"Se ejercían presiones políticas, con mucha fuerza en algunas regiones... No encontramos situaciones masivas de pérdida de recursos, pero hay unos 35 sumarios internos por algún tipo de malversación", recapitula.
Foto Alejandro Balart, La Segunda
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"En Coltauco, el director regional me presentó a un agricultor que había sido cliente por 20 años. Y yo de entrada le dije: ¿cuál es tu gracia? ¿Usufructuar del sistema todo este tiempo? ¡Debiste haberte ido en el año 10!", relata Ricardo Ariztía sobre su primera salida a terreno al frente del Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap), que encabeza desde abril pasado.
Una anécdota que trae al presente su carácter firme del que hizo gala en la esfera gremial como timonel de Fedefruta, la SNA y sobre todo de la CPC con su recordado emplazamiento a Ricardo Lagos en la Enade de 2001. Un rasgo que no ha perdido a la cabeza del principal organismo del Ministerio de Agricultura y cuyo alto presupuesto, 132 oficinas y 1.600 funcionarios claves en el apoyo de decenas de miles de campesinos, lo convirtieron en blanco frecuente de denuncias y polémicas en los gobiernos anteriores.
"Salgo bastante a terreno, tratando de que las cosas funcionen y hemos armado un equipo de trabajo potente. Lo del "24/F" puede volverse una pesadilla, pero lo hago con gusto, me siento muy cómodo", asegura. Y junto con atender emergencias como la actual sequía, Ariztía ha aplicado sus energías a reestructurar a fondo el Indap. "Lo más complejo fue transmitir confianza a la institución y sus funcionarios. Entre septiembre y noviembre recorrí las regiones, conversé con todos sobre nuestro plan de acción. Logramos una transición sin trastornos, sacando de la mente de los funcionarios esa incertidumbre o temor, palabras muy usadas por las directivas sindicales. Para algunos, esto terminó siendo real, pero fue para los menos".
–¿Cuánta gente desvincularon?
–Alrededor de 120 personas a nivel país, un 8% del total. La mayor reestructuración fue en la IV Región, a continuación la VIII y la X.
–¿Cuánto se redujo la planta?
–Prácticamente hemos mantenido el personal en términos numéricos. Y estamos creciendo 6% real en presupuesto –con US$ 32 millones más– y no menos de 20% a 25% en términos de programa, así que en teoría deberíamos necesitar más personal. Todo lo que se esperaba en la opinión pública sobre una reestructuración dura y con dificultades, en definitiva no fue así.
–¿Vienen más ajustes?
–Diría que el proceso está estabilizado, pero no por eso puedo dar garantía de que todos tienen su trabajo asegurado. El que cumpla con el plan, tenga iniciativa e interés por sacar las cosas adelante, aquí tiene espacio. La semana pasada salieron dos personas y es posible que en esta salgan otras dos o tres, pero es un proceso normal en cualquier institución.
–¿Cómo lo toman los sindicatos?
–Ellos quieren que les aseguremos el trabajo y yo digo no, las instituciones tienen que ser dinámicas. Pero vamos avanzando.
–Indap fue blanco de acusaciones de uso político de la Concertación. ¿Qué pudo constatar?
–En términos generales, diría que no es un caso grave. Sí no puedo desconocer que se ejercían presiones políticas, con mucha fuerza en algunas regiones donde varios cargos claramente provenían asignados, ya sea de partidos o de la Concertación en general. Eso lo hemos revertido fuertemente.
–¿Qué detectó sobre el manejo de recursos?
–No encontramos ninguna situación masiva de pérdida de recursos. Tenemos no menos de 600 funcionarios con facultades para otorgar distintos sistemas de bonos, créditos y proyectos de inversión. Donde encontré más dificultades –todavía en análisis– fue en el Departamento de Riego, el más vulnerable en aprobación de proyectos por la débil preparación técnica de sus 55 funcionarios. Está en proceso de cambio, pero frenamos una serie de proyectos mal diseñados y calculados. Ya resuelto, estamos operando sin problema.
–¿Hay sumarios en marcha?
–Existe un total de 77, pero hay unos 35 sumarios internos exclusivamente por algún tipo de malversación y tenemos varios abogados dedicados.
"Eliminamos el exceso de consultorías"
–¿Cuál es su balance global del funcionamiento de los programas?
–Un 70% funcionaba bien en su confección global, no así en su evaluación final que ha sido un gran déficit. En paralelo, estamos analizando cada programa en términos de destino, costos y asignación de recursos. Eliminamos el exceso de consultorías: por ejemplo, un programa de evaluación de proyectos por el que se pagaba entre $ 40 millones y $ 60 millones, hoy se hace aquí con cuatro funcionarios en una semana y remuneración normal.
–¿Qué porcentaje de los recursos para los pequeños agricultores quedaba en el camino?
–Es difícil evaluar. Donde vamos a tener un ahorro considerable es en los Programas de Desarrollo de Inversión que se hacen a través de consultores privados. Revisamos los proyectos y están sobrevalorados entre 10% y 20% –eso en general, ya que existen profesionales de primera– y todos los proyectos e inversiones no reembolsables que pasan a través de consultores suman unos $ 30 mil millones. Hay casos como el de una comuna donde constatamos que un 32% de los galpones no se habían instalado.
–¿Cómo lo corregirán?
–Estamos buscando fórmulas de compras masivas. Y si tenemos que instalar mil galpones, los vamos a licitar instalados a empresas nacionales, con una reducción de costos considerable. Las licitaciones están listas, con los primeros llamados en el caso de los consultores en los diarios, y en no más de 15 días para los galpones.
–¿Cuánto han avanzado en la eficiencia interna?
–Estamos en un plan de modernización: antes nos demorábamos 90 días en analizar un programa y hoy sólo 35; antes un crédito necesitaba 7 firmas y hoy requiere dos, y así sucesivamente. Además, se están renovando 110 de 300 vehículos de la flota para sacar a nuestros funcionarios a terreno, y ya tenemos dos regiones operando con un sistema de atención móvil. Hay un cambio interno potente en todo sentido.
"Hemos contratado empresas de cobranza y no perdonamos"
–¿A cuánto asciende el monto de la deuda de arrastre?
–Asumí con una deuda de arrastre de $ 28.300 millones de capital (más intereses) incobrables, correspondientes a 20.811 usuarios, con situaciones muy complejas donde, por ejemplo, organizaciones gremiales debían $ 1.900 millones. Quisimos dar una solución definitiva a esta mochila que llevaba diez años sin ninguna solución, a través de un plan con distintos convenios de pago, y limpiamos y ordenamos. En los pequeños agricultores, estamos condonando deudas anteriores a 5 años, porque queremos proteger a los que pagan. No queremos ser responsables por un mal manejo, que tuvo su peor periodo entre 1995 y 2001, cuando se entregó la mitad de estos créditos mal asignados.
–¿Cómo asegurarán la cobranza?
–Somos inflexibles en eso. Hemos contratado empresas de cobranza y no perdonamos. A su vez, tenemos un ranking de oficinas por nivel de morosidad; hace poco despedí a un jefe de área que estaba en el último lugar con un 48% de recuperación de créditos. Es re fácil trabajar así, repartiendo plata... hay que asegurarse respecto a quién le estás entregando el crédito y que le vaya bien. Tampoco nos interesa el que tiene un 100% de recuperación, mi problema es cómo egresamos los agricultores que ya no requieren de nosotros.
"Planes estrella" incorporan nuevo programa indígena
Con la prioridad puesta en la emergencia de la sequía –"cuya situación más dramática en daño económico está los valles de la Ligua y Petorca"–que ha demandado un gasto de $ 600 millones en la V Región y otros $ 140 millones en la IV Región, Ariztía destaca las tres transformaciones más potentes que tiene en marcha el Indap. "Con un presupuesto de $ 20.500 millones, atenderemos todas las municipalidades con 1% o más de ruralidad a través de los proyectos Prodesal, creciendo desde 55 mil a 88 mil familias, y las comunas atendidas desde 270 a 302", indica.
Los otros ejes son el fomento masivo del riego tecnificado y las alianzas productivas, de las cuales ya existen 34 encabezadas por igual número de agroindustrias junto a 2.200 pequeños productores, base que espera subir a 4.000 este año. "Todo asociado a concurso público, lo más transparente posible", destaca.
Otro plan estrella es el Programa de Desarrollo Territorial Indígena, con $ 11.300 millones y la "ambición de llegar a 20 mil familias" a partir de experiencias piloto como la actual producción de frambuesas en Cholchol (IX Región). "Tenemos la responsabilidad de entregar las condiciones para que las comunidades que han recibido tierras, realmente produzcan y nunca les falte apoyo en cualquier rubro. También motivaremos a las universidades para formar pequeños empresarios en la administración de comunidades indígenas, con respeto absoluto a las tradiciones y al Convenio 169", dice
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Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
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