Díscolos en la centroderecha
Hace 15 años, la desbordada competencia por la nominación presidencial dentro de RN —que concluyó en el escándalo de un espionaje telefónico— sepultó a uno de los equipos protagónicos de la restaurada democracia chilena: la denominada "patrulla juvenil", que incluía a los diputados Matthei y Espina, al senador Piñera y al presidente del partido, Andrés Allamand. Ese grupo competía duramente por el liderazgo de la oposición con los discípulos del asesinado senador Guzmán, entre los que destacaban el diputado Longueira y el dirigente de la UDI Jovino Novoa.
La trayectoria posterior de ellos —con exitosas contiendas electorales, lucidas gestiones a la cabeza de sus respectivos partidos, destacadas senadurías y la ajustada derrota presidencial de Piñera— ratifica las capacidades que la opinión pública les presumía ya entonces. Sin diferencias ideológicas ni políticas de fondo, la escasa cultura partidaria y madurez política determinaron muchos de sus agrios desencuentros personales. El sector político al que ese grupo aspiraba a representar fue testigo impotente de esas querellas internas, que debilitaron el potencial de RN y comprometieron la votación del sector, hasta la emergencia de Joaquín Lavín, casi un lustro después.
Ver resucitar la discordia, más de 15 años después, con similares raíces de pasión y algunos de los mismos protagonistas, resulta desconcertante y desalentador para el electorado de centroderecha. En ese lapso, aquellas figuras trabajaron unitariamente por la opción presidencial de Lavín, en 2000, y se plegaron plenamente a la segunda vuelta de Piñera, en 2006. Sin embargo, esta semana aparecieron de nuevo recriminándose por situaciones personales —confianzas recíprocas traicionadas entre dirigentes—, sin reparar en el enorme daño que esto causa a la confianza ciudadana en esos personeros y sus partidos, ni en el revés que significa para el trabajo desplegado por los presidentes de RN y la UDI, para la labor conjunta realizada por sus parlamentarios y sus tres convenciones regionales, en búsqueda de pasar desde una alianza electoral a una auténtica alianza política. Esa aparente miopía debe corregirse ahora con el fruto más concreto del trabajo unitario desarrollado hasta aquí, el anunciado comité ejecutivo de la Alianza, una suerte de institucionalidad conjunta, cuya constitución está anunciada para esta semana.
La coincidencia de la Alianza en lo ideológico y en la estrategia de desarrollo contrasta con las fisuras de la Concertación en ambos campos. Pero las disputas en la primera tienen para ella un efecto tan paralizador como los desacuerdos de fondo lo tienen para la segunda. La lesionada imagen de gobernabilidad de la coalición oficialista no sirve de consuelo a las bases de los partidos opositores.
Por eso, mientras las encuestas indican una persistente disminución de la aprobación a la gestión presidencial de Bachelet, pese a la fortaleza de sus atributos personales, la oposición no logra capitalizar esa reprobación al oficialismo. En la encuesta Adimark de agosto, por primera vez la Concertación recibe una desaprobación estadísticamente superior a la de la Alianza. Sin embargo, ambas coaliciones sólo bordean el 20 por ciento de aprobación.
Eso no resulta sorprendente. Nada aleja más a la ciudadanía de los actores públicos que las controversias intestinas, en especial cuando la población enfrenta problemas tan graves como el Transantiago.
Avances y lecciones de la comisión Transantiago
Más allá de la resolución final que sobre las esquivas responsabilidades políticas adopte la comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre el Transantiago, su solo funcionamiento ya es de inapreciable valor para la opinión pública. La comparecencia de los principales profesionales privados y autoridades públicas a cargo del diseño e implementación de ese plan permite que afloren aspectos que desnudan el increíble voluntarismo con que se impulsó su aplicación y cómo se desatendieron las señales de alerta.
Así se han conocido, por ejemplo, la insostenible reducción de buses que sufrió ese plan para hacerlo interesante para los operadores, y las desoídas advertencias sobre la degradación que podría sufrir el Metro —cómo ocurrió—, por el extraordinario recargo de pasajeros que le ocasionaría el nuevo plan. Más aún, antes de que la comisión entregue su informe, los antecedentes emergidos durante los interrogatorios forzaron la renuncia del coordinador del Transantiago, Fernando Promis.
Esta semana, pese a su resistencia inicial, comparecieron el presidente y el gerente general de BancoEstado, empresa estatal socia del Administrador Financiero del Transantiago. Sus palabras tuvieron repercusiones, ya que evidenciaron cuán fragmentada estaba la información, de modo que, pese a tener evidencias de las fallas del plan en diversas áreas específicas, ningún funcionario ni autoridad parece haber dispuesto de una mirada de conjunto, que integrara todas las advertencias y observaciones parciales respecto de encontrarse incumplidas las condiciones para su puesta en marcha. Y aún falta la declaración del ex Presidente Lagos, impulsor de ese ambicioso plan, la que podría ocurrir a mediados de octubre, por escrito o compareciendo personalmente.
Es de tal envergadura el problema ocasionado a millones de Santiaguinos, y son tales los costos económicos que pagarán todos los chilenos, que es imprescindible que las autoridades de Gobierno y de oposición perseveren en esta labor y arriben a conclusiones correctas y creíbles sobre los graves errores cometidos.
Rodrigo González Fernández
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