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jueves, mayo 15, 2014

DIPUTADO MORALES SOLICITA “LLAMAR A CONSULTA” A EMBAJADOR GABRIEL ASCENCIO TRAS APOYO DE PRESIDENTE DE ECUADOR A DEMANDA BOLIVIANA

DIPUTADO MORALES SOLICITA "LLAMAR A CONSULTA" A EMBAJADOR GABRIEL ASCENCIO TRAS APOYO DE PRESIDENTE DE ECUADOR A DEMANDA BOLIVIANA

Publicado el 15 de mayo del 2014

El parlamentario e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, aseguró que los dichos de Rafael Correa "son graves, porque está interfiriendo en un tema entre dos naciones, y que los tratados ya lo tienen absolutamente zanjado".

     El diputado Celso Morales (UDI), integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, solicitó al Gobierno que llame a consulta al embajador de Chile en Ecuador, Gabriel Ascencio, tras las declaraciones que el Presidente Rafael Correa hizo apoyando la demanda boliviana.

    "Las declaraciones que efectuó el Presidente del Ecuador Rafael Correa, representan una grave intromisión en los asuntos internos de nuestro país, porque opinó sobre un tema entre dos naciones; y no es pertinente que un tercer país, a través de su máxima autoridad, emita declaraciones apoyando una solicitud como la que está haciendo Bolivia", dijo el parlamentario.

    Por ello Morales solicitó "a la Presidenta Michelle Bachelet que llame a consulta al embajador de Chile en Ecuador, Gabriel Ascencio, por este apoyo que el Presidente Correa le entregó a Bolivia en su demanda marítima".

    "Y el hecho tiene un antecedente aún más grave - enfatizó el legislador - porque el apoyo fue entregado durante una visita oficial de Correa a nuestro país".

    Frente a la cita sostenida por la Primera Mandataria con los ex presidentes el diputadoCelso Morales, dijo que "valoramos profundamente la reunión de esta mañana entre la Presidenta Michelle Bachelet y los ex presidentes Aylwin, Frei, Lagos y Piñera, ya que aquí estamos frente a un tema de Estado; y el apoyo por parte nuestro a las decisiones que tome el Gobierno es irrestricto, tal como ocurrió en el litigio con el Perú".

    "Lo más importante es que los ex Presidentes junto a la Presidenta Bachelet, coincidieron en un análisis que nosotros hicimos hace un par de semanas en la Comisión de Relaciones Exteriores, y que dice relación con impugnar la competencia del Tribunal de La Haya en esta demanda", precisó Morales.

    Sobre lo anterior, el diputado UDI agregó que "acá el Tratado de 1904 es sólido, y eso Bolivia lo debe tener claro, por lo que defenderemos nuestros intereses basados en el derecho internacional, y no con argumentos que tienen fundamentos sólo en lo político y comunicacional".

    Fuente:

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    COMISIÓN DE HACIENDA DESPACHÓ SIN VOTOS EN CONTRA PROYECTO QUE CREA ADMINISTRADOR PROVISIONAL

    COMISIÓN DE HACIENDA DESPACHÓ SIN VOTOS EN CONTRA PROYECTO QUE CREA ADMINISTRADOR PROVISIONAL

    Publicado el 15 de mayo del 2014

    La instancia ratificó por nueve votos a favor y cuatro abstenciones el mismo texto despachado por la Comisión de Educación. El proyecto será visto por la Sala el próximo martes 20 de mayo.

       Con la presencia del Ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, y del Subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó y despachó a la Sala el proyecto (boletín 9333) que crea las figuras de administrador provisional y de cierre para instituciones de educación superior y que fija regulaciones en materia de administración provisional de sostenedores educacionales.

      La instancia tuvo que pronunciarse respecto de seis artículos de la propuesta legal relativos a materias propias de su competencia, los cuales fueron ratificados por nueve votos a favor (ocho diputados de la Nueva Mayoría más el diputado RN Diego Paulsen) y cuatro abstenciones, todas provenientes de diputados de la UDI.

      El Ministro Eyzaguirre agradeció el expedito trabajo de los diputados, tanto de la Comisión de Educación como de Hacienda, y muy particularmente la conducción de sus presidentes, diputados Mario Venegas (DC) y Pablo Lorenzini (DC), respectivamente. Destacó que en ninguna de las dos instancias hubo votos de rechazo al proyecto, lo que estimó es una buena señal y una verificación del sentido de fondo de la propuesta. "Se entendió bien que el único interés del Gobierno es proteger los derechos de los estudiantes", puntualizó.

      Estimó que, en la medida que se avance con celeridad en el trámite legislativo, se podrá dar una señal de tranquilidad a decenas de miles de estudiantes que hoy pueden estar sintiendo inseguridad respecto de la continuidad de sus estudios. 

      El diputado Lorenzini recordó que la recién despachada reforma tributaria (desde la Cámara) contempla recursos, justamente, para sustentar la reforma a la educación, respecto de la cual este proyecto es parte inicial.

      Destacó el trabajo efectuado y la colaboración del sector opositor para trabajar en conjunto y resaltó que el Ministro de Educación estuvo asequible a muchas de las indicaciones presentadas por los legisladores. Adicionalmente, anunció que la Sala de la Cámara de Diputados analizará este proyecto el próximo martes 20, con lo cual se espera cumplir con el compromiso con la Presidenta Michelle Bachelet.

      El diputado Manuel Monsalve (PS) valoró que este proyecto permita la introducción de administradores provisionales y de cierre en establecimientos de educación superior, de modo de evitar situaciones como las vividas con la Universidad del Mar (UDM), en donde miles de estudiantes quedaron en estado de abandono respecto de sus proyectos estudiantiles.

      "Frente a situaciones de crisis económica, académica o administrativa de las instituciones, el Estado chileno va a poder garantizar a los estudiantes la continuidad de sus estudios, eso es muy importante en el marco de garantizar el derecho a la educación", planteó.

      El diputado Felipe De Mussy (UDI) reconoció que existe un problema y que es preciso abordar cambios en el sistema, sin embargo, criticó la celeridad que se le impone al debate, restando opciones a la discusión de modificaciones a texto legal. "No va a salir un proyecto tan bueno como podría haber sido", estimó.

      Sostuvo que la actual redacción mantiene una suerte de discrecionalidad a favor del Estado, ya que será el Gobierno de turno el que podrá elegir a los administradores, por lo que se mostró partidario de fijar órganos intermedios que puedan hacer dicho trabajo. Además, consideró que tampoco existe mucha claridad respecto de los recursos involucrados.

      Precisiones en el Debate

      En la sesión de hoy, el Ministro Nicolás Eyzaguirre explicó a los diputados algunos puntos del proyecto que fueron observados tanto en la jornada de hoy como durante el trámite en la Comisión de Educación, específicamente, el tema de la revisión de los contratos, la forma en que operará el sistema y los recursos estatales involucrados.

      Respecto del primer punto, reconoció que la regla habitual es que los contratos se resuelvan entre privados, pero recordó que cuando hay derechos ciudadanos envueltos y está en juego la fe pública, el Estado debe hacerse responsable de las eventuales consecuencias de la interrupción de los servicios entregados por los prestadores. En este plano, acotó, se explica la participación de un administrador provisional, figura ya vigente para las Isapres, AFPs y bancos, que posee esta facultad de revisar contratos firmados por la entidad intervenida. 

      Indicó que la idea original era poner en discusión qué derecho era el que predominaba, si el de los estudiantes o el de los acreedores sobre la universidad, en virtud de contratos ya celebrados (entendiéndose que ambos se oponen en una situación de crisis), pero resaltó que finalmente se optó por acotar la opción a lo establecido en el Código Civil, es decir, definir que los contratos serán revocables cuando sean "maliciosos", calificación que debe ser sancionada por un juez de la República. 

      "Hay posibilidad de revocar contratos vigentes que hayan sido celebrados con anterioridad, si y solo si, se prueba judicialmente que es un contrato malicioso", precisó.

      En cuanto a la forma en que operará el nombramiento de un administrador provisional, informó que, tras evaluar en su mérito una determinada denuncia, la División de Educación Superior del Ministerio podrá proceder a una investigación del establecimiento, debiéndose notificar sobre el respecto al investigado (hoy no es obligatoria este requisito). Luego, se abre una opción para los descargos del afectado que, de desestimarse, podrá impulsar una de las siguientes opciones: sobreseer el caso; dar un plazo de 120 días para que la institución supere los problemas detectados; o promover una presentación ante el Consejo Nacional de Educación (CNE) para solicitar la designación de un administrador provisional o de cierre.

      Precisó que, tras un acuerdo alcanzado con los diputados de la Comisión de Educación, se definió que el CNE deberá aprobar la designación de un administrador provisional con el voto favorable de la mayoría de sus miembros en ejercicio, en sesión convocada para ese efecto. Además, se posibilitó que esta instancia, antes de dar su aprobación a la medida, efectúe audiencias donde el imputado justifique sus actos.

      Finalmente, en materia de recursos, el Ministro y el Subsecretario Micco aclararon que el costo de implementar un administrador será de cargo de la institución intervenida y sostuvieron que sólo se utilizarán recursos fiscales para garantizar la continuidad de estudios de los alumnos, una vez que se haya verificado este costo excede a los recursos vigentes del establecimiento.
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      #energia: Las expectativas de los actores del sector frente a la agenda energética

      Las expectativas de los actores del sector frente a la agenda energética

      Mayor certeza jurídica a las inversiones, una mejor relación con las comunidades y planificación territorial son algunos de los temas que se espera que incluya la agenda.

      por Lucy Aravena - 13/05/2014 - 17:37
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      La Presidenta Michelle Bachelet dará a conocer este jueves la esperada agenda energética. Previo al anuncio representantes de las empresas generadoras y distribuidoras de energía junto a expertos del área adelantaron a La Tercera las principales temáticas que esperan que aborde la iniciativa, las que tienen relación con establecer medidas para dar una mayor certeza jurídica a las inversiones, mejorar la relación con las comunidades, determinar un ordenamiento territorial para los proyectos e instaurar una figura más participativa del Estado.

      René Muga, gerente general Asociación Gremial de Generadoras de Chile, explica que el atractivo de las empresas de generación por invertir en Chile a través de la instalación de proyectos "está claro", sobre todo previendo que la cantidad de energía que consume el país se va a duplicar en 10 a 12 años. En ese sentido, estima que lo principal que debe abordar la agenda tiene que ver con asegurar esta inversión. 

      "Estos proyectos son de 30 a 40 años de recuperación de la inversión, por lo tanto, se requiere estabilidad en las reglas, una mayor claridad respecto al uso del territorio, sobre el tipo de relación con las comunidades, cómo vamos a ir solucionando eventuales conflictos que se produzcan, cómo vamos a ir entendiendo el rol de cada uno y cómo vamos a ir asegurando acuerdos mínimos que permitan que el desarrollo de las inversiones se pueda hacer de una manera más rápida, son todos elementos que espero que estén presentes", señaló Muga. 

      El representante de las generadoras agregó que "estoy seguro que van a estar presentes en la agenda y que nos van a ayudar a tener mayor claridad de cómo ve la autoridad, no solamente el futuro del desarrollo eléctrico del país, también el cómo avanzamos a la mayor velocidad posible en ir construyendo esa mayor capacidad que el país necesita".

      En tanto, Eric Ahumada, vicepresidente de Desarrollo de Negocios de Transelec sostiene que "estamos bastantes expectantes. Creemos que es una agenda que se requiere hoy día con más acciones. Entendemos que debería venir también un capítulo con respecto a la temática de transmisión en donde vamos a ser también parte, seguramente, de las discusiones para llevar esto a acciones más concretas". 

      Sin embargo, Ahumada aclara que para las compañías lo importante va más enfocado a la clara definición de un ordenamiento territorial para la instalación de los proyectos de transmisión.  "Más que certeza jurídica, creo que tenemos que hablar de temáticas en lo que es la planificación con mayores holguras (cómo hacer sistemas con mayores holguras), que hoy día lamentablemente como está escrito en la ley no se permite y adicionalmente a eso, un ordenamiento territorial, que permita también tener franjas para avenidas de transmisión en el futuro", apuntó. 

      Para Hugh Rudnick, director de Sytep, la agenda debería incorporar "plazos bien claros para poder abordar estas diversas temáticas con objetivos bien definidos, de que para tal fecha esperamos resolver tal tema"

      En esa línea, el experto espera que contemple "una clara indicación madura del gobierno de cual es la matriz energética a la que aspiramos, porque para realmente contar con energía abundante, segura y económica, requerimos de todas las tecnologías. No vamos a resolver el problema solo con la energía solar y eólica - la energía solar tiene un tremendo potencial en el largo plazo y en los años 30 o 50 probablemente sea un gran componente de nuestra matriz-, pero mientras lleguemos a esos plazos, necesitamos de energía tradicional". 

      En este sentido indica que se ha estado discutiendo mucho del 20% de las ERNC, y no se ha discutido del restante 80% "y esperamos que hayan sólidos planteamientos que ilustren que necesitamos desarrollar hidroelectricidad y termoelectricidad,porque de otro modo nos estamos engañando".

      ROL DEL ESTADO

      Si bien existe consenso sobre la importancia de un rol más activo del Estado dentro del sector, para Muga y Ahumada va más por el lado de que el Ejecutivo impulse líneamientos y normas que dejen las "reglas claras" para los inversionistas, mientras que Rudnick va un paso más allá a través de una participación fiscalizadora de los temas de competencia.

      "Creo que aquí, más que un rol fiscalizador del Estado, es ver cómo el Estado y la autoridad interviene para ir disminuyendo esos niveles de incertidumbre e ir posibilitando que la nueva inversión pueda empezar a hacer el trabajo desde hoy día. El Estado tiene que ayudarnos a ir fijando reglas más claras para que todos tengamos mayor certeza respecto a cuál es la regulación que va a regir a estos proyectos", considera Muga.

      Mientras Rudnick estima "se necesita un Estado más observador, más indicativo, que señale planes de desarrollo futuro y que convenza a la población sobre cuáles son las alternativas energéticas reales para obtener energía abundante y barata; y también que fiscalice los temas de competencia. Han salido estudios que demuestran que no necesariamente estamos teniendo toda la competencia en el país que se requiere en el ámbito eléctrico y gasífero y creo que el Estado debe tomar acciones en esa línea. Eso es muy relevante. Y me imagino que va a estar en la agenda, porque es uno de los elementos que él (ministro) ha enfatizado con bastante fuerza".         

      Por otro lado, Ahumada señala "hay algunas cosas que van a requerir modificación legal y otras seguramente una temática de coordinación interministerial, que vemos que hoy día hay un ministerio que está con mucha fuerza al respecto".

      IMPUESTOS VERDES

      Un punto que ha generado controversia es la inclusión del llamado impuesto verde dentro del proyecto de ley de reforma tributaria que se tramita actualmente en el Congreso y cómo se condice con la señal que ha querido dar el nuevo gobierno de mayor seguridad al sector energético a través de la creación de esta agenda para destrabar el desarrollo de las inversiones.

      En ese sentido, Muga es claro en afirmar que "el impuesto verde lamentablemente no fue parte de la agenda. Hubiéramos esperado primero tener la agenda, los objetivos, cuáles son los instrumentos y luego discutir respecto de los instrumentos. Hoy día tenemos un impuesto verde que no forma parte de la agenda, que a nosotros nos parece que genera incertidumbre, que es un impuesto que básicamente tiene un objetivo más bien recaudatorio y que al analizarlo, hemos encontrado una serie de deficiencias como la discriminación que produce, como la indeterminación de las tasas que también establece, como el tratamiento distinto a diferentes fuentes, como la no creación de ningún incentivo para reducir emisiones".

      Asimismo, Rudnick asocia la medida a un tema muy distinto al netamente técnico y que debería involucrar al ámbito energético. "La señal del impuesto verde es una señal que en la práctica indica un aumento del precio de la energía, porque las energías más baratas no hidroeléctricas son el carbón y el gas y si le agregamos un impuesto evidentemente va a implicar un alza del precio de la energía". 

      Añade que se debe aclarar como teniendo la norma de emisión "va a conversar con un impuesto adicional sobre las emisiones. No sé si la agenda traerá esta materia, es un tema formulado desde el ámbito de Hacienda y de la necesidad de recoger recursos más que desde el ámbito energético propiamente tal".






























































































































































































































































      Fuente:latercera

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      DOS MINISTROS CON UN PASADO CUESTIONABLE QUEDEBERIAN RENUNCIAR



      VEA COMO ES QUE MINISTROS DE BACHELET TIENEN PASADOS TENEBROSOS. PROGRAMA DE TELEVISION SE REFIERE A MINISTRO ARENAS Y EYZAGUIRRE

       

      Un Programa de TV en la RED  @Asisomosoficial  informa sobre un informe de corrupción de la Universidad de Chile : se le acusó a Arenas   de   cohecho, soborno, extorsión , estafa al fisco,malversación de caudales públicos  etc.


      El actual Ministro Eyzaguirre  se dice que tendría Responsabilidad Politica en los hechos investigados por haber sido Ministro de Hacienda entre los años 2000 y 2006 periodo en que se lleva a cabo la investigación  Universitaria.


      La pregunta es como es que estos hoy  Ministros pueden seguir en sus cargos teniendo tan dudoso pasado 


      Vea el video que sorprenderá  ln.is/lared.cl/qjl22 



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      SENADOR ANDRES ALLAMAND

      Segregación y financiamiento compartido: Disparo equivocado

      Andrés Allamand: "¿Quién entiende la lógica? Prohibir los aportes voluntarios para reemplazarlos por recursos públicos que debieran destinarse a prioridades acuciantes como las que existen en la educación parvularia y técnico-profesional..."

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      El centro de estudios Espacio Público señala acertadamente que uno de los desafíos de nuestro sistema escolar es reducir la alta segregación. Sin embargo, a la hora de explicar tal fenómeno, su diagnóstico es, a la vez, correcto y equivocado.

      Es correcto cuando señala que el incumplimiento de la ley en cuanto a la prohibición de seleccionar hasta sexto grado no se cumple ni se fiscaliza. La ley es clara: "En ningún caso se podrá considerar en cada uno de estos cursos el rendimiento escolar pasado o potencial del postulante. Asimismo, en dichos procesos no será requisito la presentación de antecedentes socioeconómicos de la familia del postulante". Y es equivocado cuando sindica al Financiamiento Compartido (FC) como gran responsable de la segregación.

      ¿Qué dice la evidencia? De acuerdo con la base de datos del Mineduc, al año 2014, solo el 36,1% de los establecimientos particulares subvencionados tenían FC. ¿Y cuánto representa esa cifra sobre el total de colegios? Un 19,8%. Chile tiene 364 comunas, y en 73 de ellas no hay establecimientos particulares subvencionados. A su vez, en 184 comunas no hay establecimientos que reciban FC. Por ende, solo en 180 comunas hay establecimientos que reciben aportes de los padres y apoderados.

      ¿A cuánto ascienden tales aportes? En el 44,5% de los casos a menos de $10.025 y en la mitad de ellos, a menos de $5.000. En el 65,7% a menos de $20.055, y en el 87,5% a menos de $40.110. El 12,5% restante cobra entre $40.110 y $80.220 y el porcentaje que se acerca al máximo permitido es no mayor al 1%.

      Es efectivo que a la educación estatal municipal asisten niños de familias con un ingreso inferior a los que concurren a la educación particular subvencionada, pero es igualmente cierto que el FC es un factor marginal en tal brecha.

      En cualquier caso, el FC puede ser, a diferencia de lo que piensa Espacio Público, un eficaz factor de integración escolar. Para ello bastaría aplicar la norma legal que exige a los establecimientos adscritos al sistema incorporar un 15% de alumnos vulnerables a los mismos (norma que tampoco se cumple mediante un resquicio legal) y hacer obligatoria la subvención escolar preferencial (que impide cobrar a los alumnos que la reciben).

      El FC, en un contexto como el señalado, puede, además de lo expuesto, generar un compromiso mayor de los padres con la educación de sus hijos, impulsar la calidad y, sobre todo, hacer posible la diversidad de proyectos educativos, un factor que habitualmente se ignora pero que es el que hace efectiva la libertad de enseñanza. Pero no solo eso: Aun los más enconados adversarios ideológicos del FC (muchos de los cuales son "conversos" que lo apoyaron hasta hace poco) coinciden en que para suprimirlo el Estado debe "compensar" los aportes de los padres. ¿Quién entiende la lógica? Prohibir los aportes voluntarios para reemplazarlos por recursos públicos que debieran destinarse a prioridades acuciantes como las que existen en la educación parvularia y técnico-profesional.

      En la argumentación de Espacio Público se advierte un claro sesgo antieducación particular subvencionada, una de cuyas expresiones es el rechazo al FC. Es otra ola de la marea ideológica que algunos quisieran instalar como núcleo del debate educacional. En todo caso, lo que la ideología no explica es por qué un sistema que supuestamente "segrega", "selecciona", "descrema", "expulsa arbitrariamente" y además cobra, es consistentemente preferido por la mayoría de los padres y apoderados.

      Ciertamente la reconocida seriedad de los académicos de Espacio Público debiera llevarlos a rechazar la simplista y descalificatoria explicación del ministro Eyzaguirre que considera que ello se debe a sostenedores que "embaucan" a familias "incautas".

      Andrés Allamand
      Senador


















































































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