¿quien responde por la imagen país denostada?
El fútbol profesional Chileno es de lo último…. A caído en la más absoluta bajeza y lo venimos sintiendo desde el caso Maracaná, que fue la expresión de lo más bajo posible de llegar; a constantes salidas de madre de jugadores, prostitución en hoteles, borracheras, drogas, acosos sexuales etc. y esto se repite en cada gira.....¿Que más pude faltarles? Pero siempre, todo ello con la aquiescencia de los entrenadores y directivos. Claro son las personas…no se les puede tener encerrados… pero representan al final de cuentas "el futbol Chileno" profesional
Al mismo tiempo un cúmulo de hechos de farándula, lindas mujeres ,declaraciones, de melenudos jugadores que lucen como cantantes POP más que como deportistas de elite o deportistas de alta competición y que se rigen por unas Organización Mundial FIFA , Panamericanas y Sudamericanas al mejor estilo de las Naciones Unidas, hasta con Sede en Ginebra.
Sin embargo, y con todo, tiene prensa, tiene cientos de profesionales de las comunicaciones que viven de aquello, tiene una cobertura extraordinaria en los medios todos los días. Horas de horas de comentaristas que se enojan, piden renuncias, piden de todo. Pero sigue igual, cada vez peor en lo deportivo y en lo moral ni hablar...
El Futbol profesional es una vergüenza nacional. Esto si que denosta la imagen" Chile país exportador". Afecta la imagen "Chile país" … porque deja mal a todos los Chilenos y son blanco de burlas en toda la prensa mundial…..¿Quien responde por aquello?
| Senadora |
| EVELYN MATTHEI: UDI REAFIRMÓ LA NECESIDAD DE LLEVAR SU PROPIO CANDIDATO |
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La senadora Evelyn Matthei manifestó que la comisión política de su partido "reafirmó la necesidad de que En entrevista con Canal 13, la legisladora respondió a los dichos de Piñera en contra de personeros de Sin embargo, la senadora UDi respaldó los dichos de Jovino Novoa, y afirmó que "si esto lo hubiera hecho alguien de La parlamentaria gremialista recalcó que a Piñera se le ha pedido desde hace 10 años que "renuncie a sus acciones en compañías chilenas" para centrarse sólo en sus aspiraciones presidenciales, añadiendo que la primera persona que se lo pidió fue "Andrés Allamand, de su propio partido". Finalmente, la senadora por |
| Alcaldesa UDI de Concepción |
| VAN RYSSELBERGHE: "SEBASTIÁN PIÑERA PECÓ DE FALTA DE PRUDENCIA" |
| La alcaldesa de Concepción, Jacqueline van Rysselberghe (UDI), fue más prudente que sus correligionarios a la hora de referirse a la multa que "Sebastián Piñera pecó de falta de prudencia al ejecutar esta maniobra, y se expuso él mismo a que se generaran este tipo de cosas", señaló la jefa comunal a La carta presidencial de Renovación Nacional fue multada con cerca de 363 millones de pesos por el supuesto uso de información privilegiada en la compra de un paquete de acciones de LAN en julio de 2006, y a juicio de Van Rysselberghe, el empresario cometió un error al exponerse innecesariamente. "Uno ve y dice que es medianamente sospechoso que ahora Aunque no fue tan directa como el senador UDI Jovino Novoa, quien respaldó la multa de "Objetivamente a lo mejor lo que hizo no es ilegal pero al menos es cuestionable, y alguien que quiere ser presidente de Chile no puede hacer eso, porque es imprudente", sentenció. Jacqueline van Rysselberghe, quien ha sido mencionada como eventual carta presidencial de " Al igual que el resto de la zona centro sur del país, Esto podría llevar a una congestión de los centros de salud, ante lo cual una de las principales medidas será "reconvertir camas en el hospital, tal como sucede en Santiago", explicó. |
| Senador RN |
| ALBERTO ESPINA Y EL CONFLICTO CON LA UDI: "LA ALIANZA PISÓ EL PALITO" |
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El conflicto que se desató al interior de " "Se entró en una pelea realmente absurda ya que todos deberíamos haber cerrado filas en el sentido correcto, que es que claramente este es un fallo político", señaló Espina. A juicio del senador RN, la multa cercana a los 363 millones de pesos aplicada a Piñera por el supuesto uso de información privilegiada en la compra de un paquete de acciones de LAN en julio de 2006 es sólo el inicio de el "intervencionismo electoral" que desde el Gobierno comenzarán a desarrollar, para impedir una derrota tras el término del mandato de Michelle Bachelet. "No tengo duda, y este es el inicio del intervencionismo electoral más descarado que va a haber en Chile en los próximos años. Como con cualquiera que compita Sebastián Piñera gana hoy día, La polémica en Desde "Son lamentables las declaraciones, porque lo que deberían haber hecho es no equivocar el foco, que es que el Gobierno va a atacar a Piñera por donde sea", indicó, para resaltar que "lo que tenemos que hacer es cerrar filas".  |
Acceso a la información El secretario ejecutivo de la Agenda de Probidad, Rafael Blanco, ha informado que el proyecto sobre transparencia y acceso a información, nacido de una moción parlamentaria en 2005, está a punto de convertirse en ley. Ella permitirá a cualquier ciudadano requerir información a los órganos públicos, y creará un Consejo para la Transparencia, que deberá velar por que ellos respondan a tales requerimientos. Este paso es impostergable. Como ejemplo que contradice el espíritu de la normativa anunciada, hace pocos días la Corte Suprema rechazó un recurso de amparo presentado por una periodista y una abogada que hace un año solicitaron se les informara por qué países votó Chile en la Asamblea General de la ONU para integrar el nuevo Consejo de Derechos Humanos. La información se solicitó a la Presidenta de la República, quien derivó la solicitud a la Cancillería. Ésta se negó a entregarla, calificándola de reservada. Una vieja tradición nacional considera secreto todo lo que parezca importante y, pese a los cambios normativos, no se ha superado. El recurso referido puso a prueba la reforma constitucional de 2005: un nuevo artículo 8°, supuestamente, abría la información pública a los ciudadanos, al declarar públicos todos los actos y resoluciones del Estado, salvo aquellos que una ley de quórum calificado dejare en reserva, de cumplirse ciertos requisitos, tales como que su publicidad afecte el interés nacional. Hasta ahora no se ha dictado ninguna ley semejante y, por tanto, de acuerdo con normas transitorias, deben aplicarse las de la Ley de Bases de la Administración del Estado. La Corte Suprema rechazó el recurso, porque el canciller declaró que este caso afectaba el interés nacional, y la corte estimó fundamentada dicha apreciación, pues la votación de la Asamblea de la ONU fue reservada y no se estableció plazo para levantar dicha reserva. Así, según esta interpretación, los votos se mantendrán en secreto para siempre. Por cierto, se trata de un caso complejo, pues cabe concebir argumentos serios para ambas posiciones. No obstante, en esta oportunidad no se discutió ningún fundamento relativo al supuesto efecto de esta información de la actuación chilena sobre los intereses nacionales. El acceso a la información pública es un derecho humano fundamental. Chile aprobó en la Comisión Interamericana de DD.HH. la declaración de principios sobre libertad de expresión, que señala que "el acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos". Las excepciones deben ser muy precisas y sólo "para el caso de... un peligro real e inminente que amenace la seguridad nacional". No parece ser ésta la situación, pero, aun si lo fuera, cabría esperar un debate más profundo antes de aceptar que es tan seria y excepcional que justifica limitar este derecho. Cambiar estas actitudes tradicionales será difícil. Se intentó con la llamada Ley de Transparencia, que modificó la Ley de Bases de la Administración en 1999, pero en ella se estableció que habría excepciones, para lo cual se dictó en 2001 un decreto que las regulaba. Apoyándose en este decreto, surgieron rápidamente más de 60 resoluciones de diferentes órganos estatales para mantener su información en reserva. En pocos días, cerca del 80 por ciento de la información en manos del Estado se declaró secreta. Eso llevó a que se buscara una solución de jerarquía constitucional para asegurar el acceso a la información pública. Pero la primera prueba de esta reforma indica que aún falta mucho para que se aprecie la importancia del acceso a la información pública para una democracia. |
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Posteado por El Mercurio a las Julio 10, 2007 |
Martes 10 de Julio de 2007
07:00
Orbe
"Desalojo" y "despropósitos" intelectuales
El discurso del "desalojo" no es una convocatoria para una contienda electoral. Es una arenga. Allamand estableció un argumento que habla de la obligatoriedad de derrotar al enemigo-Concertación.
Antonio Cortés Terzi, director ejecutivo del Centro de Estudios Sociales Avance
Una fuerza política gobernante que se sabe en declinación y amenazada de dejar de serlo, puede tender a cometer "despropósitos" intelectuales, porque, puesta ante tal posibilidad, podría sublimar el temor a la derrota y reaccionar más desde el sentimiento que inspira ese temor que desde la razón.
Pero un fenómeno similar puede producirse en fuerzas que están en posición contraria, o sea, que no estando en el Gobierno piensan y se convencen que tienen todo para ganarlo. En efecto, cuando se siente que se ha alcanzado una suerte de "derecho natural" a vencer y, sin embargo, el acontecer de la realidad, de vez en vez, introduce dudas y se hace presente el miedo a una nueva derrota, en este caso también el temor se sublima y alienta "despropósitos" intelectuales. Es lo que está ocurriendo en la derecha chilena (o en sectores de ella), porque se entrampó en la lógica y en la discursividad del "desalojo". El discurso del "desalojo" no es una simple convocatoria incentivadora y movilizadora para enfrentar una contienda electoral. Es un grito de guerra. Una arenga militar. Con el concepto "desalojo" lo que Andrés Allamand estableció es un argumento que habla de la obligatoriedad histórica y moral de derrotar al enemigo-Concertación. Sacó el tema de las nociones que rigen las pugnas democráticas, porque a los adversarios políticos no se les "desaloja", pero sí a los usurpadores, a los violadores de las leyes o de las buenas costumbres. El "desalojo" es un "imperativo categórico", no una propuesta proba y rigurosamente democrática.
La convocatoria del senador RN va más allá de una elección: es un llamado para una acción histórica y moral "épica". Bajo la influencia de la "épica del desalojo" la derecha (o sectores de ella) está compelida a verse intelectualmente perturbada y propensa a "despropósitos" en este mismo orden. En primer lugar, porque la obliga a seguir nutriendo el discurso del "desalojo", es decir, denostando a su "enemigo", convenciendo de las bajezas que lo hacen merecedor del "desalojo", etc. Y en esa lógica tiene poca cabida la interlocución inteligente.
Y, en segundo lugar, porque esa influencia estimula temores mayúsculos, al menos en las fracciones derechistas más lúcidas e informadas. Éstas saben que hoy es imposible un pronóstico certero sobre las elecciones de 2009. Una quinta derrota consecutiva en una elección presidencial obviamente que causa miedo. Pero es obvio también que ese sentimiento se amplifica al máximo cuando se visualiza una derrota precedida de un discurso histórico y moralmente "épico" y con visos de "imperativo categórico". Y, amplificado el temor, se amplifican las posibilidades de "despropósitos". Los "despropósitos" intelectuales de la derecha han estado a la vista. Por ejemplo, el fondo de las argumentaciones para rechazar el nombramiento en el directorio de TVN de Mahmud Aleuy estuvieron basados en la siguiente puerilidad: el problema no es que sea "político", sino que se le nota, que no lo oculta. Otro ejemplo: las acerbas críticas que ha recibido el senador Carlos Bianchi por haber votado en favor el proyecto del Transantiago se han reducido a decir que el acuerdo con el Gobierno fue un vulgar "negocio". ¿Y qué es lo que se hace en la política-práctica cotidianamente? Max Weber define a ésta, sin recelos, como "negocio político" y considera a éste como parte de la "ética de la responsabilidad".
Y qué decir de los esfuerzos de sectores de la derecha por descalificar los resultados de la Casen y a la Casen misma como instrumento de medición. En rechazo a esas conductas fue, precisamente, que un intelectual de derecha -Harald Beyer- empleó el término "despropósito" aquí reiterado ("El Mercurio", 25/06/07, "Sobre pobreza y Casen 2006"). En definitiva, para la derecha, la lógica y el discurso del "desalojo" es y será fuente de "despropósitos" intelectuales. Lo más irónico de esta situación es que esa lógica y ese discurso son, en gran medida, obras de una estrategia tramada por Andrés Allamand, quien nunca ha logrado plasmar sus planes con éxito. La derecha y, en particular miembros de su intelligentzia, podrían descubrir mañana los altos costos intelectuales y éticos a pagar por sumarse a una estrategia inútil.
Publicado con autorización del Centro de Estudios Sociales Avance (www.centroavance.cl)
El Informe de Casinos que Complica al Gobierno
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De aprobarse el texto que se vota este jueves, se solicitará a la Presidenta de la República la remoción del superintendente del sector, Francisco Leiva, debido a que "no otorga las garantías de ecuanimidad y transparencia indispensables para el desempeño de su cargo".
Una nueva polémica con el Parlamento enfrenta el Gobierno, debido a la investigación realizada por una comisión de la Cámara Baja al proceso de adjudicación de concesiones de casinos de juego.
Lo anterior no se debe sólo al conjunto de arbitrariedades que quedaron al descubierto y que pusieron en tela de juicio gran parte de lo realizado por la Superintendencia del sector, sino principalmente a las presiones y lobby que denunció el presidente de la comisión, Pablo Lorenzini (DC), en orden a "suavizar" el texto, que tiene altas posibilidades de ser ratificado este jueves en la Sala de la Cámara, dado que requiere mayoría simple de votos y fue respaldado en forma unánime por la instancia investigadora.
Aun cuando Lorenzini no señaló nombres, otros legisladores concertacionistas hicieron trascender que el autor de las presiones fue el ministro de Economía, Alejandro Ferreiro, quien el viernes último admitió haber conversado con el legislador, pero negó presiones para modificar el informe.
Lorenzini insistió que entendió ese diálogo como un interés por atenuar las conclusiones (ver entrevista).
El quid del informe es que el texto pide a la Presidenta, entre otras medidas, la remoción del superintendente Francisco Leiva, debido a que "sus actos lo califican como una persona que no otorga las garantías de ecuanimidad y transparencia indispensable para el desempeño de su cargo", sentencia el documento. Sin embargo, el denunciado lobby apunta más allá.
El parlamentario señaló que el ministro de Economía conversó con él sobre el informe, y, en especial, sobre el caso del actual fiscal de la superintendencia de Casinos, Fernando Riveros, quien trabajó con el secretario de Estado cuando este era superintendente de Isapres.
El punto es que Riveros es objetado por los legisladores, ya que llegó al organismo regulador sin haber clasificado en la quina que Leiva solicitó al Servicio Civil para proveer el cargo. Y habría optado por él, según estableció la comisión, considerando las recomendaciones de Ferreiro y otro ex superintendente de Isapres, José Pablo Gómez. En consecuencia, la conclusión de los diputados es que "el proceso de designación, específicamente del fiscal señor Riveros, ha adolecido de rigurosidad, transparencia, ética y legalidad, por lo cual es urgente realizar un nuevo proceso de selección".
Lorenzini detalló que Gómez y Riveros tienen una empresa de asesorías, por lo que con mayor razón no procedía que lo recomendara. A raíz de esta situación los diputados proponen que hacia futuro todos los cargos ejecutivos de la Superintendencia de Casinos sean sometidos a concurso a través del Servicio Civil.
Cambio en la Ley
El informe critica "la discrecionalidad y arbitrariedad que ha regido el actuar del señor superintendente de Casinos, que le ha permitido incluso modificar la Ley". En este marco, los diputados piden modificar las funciones y atribuciones de la Superintendencia, ya que en la actualidad "es simultáneamente juez y parte en la actividad" por lo que "no tiene la independencia suficiente para fiscalizar a las entidades que se desempeñan en la industria".
más informaciones en estrategioa.cl, pincha aquí
SENADORA: LEGISLEMOS SOBRE EL ERROR JUDICIAL Y VERA....COMO SE SOLUCIONAN LOS PROBLEMAS
Es injusto decir que los jueces son un peligro para la sociedad
Por Soledad Alvear, integrante de la Comisión de Constitución y representante de la Región Metropolitana
Senadora Soledad Alvear, integrante de la Comisión de Constitución y representante de la Región Metropolitana
La Reforma Procesal Penal se basa en instituciones claras acordadas en el Congreso.
Una es la existencia de Jueces de Garantía y existen los Fiscales y Defensores. Cada uno debe cumplir a cabalidad sus funciones.
Los jueces de Garantía tienen por finalidad velar por el cumplimiento de todas las garantías durante el proceso a todos los involucrados.
Por cierto, que tanto los Fiscales, como los Defensores y los Jueces deben actuar correctamente y con toda ética.
Desde esa perspectiva, creo que no se puede hacer una descalificación a todos los Jueces de garantía, por una u otra decisión que pueda no gustar.
Creo que es una afirmación "improcedente" - a mi juicio- que se diga que los Jueces de garantía son un peligro para la sociedad.
Decir eso me parece irresponsable e injusto para los jueces.
Recordemos que nuestra reforma judicial partió hace ya más de doce años y que se encuentra en plena vigencia desde el año 2000 y lo importante que es el respeto a las normas jurídicas para el fortalecimiento de nuestro sistema democrático.
Ello es una garantía, por ejemplo, para las inversiones en nuestros países lo que conlleva el desarrollo para nuestros pueblos. Una justicia moderna y accesible a todos es un indicador elocuente del desarrollo y el respeto por los valores democráticos en nuestras naciones.
Es importante que los ciudadanos tengan credibilidad en la justicia y que sientan que la reforma procesal permitió igualdad en el acceso a la justicia de todos los chilenos.
Y más importante es aún, que todos los sectores se vean involucrados para que realmente cumpla con su cometido de acercar la justicia a la gente, combatir la delincuencia y garantizar la seguridad ciudadana, ya que esto último es la principal preocupación de cientos de chilenos como lo reflejan las encuestas.
Para garantizar la justicia tenemos que abrirnos al debate y cada cual asumir su rol
Por Alberto Espina, integrante de la Comisión de Constitución y representante de la Región de La Araucanía
Me preocupa cuando la justicia funciona mal y puede funcionar mal cuando se deja preso a un inocente y funciona mal también cuando se deja libre a un delincuente peligroso.
Creo que en Chile hay un grave problema de seguridad ciudadana. El 40% de los chilenos hoy día reconoce en las encuestas que han sido víctimas de un delito grave, robo con violencia, abuso sexual o tráfico de drogas en el último año.
Y para superar este sentimiento de inseguridad ciudadana cada uno tiene que jugar su rol. El Gobierno lo juega pésimo porque no tiene políticas de prevención ni de rehabilitación. Y los jueces de Garantía, en un porcentaje importante, dejan en libertad a los delincuentes peligrosos, autores de robo con homicidio, autores de robo con violencia.
A modo de ejemplo puedo decir que hay un juez en el norte del país que tiene 60 libertades provisionales otorgadas a traficantes de drogas, los cuales en un alto porcentaje se fugaron. Entonces yo no puedo entender que ese juez siga en su cargo en circunstancias que le ha hecho un grave daño a la sociedad.
La ciudadanía siente que se está contrariando el texto expreso de la ley cuando se deja en libertad a los delincuentes y eso provoca indignación.
Y el precio de que un delincuente quede en libertad es que no se sabe que pasará con la próxima víctima. Son algunos jueces quienes tienen gran culpa de la inseguridad de la gente por haber dejado libre a delincuentes que han dañado a gente inocente de este país.
Aquí no se trata de generalizar, simplemente digo que hay jueces que lo hacen mal y que a mi juicio tienen que asumir su responsabilidad como cualquier miembro de un poder del Estado.
Yo llamo a los jueces a abrirse al debate sobre el tema y no a cerrarse como lo han hecho por tantos años.
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