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La Corte Suprema: ¿infalible?
Me ha parecido bastante feíto que ex magistrados de la Corte Suprema anden asesorando a parlamentarios en semejantes maromas judiciales.
Por María Isabel Rueda
Fecha: 03/31/2007 -1300 El tránsito del caso del ex senador Álvaro Araújo de la Corte Suprema a la Fiscalía, como consecuencia de su renuncia a la curul parlamentaria y su correspondiente pérdida del fuero, ha destapado varios viejos interrogantes:
¿Es injusto que los parlamentarios no tengan sino una instancia para su juzgamiento, distinto de los demás colombianos que tienen dos, más el recurso extraordinario de casación?
¿Qué busca un parlamentario que renuncia a su curul para que la Corte pierda la competencia de juzgarlo y la adquiera la Fiscalía?
¿Es injusto que los parlamentarios no tengan sino una instancia para su juzgamiento, distinto de los demás colombianos que tienen dos, más el recurso extraordinario de casación?
¿Qué busca un parlamentario que renuncia a su curul para que la Corte pierda la competencia de juzgarlo y la adquiera la Fiscalía?
¿Tiene razón la Corte en considerar que pierde esa competencia frente al parlamentario que renuncia a su fuero, así el delito lo haya cometido como congresista?
Por ser la Corte Suprema el máximo organismo de la jurisdicción ordinaria, quienes defienden la única instancia alegan que no sería lógico que un juez de inferior categoría terminara revisando las decisiones de su superior. Descartada esa posibilidad, en el pasado se propuso que la sala penal de la Corte se dividiera en dos y que una parte fuera la segunda instancia de la otra, pero tampoco prosperó la tesis de acabar con la unidad de la sala penal por el riesgo de debilitarla.
En todo caso se considera que por la calidad de sus investiduras, un magistrado es equivalente a un congresista, por lo que este último está siendo juzgado por alguien de su misma categoría. E incluso se considera que la consideración al fuero es una garantía superior a la de la doble instancia.
Durante el proceso 8.000, que yo recuerde, varios parlamentarios recurrieron a la renuncia del fuero y recuperaron sus curules cuando los absolvió un juez, después de que la Corte perdió la competencia. En varios casos estos jueces de absolución estaban relacionados con la región de donde era oriundo el parlamentario, y sus fallos fueron confirmados por los tribunales superiores de la localidad.
La pregunta es: ¿resistiría la presión política un juez de Valledupar, de Sincelejo, de Montería, que tiene que juzgar a los miembros de una de las familias más prestigiosas de la región? En todo caso, es más factible que esa presión la resista un magistrado, que actúa colegiadamente.
Otra cosa que no suena lógica y que opera así porque la propia Corte ha interpretado de esa manera sus funciones, es que ella pierda su competencia cuando el congresista renuncia a su fuero. Una opinión muy seria en ese sentido la tiene el ex magistrado de la Corte Constitucional Eduardo Cifuentes, quien alega que la Corte mantiene su competencia porque las investigaciones contra los congresistas se iniciaron antes de que renunciaran a su investidura. Convendría que la Corte cambiara en este punto su jurisprudencia por su propio bien: después del esfuerzo de poner a andar el engranaje de las investigaciones judiciales contra la para-política, ¿no sería lamentable que se quedara sin materia prima?
Lo que sí me ha parecido bastante 'feito' es que ex magistrados de la Corte estén asesorando a los parlamentarios en el acto de tales maromas. Es el caso de Carlos Gálvez, asesor de Araújo. Este último alegó la falta de garantías de la Corte en su juzgamiento, lo cual constituye un insulto para los ex colegas de su abogado, que increíblemente lo toleraron. Igual cosa están haciendo los ex magistrados Jorge Aníbal Gómez y Jorge E. Valencia con los congresistas William Montes y Dieb Maloof. Debería existir la prohibición de que los magistrados salgan a litigar en contra de la Corte que antes integraban y en la que unos meses antes, como magistrados, posiblemente habrían estado o estuvieron defendiendo la tesis exactamente contraria a los intereses de sus clientes.
Pero desde luego, como de algo tiene que vivir un ex magistrado, podría pensarse en un sistema privilegiado de pensión que les permita, retirados después de un determinado tiempo, salir pensionados para no tener que vivir del litigio sino de emitir conceptos o dictar cátedra.
Es que se ve tan feo como un ex presidente de la República haciendo negocios o ejerciendo el lobbying. Para evitar eso es por lo cual los pensionan.
Por lo pronto, el fiscal Iguarán debe estar muy atortolado. Si el boquete que abrió la Corte en el corazón de la clase política se le traslada a su despacho, un fiscal será el encargado de no dejar caer la investigación que se le ha abierto a cada uno de los parlamentarios implicados, un juez el encargado de emitir el fallo y todo el andamiaje de la para-política se podría devolver contra la autoridad de la Fiscalía cuando comiencen a caerse los procesos por vicios procedimentales (caso Jorge Noguera, ex DAS) o presiones políticas regionales.
Ojalá que el esfuerzo de la Corte Suprema por exponer la para-política no termine en ese gigantesco oso.
ENTRETANTO… ¿Cómo le irá a la votación de Hillary Clinton en Miami, después de que Gabo apareció retratado al lado de Bill con un botón de su campaña, dos semanas después de la publicación de su retrato con Fidel Castro?
Por ser la Corte Suprema el máximo organismo de la jurisdicción ordinaria, quienes defienden la única instancia alegan que no sería lógico que un juez de inferior categoría terminara revisando las decisiones de su superior. Descartada esa posibilidad, en el pasado se propuso que la sala penal de la Corte se dividiera en dos y que una parte fuera la segunda instancia de la otra, pero tampoco prosperó la tesis de acabar con la unidad de la sala penal por el riesgo de debilitarla.
En todo caso se considera que por la calidad de sus investiduras, un magistrado es equivalente a un congresista, por lo que este último está siendo juzgado por alguien de su misma categoría. E incluso se considera que la consideración al fuero es una garantía superior a la de la doble instancia.
Durante el proceso 8.000, que yo recuerde, varios parlamentarios recurrieron a la renuncia del fuero y recuperaron sus curules cuando los absolvió un juez, después de que la Corte perdió la competencia. En varios casos estos jueces de absolución estaban relacionados con la región de donde era oriundo el parlamentario, y sus fallos fueron confirmados por los tribunales superiores de la localidad.
La pregunta es: ¿resistiría la presión política un juez de Valledupar, de Sincelejo, de Montería, que tiene que juzgar a los miembros de una de las familias más prestigiosas de la región? En todo caso, es más factible que esa presión la resista un magistrado, que actúa colegiadamente.
Otra cosa que no suena lógica y que opera así porque la propia Corte ha interpretado de esa manera sus funciones, es que ella pierda su competencia cuando el congresista renuncia a su fuero. Una opinión muy seria en ese sentido la tiene el ex magistrado de la Corte Constitucional Eduardo Cifuentes, quien alega que la Corte mantiene su competencia porque las investigaciones contra los congresistas se iniciaron antes de que renunciaran a su investidura. Convendría que la Corte cambiara en este punto su jurisprudencia por su propio bien: después del esfuerzo de poner a andar el engranaje de las investigaciones judiciales contra la para-política, ¿no sería lamentable que se quedara sin materia prima?
Lo que sí me ha parecido bastante 'feito' es que ex magistrados de la Corte estén asesorando a los parlamentarios en el acto de tales maromas. Es el caso de Carlos Gálvez, asesor de Araújo. Este último alegó la falta de garantías de la Corte en su juzgamiento, lo cual constituye un insulto para los ex colegas de su abogado, que increíblemente lo toleraron. Igual cosa están haciendo los ex magistrados Jorge Aníbal Gómez y Jorge E. Valencia con los congresistas William Montes y Dieb Maloof. Debería existir la prohibición de que los magistrados salgan a litigar en contra de la Corte que antes integraban y en la que unos meses antes, como magistrados, posiblemente habrían estado o estuvieron defendiendo la tesis exactamente contraria a los intereses de sus clientes.
Pero desde luego, como de algo tiene que vivir un ex magistrado, podría pensarse en un sistema privilegiado de pensión que les permita, retirados después de un determinado tiempo, salir pensionados para no tener que vivir del litigio sino de emitir conceptos o dictar cátedra.
Es que se ve tan feo como un ex presidente de la República haciendo negocios o ejerciendo el lobbying. Para evitar eso es por lo cual los pensionan.
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SALUDOS CORDIALES
RODRIGO GONZALEZ FERNANDEZ
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RENATO SANCHEZ 3586 SANTIAGO,CHILE
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