Ministros de Hacienda y del Trabajo anunciaron cuatro iniciativas laborales:Gobierno lanza bolsa de trabajo y constituye instancia técnica para definir salario mínimo
La bolsa nacional para potenciar el empleo comenzará a operar en septiembre, con costo cero para los trabajadores; $1.000 para las grandes empresas y $500 para las mipymes.
LINA CASTAÑEDA
El Gobierno lanzó ayer cuatro iniciativas en materia laboral, dos de las cuales son proyectos de ley que se enviarán al Congreso la próxima semana.
Mejorar el funcionamiento del mercado del trabajo, promover la contratación en las empresas y proteger a los empleados, son los objetivos que están detrás de las medidas.
Entre ellas, la creación de una Bolsa Nacional del Empleo que se financiará con recursos del fondo solidario del seguro de cesantía, cuyo decreto será firmado en los próximos días.
Los antecedentes fueron entregados por los ministros de Hacienda, Felipe Larraín, y del Trabajo, Camila Merino, quienes presentaron a los doce expertos que integrarán la Comisión Técnica que, de aquí a junio, definirá los parámetros de reajuste del salario mínimo. Ésta es otra de las medidas que forma parte de la agenda laboral "corta" del Gobierno.
El grupo será presidido por el economista y coordinador académico del Centro de Estudios Públicos (CEP), Harald Beyer. Lo integran tres representantes de gremios sindicales (Juan Carlos Scapini y Roberto Morales, por la CUT y Cristóbal Huneeus, por la UNT); tres representantes del empresariado (Pablo Bosch y Alfonso Swett, por la CPC y Carlos Boada, por la Conapyme) y los académicos Bernardita Vial, Ricardo Paredes, Joseph Ramos, Alejandra Mizala y Raphael Bergoeing.
"Mejorar las condiciones es un desafío""El país tiene un desafío en mejorar las condiciones de sus trabajadores", comentó Harald Beyer (en la foto), presidente de la Comisión Técnica encargada de definir los parámetros para reajustar el salario mínimo y de entregar una propuesta a los ministerios de Hacienda y del Trabajo para luego dar lugar a la mesa de negociación con sectores sindicales.
Ésta es una instancia asesora, dijo Beyer, quien recordó que el proyecto de ley del salario mínimo debe ir después al Congreso. "Lo único que vamos a analizar son los números vigentes, las restricciones que pueda haber y las mejores posibilidades para mejorar las condiciones de los trabajadores y entregar oportunamente el informe", agregó.
Para Pablo Bosch, representante de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), quien se desempeñara varios años como presidente del Hogar de Cristo, ésa es una experiencia que le permitirá abordar mejor su tarea en esta comisión. Hay sectores vulnerables, que a lo mejor no son los más pobres, pero que tienen problemas físicos u otros.
"Lo que enseña el Hogar es que la sociedad entera tiene que hacerse cargo de los más débiles, y en esta comisión creo que vamos a poner ese tema sobre la mesa, cómo nos hacemos cargo de los más vulnerables; entre ellos, los jóvenes que no tienen capacitación", señaló Bosch.
Aunque la comisión no se ha reunido aún para definir los temas, la posibilidad de tratar una mayor diferenciación del salario mínimo ya suscita el rechazo de Roberto Morales, quien participa en representación de la Central Unitaria de Trabajadores. "La diferenciación del salario mínimo nos parece una discriminación", comentó.
Ésta es la primera vez desde el gobierno de Aylwin en que representantes empresariales y sindicales se juntan para ver el salario mínimo. "Pero esto es una comisión técnica, no de negociación política, como fue antes. Pero cada vez que se instala una instancia de diálogo social tripartito, es algo positivo", agregó.
Detalles de la agenda "corta" laboral1 Bolsa Nacional del Empleo
Su objetivo es acercar la oferta de trabajo por parte de las empresas a la demanda de los trabajadores, de manera que las personas tengan un mecanismo eficiente para acotar la búsqueda y aumentar la posibilidad de encontrar un empleo. La administración de la bolsa fue licitada y se la adjudicó la empresa Trabajando.com, y debe estar en operaciones en septiembre.
Se financiará con dineros del fondo solidario del seguro de cesantía, contemplando un pago inicial de $10 millones para su implementación y una inyección de $299 millones para su plena operación. El acceso de los trabajadores será gratuito, mientras que las empresas más grandes pagarán $1.000, y las micro y pequeñas y medianas empresas (mipymes) $500.
2 Franquicia para capacitación
La franquicia tributaria para financiar la capacitación de trabajadores que están en vías de ser contratados por la empresa -que se adoptó el año pasado por la crisis y que termina el 30 de junio-, se extenderá hasta el 31 de marzo de 2011.
"El período de reconstrucción va a requerir gente especializada, sobre todo en el área de construcción", dijo la ministra Merino, quien estimó que se necesitarán más de 80 mil personas en las nuevas obras, que se construirán gradualmente, porque se requieren procesos de estudio previos. La franquicia permite a las empresas descontar 1,25% (1% contemplado en el contrato de capacitación, más 0,25% en el precontrato de capacitación) de las remuneraciones anuales de los trabajadores.
3 Causal de "fuerza mayor"
La próxima semana, el Gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley para limitar el uso del artículo 159 número 6, que establece la figura de despidos "por fuerza mayor", sin dar lugar a indemnización por años de servicio.
Merino indicó que la ley protegerá a los trabajadores y les entregará claridad jurídica para evitar abusos de parte de los empleadores.
La iniciativa legal se basa en el dictamen de la Dirección del Trabajo, que permitió que casi 3 mil de los 9 mil trabajadores despedidos por "fuerza mayor" hayan retornado a sus laborales luego
que las empresas revocaran su decisión.
4 Escuela sindical
El Gobierno dará impulso a la escuela sindical con el propósito de formar dirigentes sindicales preparados y potenciar el rol colectivo de las organizaciones gremiales.
La ministra Camila Merino indicó que se ha licitado y llamado a 19 instituciones en el país, con lo que se espera capacitar a más de 800 dirigentes.
Además, van a solicitar que al menos 33% de los alumnos sean mujeres, porque si bien la participación femenina se ha ampliado en muchos ámbitos, en el mundo sindical no tiene mayor presencia y es algo que el Gobierno quiere incentivar.
Para este año, el programa dispone de un presupuesto de $420 millones.
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