La socióloga analiza en detalle, los alcances del debate surgido en materia educacional y el impacto de las demandas que mantienen paralizada la región de Aysén.
Por Patricia Arancibia Clavel
Patricia Matte Larraín, no necesita mayor presentación. Socióloga de la Universidad Católica, su verdadero expertise está en los temas vinculados con la educación. No por nada hace años preside la Sociedad de Instrucción Primaria (SIP) reconocida por la calidad y excelente gestión de sus colegios. Miembro del directorio de Libertad y Desarrollo (LyD), entre otras tantas actividades, hoy será una de las principales exponentes del simposio que, organizado por dicho think tank, analizará las bases y desafíos de la centroderecha. Alejada de toda ortodoxia, sencilla y pragmática, expresa sus opiniones con la seguridad que le dan los años dedicados a luchar por la libertad de enseñanza y su convencimiento que la principal herramienta para superar las desigualdades en Chile, es justamente la educación.
PATRICIA MATTE
- ¿Qué te ha motivado a participar en el debate sobre el pensamiento de la derecha organizado por LyD?
- En este último tiempo hemos estado sometidos a un bombardeo sistemático de las ideas por las que hemos luchado toda la vida y creemos que la mejor forma de aportar a la reflexión es recapitular cuáles son los principios que sustentaron tanto la creación de LyD como la llegada al gobierno de la centroderecha. Pensar estos temas es importante para tener clara nuestra hoja de ruta.
- ¿Cuál es a tu juicio, el principal pilar doctrinario que debe sustentar la centroderecha?
- El convencimiento que toda persona, incluyendo los más pobres, tiene la libertad y capacidades para tomar sus propias decisiones. Creemos en la responsabilidad individual y esa posición es la que queremos e intentamos transferir a la infraestructura institucional del país. Esto es nítido para mí, en especial en el ámbito de la educación, donde son los padres los que deben decidir dónde y cómo educar a sus hijos.
- ¿Sin interferencia del Estado?
- Lo que separa nuestro pensamiento del que tiene la centro-izquierda es justamente la idea de libertad en materia de decisiones educacionales. Ellos tienen la visión que los padres no pueden tomar por si mismos decisiones correctas en temas tan relevantes como la educación de sus hijos por lo que creen que el Estado debe ayudarlos e incluso intervenir en su resolución. Eso no significa que el Estado no deba cumplir el rol que le corresponde en materias que son indelegables: proveer por subsidiariedad soluciones de calidad en todos los lugares, especialmente donde no hay presencia privada, para que efectivamente, todos tengan la opción de elegir e informar clara y transparentemente en que se gasta cada centavo de las platas de nuestros impuestos, velando por la calidad de la educación que se entrega.
- ¿Tú participaste en el diseño del sistema educacional que nos rige?
- Sí, cuando en el gobierno militar partimos con el diseño institucional de la educación, cuando se descentralizó, se creó la subvención, el subsidio a la demanda etc., hicimos antes un diagnóstico serio. No creamos un modelo teórico sino que auscultamos la realidad y nos dimos cuenta que pese a que la Constitución señalaba el derecho a la educación para todos los chilenos, éste se había violado flagrantemente por años. La mayoría de los niños más pobres no tenían donde ir; la desconfianza hacia las personas para que asumieran responsabilidades era enorme, imperando un modelo centralista tan fuerte que el ministerio decidía incluso cuando debía cambiarse una ampolleta en Aysén…
- ¿Con la Concertación, hubo una vuelta atrás?
- Hubo intentos de vuelta atrás, algunos más exitosos que otros como el Estatuto Docente. Pero está claro que Chile llegó con mucha rapidez a tener 100% de cobertura gracias a que se cambió el presupuesto histórico a la oferta por un subsidio a la demanda. Ahora, debemos preocuparnos de mejorar ese modelo, que tiene falencias y requiere cambios para que funcione mejor. El tema es que no debemos pasar de la excesiva confianza en el sector privado y en la competencia -error que cometimos- a lo que ellos plantearon en la LOCE, que implicaba un ahogamiento total de los colegios, metiéndose en su gestión. Quien tiene la gestión tiene la responsabilidad y por eso, los establecimientos municipales están en el peor de los mundos.
- ¿Cómo explicas la fuerza que ha tomado el movimiento estudiantil?
- El hecho de haber abierto posibilidades de educación superior a muchos más chilenos, gracias a la participación privada en la creación de universidades, cambió las expectativas y es lógico que se exija no sólo cobertura sino calidad y mejor precio. Existe clara conciencia, sobre todo en los niveles socioeconómicos más bajos, que la educación es una verdadera herramienta de progreso, pero efectivamente las universidades son caras. Muchos están endeudados, tienen un problema de financiamiento real, lo que hoy se está subsanando con la creación de un nuevo crédito con aval del Estado, igual para todas las universidades.
- ¿Por qué no se hizo antes?
- El tema se discutió en el gobierno de Ricardo Lagos y fue el propio Cruch el que se negó a que se extendiera el Crédito con Aval del Estado (CAE) a las privadas. Lo dijo claramente el ministro de esa época, Sergio Bitar. Había entonces un foco que en algún momento tenía que reventar y es lo que sucedió. Pero de paso, nuestra clase política -y eso me tenía desconcertada- perdió de vista que lo más importante es partir mejorando el sistema pre-escolar y escolar que es el que entrega las herramientas para ir construyendo desde la base una mejor educación. Quedé perpleja cuando este gobierno señaló en 2011 que sería el año de la educación superior, cuando teníamos temas trascendentes que solucionar en pre-básica, básica y media, que son el cimiento del sistema.
- ¿Cuál es tu posición frente al lucro en educación?
- El tema se ha ido cayendo, sobre todo en educación general, porque ha aparecido información muy importante -entre ella una investigación que hizo la UDP- que demostró que el sistema está atomizado, que el 80% de los sostenedores son profesores o hijos de éstos, que administran un solo colegio y que obtienen su sueldo de este trabajo. El resto está formado por cadenas de colegios, también creados por profesores emprendedores, que cobran entre
$ 60 mil y $ 70 mil, lo máximo que se puede para mantener la subvención, que son muy eficientes y responden muy bien a las necesidades básicas de la clase media cuyos padres no tienen recursos para ir a los privados, pero quieren algo bueno y distinto para sus hijos. En todo caso, he sido defensora del lucro porque creo que la mejor gente tiene que estar en educación y para ello tiene que estar bien remunerada. A mí no me molesta que se lucre si se obtienen los mejores resultados, más me preocupa la calidad. Ahí es donde el Estado tiene que poner el foco.
- ¿Y para la educación superior?
- El Estado tiene una responsabilidad importante en la acreditación y en el traspaso de información. No puede ser que después de 10 años algunos egresados de ciertas universidades, reciban una remuneración que no les alcanza para cubrir los costos de su educación. Eso es gravísimo. Repito que un rol indelegable del Estado es exigir información y transparencia para que las personas tomen sus propias decisiones con conocimiento de lo que significa la opción elegida.
- ¿Cómo evalúas hasta ahora el trabajo de este gobierno en materia educacional?
- Yo suscribí completo el programa de gobierno en esta materia, elaborado por el grupo Tantauco. Deberíamos haber tenido a Harald Beyer desde el primer día como ministro. Tiene clarísimas las prioridades y hasta donde se puede llegar. Nadie se niega a hacer correcciones al modelo, pero sin matarlo, porque sigo pensando que es el mejor. Creo que una de las falencias del gobierno fue no explicitar claramente desde el primer día cuál era su agenda e irse moviendo de acuerdo a las circunstancias. Se diseñó un camino y no se dijo, "vamos a hacer esto en cuatro años y no haremos cosas en las que no creemos". Felipe Bulnes sí lo señaló: creemos en el aporte privado, en la educación más diversa posible, en el emprendimiento, no denostamos el lucro, pero queremos poner el centro en la calidad. En cierto modo, Bulnes retomó los elementos esenciales del programa y Harald lo está continuando.
- ¿Cómo van los proyectos de ley en el Congreso?
- La legislación en esta materia ha sido frondosa y aunque a algunos no les guste oírlo, lo que están haciendo es perfeccionar el modelo, sin hacerle reformas estructurales como pide el Partido Comunista. Se basan en nuestros valores esenciales, entre los cuales está la libertad de enseñanza y la provisión mixta de educación.
- A nivel político, ¿cómo ves que está funcionando tanto el gobierno como la oposición?
- Más que el gobierno, lo que me preocupa son nuestros parlamentarios. Cuando éramos oposición, nosotros trabajamos con una muy buena contraparte, como por ejemplo, un Edgardo Boeninger. Lo echo de menos todos los días. Había gente capaz de sentarse y pensar los grandes temas en ambos lados, cosa que no veo hoy. Siento que falta ponerle racionalidad a la discusión. Muchos parlamentarios de la Concertación -esos que levantaron felices las manos por el acuerdo de la LGE en tiempos de Bachelet- hoy día están en otra parada, no tienen paz ni tranquilidad, disparan para todos lados y eso es grave.
- ¿Cómo ha actuado el presidente Piñera en todo este conflicto educacional?
- Él es una persona eminentemente pragmática y en ese sentido me identifico, sin embargo, me hubiera gustado que hubiera hecho lo mismo que hizo con el tema del aborto en el ámbito educacional, es decir dejar muy clara su posición. La educación es muy relevante para el futuro del país y para las ideas de la centroderecha, por lo que echo de menos ese tipo de ordenamiento de la agenda.
- ¿Es necesario una mano dura, llegando incluso a aplicar la Ley de Seguridad del Estado cuando los conflictos llegan a la calle?
- Es una medida extrema y es una pena que se haya tenido que llegar a ese límite, pero si hay algo indelegable en la función del Estado es garantizar el orden público. Lo que vemos en Aysén no es aceptable. No se puede permitir que se impida la libre circulación de las personas ni la entrada de alimentos, pero también el gobierno no puede cerrar las puertas al diálogo. Aquí es donde uno ve que falta una mayor coordinación y que los políticos de ambos lados, analicen las peticiones con racionalidad y las analicen dentro del contexto nacional. ¿Qué pasaría si todas las regiones comienzan a pedir de todo? ¿Por qué nadie sitúa las cosas en un marco general? Creo en todo caso que hay que avanzar en el tema de la descentralización y explicar mejor el porqué de las medidas que se toman.
