Como una lápida para los trabajadores a honorarios calificó el Vicepresidente del Senado, Carlos Bianchi, los dichos del ministro Secretario General de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo, quien tras reconocer que se está sobrepasando la ley 18.832 con más del 20% de trabajadores a honorarios, señaló que la solución a esa irregularidad será "un desafío del próximo gobierno".
Según el parlamentario "es impresentable e inmoral que el Estado, con los antecedentes a la vista y hoy de público conocimiento, quiera desentenderse del grave desmedro e incertidumbre laboral de sus trabajadores a contrata y a honorarios".
En tal sentido, agregó que las declaraciones del ministro Viera Gallo son muy delicadas pues reconocen que no se está cumpliendo una normativa.
Por ello, dijo "es necesario que la Contraloría tenga a la vista estos datos, porque perfectamente es posible que esto de para una acusación constitucional".
Según la ley 18.834, no debería existir más de un 20% de trabajadores a honorarios, pero esta normativa no se cumple en numerables servicios del Estado.
TRANSPARENCIA
El Vicepresidente del Senado lamentó que haya tenido que ser necesario que se ponga en marcha la Ley de Transparencia para conocer esta realidad "que mantiene al Estado como el peor empleador y en innumerables ocasiones, por ejemplo en el marco de la discusión del presupuesto nacional, se solicitó información al respecto, pero nunca se reconoció que no se está en un ciento por ciento con la normativa vigente".
El legislador agregó que "lo impresentable e inmoral es que con las declaraciones del ministro Viera Gallo se le ponga un lápida a los trabajadores que se encuentran en desmedro laboral, pues en vez de plantear una solución definitiva, se opta por el camino más fácil y se deja este tema, de primera línea, como un desafío del próximo gobierno".
En tal sentido, el senador Bianchi manifestó que así como hemos sido testigos de la colusión de las farmacias, "hoy estamos frente a una colusión para acallar una realidad que se conocía a gritos, por lo que, paralelo a la solicitud a Contraloría para que investigue la aplicación de la Ley y determine las responsabilidades, si corresponde, envié un oficio a la Dirección del Trabajo para que informe sobre la fiscalización a las distintas empresas del Estado, en el cumplimiento del mandato legal".
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Rodrigo González Fernández
Diplomado en RSE de la ONU
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