Respeto a la Fe Pública
C uando asumió este Gobierno se comprometió en satisfacer la demanda ciudadana de mayor transparencia en el quehacer público. La postergada agenda de probidad y ética pública se activó, haciendo obligatoria y pública la declaración de patrimonio de las autoridades de los tres poderes del Estado, considerando que la declaración de intereses imperante, hasta entonces, era insuficiente. Es más, el Ejecutivo se comprometió a través con un instructivo presidencial sobre transparencia y publicidad de la información del Estado, que todos los ministerios y reparticiones públicas habilitaran en sus sitios web un ítem de acceso universal para conocer las adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios, transferencias de fondos a personas jurídicas y actos y resoluciones que tengan efectos sobre terceros.
Respecto de altos funcionarios (ministros, subsecretarios, gobernadores, intendentes, seremis hasta jefes de servicios) se estableció que pusieran a disposición de la ciudadanía sus declaraciones de patrimonio e intereses a objeto de que cualquier persona pueda acceder a ellas.
Es cierto que, en el hecho, existen los mencionados textos redactados por distintas autoridades, y algunos de ellos se han difundido a través de los medios de comunicación. Sin embargo, la mayor parte de sus contenidos no cumple con el espíritu de las medidas, cual es que a través de esa información la gente pueda fiscalizar los conflictos de interés que puedan producirse entre quienes toman decisiones. Al igual como había ocurrido con la declaración de intereses, la patrimonial adolece de gran ambigüedad, lo que, en estricto rigor, constituye un abuso de la fe pública.
Es impresentable que sean precisamente las altas autoridades del país quienes no satisfagan los requerimientos de transparencia, restándose al compromiso que asumió Presidenta de la República con la ciudadanía. Incluso, a su turno, parlamentarios de la Concertación llamaron la atención sobre este hecho, reclamando por la falta de rigurosidad de sus pares, lo cual es considerado una falta de respeto a la gente que confió en ellos.
Una vez más, la existencia de normas o leyes no asegura que se cumplan si no hay una real voluntad de ajustarse al principio que las rige. De modo que mientras no haya sanciones claras y concretas a quienes falten a los códigos de ética que se dictan, no habrá avances sólidos en la probidad pública.
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