El caso de las empresas farmacéuticas que se habrían coludido para fijar los precios de los medicamentos mezcla y confunde temas distintos:
1. El reconocimiento de la colusión por parte de una de las tres acusadas, FASA, vindica la tarea acometida por la Fiscalía Nacional Económica contra ellas y hace verosímil el cargo formulado.
Naturalmente, este reconocimiento es una «delación compensada»: la confesante, según los documentos que conocemos, ha logrado de la Fiscalía: a) que se le aplique una multa inferior a la que normalmente le hubiese correspondido, y b) un grado, que no está claro, de impunidad penal. Además, insiste la confesante en que la colusión se estructuró al nivel medio de sus ejecutivos, sin aprobarla ni conocerla los elementos superiores de la empresa. Circunstancia que no es imposible, pero sí improbable .Y que no exoneraría de culpa, por grave descuido, a la dirección más alta de la firma.
Han surgido reparos éticos y de conveniencia pública a la «delación compensada». Dignos de consideración y regulación, estos reparos no quitan valor al reconocimiento ningún inocente aceptará se le rebaje el castigo por algo que no ha hecho ni su utilidad social para derribar el tinglado de abuso contra el consumidor
2. Las otras empresas acusadas niegan enérgicamente la colusión que se les imputa, tanto entre sí
A primera vista, es una defensa bastante inverosímil. La colusión exige coludidos, y ¿por qué la habría de confesar uno de ellos si no fuese efectiva? Pero el asunto no es tan sencillo. Pues FASA no dice haber hablado directamente con sus otros «socios», sino a través de ejecutivos de laboratorios (El Mercurio, 25 de marzo). Se da entonces la paradoja de que sólo a quien confiesa la colusión se le puede dar ésta por acreditada; a los restantes acusados deberá probárseles que incurrieron en ella.
Y aquí opera la presunción de inocencia, fundamental, y más todavía en un caso que quizás inevitablemente se está juzgando con despliegue de pasión mediática y callejera.
El Gobierno no puede unirse a semejante pasionalismo.
Lo digo porque los noticieros de TV del fin de semana subrayaron la «fiscalización» farmacéutica desatada en el centro de la capital, a cargo de una lucida caravana funcionaria, que encabezaba el seremi de Salud metropolitano. Iba este caballero, para mayor relieve
Pero la fiscalización se dirigía exclusivamente contra locales de las tres empresas acusadas de coludirse.
Esto no es correcto. El Gobierno presiona a sociedades con las cuales tiene un juicio administrativo preciso, el de colusión, ante el Tribunal de la Libre Competencia, pero invocando motivos las infracciones sancionadas por el seremi di bianco vestito absolutamente ajenos a ese juicio. ¿Despachará mañana al Servicio de Impuestos Internos contra las litigantes? Además, atiza el fuego de la agitación «popular» alrededor de las farmacias y de sus dependientes... que, por supuesto, nada tienen que ver con la colusión.
El Estado no necesita estos pasos de farándula. ¿Fiscalizaciones? Todas las necesarias o convenientes, pero generales, no sesgadas hacia las farmacias que litigan por otras razones con las autoridades que las fiscalizan.
Lo peor
Es obvio que, utilizando porcentaje tan reducido, aquel candidato no ha podido tener directores, ni intervenir en el manejo de la sociedad, ni conocer éste. Algo que entienden hasta los niños. Pero el 0,7% ha sido presentado
-El primero en levantar el escándalo, con grandes titulares, ha sido el diario La Nación, cuya mayoría absoluta de acciones pertenece al fisco. Por este motivo, cualquier gobierno de turno se ha sentido siempre moralmente autorizado sin ningún motivo para usarlo de modo abierto como instrumento de propaganda política. Y ahora, además, configurando una indiscutible intervención electoral: tocar a rebato contra el candidato opositor a La Moneda y, peor todavía, invocar para ello un argumento deleznable.
-Desgraciadamente, igual camino tomó el precandidato mayoritario a La Moneda que levanta la Concertación.
Un ex presidente, e hijo de ex presidente, no puede caer en estas trampas fáciles. Ni menos enarbolando argumentos como el que usó: que poseer su rival 0,7% de FASA demostraba la verdad de una afirmación anterior del postulante concertacionista: que existiría incompatibilidad entre ser político y ser hombre de negocios. Esto es cuando menos sostenible, pero no lo demuestra para nada el caso de FASA. No hay conexión lógica entre premisa y conclusión en el argumento contra el candidato de la Alianza.
Adicionalmente, hay algo de injusticia, de asimetría, en que las inversiones
La «peligrosidad»
-Finalmente, otros personeros concertacionistas, comprendida (creo) la Presidenta, sin criticar directamente aquel 0,7%, insisten en que el caso FASA demuestra que no se deben confundir política y negocios. Es una forma de atacar al postulante sin decirlo, «sin querer queriendo», pero también exhibiendo inconsistencia. Porque en FASA y sus «alrededores» no ha habido dueños, ni interesados, ni gestiones ni «comisiones» de carácter político. ¿Cuál sería, entonces, la confusión?
Es preciso elevar el nivel de la lucha por La Moneda, o terminará con espacios fijos en los programas de chismes de la TV
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Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en RSE de la ONU
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