Fiscalía acusó a Laura Soto , diputada PPD , de estafa reiterada para llevarla a juicio oral

Desvío de fondos del Programa de Generación de Empleos (PGE):

Fiscalía acusó a Laura Soto de estafa reiterada para llevarla a juicio oral   Laura Soto alega inocencia. Foto:NELSON OLMOS

Recursos estatales se utilizaron para el pago de activistas que trabajaron para la diputada. En el caso también están imputados ex seremi del Trabajo y la hija de la parlamentaria.

JORGE MOLINA ALOMAR VALPARAÍSO.- Mediante un correo electrónico, el Ministerio Público de la Región de Valparaíso hizo llegar al Tribunal de Garantía la acusación en contra de la diputada Laura Soto González por el delito de estafas reiteradas, en el marco de una investigación de casi dos años, por el desvío de fondos desde el Programa de Generación de Empleos (PGE) al pago de activistas de su campaña parlamentaria el año 2005. Con esta formulación de cargos, la fiscalía allana el camino para llevar a la parlamentaria -con su militancia PPD suspendida- a juicio oral. Hoy debiera fijarse la fecha para la audiencia de preparación de juicio oral, cuyo plazo no debiera superar los 35 días, y en forma posterior a esa instancia se dictarán los autos de apertura para iniciar los alegatos y presentaciones de pruebas y testigos. La fiscalía acusó por el mismo delito a la hija de la diputada, Marisol Paniagua; al ex esposo de Paniagua, Uziel Valle; al jefe de campaña de Soto, Cristián Garrido; a su jefe de gabinete, Luis Gatica, y a los contratistas Luis y Sergio Vargas. En el caso de estos últimos, se suma una acusación por el delito de estafa especial, debido al cobro de comisiones al fisco por la ejecución de los proyectos de empleo asignados, lo que no ocurrió. En tanto, al ex seremi del Trabajo de la V Región José Manuel Mancilla se le presentó acusación por dos delitos de fraude al fisco. Platas para campaña La investigación de la fiscalía estableció el desvío de fondos públicos de dos proyectos de "apoyo en gestiones administrativas de entidades públicas" -entre septiembre y diciembre de 2005- por un total de $9.468.000 al pago de una treintena de activistas del comando de la diputada Laura Soto. Allí se establece que Mancilla y los contratistas, "aparentando la correcta y fiel aplicación" de dichos proyectos, "defraudaron o consintieron en que se defraudara al Estado", lo que implica la contratación y pago a beneficiarios que no reunían las condiciones exigidas por el programa y la aplicación de los fondos asignados para "el favorecimiento de la campaña electoral de Laura Soto". Todo ello, agrega la fiscalía, "bajo la aparente implementación y ejecución ilícita de los proyectos de la línea de inversión en la comunidad". También la fiscalía sostiene que Uziel Valle y Marisol Paniagua facilitaron la selección, contratación y pago de los brigadistas, "organizando sus labores para ocuparlos y destinarlos a tiempo completo al favorecimiento de la campaña". Gatica y Garrido, en tanto, supervisaron y presenciaron esas tareas. La diputada -según la acusación del Ministerio Público- intervino y facilitó los medios para seleccionar, contratar y pagar las labores de campaña de dichos trabajadores. La fiscalía asegura que la diputada presenció los trabajos, "a sabiendas de haber sido organizados para trabajar a tiempo completo en favor de su campaña, con la consecuente pérdida fiscal". A las 9:30 horas de hoy está fijada una audiencia en el tribunal de garantía de Valparaíso para debatir las solicitudes presentadas tanto por la defensa de algunos imputados como de los querellantes. En el primer caso, la defensa de Paniagua solicitó una ampliación del plazo de investigación. Sin embargo, el cierre de ésta por parte del Ministerio Público, antes de ser notificados de dicha solicitud, impide su reapertura. El Consejo de Defensa del Estado (CDE) solicitó una medida cautelar real que prohíba a la parlamentaria celebrar actos o contratos respecto de un departamento de su propiedad ubicado en Caleta Abarca, avaluado en $38 millones, con el objeto de precaver posibles acciones civiles y multas. El abogado representante del senador RN Sergio Romero, Cristián Letelier, pide la medida cautelar real de suspender el pago de la retención de las asignaciones que se establecen como gastos necesarios para su labor parlamentaria -por un total de $5.654.798-, atendiendo a que está desaforada.

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Rodrigo González Fernández
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