó que no recibía un sueldo adicional de la universidad por su cargo en Extensión. Y todo lo que era asesoría lo veía él. El sueldo de director de Extensión se lo hacía a través de estas asesorías de gestión estratégica. Lo que a mí me parecía razonable. Nunca desconfié ni pensé en eso –dice Müller, quien hoy dirige el Centro de Formación para Ejecutivos de la Facultad de Economía de la Universidad del Desarrollo.

    Asesorías para terceros

    El período más cuestionado de los movimientos que realizó la fundación fue entre septiembre de 2005 y junio de 2006. Joseph Ramos, Fernando León y Juan Carlos González lo reconocen como "de marcha blanca". Y en ese lapso la FEN suscribió a lo menos otros cuatro convenios que siguieron el mismo esquema, aunque encargados por externos.

    Según González, en esos convenios los directivos "adoptaron modalidades distintas a las que se utilizan actualmente". (ver recuadro 3)

    -Distribuían hacia la fundación trabajos que podía hacer fácilmente la facultad. Se dijo que como se estaba probando el sistema de la fundación, se hicieran por esa vía. El directorio decía que se haría una consultoría y se la pedía a tal persona. Pero ellos, a mi gusto, no entendían el concepto de la fundación porque no tenían personal propio de ella. Las personas que trabajaban para la fundación eran las mismas que lo hacían para la FEN –asegura González.

    La primera actividad de la fundación, en septiembre de 2005, fue una consultoría sobre el manejo de flujos para el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, por $21 millones. Ese es otro de los contratos que acogió el departamento del SIA, dirigido por Morales.

    En el decreto exento de la FEN, él y Müller aparecen como representantes de la fundación. En marzo de 2006 volvería a realizarse otro convenio entre la facultad y el Hospital Clínico –y en consecuencia, entre la facultad y la fundación–: una consultoría para el rediseño de los procesos hospitalarios, por $27 millones. En esta ocasión, el nombre de Mario Morales no aparece en el decreto, pero sí en el informe. Los trabajos los realizaba junto a su ayudante, Mario Nuche, y María José Morales, su hermana. Las facturas eran nuevamente a nombre de la sociedad que Morales tenía con su mujer.

    En enero de 2006, la Facultad suscribió un convenio con la Central de Abastecimiento para el Sistema Nacional de Servicios de Salud (Cenabast). A través de él, se pretendía obtener "un estudio destinado a determinar los fundamentos económicos asociados a la compra centralizada a través del rol intermediador de Cenabast, versus la compra desagregada por cada establecimiento de salud y una evaluación del cumplimiento de los objetivos mencionados a través de un análisis de rentabilidad". El monto de este convenio fue de $24.618.000, los que la facultad pagaría a la fundación en tres pagos: el 30% después del primer informe de avance, otro 30% después del segundo y el 40% restante "al momento de la entrega conforme, por parte de la Facultad, del informe final".

    El departamento de Administración, dirigido por Carlos Maquieira, se hizo cargo de esta consultoría, la que había sido gestionada por el ex superintendente de Valores y Seguros, Álvaro Clarke. El plazo de conclusión era de 30 días. La FEN traspasó el convenio hacia la fundación. El trabajo lo realizaron tres consultoras: la de Maquieira, la de Clarke y la de Mario Morales. Este es el único caso en que Maquieira aparece representando a la fundación, aunque en el decreto firma como vicedecano.

    -Aquí y en los otros casos, la fundación funciona como vehículo: Cenabast, que recibía la consultoría, contrataba a la facultad, la que subcontrataba a la fundación para realizar el trabajo. De ahí surgía una especie de "contratos nietos" que eran entre la fundación y las consultoras de los funcionarios respectivos. No recuerdo que ninguno lo haya hecho como persona natural. Ellos ejecutaron las consultorías, pero a través de sus sociedades –recuerda León.

    En abril del mismo año, la facultad suscribió un contrato con la Asociación de AFP por $4.860.000. El proyecto solicitado se titulaba: "Rentabilidad de las AFP: ¿Es aplicable la Contabilidad Regulatoria en el Sector?". Como con todos los anteriores, el contrato se traspasó a la fundación aunque, "por una inadvertencia administrativa", el convenio no se suscribió sino hasta después de haber entregado el informe preparado por las consultoras de Maquieira y Claudio Bonilla, quien en ese entonces era director de investigación del departamento de Sistemas de Información y Auditoría, dirigido por Morales. Actualmente, Bonilla es vicedecano de Postgrados en la Universidad del Desarrollo.

    -Ellos hicieron la consultoría con este mismo modelo –asegura León, quien nuevamente firmó a nombre de la fundación.

    Según González, "la puesta en marcha de la fundación fue una cosa un poco exploratoria. No la desarrollaron muy bien en términos de que los proyectos que se hacían tenían la estructura de gastos que a la fundación no le dejaba ni una ganancia. Eso era como trabajar bajo el esquema de la facultad, la que genera varios proyectos que no dejan ingresos. Incluso a veces presentan pérdidas".

    Durante el período de "marcha blanca" de la fundación, los convenios firmados por conceptos de asesorías y consultorías –tanto internas como externas– entre septiembre de 2005 y junio de 2006, suman un total cercano a los $127.378.900. Si bien a fines de 2006 la fundación se reformó y durante 2007 sus ingresos fueron cercanos a los $700 millones, de las platas obtenidas a través de esos convenios nada fue a parar a sus arcas. Todo fue cobrado por facturas pertenecientes a las sociedades de los distintos académicos, entre los que destacan Maquieira y Morales. Ninguno de los dos accedió a hablar con CIPER.

    -Creo que, a fin de cuentas, fue una concepción errónea. Coincido en que se ve raro, pero no tiene sentido ilícito, sino que es algo más como un error estético –asegura González sobre un modelo de negocios muy similar al que en 2003 sumió a la FEN en una de sus peores crisis.

    Del Ciade a la Fundación FEN

    Los últimos días han sido difíciles para la investigación que lleva Contraloría con respecto a los estudios realizados por el director de postgrados de la FEN, Carlos Maquieira. Desde hace unas semanas sus fiscalizadores estaban instalados en la Universidad de Chile, pero las tomas por parte de los estudiantes en rechazo de la nueva Ley General de Educación, han hecho imposible que las pesquisas continúen. Algunos días los funcionarios de Contraloría simplemente no pueden entrar.

    La indagación que está realizando el ente fiscalizador se asemeja bastante a la que llevó a cabo en el marco del caso MOP-Ciade. En esa ocasión, la Contraloría realizó un sumario administrativo en la FEN que culminó con la destitución de su director económico y administrativo, la ex jefa de contabilidad, un funcionario y el director del Ciade, Nassir Sapag. El caso de este último es el que más relaciona con el modelo que se aplicó desde 2005 a través de la fundación.

    En medio de los contratos firmados con el MOP, Sapag participó directamente como director académico de proyectos. Las facturas las realizó a través de las empresas Necul-Hual S.A. y Nassir Sapag y Asociados Ltda., ambas en sociedad con su mujer, Cristina Bonilla. A diferencia de la situación actual, él mismo propuso y aprobó con su firma esos pagos. Sólo por el proyecto "aguas lluvias", convenido con la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP, entre 2001 y 2002 percibió $15.811.576 en concepto de honorarios. Esto, aun cuando por ser funcionario público, como dice en el sumario administrativo, su deber era "abstenerse de intervenir o participar en actos que puedan reportarle a él o a familiares alguna ventaja".

    Dos años después del escándalo que significó el caso, las prácticas se siguieron realizando. A través de la fundación, los directivos contrataron en reiteradas ocasiones empresas de su propiedad para realizar consultorías y asesorías. Y aunque formalmente el proceso es distinto, el resultado terminó siendo el mismo.

    A diferencia de la fundación (que legalmente es de derecho privado), el Ciade no tenía personalidad jurídica independiente a la Universidad de Chile. Por lo mismo, a primera vista los convenios realizados entre la fundación y las empresas de los directivos, serían entre privados. Pero las atribuciones de la Contraloría sobre ella son las mismas.

    Lo anterior se sustenta en que la Contraloría considera que la fundación, al tener un directorio compuesto por los directores de la FEN en razón de sus cargos –que por estatuto universitario corresponden a la calidad de "funcionarios públicos"–, actúa en función de la universidad que es un ente estatal. Además, todas sus actividades son en función de ésta.

    Los altos sueldos de los directivos

    Entre 2005 y 2006, con tres cargos directivos importantes dentro de la facultad, Maquieira ganaba entre ocho y nueve millones de pesos mensuales, muy por sobre el promedio de dos y tres del resto de los académicos de la FEN. Mario Morales, con dos cargos de importancia dentro del Departamento de Sistemas de Información y Auditoría, también.

    -Cuando llegué al decanato –cuenta Joseph Ramos– no conocía a Maquieira, pero en la búsqueda de profesores para mantener el buen nivel de las escuelas el comité de búsqueda me recomendó que lo trajera de vuelta de la Adolfo Ibáñez. Si se trata de convencer a alguien de que se venga, es muy difícil hacerlo ofreciéndole mucho menos de lo que gana allá. Por consiguiente, la negociación no se podía hacer por un tercio menos. Quizás sí por el 10% o 15%, pero no más que eso. Y ese fue el caso del reclutamiento de Maquieira. Cuando entró, la escuela de graduados estaba en rojo y él lo dio vuelta. Una cosa como de $200 millones al año, o algo por el estilo.

    En julio de 2006 salió un reportaje en El Mercurio que hace mención a esos sueldos. Al poco tiempo Maquieira dejaría de ser "triministro": seguiría siendo sólo director de la escuela de postgrados.

    En ese reportaje, Ramos explicó que lo elevado de sus sueldos se debía a que "estos cargos directivos tienen un plus porque requieren otro tipo de talento, dedicación, y ellos probablemente no estarán escribiendo papers y no podrían recibir bonos por publicaciones". Pero según el currículum de Maquieira, entre 2004 y 2006 publicó estudios en a lo menos dos revistas internacionales (Revista Mexicana de Economía y Finanzas e International Finance Review) y realizó tres papers. Y recibió los respectivos bonos: alrededor de un millón de pesos por publicación.

    La nueva fórmula de la Fundación

    En julio de 2006 la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile sufrió varios cambios. Después de haber puesto en marcha a la FEN luego del descalabro que significó el caso MOP-Ciade –que no sólo había terminado con la destitución de Sapag, sino que también había dejado a la FEN sin Consejo de Facultad–, Joseph Ramos dejó el decanato y no quiso repostular. En su lugar fue electo el actual decano, Felipe Morandé. A partir de ahí, se hizo una evaluación total de la facultad. En el proceso, se descubrió que se llevaban dos sistemas contables distintos que, si bien decían lo mismo, enredaban todo el proceso de contabilidad. Se tuvo que eliminar uno.

    Al mismo tiempo, Morandé solicitó una revisión de la fundación. El informe determinó que ésta estaba mal conceptuada: estaba funcionando como centro de costos de la FEN.

    Hasta ese momento, la fundación había operado sólo virtualmente. No contaba con una estructura propia. Su personal estaba compuesto solamente por el directorio. Aunque según recuerda Ramos, también "había una secretaria y… creo que eso es todo".

    -Se dijo entonces –dice Juan Carlos González, director ejecutivo de la fundación–: hay que evitar los conflictos de intereses, hay que tener una estructura propia y hay que tener financiamiento. Entonces se hace la reforma de estatutos para evitar lo primero, me nombran como gerente para arreglar lo segundo, y para lo tercero, del financiamiento, es que se creó esta política de overhead para que la fundación pagara sus gastos y generara negocios propios. Básicamente, se ha ordenado todo. Pero de todas formas, creo que no hubo conciencia de que hubiera algo raro, sino más bien fue una operación mal hecha.

    El 25 de junio de 2007, el Ministerio de Justicia aprobó la modificación de los estatutos de la fundación. La más importante de las reformas fue que, "a fin de evitar confusiones de atribuciones o conflictos de intereses", se agrega la posibilidad de que los miembros del directorio otorguen mandato a terceros. Así, se evitaría llevar todos los proyectos al directorio y que la decisión de llevarlos a cabo dependiera exclusivamente de ellos: los delegados o representantes podrían actuar independientemente con el mismo poder que el otorgante posea, actuando como presidente, tesorero o cualquier otro cargo.

    Por otro lado, la facultad abrió un centro de auditoría interna que cada cierto tiempo audita los proyectos o sus partes que son de la FEN. Y para pagar los gastos propios de las operaciones, se aplicó a la fundación un política de overhead, la que consiste en un porcentaje que se aplica sobre el precio de venta del proyecto y que actúa como una especie de impuesto para "compensar" a la institución de los costos asociados al mismo.

    Ver documentos:
    Denuncia del académico Miguel Mendoza a la Contraloría
    Primer estudio confeccionado por Carlos Maquieira
    Segundo estudio confeccionado por Carlos Maquieira
    Nuevos estatutos de la Fundiación FEN

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    Rodrigo González Fernández
    Diplomado en RSE de la ONU
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