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Los últimos resultados arrojados por la encuesta de julio del Cerc, muestra que la organización y la movilización es la herramienta más efectiva para superar las desigualdades sociales del país. La ciudadanía respalda ampliamente la negociación colectiva y ubica el derecho a huelga como un acto legítimo de los trabajadores.
Sin duda que la percepción de los chilenos ha variado desde el año 2003 y se refleja en los últimos resultados de las encuestas que realiza, periódicamente, Cerc. Más allá de los publicitados resultados de apoyo o rechazo de la clase política y del gobierno, ésta entrega como dato político que los trabajadores y sus organizaciones deben iniciar procesos que consoliden su unidad y, por tanto, su fortaleza.
La negociación colectiva, los sindicatos y el respaldo incuestionable a las movilizaciones sociales y laborales, por parte la ciudadanía, son variables que desde hoy deben considerar los dirigentes y organizaciones sindicales y, por tanto obliga, al buen uso de las mismas para fortalecer los procesos de unidad y a la necesidad de cambiar el modelo económico instaurado por la dictadura militar y administrado, con eficiencia tecnocrática, por los gobiernos concertacionistas.
Dicho resultado también deja de manifiesto que el actual modelo económico neoliberal, que se caracteriza por su individualismo y escasa solidaridad social, ha comenzado a fisurarse. Respecto a la percepción pública por el ítem negociación colectiva, la misma encuesta sorprende a los mismos investigadores al afirmar que, desde el 2003, nunca hubo resultados tan claros a favor de la negociación a través del sindicato como ahora.
Según Cerc, los chilenos en un 71% opinan que los trabajadores deben negociar mejores remuneraciones de manera colectiva y, a través de un sindicato, mientras que una minoría, de solo 18%, estima que lo debe hacer en forma individual.
Cabe señalar que en las cinco mediciones anteriores al 2003 nunca hubo resultados tan claros como ahora. Para el Centro de Estudios este indicador podría explicarse por las últimas movilizaciones. Sin embargo, pueden existir también otros factores que ayudan a este sorpresivo resultado.
Por ejemplo, la encuesta de julio da cuenta del pesimismo de los chilenos respecto de la situación económica actual, tanto en percepción de la economía en general como en el indicador situación económica personal. Ello, pese a las buenas cifras macroeconómicos alcanzadas en el último tiempo en indicadores como crecimiento de la economía, tasa de desempleo, manejo de la inflación, entre otros aspectos. Dichos resultados demuestran el Estado de bienestar que intenta instalar el Gobierno no llega al bolsillo de la población y, por tanto, deja de manifiesto la percepción de desigualdad y la carencia de políticas redistributivas que tiene el actual modelo económico.
Otro elemento no menor y que se refleja en la encuesta de julio de Cerc, tiene que ver con los cinco principales problemas que tiene el país. El segundo y quinto lugar lo ocupan los problemas derivados del desempleo, la pobreza y las desigualdades sociales, preocupaciones que solo son superados por la delincuencia, la salud y el Transantiago.
Un dato relevante en este análisis son las opiniones favorables que tiene la gente respecto a la negociación colectiva a través de un sindicato. La encuesta señala que dicho mecanismo es compartido por los votantes de todos los partidos, aunque entre quienes se identifican con la extrema derecha liberal representada por la Unión Demócrata Independiente (UDI) quienes se manifiestan en contra por sobre el 60%. El respaldo a esta forma de negociación son más altas entre los independientes y trabajadores por cuenta propia (83%), mientras que entre los que trabajan en la administración pública, supera el 80%, siendo menor a la media entre los cesantes y los jubilados, llegando al 61% en ambos grupos sociales.
NECESIDAD DE MODIFICAR EL MODELO
Lo que fortalece esta percepción de la desigualdad y de la necesidad de negociar colectivamente es el alto nivel de concentración de la riqueza que existe en Chile. Si bien pocos saben que el 1% de las empresas del país concentra el 98% de la riqueza y que sólo el 2% restante se reparte en el casi 98% de las empresas consideradas mipymes. Ello, sin detenernos a precisar a cuantos grupos económicos pertenecen los que conforman el 1% y sin considerar que más del 90% del empleo del país se genera por las llamadas mipymes.
Dicho dato estadístico adquiere fuerza a la luz de lo que se viene en el futuro mediato. Ya los grupos económicos han manifestado, a través del grupo Matte, que el Ejecutivo debe evitar la negociación colectiva por ramas producto de la ley de subcontratación y, de paso, impedir que se legitimen a las organizaciones sindicales interempresas y a sus dirigentes. Ya se lo dejaron claro al gobierno a raíz de los conflictos de los forestales y del cobre y, es probable que se generen medidas administrativas en el órgano que fiscaliza las relaciones laborales para cumplir con dicho requerimiento empresarial. En este punto, los trabajadores deberán estar alerta respecto de los dictámenes que comunique la Dirección del Trabajo en esta materia.
Otra variable de conflicto es el Proyecto de Ley de Reforma Previsional que se pretende discutir en el Congreso. Hasta la fecha no es claro en la forma de cómo mejorará un sistema que entrega importantes ganancias a quienes administran los fondos que, indudablemente, no son los mismos resultados que obtienen los afiliados al sistema. En la esencia el proyecto busca resolver la crisis de financiamiento previsional por el alto número de personas que en los próximos años debe jubilar y, que en su mayoría, va a recibir pensiones de miseria ya que su aporte –por sueldos- es mínimo y, además busca estimular el ahorro de quienes trabajan pero sobre la base del sacrificio de los ingresos de los propios trabajadores.
En estas materias, los partidos políticos han guardado silencio respecto a modificar el modelo económico. Solo los llamados parlamentarios díscolos se han pronunciados a favor pero, tanto las directivas de los partidos de la coalición de gobierno y los de derecha, han tomado distancia en esta materia dejando, a la interpretación de los analistas, su abierto rechazo a realizar reformas estructurales al modelo pinochetista.
El aumento de pesimismo y de respaldo a buscar mecanismos colectivo de mejoras salariales que arroja la encuesta Cerc, es la prueba pública de percepción del descontento de la ciudadanía y va en plena sintonía al llamado del obispo y presidente de la Conferencia Episcopal, Alejandro Goic, quien ha planteado la necesidad de establecer un sueldo mínimo ético que bordee los 250 mil pesos mensuales, pese a las gratuitas descalificaciones de la senadora UDI, Evelyn Mattei, quien a dicho que el sacerdote "no tiene idea de economía", como si para darse cuenta de las necesidades de la gente se necesitaran estudios universitarios.
Si bien la Iglesia Católica siempre ha entregado opinión sobre los problemas de desigualdad y equidad en Chile, llama la atención que durante los gobiernos de la Concertación no haya sido suficientemente claro en su postura, sobretodo desde su más alta investidura: el Cardenal Francisco Javier Errázuriz. Es quizás por esta razón que las palabras de prelado de Rancagua fueron titulares principales en los medios de comunicación. Para muchos analistas, su llamado público se puede interpretar como el primer paso para proponer reformas estructurales al actual modelo económico por parte de la Iglesia.
APOYO A PROTESTAS Y LA NECESIDAD DE MEJOR CONDUCCIÓN SINDICAL
En el caso de las protestas por mejoras salariales, la encuesta Cerc identifica que el porcentaje de apoyo crece a 86%, mientras que realizar huelgas llega a 82% de aprobación frente a la afirmación que "los trabajadores recurren a las huelgas porque no tienen otra alternativa". Esto significa que la ciudadanía reivindica el derecho a movilizarse, a legitimar la huelga y la organización sindical como herramientas para alcanzar sus objetivos.
Para Cerc, los resultados arrojados por la encuesta se deben a las últimas movilizaciones de los forestales y cupríferos. En todo caso, los trabajadores subcontratistas han dado lecciones de unidad más allá de las visiones políticas que tiene cada dirigente y, pese a la campaña del terror de empresarios y medios de comunicación que buscan demonizar el movimiento.
En este aspecto, los dirigentes subcontratistas lograron la masividad en la convocatoria y la asertividad al momento de utilizar los medios de comunicación para explicar sus demandas. Esta forma de actuar es que crece el apoyo de la ciudadanía y que se ve reflejada en la encuesta de julio donde el 71% de los chilenos piensan que negociar colectivamente y a través de los sindicatos es la fórmula del éxito para alcanzar sus demandas salariales.
Respecto de la imagen que entrega en la ciudadanía la movilización laborales por mejoras en sus remuneraciones, la encuesta de CERC indica que ésta es positiva hacia los trabajadores en huelga, en comparación a los resultados de una encuesta realizada en el octubre de 1993. Vale decir, hoy se levanta como indicador positivo para el movimiento laboral después de 14 años. Aumentan seis puntos (53%) los chilenos que afirman sentir solidaridad ante ellos y bajan las opiniones negativas en tres puntos (15%) los que sienten compasión; tres puntos (14%) los que dicen sentir indignación y, cuatro puntos (10%) los que sienten indiferencia.
Como conclusión, los resultados de la encuesta de julio del Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea (Cerc) son positivos para los trabajadores y el movimiento sindical por lo que obliga a los dirigentes a actuar en consecuencia.
Hoy exige colocar como eje estratégico del hacer del mundo sindical y social un liderazgo basado en la unidad y en las reivindicaciones laborales más urgentes del país como es el tema de la distribución del ingreso y, que estos estén por sobre los intereses políticos particulares de sus dirigentes.
De esta forma se deberá construir el marco social, laboral y político necesario que cambie el modelo económico y social que vive nuestro país. Y, por tanto, el próximo 29 de agosto, fecha convocada por la CUT para movilizarse, será la primera tarea del movimiento sindical para demostrar que la percepción de la ciudadanía que quedó reflejada en la encuesta Cerc de julio no esta equivocada.
Roberto Portilla
Periodista, Editor General de Crónica Digital
Santiago de Chile, 8 de agosto de 2007.
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