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domingo, septiembre 14, 2008

Congelan tramitación de veto al proyecto que regula el lobby a la espera de nueva iniciativa acordada con el Ejecutivo

La Sala adoptó la decisión para precisar de mejor manera los acuerdos suscritos en un protocolo consensuado con los senadores y perfeccionar algunas disposiciones de la iniciativa que quedaron sin sentido luego que se perdieran algunas normas en la Cámara Baja.

Senador Hernán Larraín, Región del Maule

A la espera de que el Ejecutivo ingrese un proyecto de ley que recoja los aspectos fundamentales de un protocolo que consensuó con los senadores y que, además, corrija algunas disposiciones que quedaron sin sentido luego de que se rechazaran algunas normas en la Cámara Baja, el Senado acordó congelar la tramitación del veto al proyecto que regula el lobby o gestión de intereses.

Para ello, se resolvió que dicho texto legal sea remitido nuevamente a la Comisión respectiva, para que en el intertanto, el Ejecutivo acerque posiciones con los senadores y lograr un proyecto consensuado que sea despachado rápidamente por ambas ramas del Congreso.

Luego que los senadores Nelson Ávila, Hernán Larraín, Jaime Orpis, Alejandro Navarro, Alberto Espina y Ricardo Núñez manifestaran sus aprensiones respecto de los efectos que podrían producir algunos cambios propuestos en el veto y de la incoherencia en la redacción de algunas normas. el Ministro Secretario General de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo propuso dos alternativas.

La primera de ellas, es que una vez concordado el texto del proyecto complementario, se despache el veto un día determinado para que se promulgue al día siguiente y el subsiguiente se despache la iniciativa consensuada.
"La otra fórmula sería: se deja dormir este proyecto sin urgencia y concordado el texto del nuevo proyecto, ustedes despachan una sola ley rápidamente en el Senado y la Cámara. Es cosa de voluntad política", dijo el secretario de Estado.

Al respecto, el Presidente del Senado, Adolfo Zaldívar, manifestó que "nos inclinaríamos rápidamente por lo segundo".

PERFECCIONAR LA FUTURA LEY

Cabe recordar que la votación del veto u observaciones presidenciales al proyecto que regula el lobby, ya se había postergado la semana pasada a raíz de las dudas que manifestaron algunos senadores sobre determinadas normas que quedaron incompletas.

Esto, pues en el trámite en la Cámara de Diputados se rechazó un artículo que enumeraba los grupos, instituciones y personas que no incurren en actividades de lobby, por lo que existe un vacío respecto de qué actividades o reuniones se tendrán que consignar en los registros que lleven las autoridades de la administración pública, específicamente los del gobierno y el Congreso.

Asimismo, hubo algunos senadores que no se mostraron de acuerdo con ciertos ejes centrales del veto del Ejecutivo, como que se amplíe la regulación de la ley a las actividades de lobby "no profesional".

El senador Ávila señaló que esta iniciativa de poco servirá a los ciudadanos "comunes y corrientes" pues sólo abre espacios para que sólo los grupos ya establecidos que se dedican a la gestión de intereses sigan desarrollando su labor, pero ahora amparados en la legalidad. Junto con manifestar que es escéptico en cuanto a que se esté haciendo una contribución efectiva en materia de transparencia, señaló que "pienso que una vez más saldrá del Congreso una disposición que contribuye a fortalecer lo que tenemos, pero que no ayuda en modo alguno a aquellos que nosotros estamos en la obligación de defender".

Por su parte el senador Larraín manifestó que el veto del Ejecutivo complicó aún más un tema de por sí difícil, pues al ampliar la aplicación de la ley a los lobbystas no profesionales se cae en un ámbito similar al "mar sin orillas". En su opinión, esta ampliación va a significar en que las autoridades deban informar pormenorizadamente de todas las reuniones que sostengan y eso significará que "por regular el lobby, lo que vamos a hacer es ponerle una amarra a las autoridades y no es eso de lo que se trata, sino que de eliminar el tráfico de influencias".

El senador Orpis coincidió con lo anterior señalando que el cambio más fundamental que tiene este veto es que en el proyecto original se regulaba el lobby profesional y remunerado, y aquí se adicionan personas que no realizan lobby de manera remunerada, pero que lo hacen con una habitualidad de ocho gestiones en un período de un mes o más de 15 en un trimestre. Al no contar con una especificación de cuales son las organizaciones que no realizan lobby, se generaría –según el legislador- un problema al momento de determinar la habitualidad a través de un registro.

Por su parte el Ministro Viera-Gallo precisó que en el protocolo acordado con los senadores de la Comisión de Gobierno quedó claramente expresada la voluntad de precisar y perfeccionar algunos ámbitos de la ley y aseguró que nadie pretende hacer una "cacería de brujas", sino que simplemente transparentar las relaciones que tienen los grupos de poder con las autoridades.

Si bien el senador Navarro era partidario de votar inmediatamente el veto para no dilatar más un proyecto que "constituye un avance sustantivo en materia de transparencia", se allanó a la fórmula planteada por el senador Larraín y Espina.

Éste último aseguró que es partidario de que el veto se mantenga en statu quo, pues se trata de legislar bien sobre el lobby y recoger los aspectos positivos del veto y precisar las disposiciones incongruentes del texto.

El senador Núñez reconoció que con este proyecto se avanzó sustancialmente, aunque no todo lo que se quisiera, pero se mostró partidario de buscar una fórmula que permita despachar una buena iniciativa.

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Rodrigo González Fernández
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Emplazan al Gobierno a entregar antecedentes de préstamo del BID

oscura forma de operar del gobierno

Emplazan al Gobierno a entregar antecedentes de préstamo del BID

El senador Jovino Novoa cuestionó además el papel jugado por la Contraloría respecto del plan de transportes capitalino.

Justo cuando el Ejecutivo retiró la urgencia para el proyecto que establece un subsidio al Transantiago y en vísperas de que la Sala someta a discusión y votación la iniciativa, el senador Jovino Novoa, renovó sus críticas al rol que ha tenido el Ejecutivo y la Contraloría en cuanto a los préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID para el Transantiago.

"Creemos que la Contraloría en materia del Transantiago no ha jugado un papel con la acuciosidad que corresponde. En la toma de razón de los recursos del 2% constitucional nosotros vamos a estar muy pendientes de que la Contraloría haga bien las cosas" afirmó el integrante de la Comisión de Transportes.

El parlamentario indicó que "el organismo contralor bien pudo haber objetado estas operaciones de financiamiento, o haber parado el préstamo del Banco del Estado, o pudo haber dicho que la cuenta no era para endeudarse o haber exigido el destino de los fondos que se recibían".

Por estas razones, el legislador solicitó al Gobierno mayor información sobre el crédito de US$ 400 millones que otorgó el BID al Transantiago, operación que fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Aclaró que "supuestamente esta era una operación entre el sistema de transportes y el mencionado banco".

Por ello, se preguntó "¿qué están haciendo funcionarios del BID negociando con el Ministro de Hacienda, Andrés Velasco y con el Ministro de Transportes, René Cortázar?, no quedamos en que era una operación entre privados y que la deuda con el BID la había contraído el sistema".

Puntualizó que "el camino que tiene que seguir el BID es muy simple. Primero tiene que ir a cobrarles el cheque al sistema. Si el sistema no le paga, tendrá que operar la garantía de Corfo. El BID tendrá que seguir esos pasos para cobrar la deuda, a menos que haya algo que nosotros no sepamos, y que por debajo el Gobierno se haya comprometido con el BID a pagarles el crédito".

A juicio del senador Novoa, es fundamental que exista un total esclarecimiento de esta operación "¿qué documentos se firmaron y qué compromisos se tomaron. Y que se explique de una forma razonable por qué en una operación privada, el BID viene a hablar con los Ministros de Hacienda y de Transportes"

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omisión de Trabajo reactivó debate de normas que sancionan el acoso laboral y moral en el trabajo

ACOSO LABORAL Y MORAL EN EL TRABAJO

Comisión de Trabajo reactivó debate de normas que sancionan el acoso laboral y moral en el trabajo

Según explicó el presidente de esa instancia legislativa, senador Andrés Allamand, uno de los mayores desafíos será alcanzar una definición de acoso laboral que no genere ningún problema a nivel jurisprudencial.

Terminar con las conductas de acoso laboral o de acoso moral en el trabajo es el objetivo central de las dos mociones parlamentarias que comenzaron a ser analizadas por la Comisión de Trabajo que preside el senador Andrés Allamand.

Se trata de un proyecto presentado por el senador Alejandro Navarro que apunta a incorporar al Código del Trabajo una definición sobre el acoso moral o psicoterrorismo, señalando que se entenderá por ello "toda acción hostil del empleador, sus agentes o subordinados, destinada a violentar la dignidad y que, permaneciendo en el tiempo, cause incapacidad física o psíquica o muerte del trabajador".

Por otra parte, está la moción, en segundo trámite, presentada por los diputados Ximena Vidal, Adriana Muñoz, Enrique Jaramillo y Fidel Espinoza, que señala que "el acoso laboral es una práctica que importa una violación a los derechos esenciales que emanan de la persona humana, y es incompatible con el principio de respeto a la dignidad de la persona".

Agrega que se entenderá por acoso laboral, toda acción u omisión grave y reiterada del empleador, o de uno o más trabajadores, ejercidas en contra de un trabajador en el lugar de trabajo común, y que implique alguna forma de violencia o coacción psicológica, teniendo como objetivo o resultado provocar un menoscabo personal o material en el afectado, o bien poner en riesgo su situación laboral.

DISCUSIÓN ACUCIOSA

Según explicó el senador Allamand, "los diversos miembros de la comisión manifestaron su preocupación y su interés por legislar en esta materia, pero al mismo tiempo se solicitaron informes de legislación comparada, la asistencia a la Comisión de destacados profesores de derecho laboral y de jueces para que nos ilustren respecto a la mejor manera de materializar aquellas normas que permitan que no exista bajo, ninguna circunstancia, al interior de las empresas y de los organismos públicos de la administración del Estado, prácticas de maltrato o de menoscabo de las personas".

El parlamentario recordó que en el pasado se legisló respecto del tema del acoso sexual, por lo que estas iniciativas constituyen "un paso más hacia la dignidad y la decencia del trabajo en Chile".

Sin embargo, advirtió que uno de los desafíos principales que tendrá la Comisión será el encontrar una definición de acoso laboral que no genere ningún problema a nivel jurisprudencial.

"Cuando se legisló sobre acoso sexual, gran parte del debate legislativo se centró en una adecuada definición y finalmente aquella que hoy día contempla el Código ha resultado satisfactoria y no ha generado problema a nivel jurisprudencial. El desafío legislativo de la Comisión es alcanzar una definición del acoso laboral que tenga las mismas características", sentenció.

Cabe recordar que las iniciativa también contemplan mecanismos para que los trabajadores que han sido víctimas de prácticas de acoso laboral puedan denunciarlas en un plazo de 60 días contados desde el último acto que las constituya.

Tales denuncias deberán ser recibidas por la Inspección del Trabajo respectiva, las que de conformidad a las normas pertinentes, conocerán de ellas pudiendo aplicar las sanciones que correspondan.

En tal sentido se señala que el acoso laboral efectuado por el empleador, o por uno o más trabajadores con conocimiento de éste, será sancionado con una multa a beneficio fiscal de 10 a 50 Unidades Tributarias Mensuales (desde $368.000 a $1.840.000), sin perjuicio de las acciones que el trabajador pudiere ejercer en conformidad a las reglas generales.

Cuando el autor del acoso sea uno o más trabajadores, la persona afectada deberá hacer llegar su reclamo por escrito a la dirección de la empresa, establecimiento o servicio o a la respectiva Inspección del Trabajo.

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Senador Núñez presentó proyecto que apunta a prevenir la ludopatía o adicción a los juegos en los Casinos

Senador Núñez presentó proyecto que apunta a prevenir la ludopatía o adicción a los juegos en los Casinos

La iniciativa obliga a los operadores de estos recintos a exhibir advertencias, similares a las que se utilizan con los cigarrillos y el alcohol, sobre esta patología o los efectos en su salud.

Senador Ricardo Núñez, autor de la iniciativa

La obligación de disponer de señalética con advertencias claras respecto de los efectos que puede producir la adicción a los juegos o ludopatía, en los casinos o salas de juego, propuso el senador Ricardo Núñez, a través de la presentación de una moción que modifica la ley marco que regula la autorización, funcionamiento y fiscalización de esos recintos en el país.

En lo fundamental, la iniciativa dispone que "en las salas de juego se deberán exhibir claras y precisas advertencias de los daños enfermedades o efectos sobre la salud de las personas, que implica la adicción al juego, las cuales deberán ser notoriamente visibles y comprensibles, y contener imágenes o leyendas en idioma español".

Asimismo, la moción parlamentaria señala que los operadores deberán disponer la entrega a los usuarios y jugadores que ingresen a las salas de juego de folletos explicativos sobre el juego responsable y los efectos en la salud de las personas de la adicción al juego.

Según explicó el senador Núñez la ludopatía consiste en una alteración progresiva del comportamiento por la que un individuo siente una incontrolable necesidad de jugar.

Se trata de una adicción que fue descrita por la Asociación Psiquiátrica Americana en 1980, que se evidencia en jugadores que pasan muchas horas en el lugar donde juegan, por lo que descuidan a su familia, amigos, trabajos y/o estudios.

REGULACIÓN NECESARIA

El senador Núñez manifestó que tras la aprobación de la ley marco de casinos de juegos, surgió la inquietud en distintos sectores, sobre los efectos que tendría este ejercicio lúdico en la salud mental de los jugadores y visitantes de estos establecimientos.

Agregó, que no obstante ser uno de los precursores de la idea de autorizar la instalación de casinos de juego en Chile ya que a su juicio contribuye "al desarrollo del turismo y la creación de empleos en nuestras regiones, estimo que es imprescindible prevenir los efectos negativos que puede tener esta actividad, especialmente cuando el juego se transforma ya no en una entretención o un pasatiempo, como debiera ser, sino que adquiere ribetes que alteran la personalidad, que la transforman en un vicio o adicción".

El legislador aseveró que aunque el Juego Patológico o Ludopatía es una enfermedad muy antigua "sólo en 1975 comenzó a estudiarse como tal y en 1980 se produjo su reconocimiento oficial, con la inclusión del juego patológico por parte de la Asociación Americana de Psiquiatría en la tercera edición del manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales."

Insistió en que los pacientes que presentan esta condición experimentan una progresiva inhabilidad para resistir los impulsos de jugar, de tal manera que el juego llega a alterar significativamente su funcionamiento a nivel personal, familiar, financiero, ocupacional y social.

El senador Núñez señaló que lamentablemente en Chile no se cuenta con estadísticas de esta patología, sin embargo en Estados Unidos se estima que este mal afecta entre un 1 y 3,4% de la población. Esta prevalencia se duplica en áreas donde hay un casino en un radio de 80 Km. para ambos sexos y tanto en adolescentes como adultos la prevalencia estaría actualmente en aumento.

Indicó que las personas con ludopatía frecuentemente retrasan la búsqueda de tratamiento debido a que se encuentran avergonzados de su problema e intentan mantenerlo en secreto mientras tratan de recuperar sus perdidas económicas.

Por ello y con el objeto de prevenir y contribuir a una política de salud que se adelante a las consecuencias negativas que pudiera llegar a tener esta actividad presentó esta iniciativa que busca replicar de alguna manera las advertencias que se utilizan con el cigarrillo y el alcohol.

Moción que apunta a mejorar los estándares mínimos de desempeño energético dio su primer paso en la Comisión

Así lo dio a conocer el senador Ricardo Núñez, quien afirmó que la Comisión de Minería respaldó en forma unánime la iniciativa que tiene como objetivo reducir y hacer más eficiente nuestro consumo de energía.

Comisión de Minería

Una positiva acogida tuvo el proyecto originado en una moción del senador Andrés Allamand que propone una implementación gradual de la venta al público de artefactos eléctricos como luminarias, refrigeradores y congeladores que disminuyan de un modo efectivo el consumo de energía.

La Comisión de Minería aprobó por unanimidad la idea de legislar sobre la iniciativa que también apunta a disminuir el impacto que la generación y transmisión eléctrica tiene sobre el medio ambiente.

Así lo afirmó el senador Ricardo Núñez, presidente de la instancia quien valoró la iniciativa que "también está en sintonía con la idea tanto del senador, Baldo Prokurica como mía para impulsar en Chile a través de este mismo proyecto una política de implementación de ampolletas LED, de bajo consumo".

Indicó que "estamos llegando a un punto donde los países desarrollados están implementando las políticas para la utilización masiva de ampolletas de este tipo y esperamos que el Senado sea el primer lugar de Chile donde todos los pasillos estén iluminados con esta nueva tecnología".

Explicó que la iniciativa que estimula la eficiencia energética propone la implementación de estándares mínimos de desempeño energético (EMDE) de productos como luminarias, refrigeradores y congeladores reduciendo así el gasto financiero de la ciudadanía en electricidad y aumentando la seguridad del suministro eléctrico.

Se contempla también fuertes multas de 50 UTM, es decir alrededor $1.840.000 para aquellos establecimientos que expendan estos artículos y que infrinjan las restricciones de consumo energético de sus productos.

Sin perjuicio de lo anterior, se dispone que el juez de policía local tendrá la facultad para decretar, en caso de reincidencia, la clausura, hasta por 30 días, del establecimiento industrial, comercial o importador en que se hubiere vulnerado la norma.

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Piden aclarar cualquier vinculación de grupos terroristas con La Araucanía

Senadores Alberto Espina y José García coincidieron en que es importante "identificar a quienes están detrás de los grupos que cometen atentados en La Araucanía porque lo que es claro es que poseen instrucción paramilitar".

Convencidos de que es indispensable dilucidar cualquier nexo de grupos terroristas que estén actuando en la Región de La Araucanía se mostraron los senadores Alberto Espina y José García. Los parlamentarios se refirieron así a la polémica surgida tras la filtración de la información sobre una presunta relación entre las FARC y grupos mapuches que investiga el Ministerio Público.

El senador José García resaltó la necesidad de que "la investigación avance y que la justicia haga claridad y se sepa toda la verdad sobre las conexiones con organismos violentistas del extranjero y, si las hay que se conozca de dónde proviene el financiamiento y dónde realizan sus entrenamientos paramilitares".

Afirmó que "debemos ser extremadamente cuidadosos para no interferir en la investigación judicial y en la investigación que hacen los organismos de inteligencia porque para la región es primordial, es vital, que se sepa quiénes son los responsables, que se les acuse conforme a la Ley, que tengan el debido proceso y sean sancionados".

Precisó que "lo que más queremos es que estos actos violentistas no queden en impunidad porque eso significa que perdemos oportunidades de inversión, de empleo, y en pocas palabras de un mayor desarrollo para nuestra Araucanía".

Respecto a posibles nexos de grupos mapuches con movimientos como el separatista vasco ETA, el senador García indicó que "eso no nos consta, lo único cierto es que muchas veces han sido detenidos ciudadanos extranjeros, entre ellos, algunos españoles, pero de ahí a que pertenezcan a grupos como ETA, por lo menos hasta aquí no ha quedado demostrado".

Sin embargo, el legislador mantuvo sus críticas a la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) "creo que ellos no han sabido anticiparse para prevenir los hechos de violencia que han ocurrido en la Región de La Araucanía o en la parte norte de Región de Los Ríos".

Por otro lado, reconoció que "sería más grave que estos hechos sí fueran conocidos por los organismos de inteligencia, pero el gobierno no los divulgue. No nos olvidemos que hoy, muchas personas que pertenecieron al MIR, al MAPU, al Frente Patriótico Manuel Rodríguez u otros grupos violentistas que operaron en Chile se encuentran trabajando en el gobierno y es probable que exista una suerte de concomitancia".

Por eso hizo "un llamado a los organismos de inteligencia, principalmente de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, a que cumplan su misión y sepamos realmente quiénes están detrás de estos actos de violencia y terrorismo para que sean sancionados y terminemos con la violencia que a nada conduce".

PRESIDENTA BACHELET"

Por su parte, el senador Alberto Espina, quien entregó los antecedentes de presuntos vínculos de la FARC con grupos mapuches al Ministerio Público aclaró que en este tipo de situaciones no corresponden las descalificaciones.

Por eso se mostró partidario de que el Ministerio Público "investigue con seriedad" los antecedentes que, en su momento se le entregaron. En ese sentido recordó que hace unos tres años, "el Senado entregó un informe que dejaba en evidencia que hay nexos entre el Partido Comunista, el Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), el Movimiento Manuel Rodríguez y el Lautaro y un brazo de las FARC llamado Coordinadora Bolivariana, pero la autoridad no hizo nada".

El parlamentario sostuvo que ese texto contenía cientos de páginas web con contactos entre las FARC y terroristas chilenos, por lo mismo, se preguntó: ¡si esta información que está disponible desde el 2005 ¿qué ha hecho el gobierno al respecto? y ¿cuánta labor de prevención se ha hecho?".

Por estas razones, criticó al Ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, quien aseguró que no hay nexos importantes de estos grupos con La Araucanía y señaló "¿por qué igual no se ha investigado?. Si no es normal que en un país hayan grupos de extrema izquierda y no es normal que tengan vínculos con grupos terroristas".

El senador Espina puntualizó que "lo único que queremos es qué se diga: quiénes están detrás de estos vínculos, quiénes son los contactos, qué grado de penetración tienen en el país, o si reciben recursos desde el extranjero".

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