Estados Unidos anunció el lunes la suspensión de Argentina de su sistema de preferencias arancelarias a causa de un contencioso pendiente de resolución con dos firmas norteamericanas, que exigen que Buenos Aires cumpla con el pago de indemnizaciones por 300 millones de dólares establecidas por el organismo de arbitraje del Banco Mundial.
El estatuto de preferencias arancelarias (SPG) beneficia ciertas exportaciones de países pobres y en desarrollo a Estados Unidos.
En el caso de Argentina esas exportaciones con exenciones son del orden de 477 millones de dólares, informó la Oficina del Representante Comercial (USTR por sus siglas en inglés) en su comunicado.
Dos fondos de inversión estadounidenses con sede en Texas (sur), Blueridge y Azurix, pleitearon ante el USTR contra Argentina después de haber comprado las demandas de dos empresas concesionarias que vieron rescindidos sus contratos en ese país sudamericano.
Blueridge compró la demanda de una empresa que operaba en el sector eléctrico y Azurix en el saneamiento de aguas.
Originalmente ambas concesionarias demandaron al país sudamericano ante el Centro Internacional para la Resolución de Disputas (ICSID por sus siglas en inglés) del Banco Mundial (BM).
El ICSID declaró a Argentina culpable en dos sucesivas sentencias del panel de arbitrio en 2005 y 2006, según el USTR, pero las empresas nunca llegaron a cobrar. Blueridge y Azurix compraron luego los derechos sobre esas demandas, a un precio inferior.
"Urgimos al gobierno de Argentina a que pague las indemnizaciones", explicó el comunicado oficial del USTR.
La cancillería argentina tildó de "incomprensible" la decisión de Washington y aseguró en un comunicado que las dos empresas "jamás aceptaron iniciar los trámites de cobro de las sentencias, de acuerdo al reglamento del ente arbitral (que determinó el pago) y la legislación argentina".
Argentina aduce que las reglas del ICSID establecen que las indemnizaciones pueden ser abonadas en función de la legislación interna de cada país y que el mecanismo de pago iría contra su normativa vigente. En tanto, los fondos consideran que el pago debe hacerse lo antes posible.
Esta decisión de Washington se añade a una lista de crecientes desacuerdos bilaterales entre ambos países, principalmente a causa de la moratoria de la deuda externa argentina, resuelta en más de 90% pero con algunos acreedores aún por cobrar luego de no aceptar las ofertas de reestructuración de lo adeudado lanzadas por Buenos Aires.
La suspensión comercial entrará en vigor 60 días después de su publicación en el Registro Federal estadounidense, explicó el comunicado.
Las exportaciones argentinas que se benefician del régimen GSP (que fue creado por Estados Unidos en 1974) representan cerca del 11% del total del país sudamericano a Estados Unidos, según los datos del USTR.
Estados Unidos ha ido acentuando la presión sobre Argentina en foros multilaterales para que estos conflictos comerciales privados encuentren una solución definitiva.
El principal obstáculo es la moratoria de la deuda. Argentina saldó casi en su totalidad la deuda pendiente con inversores extranjeros desde 2001, cuando se declaró en default por más de 90.000 millones de dólares, mediante acuerdos de quitas, pero aún debe unos 6.100 millones de dólares, parte de ellos a fondos de inversión que declaran tener sede en Estados Unidos.
Washington vota regularmente contra la concesión de ciertos créditos a Argentina en el seno del BM y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), tras examinar minuciosamente si esos préstamos tienen una función de desarrollo social o no.
El Congreso estadounidense es además muy receptivo a las quejas de las empresas que operan en el extranjero, que no dudan en contratar firmas de abogados o de relaciones públicas para cabildear sus casos.
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