Diputados reducen a la mitad sus contratos con familiares en los últimos tres años
Según la Cámara, de los 16 que había en el año 2006, sólo 8 parlamentarios mantienen a parientes como asesores. Esta modalidad está permitida por la Corporación, pero se debe pedir aprobación a la comisión de Ética.
Natalia Hernández
Ocho son los diputados que mantienen a familiares contratados en diferentes funciones de asesorías, según la información oficial de la Cámara de Diputados. La cifra representa la mitad de los que la Corporación tenía en sus registros en marzo de 2006, cuando se inició el actual período legislativo.
La contratación de familiares con cargo a las asignaciones que mensualmente reciben los diputados, $ 3.181.756 en este ítem, está permitida por la Cámara. Sin embargo, los parlamentarios deben cumplir con el trámite de pedir expresa autorización a la comisión de Ética de la Corporación.
La modalidad ha sido cuestionada en medio de los escándalos por la libre disposición de las asignaciones, que obligaron a la apertura de una investigación en la Fiscalía de Valparaíso, la que afecta a cinco parlamentarios.
Sin embargo, el presidente de la instancia, Enrique Accorsi (PPD), explicó que los diputados han optado por prescindir en los últimos años de los convenios con parientes. "Desde períodos anteriores, hay una franca disminución de parlamentarios que contratan a familiares. Creo que se debe a que, a pesar de los argumentos que dan las personas que tienen contratados a sus parientes, la opinión pública no lo ve bien", dijo el diputado.
Quienes optan por contratar a sus esposas, primos, hermanos o hijos justifican su decisión afirmando que son cargos de exclusiva confianza. Es el caso de los diputados Esteban Valenzuela (independiente), Pedro Araya (independiente), Sergio Correa de la Cerda (UDI), Iván Paredes (PS), Fidel Espinoza (PS), Carlos Abel Jarpa (PRSD), José Pérez (PRSD) y Guillermo Ceroni (PPD).
El tema, en todo caso, forma parte de la discusión de la ley orgánica del Congreso que actualmente se discute en comisión mixta: allí se definirá si el método estará o no permitido.
$ 120 millones
al año gasta la Cámara en seguros para los parlamentarios y sus cargas familiares, incluido uno de salud y otro de vida, según información que reveló ayer Ciper Chile.
El Gobierno señaló ayer que en Chile la ley es la misma para todos, respondiendo así al planteamiento de algunos diputados que han criticado que el fiscal Jorge Abbott se habría excedido en sus atribuciones para acoger denuncias que en algunos casos -dicen- serían infundadas.
Fue el subsecretario del Interior, Patricio Rosende, el encargado de declarar que "nadie puede escudarse en fueros o situaciones de privilegios para sustraerse de una investigación judicial adoptada en forma por el Ministerio Público".
El personero planteó su seguridad de que dicha entidad debe llevar adelante la indagación que realiza en la actualidad, "y todas las instituciones, todas la autoridades tienen que prestar toda la colaboración que el Ministerio Público requiera".
Respecto de la posibilidad de que surja una contienda entre las partes, el subsecretario opinó que deberá ser la Corte Suprema la que deba zanjarla.
Por su parte, el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, dijo que los fiscales no se sienten amenazados "producto de nuestra autonomía constitucional". Ni tampoco los cohíbe "el legítimo ejercicio" de algunos parlamentarios de presentar un proyecto de ley que establezca la acusación constitucional contra el Fiscal Nacional y/o los fiscales regionales.
"La verdad es que eso ya se discutió cuando se estaba iniciando la reforma procesal penal y se desechó porque los fiscales regionales y el fiscal nacional, producto precisamente de la autonomía institucional que tienen, cuentan con un procedimiento parcial de remoción, en que basta la firma de 10 diputados o la petición de la Presidenta de la República, en el caso del (Fiscal) Nacional, para que se inicie un procedimiento de remoción ante la Corte Suprema", dijo.
Chahuán hizo saber que las causales vigentes son más amplias que la del notable abandono de deberes. "Creemos que ese proyecto, con el mayor respeto de la facultad de los parlamentarios, es innecesario", explicó.
"Nadie puede escudarse en fueros o situaciones de privilegios para sustraerse de una investigación judicial adoptada en forma por el Ministerio Público".
PATRICIO ROSENDE
SUBSECRETARIO DEL INTERIOR
Revueltas han estado las aguas de la Cámara esta semana. La decisión de la mesa, presidida por el diputado Rodrigo Álvarez, de enviar -la próxima semana- un informe donde se defenderá el marco legal que valida el libre uso de las asignaciones parlamentarias, despertó una serie de críticas de diversos sectores.
Éstas van desde calificar la medida como una defensa corporativa, en el mejor de los casos, hasta plantear que es un esfuerzo por impedir la investigación que el fiscal Jorge Abbott realiza a diversos diputados por el uso de dichos recursos. Peor aún, un proyecto de ley presentado por algunos diputados para extender a los fiscales la figura de la acusación constitucional ahondó el conflicto.
Álvarez no contestó los múltiples llamados hechos por este diario para abordar el tema. Ayer, el teléfono del vicepresidente, Alfonso Vargas, no paraba de sonar. El diputado insistió en que "no hay ninguna amenaza por parte de la Cámara a nadie. No existe una guerra entre el Poder Judicial y nosotros. Están formando una situación que no existe".
El parlamentario de RN respondió así a las declaraciones del Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, quien dijo ayer que los fiscales no se sienten amenazados por el mencionado proyecto.
Vargas es enfático en aclarar que el texto que se enviará a la Fiscalía es sólo un informe aclaratorio sobre las asignaciones, cuyo origen data de 1990. "Nosotros vamos a contestar todas las preguntas concretas que hagan los fiscales. Es absurdo suponer lo contrario", afirmó.
Por lo mismo, lejos de criticarlo, dijo suscribir totalmente las palabras del subsecretario del Interior, Patricio Rosende, quien declaró que nadie puede escudarse en fueros para eludir una investigación judicial.
Aseguró que si alguien ha cometido una ilegalidad tendrá que defenderse con sus propios abogados y no podrá refugiarse en fueros. "Ante las preguntas concretas del fiscal hemos contestado todo y se va a contestar todo. Si nos pide documentos, se van a entregar", afirmó.
Esteban Valenzuela (Ind.)
Mantiene hace siete años contratada a su cuñada Isabel Pallamar, de profesión secretaria. "Por su excelencia, sabe redactar en forma autónoma", aseguró el diputado al explicar el motivo que lo lleva a tenerla en su equipo de trabajo.
José Pérez (PRSD)
Su hija Lorena Pérez, técnico forestal, se desempeña como su jefa de gabinete en su sede de Los Ángeles desde hace diez años. "Uno que está a 600 km de su sede necesita ojos y oídos que vean y escuchen por uno. Nada mejor que una persona que tenga una relación directa conmigo", afirmó.
Guillermo Ceroni (PPD)
Su esposa Carmen Duch es su jefa de gabinete. Realiza la supervisión administrativa y financiera de sus sedes. "Es un tema de confianza. No he cortado la relación porque me parece que son argumentos sólidos y cortarlo es aparecer como si hubiese algo que ocultar", señaló Ceroni.
Pedro Araya (ex DC)
Desde el 11 de marzo de 2002, optó por contratar a su hermano Jaime Araya, abogado, como su jefe de gabinete. "Básicamente por un tema de confianza. Hay temas muy delicados, de los cuales uno tiene que guardar reserva. Él asume mi representación, sobre todo cuando estoy fuera del distrito", dijo el diputado.
Sergio Correa de la Cerda (UDI)
Su esposa, Gloria Espinoza Aguirre, está encargada de atender la oficina distrital del parlamentario. "Normalmente ella está cumpliendo labores de atención del público", afirmó el diputado al ser consultado sobre el tema.
Carlos Abel Jarpa (PRSD)
Tiene contratadas a su nuera Daniela Bernucci y a su esposa Carmen Luz Concha. Bernucci está a cargo de su sede en Chillán, y su mujer lo apoya en sus actividades diarias, ya que Jarpa tiene un severo problema visual. "Es un tema de capacidad y confianza. Se cumplen todos los requerimientos", dijo Jarpa.
Iván Paredes (PS)
Contrató a su hijo Iván Paredes Romero, egresado de derecho, como asesor jurídico. "Se trata de un funcionario de confianza y no un funcionario público. Si él arreglara bicicletas sería raro, imagínese que yo llevara por concurso los cargos de mi confianza, podría terminar con un asesor jurídico de la UDI", señaló el diputado.
Fidel Espinoza (PS)
Contrata a sus primos Marcelo Espinoza y Jorge Ávila, ambos sin profesión. El primero es conductor y fotógrafo, mientras el segundo ve temas de exonerados políticos y asuntos laborales en su oficina. "Obviamente que es un tema de confianza. Hay que recordar que tuve accidentes y choferes que no me cuidaban los vehículos", planteó.
Samuel Venegas (PRSD)
El diputado por San Antonio está fuera de la lista de ocho legisladores que oficialmente tienen contratados a familiares con autorización de la comisión de Ética de la Cámara Baja. Sin embargo, mantiene contratada a su hija, Lilian Venegas, sin haber solicitado el permiso a dicha instancia.
Fuente:el mercurio
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Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
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