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lunes, septiembre 10, 2007

El Mundo | 10.09.2007 ....un Dios para Europa

El Mundo | 10.09.2007

La divinidad en el Tratado europeo: un Dios para Europa

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Desde que Europa cuenta los años, su historia está ligada a la del cristianismo. La mayoría de los europeos son creyentes. Y sin embargo, el nuevo Tratado comunitario no incluirá ninguna referencia a Dios ni a Cristo.

Su misión era expandir la palabra del Señor. Para la evangelización, los kilométricos rollos de papiro no resultaban prácticos. Los cristianos optaron pronto por transportar el mensaje divino en códices al estilo romano: hojas de pergamino protegidas por dos tablas de madera. Así, no sólo contribuyeron a transmitir una creencia, sino que propagaron el uso de los primeros libros e iniciaron la difusión del mayor bestseller de todos los tiempos: la Biblia. Corría el siglo II d. C.

 

Europa y el cristianismo: una unión milenaria. Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift:  Europa y el cristianismo: una unión milenaria. "Afirmar que la cultura europea no está influenciada por el cristianismo es sostener una mentira histórica", opina Hubert Tientelott, portavoz del Comité Central de los Católicos Alemanes. "Una y otra vez constato que existen grandes déficit históricos cuando se trata de aceptar la influencia judía y musulmana en Europa", dice por su parte Aiman A. Mazyek, secretario general del Consejo Central de los Musulmanes en Alemania.

 

El debate se da, por lo menos en círculos políticos, por concluido. En el preámbulo del Tratado europeo que viene a sustituir a la frustrada Constitución, no se explicitará que el continente le debe su cultura al desarrollo del cristianismo. Y tampoco se plasmará referencia alguna a Dios.

 

Tres componentes, un sistema de valores

 

"Inspirándose en las herencias culturales, religiosas y humanistas de Europa, a partir de las cuales se han desarrollado los valores universales de los derechos inviolables e inalienables de la persona, la democracia, la igualdad, la libertad y el Estado de Derecho […]", podrá leerse definitivamente en el preámbulo del nuevo Tratado de la UE.

 

Las religiones monoteístas pedían que se mencionara a Dios en el Tratado de la UE. Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift:  Las religiones monoteístas pedían que se mencionara a Dios en el Tratado de la UE. En este párrafo, Dios brilla por su ausencia, pese a que, desde el cristianismo hasta el islam, las religiones monoteístas reclamaban su mención. Se indica la existencia de una "herencia religiosa". Y de una "humanista": en la cabecera del documento encuentra espacio precisamente la corriente ideológica que criticó con dureza el absoluto control de la vida del hombre por parte de la Iglesia, y colocó a la Humanidad en el lugar que hasta el momento había estado reservado a Dios, en el centro del universo.

 

"La formulación es correcta. Se habla de la herencia cultural y religiosa, teniendo en cuenta las diferentes fuentes de inspiración, y de una herencia humanista fruto de la Revolución Francesa y de la Ilustración. Esos son los tres componentes que representan el sistema de valores europeo, y los tres se encuentran especificados en el Tratado", comenta Jo Leinen, diputado europeo del grupo socialdemócrata.

 

Unidos en la diversidad

 

Eugène Delacroix, recorte de Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift:  Eugène Delacroix, recorte de "La Libertad guiando al pueblo": alusión a la Revolución Francesa. Mucha sangre corrió por las calles de Francia en 1789 para liberar al pueblo de un rey que decía gobernar por mandato divino. Los alemanes guardan malos recuerdos de los años entre 1931 y 1945, cuando el Estado quiso apropiarse de la mística, relegando a las iglesias. Los españoles no olvidan la "doctrina de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, única verdadera" que inspiró las leyes franquistas y se dejó fotografiar durante cuatro décadas a la vera del dictador. Por el contrario, para los polacos la Iglesia fue una luchadora activa contra su propia dictadura. "Europa: unida en la diversidad", reza uno de los eslóganes comunitarios más preciados.

 

"En los distintos países de la UE existen diferentes modos y culturas a la hora de enfrentarse a la relación entre religión y sociedad, entre religión y Estado", justifica Hans-Gert Pöttering, presidente del Parlamento Europeo, la decisión final de no hacer referencia a Dios en el futuro Tratado, ya no constitucional sino ahora denominado "de reforma".

 

Polonia recuerda la lucha del sindicato católico Solidaridad contra la dictaura comunista.Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift:  Polonia recuerda la lucha del sindicato católico Solidaridad contra la dictaura comunista.Nunca el Eurostat, el instituto de estadística europeo, ha preguntado a los ciudadanos de la Unión por sus creencias religiosas. Sin embargo, parece ser una evidencia que el cristianismo es la confesión más extendida en el continente, y que la mayoría de los europeos cree en un Dios. Ese Dios debería haber contado con una alusión directa en el texto comunitario, consideran Pöttering, como católico, y sus colegas de partido, como miembros de una agrupación política de orientación cristiana.

 

Frontales opositores de mezclar el cielo con la tierra fueron Francia y Bélgica, aludiendo al estricto laicismo de sus Estados. Pero también, reconoce Pöttering, el Parlamento Europeo votó en contra: la única institución totalmente democrática de la UE en la que encuentran representación todos los países miembros.

 

Europa y el cristianismo, ¿una discusión ficticia? ¡Siga leyendo!

 

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Refleja nuestro compromiso con la promoción y defensa de los derechos fundamentales

Refleja nuestro compromiso con la promoción y defensa de los derechos fundamentales

Por Andrés Chadwick, senador por la Región del Libertador Bernardo O"Higgins

Senador Andrés Chadwick, Región del Libertador Bernardo O"Higgins

Siempre tuvimos la voluntad política de crear este Instituto de Derechos Humanos y así ya lo habíamos expresado cuando votamos a favor la idea de legislar.

                  

Pero el proyecto tenía algunas normativas de carácter orgánico constitucional porque modificaban y alteraban la Ley de Bases de la Administración Pública y lo que buscábamos era tener un Instituto de Derechos Humanos pero dentro y compatible con nuestro ordenamiento jurídico y, especialmente, con nuestra Constitución y la Ley de Bases.

 

A raíz de ese planteamiento, sobre las normas de ley orgánica constitucional y el rango correspondiente, se abrió la posibilidad de tener una instancia para intercambiar nuestros puntos de vista sobre el proyecto con el Gobierno. Y, trabajamos con el  Ministro José Antonio  Viera-Gallo, con ese propósito, junto al senador Alberto Espina.
                  
Y así llegamos a presentar acordar una indicación que formalmente presentó el Ejecutivo, donde concordamos íntegramente el proyecto de ley del Instituto de Derechos Humanos, que  aprobó el Senado.
                  
En cuanto a la naturaleza jurídica del Instituto, se mantiene el hecho de ser una corporación autónoma de Derecho Público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Pero lo hacemos coherente con la Ley de Bases de nuestra Administración Pública, al señalar que este Instituto, con su autonomía, deberá relacionarse con el Presidente de la República a través del Ministerio de Justicia.
                  
En un principio nosotros habíamos concordado la situación de que quedase bajo la supervigilancia del Presidente de la República, a través del Ministerio de Justicia, pero hemos presentado una indicación, en conjunto con varios Senadores de distintas bancadas, para precisar aún más esta relación de Instituto autónomo y su relación con la Administración del Estado, que refleja la forma como se ha establecido en otros organismos autónomos, como el Consejo Nacional de Televisión y otro, la manera de relacionarse con el Presidente de la República.
                  
Por eso que en esa indicación señalamos y reiteramos su carácter de autónomo, de Derecho Público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Y agregamos que se relacionará con el Presidente de la República a través del Ministerio de Justicia. Y así hemos concordado también una indicación, que ya está presente en la Mesa.
                  
Junto a esta naturaleza jurídica, concordante con nuestro ordenamiento jurídico, también señalamos en las disposiciones de este Instituto que quedará bajo el control y fiscalización, en todo lo que concierne a sus actos administrativos, de la Contraloría General de la República, porque, a nuestro juicio, ningún organismo que se aparte de la organización del Estado puede estar exento o ajeno al control que corresponde, por la Constitución, a la Contraloría General de la República.
                  
En segundo lugar, en cuanto a la competencia de este Instituto, se señala -como venía en el proyecto originalmente- la promoción y protección de los derechos humanos, pero se enmarca su competencia -como lo ha dicho el Ministro Viera-Gallo- entre aquellos derechos humanos que son reconocidos por nuestra Constitución y nuestra legislación vigente. Esto implica, señor Presidente, un punto que es importante: que no tan solo, al fijarse la competencia de esta manera, entendemos como acto violatorio de los derechos humanos los que pueden hacer los agentes del Estado, sino que también, como lo dice nuestra Constitución, pueden quedar comprendidos aquellos que pueden ser cometidos por particulares con fines políticos, como son precisamente los actos de carácter terrorista.
                  
En cuanto a sus atribuciones, fundamentalmente, lo que hemos hecho con ellas es eliminar aquellas atribuciones que afectaban, a nuestro juicio, la independencia del Poder Judicial, ya sea en cuanto a solicitar antecedentes, emitir opiniones o pronunciarse sobre fallos o doctrinas jurídicas que emitan los tribunales de justicia. Los tribunales de justicia no tan solo tienen independencia propia dada por la Constitución, sino que es el organismo más relevante de nuestro ordenamiento jurídico, precisamente, para proteger a los ciudadanos de ser violados en sus garantías constitucionales o en sus derechos fundamentales.
                  
Por lo tanto, hemos eliminado todas aquellas atribuciones relacionadas o que perjudicaran la independencia del Poder Judicial. Y, al mismo tiempo, hemos eliminado aquellas atribuciones que constitucionalmente no eran procedentes en relación a la atribución exclusiva que tiene el Ministerio Público para ejercer la acción penal y para desarrollar la investigación penal en las causas que correspondan.
                  
En cuanto al Consejo de este Instituto, se ha hecho la modificación para efectos de darle una representatividad que sea la más amplia posible y que tenga una perspectiva de permanencia en el tiempo con la independencia y con la mayor representación, agregándose a la presentación original que se puedan designar dos personas por este Senado y dos personas por la Cámara de Diputados, debiendo hacerse con el quórum de los cuatro séptimos.
                  
Y, al mismo tiempo, se agrega una norma para efecto que establece un procedimiento de remoción de los consejeros de este Instituto en cuanto ellos, obviamente, vulneren la Constitución, sus atribuciones legales o ejerzan indebidamente su competencia, que queda, en definitiva, en manos de la Corte Suprema, que anteriormente el proyecto no lo contemplaba.
                  
En cuanto al personal de este Instituto, se establece que su dotación tendrá un límite máximo de 30 personas, que va a ser regido por las normas del Código del trabajo, por las normas del Derecho Privado, cosa que a nosotros nos parece lógico y coherente con el hecho de ser un organismo autónomo. Y celebro que se haya incorporado, que sean regidos por las normas del Código del Trabajo, pero obviamente en la ley tenemos que establecer un límite a esa dotación, que se ha fijado en 30 personas.
                  
Y cuanto al sistema reglamentario de aquellos funcionarios o empleados de esta institución, replicamos el sistema que está establecido en el Banco Central, en el sentido de que el Consejo tiene que dictar un reglamento del personal, con todos los elementos propios que digan relación con una carrera funcionaria al interior de este Instituto.
                  
Y, finalmente,  un punto que podía haber sido bastante complejo creo que se ha resuelto muy positivamente, en lo que dice relación con el artículo 3º transitorio y la creación de una Comisión especial para estudiar aquellas situaciones de víctimas de derechos humanos en el pasado que no alcanzaron, no pidieron, encontrar o entregar todos sus antecedentes a lo que fue originalmente la Comisión Rettig o posteriormente la Comisión Valech, para efectos de poder impetrar los beneficios correspondientes.
                  
Lo que se ha establecido es una suerte de continuidad o un nuevo plazo a lo que fue originalmente la Comisión Valech, para efectos de incorporar estos nuevos antecedentes que no pudieron ser presentados en su oportunidades, nuevos casos, nuevas situaciones no contempladas. Y no tanto solo a las víctimas de los derechos humanos producto de agentes del Estado, sino que hemos incorporado algo que es muy importante y que, a nuestro juicio, estaba pendiente -y creo que venimos a saldar de alguna forma una deuda también con ello-: aquellas víctimas de la violencia política cometida por particulares bajo pretextos políticos. Es decir, aquellas personas que sufrieron o fueron víctima también por acciones de las organizaciones u organismos terroristas que generaron situaciones de violencia política entre 1973 y 1990.
                  
Y un punto que a nosotros nos parecía importante era que, originalmente, el proyecto dejaba a la Comisión que se creaba el paso automático entre las situaciones calificadas y el otorgamiento del beneficio. Nosotros hemos solicitado -y así ha sido acogido- que el monto de los beneficios, los recursos que se destinen una vez que la Comisión haya concluido su trabajo de calificación, debe ser establecido por la Ley de Presupuestos, el monto máximo de recursos que se destinan a este efecto, una vez que conozcamos los casos calificados, el número de ellos y la forma en que se ha hecho el trabajo por esta Comisión.

 

En la Ley de Presupuestos del año 2009, una vez que se completen los plazos entregados a esta Comisión, tendremos que evaluar los recursos máximos que se van a destinar al pago de este beneficio aquí, en el Congreso Nacional, a través de la Ley de Presupuestos, como creo que corresponde.
                  
Con esto, creo que hemos alcanzado un perfeccionamiento de la ley del Instituto de Derechos Humanos. Para nosotros ratificar nuestra voluntad de que sí exista un Instituto preocupado de un tema tan fundamental como es la promoción y defensa de los derechos fundamentales de la persona humana. Y lo hemos hecho, además, dentro de nuestro ordenamiento jurídico y con una visión esencialmente puesta en el futuro, cosa que nos parece que le puede dar más permanencia y más trascendencia al Instituto que estamos construyendo en el día de hoy.
 
LUEGO HAY QUE IR POR EL PROYECTO DEL OMBUDSMAN  QUE CREA LA INSTITUCIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO PARA CHILE. NO ES POSIBLE QUE CHILE NO TENGA ESTA INSTITUCIONALIDAD.
Saludos
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JUSTICIA ACOGIÓ DEMANDA DE 18 MIL MILLONES CONTRA EL FISCO POR TRANSANTIAGO

Esto deberian hacer muchos otros ciudadanos y demandar al estado. Porque con el transantiago se violan los derechos humanos y ciudadanos de los chilenos
 
JUSTICIA ACOGIÓ DEMANDA DE 18 MIL MILLONES CONTRA EL FISCO POR TRANSANTIAGO

El magistrado del 11° Juzgado Civil de Santiago, Justo Villacura, aceptó iniciar la tramitación de la demanda por 18.000 millones de pesos por daños morales provocados por el Transantiago, que presentó hace algunos días un grupo de abogados en representación de casi 900 personas.

 

A contar de este lunes comenzará una investigación para dilucidar si efectivamente hay un padecimiento de los demandantes luego de la implementación del nuevo sistema de transporte público, en febrero pasado.

 

El proceso civil será un largo litigio que podría extenderse por varios meses, mientras se está a la espera de una resolución que autorizaría la publicación en un diario de circulación nacional para que más personas se sumen a otra demanda que existe en el mismo tribunal.

 

En ésta los suscritos podrán solicitar el pago de un millón de pesos por los perjuicios provocados por el Transantiago.

 

El 3 de septiembre el abogado Felipe Betancourt, en conjunto con otros juristas, presentaron en el Undécimo Juzgado Civil de Santiago la demanda que implica una indemnización de 20 millones de pesos para cada uno de los casi 900 afectados que se adhirieron a la acción legal.

 

El texto de la demanda describe al Transantiago como "sinónimo de largas caminatas y esperas; hacinamiento; aumento de horas de viaje; atrasos; grandes y graves aglomeraciones en paraderos y en el Metro; incomodidad; disminución de horas de sueño y de tiempo para compartir con la familia", entre otros.

 

La lista sigue, y se agrega, "denuncias de delitos, algunos de connotación sexual; daño a la salud psíquica y física; aumento de transbordos; periferia sin buses y bajas frecuencias (otros sectores quedaron sin transporte público); falta de corredores exclusivos para los buses, de estaciones intermodales y de paraderos, e incluso, otros mal ubicados".

 

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