Tras varios meses de acoso laboral no se le renovó el contrato
Consejo de la Cultura "se operó" de funcionario que denunció irregularidades en Contraloría
Un reciente dictamen del organismo fiscalizador deja ver cómo la institución dirigida por la actriz Paulina Urrutia interpretó para su beneficio la ley que protege a los empleados públicos que denuncian actos de corrupción. Asimismo, revela que tuvo conocimiento de las anomalías que se investigan, ya que le fueron representadas por escrito en más de una oportunidad por el afectado. La entidad se defiende y asegura que sólo se llamó a concurso, donde el afectado puede postular "sin problemas".
Por Jorge Molina Sanhueza
Luego de sufrir varios meses de acoso laboral, uno de los funcionarios que denunció a la Contraloría las graves irregularidades en el Consejo de la Cultura y las Artes (CNCA) finalmente fue desvinculado del organismo. Se trata de quien fuera el jefe de la Sección de Ejecución Presupuestaria, de iniciales R.I.R, quien pidió reserva de su identidad por razones laborales. Sin embargo, no ha sido el único. A principios de año también "cayó" Ximena Arancibia, empleada que se convirtió en una testigo clave para las investigaciones que ha realizado el organismo fiscalizador.
La historia se remonta a diciembre del año pasado, cuando ambos decidieron poner en conocimiento de la entidad revisora el uso irregular del auto fiscal por parte del entonces subdirector del CDC y actual candidato a diputado Arturo Barrios, como también anomalías en los dineros relativos a extensión y fondos concursables. Lo hicieron luego de hacer múltiples representaciones de ilegalidad a su jefatura con copia a la ministra -y actriz- Paulina Urrutia, sin que ésta adoptara ninguna medida.
Para evitar ser identificados, pusieron los antecedentes en conocimiento de la Contraloría, bajo la fórmula que otorga el artículo 90 letra A de la ley que regula a los funcionarios públicos, que establece la reserva del nombre cuando se trata de actos de corrupción.
Sin embargo, a poco andar, sus identidades fueron conocidas y comenzó la guerra. Arancibia estuvo varias semanas con licencia médica hasta que le pidieron la renuncia por tratarse de un cargo de confianza, mientras que R.I.R. fue sacado de su oficina a un escritorio y comenzó a ser tratado con la ley del hielo, pese a que la legislación le otorga fuero. Llegó marzo y a RIR no se le renovó el contrato bajo la modalidad "a contrata". Sin embargo, no pudo ser despedido, ya que tenía otra vínculo laboral, pero como miembro de la "planta" del Consejo.
¿Acoso, yo?
Del acoso y la purga interna supo la Contraloría, por lo que envió un oficio a la ministra Urrutia -el 1.274 de 2009- donde se indicó que era "improcedente" cambiar a RIR de cargo y lugar de trabajo, salvo que el afectado lo autorizara por escrito. Pero no bastó, porque insistió en tratar de modificar el criterio del organismo revisor, sin suerte. De hecho en un un reciente dictamen queda claro que Paulina Urrutia interpretó la ley que protege a los denunciantes de hechos de corrupción de manera singular.
Gracias a la denuncia de estos funcionarios el organismo fiscalizador emitió, en agosto de este año, un informe que revela una serie de irregularidades administrativas durante la administración de la ministra, como también respecto a Barrios, a quien se le aplicaron tres meses de suspensión, aunque ya no estaba en el servicio. El candidato PS, en todo caso, presentó una reconsideración que aún está pendiente.
Pero no todo termina ahí, ya que Arancibia y RIR no fueron los únicos denunciantes. Hay al menos otros dos funcionarios cuyas identidades se han mantenido bajo reserva y que actualmente trabajan en la sede Valparaíso del CNCA. Fuentes internas explicaron que el ambiente es tenso, ya que "todos sospechan de todos".
El caso guarda similitud con el sufrido por el comandante Carlos Díaz Kastowsky, quien reveló al comandante en jefe del Ejército, general Óscar Izurieta, anomalías en la compra de helicópteros para el período 2005-2006. A este último, debido a una nota publicada por El Mostrador, se le aplicaron cuatro días de arresto y se le restaron dos puntos de su hoja de vida, antesala a su retiro definitivo de la institución.
Actualmente, el Consejo de la Cultura sigue bajo investigación de la Contraloría y según fuentes de la entidad regional, un nuevo informe debiera aparecer en las próximas semanas, aún más duro que el anterior .
Requerida la opinión de la entidad se indicó que RIR cumplió con su período contractual y que se llamó a concurso público, al cual puede postular, aseguran, sin problemas.
Respecto a la salida de Ximena Arancibia, "ella fue desvinculada del servicio sólo y únicamente por motivos que dicen relación a una mala evaluación realizada sobre su desempeño, y a la necesidad de resolver problemas de gestión necesarios con la finalidad de entregar a nuestros ciudadanos y ciudadanas lo que demanda y merecen".
"Por lo mismo, bajo ninguna circunstancia, la ex funcionaria fue despedida por hacer denuncias a la Contraloría, es más, es necesario decir a la opinión pública que jamás tuvimos información o supimos que existían compañeros de trabajo que habían realizado estas insólitas acusaciones. Fue recién durante el mes de abril que supimos, y gracias a la propia Contraloría, que nos enteramos de estas acusaciones", señala la respuesta entregada el martes último por el departamento de comunicaciones ante la consulta de este diario.
Sin embargo, llama la atención que en la investigación del organismo fiscalizador consten más de 100 documentos en que se representaban las ilegalidades cometidas al interior del CNCA por parte de RIR y Arancibia y que la autoridad los haya obviado. Muchos de ellos aparecen considerados como anomalías en el último informe de la Contraloría.
Además:
Lea el dictamen de la Contraloría
Lea la respuesta del Consejo de la Cultura
Lea el informe de la Contraloría
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