diputado carlos montes (PS), presidente de la comisión especial que analizó la demanda de los docentes:
"El planteamiento del gobierno por la deuda histórica de los profesores es poco serio"
Paula Gallardo
En aguas sumamente revueltas se encuentra el conflicto que mantiene enfrentados al gobierno, los partidos políticos y los profesores respecto del pago de la llamada deuda histórica que mantendría el Fisco con el magisterio y que data desde 1981.
Esto, a propósito de la respuesta que enviara el Ejecutivo a la Cámara de Diputados, desconociendo nuevamente -y tal como lo hizo en 2006- un eventual compromiso con el personal docente, echando por tierra la propuesta de solución que elaboró la comisión especial sobre Deudas Históricas y que entregó hace casi dos meses a la propia presidenta Michelle Bachelet y al titular de Hacienda, Andrés Velasco.
Ayer el conflicto nuevamente generó fuego cruzado, partiendo por la ministra de Educación, Mónica Jiménez, quien convocó a los docentes a "no hacerse ilusiones" respecto de un eventual acuerdo para el pago de la morosidad, lo que generó el rechazo de los timoneles oficialistas José Antonio Gómez (PRSD) y Juan Carlos Latorre (DC), quienes apoyan la demanda del magisterio.
¿Se justifica el pago? El diputado Carlos Montes (PS), presidente de la comisión que la elaboró la propuesta entregada al gobierno, responde.
- ¿Qué opina de la postura del gobierno?
- El planteamiento del gobierno es poco serio porque repite lo que se sabía desde antes, expone lo que dice la Contraloría, la Corte Suprema, la Corte de Apelaciones y saca conclusiones que hacen aparecer estos argumentos como una novedad, pero la verdad es que no contestó los argumentos que se le presentaron, que yo creo, ni siquiera leyó. Le faltó el respecto a la Cámara de Diputados.
- ¿Por qué?
- Porque esperábamos una respuesta más consistente y los términos mismos del documento son agresivos con el parlamento. Sabemos que en todos los casos los plazos legales están prescritos, pero eso no significa que no haya una deuda política y moral. Esta no es una propuesta de un solo diputado, esta es la opinión de la Cámara de Diputados, que acordó que se constituyera una comisión y se buscara una alternativa de solución.
- ¿Piensan apelar nuevamente al ministro de Hacienda?
- ¡Pero si ni siquiera tuvo la gentileza de conversar con los parlamentarios de la comisión! Le pedimos varias reuniones y jamás estuvo dispuesto a reunirse y dialogar.
- El gobierno dice que es mucho dinero, que no puede pagarse de una vez...
- La propuesta está diseñada para el largo tiempo. Acá debía haberse aplicado el mismo criterio que con la deuda subordinada con los bancos, que era mucho más dinero que la que existe con los profesores y Chile en esa época no tenía recursos.
- ¿Qué piensan hacer?
- Primero, tenemos que dar cuenta que la respuesta de Hacienda fue un maltrato respecto del informe que se elaboró; y segundo, debemos tomar una postura como Cámara, no como parlamentarios individuales.
- Se ha hablado de interpelación a los ministros o de recortar el presupuesto de Educación...
- La interpelación ha demostrado poca eficacia, pero es un camino abierto. Y no creo que sea consistente bajarle los recursos a Educación porque sirven para pagarle a los profesores y el funcionamiento de los colegios. Ahora, si me dicen recortar a $1 el presupuesto de Hacienda, estaría dispuesto a apoyarlo.
La respuesta del gobierno al informe de la comisión
"La deuda está prescrita". Ese es el fundamento eje sobre el cual se estructuró el oficio que el pasado 15 de octubre ingresó a la Cámara de Diputados, respondiendo al informe y a las sugerencias que la comisión especial de deudas históricas elaboró para dar cuenta de los compromisos incumplidos por el Fisco con los profesores.
Dicho documento se dará a conocer el próximo 27 de octubre en la Sala de la Cámara y, posteriormente, será analizado por la instancia legislativa que preside el diputado Carlos Montes (PS).
Entre los elementos que expone el texto, se detalla que la asignación que da origen al reclamo de los docentes -una asignación no imponible que debía entregárseles entre 1983 y 1984 en su calidad de trabajadores públicos- a esa fecha ya no estaba vigente.
Esto, porque la administración de la educación pública fue traspasada a los municipios en 1981, de tal manera que los profesionales se hallaban bajo un régimen contractual similar al del sector privado y por lo tanto, ya no estaban catalogados como empleados públicos, perdiendo así los beneficios que en esta categoría les corresponderían.
Además, el documento detalla los pronunciamientos que desde 2004 han emitido distintas instancias judiciales -incluidos la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema-, y los dictámenes de la Contraloría General de la República, instancias que han fallado como inadmisibles los reclamos por encontrarse prescritos.
El oficio enviado por el gobierno a la Cámara también da cuenta de otras potenciales deudas históricas como las de los quiquenios penitenciarios, respecto de la cual señala que "no constituye ninguna obligación jurídica para el Estado" y las de deudores hipotecarios ex Anap y PET.
En estos dos últimos casos, el argumento del Ejecutivo es que se han entregado una serie de beneficios para ayudarlos a resolver la morosidad en la que se encuentran.
Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en RSE de la ONU
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