Alberto Espina O.
Senador
Soy senador de La Araucanía desde hace nueve años y he tenido la oportunidad de trabajar con más de 600 comunidades mapuches. Estoy en el Senado gracias al apoyo que ellas me han dado, y tengo el honor de ser, en dos elecciones, la primera mayoría de mi circunscripción. Creo conocer a fondo sus problemas, sus frustraciones, sus carencias, sus virtudes y sus legítimas aspiraciones.
Mi primera afirmación es que no obstante la conflictiva situación que han vivido por más de un siglo, la inmensa mayoría de las comunidades mapuches están integradas por ciudadanos pacíficos, honrados y trabajadores, respetuosos de la ley, de la democracia y de la autoridad constituida y que -a pesar de los graves problemas sociales que les afligen y a su legítimo derecho a exigir el respeto a sus tradiciones, cultura e identidad- descartan la violencia como método para hacer efectivas sus reivindicaciones.
Mi segunda afirmación es que no ha existido voluntad política en nuestro país para cumplir con lo que la propia Ley Indígena -aprobada en 1993- reconoció: que los indígenas de Chile son los descendientes de las agrupaciones humanas que existen en el territorio nacional desde tiempos precolombinos, que conservan manifestaciones étnicas y culturales propias, siendo para ellos la tierra el fundamento principal de su existencia y cultura. Más aún, en la misma ley se señala que el Estado valora su existencia por ser parte esencial de las raíces de la nación chilena, así como su integridad y desarrollo, de acuerdo a sus costumbres y valores.
Por lo anterior, nuestro Estado dispuso como un deber de la sociedad -a través de sus instituciones- respetar, proteger y promover el desarrollo de los indígenas, sus culturas, familias y comunidades; adoptando las medidas adecuadas para tales fines; proteger sus tierras, velar por su adecuada explotación, por su equilibrio ecológico y propender a su ampliación.
Prueba de que no ha existido voluntad política para cumplir con lo anterior es que las medidas públicas impulsadas en las últimas décadas han fracasado estrepitosamente, por su contenido y aplicación, al punto de que los índices de pobreza, indigencia, escolaridad y analfabetismo, entre otros, son muy inferiores a los promedios nacionales. Esto último ya fue advertido en un informe unánime aprobado por el Senado en el año 2003, a pesar de lo cual lejos de mejorar la situación de las comunidades mapuches, se agravó.
Mi tercera afirmación es que el Gobierno ha dado un gran paso para revertir la situación anterior al impulsar el Plan Araucanía, que contempla una inversión en educación, infraestructura, desarrollo productivo, etc., de 4.500 millones de dólares durante los próximos cuatro años.
Mi cuarta afirmación es que no obstante esta valiosa iniciativa, el llamado Conflicto Mapuche sólo se resolverá si el Gobierno cumple sin dilaciones con tres compromisos adicionales asumidos en el Programa Presidencial.
Éstos son: concretar nuestro carácter de nación multicultural, mediante la aprobación de la reforma constitucional que reconoce a nuestros pueblos originarios y que para las comunidades mapuches tiene un enorme valor de dignificación de su historia; crear el Consejo de Pueblos Originarios, elegido democráticamente por ellos, con el objetivo de que se les consulten las materias que les afecten, y definir una política de entrega de tierras con apoyo productivo. Esto último requiere fijar con toda claridad el número de hectáreas a que legítimamente tienen derecho las comunidades mapuches en virtud a los títulos de merced que les otorgó el Estado de Chile y que aún no se han entregado. Los estudios indican que serían entre 20 mil y 30 mil hectáreas. Entonces hay que tomar la decisión política de determinar el plazo en el cual se traspasarán a las comunidades, comprándolas a través de un procedimiento transparente y pagando por ellas un precio justo para terminar con las escandalosas especulaciones que las han rodeado. Por supuesto, esto unido al apoyo productivo; porque en caso contrario, las comunidades mapuches pasarán de ser pobres sin tierra a pobres con tierra.
Si el Gobierno cumple con estos compromisos y se les explica con claridad a los mapuches, tendrá su apoyo, y sólo quedarán al margen algunos grupos radicalizados que perderán toda legitimidad entre las propias comunidades. El Gobierno tiene la oportunidad histórica de sentar las bases para un reencuentro con los pueblos originarios, pero debe hacerlo a la brevedad, ya que toda dilación en adoptar estas medidas tendrá como consecuencia que hechos tan dramáticos como los actos de violencia o las huelgas de hambre se repetirán, porque la indefinición es el germen que sirve de caldo de cultivo para ellos.
Fuente:emol
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Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
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