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viernes, mayo 16, 2014

La gran contradicción de Piketty

La gran contradicción de Piketty

JUAN RAMÓN RALLO (15-05-2014)
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Tal suele decir al economista Tyler Cowen, si fueran ciertas las conclusiones de Thomas Piketty acerca de una tasa de retorno del capital que aumenta por encima del crecimiento del conjunto de la economía (su famosa desigualdad r>g), la propuesta de política económica más razonable no sería un impuesto global sobre la riqueza (tal como propone Piketty) sino la privatización de las pensiones estatales. A la postre, si existe alguna tendencia subyacente que impulse a que la inversión se revalorice sobreproporcionalmente al resto de la economía, ¿por qué reprimir políticamente esa tendencia (impuesto sobre la riqueza) en lugar de permitir que toda la sociedad se aproveche de ella (privatización de las pensiones)?

Extrañamente, Cowen acusa a Piketty de omitir cualquier referencia a la privatización de las pensiones como alternativa a su ambicionado impuesto sobre la riqueza. Pero no: en su libro, Capital en el siglo XXI, Piketty sí valora escuetamente la posibilidad de privatizar las pensiones y, a mi juicio, sus opiniones a este respecto son mucho más sabrosas y reveladoras de lo que podría serlo cualquier omisión.

Piketty, sobre la privatización de las pensiones

Así, de acuerdo con Piketty, la transición hacia sistemas de pensiones privados y de capitalización —merced a los cuales los trabajadores podrían beneficiarse de la sobreproporcional revalorización del capital— no es una buena idea por lo siguiente: "A la hora de comparar los méritos del sistema de reparto y del sistema de capitalización hay que tener en cuenta que el retorno del capital resulta extremadamente volátil. Sería muy arriesgado invertir todos los ahorros para la jubilación en los mercados financieros globales. El hecho de que r>g como media no significa que eso sea cierto para toda inversión individual. Para una persona con recursos que pueda esperar entre 10 y 20 años para cosechar los beneficios, el retorno sobre el capital puede ser ciertamente atractivo. Pero cuando se trata de sufragar los gastos básicos de toda una generación, sería bastante irracional jugárselo todo a la ruleta rusa". Es decir, según Piketty las pensiones no pueden privatizarse porque la tasa de retorno sobre el capital es una magnitud individualmente demasiado volátil e incierta.

Según Piketty, el empresario tiende a convertirse en un rentista que domina crecientemente a aquellos que no poseen nada salvo su trabajo

Llegados a este punto, recordemos el propósito general de la obra del francés: de acuerdo con este economista, el capitalismo tiende a exhibir una tasa de retorno del capital superior al crecimiento del conjunto de la economía, lo que provoca que los capitalistas se vayan volviendo proporcionalmente más ricos y copando porciones mayores de la renta de una sociedad. Tal como el propio Piketty resume: "El empresario tiende a convertirse en un rentista que domina crecientemente a aquellos que no poseen nada salvo su trabajo. Una vez acumulado, el capital tiende a reproducirse a sí mismo más rápido de lo que aumenta la producción. El pasado devora al futuro". O todavía peor: "Con independencia de si la riqueza de una persona de 50 o 60 años es producto del ahorro o de la herencia, lo cierto es que, a partir de cierto nivel, el capital tiende a reproducirse a sí mismo y a acumularse exponencialmente. La lógica de r>g implica que el empresario siempre termina transformándose en un rentista".

La contradicción de Piketty

Es obvio que existe una contradicción profunda entre estos dos razonamientos de Piketty. Por un lado, el francés proclama que el capital se reproduce solo y de manera automática, lo que contribuye a su irrefrenable acumulación en cada vez menos manos; por otro, sostiene que el capital sólo se autorreproduce en términos medios, siendo altamente volátil e incierto como mecanismo individual de acumulación de riqueza. De hecho, este último razonamiento es el que yo mismo ofrecí hace unas semanas para criticar la visión de Piketty de que los superricos son cada vez más superricos: no sólo sucede que los multimillonarios de finales de los 80 no son los mismos que los multimillonarios actuales sino que muchos de ellos han perdido desde entonces más del 80% de su fortuna.

Es más, si de alguna manera deseáramos combinar las dos afirmaciones anteriores de Piketty, el sentido común nos indica que deberíamos hacerlo de forma inversa a cómo lo está haciendo el francés. Salvo honrosas excepciones, la fortuna de los superricos suele estar concentrada en unas pocas empresas (Bill Gates en Microsoft, Amancio Ortega en Inditex, Larry Ellison en Oracle, los hermanos Koch en Koch Industries, la familia Walton en Wal-Mart, etc.) que, por consiguiente, sí están sometidas a una volatilidad e incertidumbre potencialmente muy elevadas: si alguna de esas compañía desapareciera, la fortuna del correspondiente superrico se extinguiría. En cambio, las pensiones privadas de capitalización se hallarían invertidas en una amplia y diversificada cartera con millares de empresas, de modo que las clases medias se hallarían expuestas a la volatilidad del conjunto del mercado y no de una empresa o de un sector en particular: en ese sentido, la rentabilidad media de los mercados de valores durante el último siglo se sitúa alrededor del 5,5% anual. A largo plazo —el plazo en el que se invierte para la jubilación— se trata de un retorno bastante estable y con escaso riesgo: todo lo contrario que la inversión en empresas individuales.

A menos que Piketty esté sugiriendo que las empresas de los superricos son sistemáticamente más conservadoras que las del resto de la economía, carecería de sentido su afirmación de que cuanto más rico se vuelve un individuo, más automáticamente se capitaliza su riqueza. Ahora bien, si Piketty asume que las inversiones de los ricos son muy poco arriesgadas, entonces no se entiende que, a su vez, sostenga que los más ricos obtienen rendimientos extraordinarios por encima del resto del mercado.

¿Más rentabilidad a menor riesgo? Si eso fuera así, sólo cabrían dos explicaciones: una, que las empresas de los superricos gocen de privilegios gubernamentales; dos, que las empresas de los superricos generen mucho más valor para los consumidores que todas las restantes debido a ubicarse siempre dos pasos por delante de la competencia. En el primero caso, lo razonable sería que Piketty reclamara la supresión de tan nocivos incentivos gubernamentales; en el segundo, que Piketty aplaudiera la excelente gestión de los accionistas a la hora de maximizar el valor de sus modelos de negocio pese a la presión competitiva. Sin embargo, este último reconocimiento atentaría de lleno contra una de las tesis centrales del libro del francés: a saber, que la acumulación de capital es un proceso automático e independiente de los méritos del inversor a la hora de gestionar su capital (motivo por el cual puede ser sujeto a un tributo sobre la riqueza).

En definitiva, como dice Tyler Cowen, si aceptamos el mensaje esencial del libro de Piketty, las pensiones públicas deberían ser privatizadas. El economista francés sólo es capaz de esquivar esta inapelable conclusión incurriendo en una profunda contradicción interna que pone en solfa la perspectiva filosófica con la que analiza sus datos económicos. En el fondo, y como ya explicamos, la gestión y acumulación de capital es un muy complejo proceso de adaptación a un entorno dinámico y cambiante cuyos riesgos y dificultades sólo pueden minimizarse o a través de un extraordinario conocimiento del sector económico en el que se está invirtiendo (sólo disponible para los ahorradores exitosos y habilidosos) o a través de una amplia diversificación de activos (sólo disponible para los ahorradores medios). Ahorro e inversión empresarialmente inteligente: los dos grandes activos que explican el enriquecimiento de una sociedad respetuosa con los derechos de propiedad y los contratos.

Fuente:VOZPOPULI

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ALA PITUTOCRACIA FORMA PREFERIDA DE BACHELET PARA NOMBRAR DIRECTORES EN EPMRESAS PUBLICAS

UDI oficia al gobierno y pide detalles de designación de directores en empresas públicas

Diputados gremialistas elaboraron unoficio para ser remitido al Ministerio de Economía y al SEP.

La solicitud coincide con el nombramiento de una de las hijas de Frei en EFE y de Carmen Frei en la Polla de Beneficencia.

por Paulina Toro - 16/05/2014 - 02:06
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El martes, cuando los diputados de la UDI Felipe Ward y Renzo Trizotti se enteraron por la prensa de que una de las hijas del ex Presidente Eduardo Frei, Magdalena, había sido nombrada directora de Ferrocarriles del Estado (EFE), de inmediato contactaron a sus asesores de bancada para elaborar un oficio. 

Un día después ingresaron el documento  para ser remitido al ministro de Economía, Luis Céspedes; a la subsecretaria de la cartera, Katia Trusich, y a Carlos Alvarez, presidente del consejo directivo del Sistema de Empresas Públicas (SEP), solicitando información detallada del proceso de nombramiento de los directores  de 32 empresas del Estado.

A la designación de Magdalena Frei, en la oposición también llamó la atención el nombramiento de la hermana del ex mandatario, Carmen Frei, en el directorio de la Polla Chilena de Beneficencia.

El oficio, firmado además por el diputado  Gustavo Hasbún, demanda conocer  sus currículos, el número de directorios que integran, las remuneraciones y cargos que ejercían antes de ser designados por este gobierno. También se pide conocer si actualmente desempeñan algún cargo en paralelo. 

Del mismo modo, a través del oficio, los legisladores  solicitan saber en qué sociedades o empresas relacionadas al actual cargo pudiesen haber tenido participación, para verificar eventuales conflictos de interés.

Pese al interés por conocer el proceso de nombramientos en EFE, los diputados gremialistas explican que la ofensiva no apunta únicamente al arribo de la hija del ex mandatario a la empresa. 

"Esto no es una cacería de brujas. Queremos saber si hay contrataciones en base a meritocracia o a pitutocracia", dijo Ward.

"Creemos necesario fiscalizar este tipo de nombramientos. La Concertación nos tuvo 20 años acostumbrados a nominaciones basadas en compadrazgos", agregó Trizotti.

La ofensiva de la UDI se suma a los oficios que serán remitidos a todos los ministerios para informar detalles de la remuneración de su personal, ante denuncias sobre alzas salariales.

Fuente:

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DAVID GALLAGHER La arremetida de los eslóganes

REFORMA TRIBUTARIA 

La arremetida de los eslóganes

"Es porque han tenido que cuadrar tantos círculos que a los técnicos de la Nueva Mayoría se les ve tan poco convencidos de sus políticas, y tan agresivos al explicarlas. Es que en su corazón siempre supieron que no aguantaban mucha discusión racional..."

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Un aspecto notable de la reforma tributaria ha sido la singular combinación de simplismo y de agresión con que los ministros y sus parlamentarios la han pregonado y defendido. Sordos a sus críticos, a quienes descalifican, procuran venderla con aseveraciones equívocas repetidas al unísono, como si las hubieran aprendido de memoria.

Algunas estaban desde el comienzo, como esa de que las empresas en Chile ya no necesitan reinvertir sus utilidades. Pero hay otras más nuevas, como aquella de que los inversionistas no se fijan en la carga tributaria de un país para invertir. Les importaría solo su estabilidad institucional, la confiabilidad de sus reglas del juego, cosas que Chile tendría ganadas.

Nada más absurdo. Si se implementa la reforma tributaria, y el impuesto a las empresas sube al 35 por ciento, será el tercero más alto de la OCDE, después de Estados Unidos, con 39,1 y Japón con 36 por ciento. Imposible que eso no inhiba a los inversionistas, sobre todo que en otros países hay exenciones y rebajas. En Estados Unidos, por ejemplo, la tasa promedio efectiva es de solo el 12,6 por ciento.

Es cierto que los inversionistas valoran la estabilidad institucional y la confiabilidad de las reglas del juego, y que en Chile las teníamos ganadas. Pero eso era en un pasado que nuestras autoridades ahora repudian. Un shock tributario de la magnitud propuesta representa una inmensa ruptura de las reglas del juego; para qué hablar del séquito de medidas adicionales que se van proponiendo, como la derogación del DL 600. Eso que todavía sabemos poco de la nueva Constitución. Agréguese la alarma que produce ver a autoridades dar explicaciones que revelan -no sé cuál es peor- o ignorancia, o desprecio por la verdad y la racionalidad, y se entiende el descorazonamiento que hay entre los inversionistas y ahorrantes del país, sean chicos o grandes. Por algo la reforma tributaria se vuelve cada vez más impopular. Más de una encuesta revela que la gente cree que sí va a afectar a la clase media. En cuanto a que "van a pagar más los que más pueden", aparte de ser una obviedad, no es un gran consuelo, porque cualquiera sabe que los que más pueden son los que menos sufren.

Una reforma mal concebida ha complicado las loables intenciones de la Presidenta de darnos un país más inclusivo. Y eso que apenas empezamos a discutir lo que promete ser una reforma educacional muy confusa, en que el esfuerzo recaudatorio se va a destinar a traspasos de un bolsillo a otro y no a inversión en calidad. Qué raro que no se prefiera invertir todo ese dinero en mejorar la educación escolar pública.

¿Cómo ocurrió todo esto? Una hipótesis. A los técnicos de la Nueva Mayoría se les encomendó una misión imposible. La de trasladar a políticas públicas un paquete de eslóganes ideados por intelectuales de una izquierda sesentera, y refractados desde la calle con euforia estudiantil; eslóganes cuya seductora simpleza había conquistado a las cúpulas de la Nueva Mayoría, y que Michelle Bachelet tuvo que adoptar al llegar a Chile. Es porque han tenido que cuadrar tantos círculos que a los técnicos se les ve tan poco convencidos de sus políticas, y tan agresivos al explicarlas. Es que en su corazón siempre supieron que no aguantaban mucha discusión racional, por lo que había que imponerlas con aplanadora. Por otro lado, donde las políticas públicas emanan de eslóganes, es difícil difundirlas sin recurrir a más eslóganes.

En estos días en que pareciera que se quiere volver a un socialismo sesentero, qué difícil no sentir nostalgia por un año como el 2000, cuando se instalaba el primer Presidente socialista en treinta años, para implantar en el país una sana socialdemocracia del siglo 21.

















































































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jueves, mayo 15, 2014

DIPUTADO MORALES SOLICITA “LLAMAR A CONSULTA” A EMBAJADOR GABRIEL ASCENCIO TRAS APOYO DE PRESIDENTE DE ECUADOR A DEMANDA BOLIVIANA

DIPUTADO MORALES SOLICITA "LLAMAR A CONSULTA" A EMBAJADOR GABRIEL ASCENCIO TRAS APOYO DE PRESIDENTE DE ECUADOR A DEMANDA BOLIVIANA

Publicado el 15 de mayo del 2014

El parlamentario e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, aseguró que los dichos de Rafael Correa "son graves, porque está interfiriendo en un tema entre dos naciones, y que los tratados ya lo tienen absolutamente zanjado".

     El diputado Celso Morales (UDI), integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, solicitó al Gobierno que llame a consulta al embajador de Chile en Ecuador, Gabriel Ascencio, tras las declaraciones que el Presidente Rafael Correa hizo apoyando la demanda boliviana.

    "Las declaraciones que efectuó el Presidente del Ecuador Rafael Correa, representan una grave intromisión en los asuntos internos de nuestro país, porque opinó sobre un tema entre dos naciones; y no es pertinente que un tercer país, a través de su máxima autoridad, emita declaraciones apoyando una solicitud como la que está haciendo Bolivia", dijo el parlamentario.

    Por ello Morales solicitó "a la Presidenta Michelle Bachelet que llame a consulta al embajador de Chile en Ecuador, Gabriel Ascencio, por este apoyo que el Presidente Correa le entregó a Bolivia en su demanda marítima".

    "Y el hecho tiene un antecedente aún más grave - enfatizó el legislador - porque el apoyo fue entregado durante una visita oficial de Correa a nuestro país".

    Frente a la cita sostenida por la Primera Mandataria con los ex presidentes el diputadoCelso Morales, dijo que "valoramos profundamente la reunión de esta mañana entre la Presidenta Michelle Bachelet y los ex presidentes Aylwin, Frei, Lagos y Piñera, ya que aquí estamos frente a un tema de Estado; y el apoyo por parte nuestro a las decisiones que tome el Gobierno es irrestricto, tal como ocurrió en el litigio con el Perú".

    "Lo más importante es que los ex Presidentes junto a la Presidenta Bachelet, coincidieron en un análisis que nosotros hicimos hace un par de semanas en la Comisión de Relaciones Exteriores, y que dice relación con impugnar la competencia del Tribunal de La Haya en esta demanda", precisó Morales.

    Sobre lo anterior, el diputado UDI agregó que "acá el Tratado de 1904 es sólido, y eso Bolivia lo debe tener claro, por lo que defenderemos nuestros intereses basados en el derecho internacional, y no con argumentos que tienen fundamentos sólo en lo político y comunicacional".

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    COMISIÓN DE HACIENDA DESPACHÓ SIN VOTOS EN CONTRA PROYECTO QUE CREA ADMINISTRADOR PROVISIONAL

    COMISIÓN DE HACIENDA DESPACHÓ SIN VOTOS EN CONTRA PROYECTO QUE CREA ADMINISTRADOR PROVISIONAL

    Publicado el 15 de mayo del 2014

    La instancia ratificó por nueve votos a favor y cuatro abstenciones el mismo texto despachado por la Comisión de Educación. El proyecto será visto por la Sala el próximo martes 20 de mayo.

       Con la presencia del Ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, y del Subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó y despachó a la Sala el proyecto (boletín 9333) que crea las figuras de administrador provisional y de cierre para instituciones de educación superior y que fija regulaciones en materia de administración provisional de sostenedores educacionales.

      La instancia tuvo que pronunciarse respecto de seis artículos de la propuesta legal relativos a materias propias de su competencia, los cuales fueron ratificados por nueve votos a favor (ocho diputados de la Nueva Mayoría más el diputado RN Diego Paulsen) y cuatro abstenciones, todas provenientes de diputados de la UDI.

      El Ministro Eyzaguirre agradeció el expedito trabajo de los diputados, tanto de la Comisión de Educación como de Hacienda, y muy particularmente la conducción de sus presidentes, diputados Mario Venegas (DC) y Pablo Lorenzini (DC), respectivamente. Destacó que en ninguna de las dos instancias hubo votos de rechazo al proyecto, lo que estimó es una buena señal y una verificación del sentido de fondo de la propuesta. "Se entendió bien que el único interés del Gobierno es proteger los derechos de los estudiantes", puntualizó.

      Estimó que, en la medida que se avance con celeridad en el trámite legislativo, se podrá dar una señal de tranquilidad a decenas de miles de estudiantes que hoy pueden estar sintiendo inseguridad respecto de la continuidad de sus estudios. 

      El diputado Lorenzini recordó que la recién despachada reforma tributaria (desde la Cámara) contempla recursos, justamente, para sustentar la reforma a la educación, respecto de la cual este proyecto es parte inicial.

      Destacó el trabajo efectuado y la colaboración del sector opositor para trabajar en conjunto y resaltó que el Ministro de Educación estuvo asequible a muchas de las indicaciones presentadas por los legisladores. Adicionalmente, anunció que la Sala de la Cámara de Diputados analizará este proyecto el próximo martes 20, con lo cual se espera cumplir con el compromiso con la Presidenta Michelle Bachelet.

      El diputado Manuel Monsalve (PS) valoró que este proyecto permita la introducción de administradores provisionales y de cierre en establecimientos de educación superior, de modo de evitar situaciones como las vividas con la Universidad del Mar (UDM), en donde miles de estudiantes quedaron en estado de abandono respecto de sus proyectos estudiantiles.

      "Frente a situaciones de crisis económica, académica o administrativa de las instituciones, el Estado chileno va a poder garantizar a los estudiantes la continuidad de sus estudios, eso es muy importante en el marco de garantizar el derecho a la educación", planteó.

      El diputado Felipe De Mussy (UDI) reconoció que existe un problema y que es preciso abordar cambios en el sistema, sin embargo, criticó la celeridad que se le impone al debate, restando opciones a la discusión de modificaciones a texto legal. "No va a salir un proyecto tan bueno como podría haber sido", estimó.

      Sostuvo que la actual redacción mantiene una suerte de discrecionalidad a favor del Estado, ya que será el Gobierno de turno el que podrá elegir a los administradores, por lo que se mostró partidario de fijar órganos intermedios que puedan hacer dicho trabajo. Además, consideró que tampoco existe mucha claridad respecto de los recursos involucrados.

      Precisiones en el Debate

      En la sesión de hoy, el Ministro Nicolás Eyzaguirre explicó a los diputados algunos puntos del proyecto que fueron observados tanto en la jornada de hoy como durante el trámite en la Comisión de Educación, específicamente, el tema de la revisión de los contratos, la forma en que operará el sistema y los recursos estatales involucrados.

      Respecto del primer punto, reconoció que la regla habitual es que los contratos se resuelvan entre privados, pero recordó que cuando hay derechos ciudadanos envueltos y está en juego la fe pública, el Estado debe hacerse responsable de las eventuales consecuencias de la interrupción de los servicios entregados por los prestadores. En este plano, acotó, se explica la participación de un administrador provisional, figura ya vigente para las Isapres, AFPs y bancos, que posee esta facultad de revisar contratos firmados por la entidad intervenida. 

      Indicó que la idea original era poner en discusión qué derecho era el que predominaba, si el de los estudiantes o el de los acreedores sobre la universidad, en virtud de contratos ya celebrados (entendiéndose que ambos se oponen en una situación de crisis), pero resaltó que finalmente se optó por acotar la opción a lo establecido en el Código Civil, es decir, definir que los contratos serán revocables cuando sean "maliciosos", calificación que debe ser sancionada por un juez de la República. 

      "Hay posibilidad de revocar contratos vigentes que hayan sido celebrados con anterioridad, si y solo si, se prueba judicialmente que es un contrato malicioso", precisó.

      En cuanto a la forma en que operará el nombramiento de un administrador provisional, informó que, tras evaluar en su mérito una determinada denuncia, la División de Educación Superior del Ministerio podrá proceder a una investigación del establecimiento, debiéndose notificar sobre el respecto al investigado (hoy no es obligatoria este requisito). Luego, se abre una opción para los descargos del afectado que, de desestimarse, podrá impulsar una de las siguientes opciones: sobreseer el caso; dar un plazo de 120 días para que la institución supere los problemas detectados; o promover una presentación ante el Consejo Nacional de Educación (CNE) para solicitar la designación de un administrador provisional o de cierre.

      Precisó que, tras un acuerdo alcanzado con los diputados de la Comisión de Educación, se definió que el CNE deberá aprobar la designación de un administrador provisional con el voto favorable de la mayoría de sus miembros en ejercicio, en sesión convocada para ese efecto. Además, se posibilitó que esta instancia, antes de dar su aprobación a la medida, efectúe audiencias donde el imputado justifique sus actos.

      Finalmente, en materia de recursos, el Ministro y el Subsecretario Micco aclararon que el costo de implementar un administrador será de cargo de la institución intervenida y sostuvieron que sólo se utilizarán recursos fiscales para garantizar la continuidad de estudios de los alumnos, una vez que se haya verificado este costo excede a los recursos vigentes del establecimiento.
      Fuente:

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