Algo no funciona en la PDI
Transcurridos 20 años de democracia, las fallas institucionales no pueden ser imputadas a situaciones extraordinarias sino simplemente a deficiencias en la concepción o conducción de la institución. Eso es lo que postula una política del accountability que tanto le gusta citar al Director General, pues ella no significa otra cosa que transparencia y responsabilidad en público, es decir de cara a la ciudadanía.
Por Santiago Escobar
Frente a la gran cantidad de hechos de corrupción funcionaria que ha debido enfrentar la Policía de Investigaciones en época reciente no cabe otra conclusión que su funcionamiento institucional presenta problemas que comprometen la eficiencia y responsabilidad del mando institucional.
El último hecho que investiga la justicia es la participación de un grupo de detectives de Valparaíso en una red de prostitución infantil, denunciado en un programa de televisión. Ello ocurre cuando aún están frescos en la memoria pública otra serie de hechos, entre ellos la red criminal que vendía impunidad a delincuentes adulterando documentos judiciales y manipulando bases de datos institucionales con evidencia fuerte de ser un caso de crimen organizado.
De esta última investigación, aún en curso, derivó otro escándalo protagonizado por Trevor Oyarzún, jefe nacional de la Brigada de Robos (BIRO), quien había sido usuario de esa red de corrupción al comprar una alcoholemia adulterada para encubrir un delito de manejo en estado de ebriedad.
En la investigación de la red delictual, otro detective, imputado en la causa, delató a Oyarzún de haberse apropiado de parte del botín del llamado "robo del siglo" hecho a un camión Brink´s en el Aeropuerto de Pudahuel. Para lograrlo, este gestionó una orden de detención por infracción a la ley de armas de un delincuente que tenía parte del dinero robado. Lo hizo través de la Fiscalía Sur y no de la Fiscalía Occidente que investigaba el robo, pues en ese caso no hubiera podido apoderarse del dinero.
En el mes de abril, en una audiencia de formalización de los miembros de la banda de narcotraficantes "Los Valladares", uno de ellos, el subprefecto Francisco Lapolla, en un claro acto de venganza, mencionó la existencia de una fotografía del automóvil fiscal del Subdirector Operativo de la PDI, Oscar Gutiérrez, estacionado en el cabaret Lucas Bar a altas horas de la noche. La primera explicación de las autoridades fue que Gutiérrez se encontraba en una gestión oficial con policías europeos explicándoles en el bar como se gastaban la plata los delincuentes criollos de alto nivel.
Nadie se tragó la historia pues era evidente que se trataba de una farra a cuenta del erario nacional y Oscar Gutiérrez terminó renunciando a su cargo, y provocando que el subprefecto Álvaro Thiele, jefe de Asuntos Públicos de la PDI y vocero de la historia fallida, fuera también removido de su cargo y traslado a otra unidad de la institución. Todo ello con nutridas declaraciones de autoridades policiales y políticas, entre ellas parlamentarios fiscalizadores.
Llama la atención que el conocimiento de la mayoría de los escándalos en el caso de Investigaciones se deba a denuncias externas, trabajos periodísticos o simplemente delaciones entre policías corruptos que tratan de alivianar su carga delictual o vengarse de la propia institución, y no provenga de la acción propia de los organismos de control de la policía. Esa mezcla de despidos y venganzas personales, presentes de manera importante en el caso de corrupción infantil de Valparaíso, parece un indicativo claro de una baja adhesión a la cultura interna de la institución por parte de su personal.
Si ello fuera efectivo, sería más que preocupante y un claro indicio de una baja eficiencia del mando.
En el caso de Valparaíso resulta sorprendente que tanto el actual Prefecto Inspector de la V Región, Julio Ibáñez Burgos, como el anterior y actual Subdirector Operativo de Investigaciones, Prefecto General Alfredo Jiménez Ogalde, son policías experimentados que debían tener el control de su institución. Especialmente Jiménez quien prácticamente ha hecho su carrera profesional en Valparaíso, y es profesor de las cátedras de Reglamento y Organización Institucional y de Procedimientos Policiales en la Escuela de Investigaciones Policiales.
Lo denunciado por el programa únicamente es posible en un ambiente de relajamiento de las normas de control de una institución y una baja adhesión a sus valores de orientación declarados, y ello solo ocurre donde el autogobierno y la falta de mando profesional real campean.
En diciembre de 2008, el Director de Investigaciones concurrió a la Cámara de Diputados para exponer ante la Comisión Permanente de Seguridad Ciudadana y Drogas acerca de la "Situación de la probidad y las conductas indebidas en la Policía de Investigaciones de Chile". En su intervención, Arturo Herrera sostuvo que la corrupción y las faltas a la probidad son una amenaza permanente en una policía. Y agregó: "La probidad es un tema central... y el nivel de exposición es mayor al de un ciudadano. Los niveles de riesgo son más elevados y, en consecuencia, el monitoreo, el control y la prevención son relevantes en todo momento. Es en esta dirección que hemos actuado", concluyó.
Los hechos indican que no le ha ido bien en su tarea, y que seguramente deberá volverle a explicar a los parlamentarios por qué las cosas no están funcionando como él las declaró en diciembre pasado.
La opinión de las autoridades
Pero la irresponsabilidad o incompetencia del mando policial no se da en el vacío político. La actitud de las autoridades nacionales oscila entre la justificación ingenua y la defensa corporativa irracional cuando debe explicarle a la opinión pública qué ocurre. Con frases hechas sobre casos aislados y el valor de las policías, o justificaciones cuyo único objetivo es demoler cualquier atisbo de búsqueda de responsabilidades, las autoridades civiles continúan evadiendo los temas de fondo.
Cuando quedó al descubierto la red de corrupción en tribunales el entonces ministro vocero de gobierno y actual ministro de Defensa, Francisco Vidal, declaró que la Policía de Investigaciones "no es corrupta", que es "un lujo para Chile" y que "la PDI y Carabineros de Chile son las instituciones más confiables, mucho más confiables que los políticos y la prensa, por ejemplo". Nunca una razón acerca de la inspectoría interna ni de las investigaciones hechas.
Ante la salida del Subdirector Operativo de Investigaciones Óscar Gutiérrez, el subsecretario del Interior Patricio Rosende afirmó que las gestiones realizadas por las policías en el país son "impecables". "Yo no tengo ninguna preocupación, yo trabajo todos los días con la Policía de Investigaciones y Carabineros en defensa y protección de la ciudadanía, la labor que se hace en materia de prevención y control delictual con las policías, a mí me parecen impecables", dijo en esa oportunidad.
Algo similar sostuvo el Fiscal Nacional Sabas Chahuán frente al mismo tema: "Nosotros confiamos en los Carabineros de Chile, confiamos en la Policía de Investigaciones de Chile como institución". "Detectives y policías de Carabineros son los que diariamente se sacrifican, no uno, dos, tres, cuatro, 30 corruptos. Esos están fuera y los que se quieran corromper van a seguir fuera". Todavía nada acerca del fiscal involucrado en la red de prostitución infantil de Valparaíso.
En este caso, el subsecretario Ricardo Navarrete al menos ha tenido la transparencia de reconocer que lo que expuso en la Cámara fue el resultado de la investigación hecha por la propia PDI, y que él carece de medios propios para saber si lo que le presentan es la verdad. Es decir, reconoció una calidad de autoridad civil formal y no real, al menos en estos temas.
Tal situación, que afecta no solo a Investigaciones sino también a Carabineros, es una señal que en materia de reforma policial -al menos en lo que se refiere a control civil- se ha avanzado poco. Pese a que en el actual gobierno, tanto la Presidenta de la República como el Ministro del Interior fueron exitosos ministros de Defensa y conocen el tema policial al revés y al derecho. Aún más, una de las propuestas más pretenciosas del Gobierno Bachelet fue la creación del Ministerio de la Seguridad, rápidamente pasada al desván de los olvidos programáticos.
Hasta ahora, la única voz coherente de preocupación la ha puesto la Corte Suprema de Justicia cuyo Pleno Extraordinario realizado en Santa Cruz hace pocos meses designó al ministro Mario Carroza con dedicación exclusiva para investigar la red de corrupción de funcionarios judiciales y de Investigaciones.
Transcurridos 20 años de democracia, las fallas institucionales no pueden ser imputadas a situaciones extraordinarias sino simplemente a deficiencias en la concepción o conducción de la institución. Eso es lo que postula una política del accountability que tanto le gusta citar al Director General, pues ella no significa otra cosa que transparencia y responsabilidad en público, es decir de cara a la ciudadanía.
Hace poco, interrogado por la prensa, el Director de Investigaciones Arturo Herrera manifestó: "Mi cargo siempre está a disposición de la Presidenta, si ella estima que no se ha manejado bien la institución, lógicamente que yo voy a estar dispuesto" a dejar la PDI. ¿Quién tiene la palabra?
No hay un solo caso de periodista esclavo que sea recordado por la Historia, del mismo modo que tampoco merecen el recuerdo los militares cobardes o los médicos al servicio de la muerte. Que quede claro que los periodistas sometidos al poder sólo pueden esperar poder y dinero, pero nunca reconocimiento, honor o respeto 
