Julio Ponce presenta querella criminal en contra de Fernando Coloma 
viernes, 29 de noviembre de 2013
Economía y Negocios
Pamela Ohlbaum El texto involucra también al intendente de Valores, Hernán López, y a Hugo Caneo, jefe del área de Cumplimiento de Mercado de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) por delitos de prevaricación administrativa y abusos contra particulares.
Las críticas de Julio Ponce respecto del actuar del superintendente de Valores y Seguros (SVS), Fernando Coloma, en el caso Cascadas, adquirieron ahora un carácter penal, luego de que el empresario —que controla SQM a través de las cascadas— presentara una querella criminal en contra del regulador y otros dos ejecutivos de la superintendencia.
El documento fue declarado admisible por el 7° Juzgado de Garantía de Santiago y, según consta en el sitio web del Poder Judicial, el empresario acusa a Coloma, al intendente de Valores, Hernán López Bohner, y al jefe del área de Cumplimiento de Mercado de la SVS, Hugo Caneo Ormazábal, de cometer dos delitos.
El primero, el de prevaricación judicial y administrativa. Este está definido en el Código Penal como el que realiza "un empleado público del orden administrativo que maliciosamente retardare o negare a los particulares la protección o servicio que deba dispensarles en conformidad a las leyes y reglamentos".
El segundo es por abusos contra particulares, que según el mismo texto legal, se produce cuando un funcionario, "desempeñando un empleo público no perteneciente al orden judicial, dictare a sabiendas providencia o resolución manifiestamente injusta en negocio contencioso-administrativo o meramente administrativo".
Según explicó el abogado Jorge Bofill, que representa al controlador de SQM, la querella se basa en que las denuncias formuladas por Norte Grande o Julio Ponce han recibido un trato "completamente desigual" al que recibieron cuestionamientos presentados por terceros en contra del empresario.
"Nuestras quejas, peticiones y reclamaciones han sido rechazadas y desoídas, y dado que cuando una autoridad administrativa actúa de manera manifiestamente injusta y no le brinda a los particulares la protección que la ley les manda brindar, son constitutivas de delito, hemos presentado esta querella para demostrar que ellos han actuado injustamente", señaló.
"La defensa de Julio Ponce ha dicho que una de las manifestaciones de la indefensión en la que se encuentra —el empresario— ha sido el trato desigual que ha recibido respecto de terceros, especialmente de Moneda Asset Management, las AFP, y personas vinculadas a ellas", afirmó Bofill.
Y aunque se refirió sólo en términos genéricos al contenido de la demanda, el abogado querellante explicó que el documento legal destaca la diferencia que hizo la SVS en casos como la denuncia que efectuó Norte Grande en contra de Moneda Asset Management por el bloqueo de transacciones sobre acciones de las cascadas que esta firma se habría autoimpuesto.
"Se demostró que, a pesar de lo declarado por Moneda, hubo operaciones en ese periodo, pero a pesar de ello el superintendente califica las operaciones que demostramos como inmateriales o poco importantes, lo cual es no es un criterio que la ley le entregue a él para los efectos de decidir si es o no constitutivo de una infracción a la Ley de Mercado de Valores", dice.
En esa línea, critica que mientras la SVS desplegó "una investigación frenética por un año y medio" a partir de una denuncia anónima de Moneda, tras la cual formuló cargos en el plazo que le permite a Coloma dictar resolución días antes de terminar su mandato, en el caso de la denuncia presentada por Norte Grande, la misma autoridad no hizo "prácticamente nada".
La querella aborda también las transacciones en bolsa cuestionadas por la SVS —por las cuales formuló cargos en contra de Ponce y otros tres ejecutivos ligados a él— en las que, según la defensa, participaron sociedades de inversión ligadas al Presidente Sebastián Piñera.
Según Bofill, "extrañamente" en el informe de formulación de cargos el superintendente detalló al extremo las operaciones en las que participaron Ponce o ligados a él. Sin embargo, plantea, cuando se trató de las transacciones en las que compraron o vendieron firmas ligadas al Mandatario "simplemente las pasó por arriba". "Nosotros no tenemos que dar explicaciones por eso. El que tiene que darlas es el SVS y esperamos que eso sea lo que haga en esta investigación penal", dice el abogado.
Al respecto, la SVS aseguró que ninguno de los funcionarios ha sido notificado de la querella.
Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
Diplomado en "Gestión del Conocimiento" de la ONU
CEL: 93934521
Santiago- Chile
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Economía y Negocios
Pamela Ohlbaum
El documento fue declarado admisible por el 7° Juzgado de Garantía de Santiago y, según consta en el sitio web del Poder Judicial, el empresario acusa a Coloma, al intendente de Valores, Hernán López Bohner, y al jefe del área de Cumplimiento de Mercado de la SVS, Hugo Caneo Ormazábal, de cometer dos delitos.
El primero, el de prevaricación judicial y administrativa. Este está definido en el Código Penal como el que realiza "un empleado público del orden administrativo que maliciosamente retardare o negare a los particulares la protección o servicio que deba dispensarles en conformidad a las leyes y reglamentos".
El segundo es por abusos contra particulares, que según el mismo texto legal, se produce cuando un funcionario, "desempeñando un empleo público no perteneciente al orden judicial, dictare a sabiendas providencia o resolución manifiestamente injusta en negocio contencioso-administrativo o meramente administrativo".
Según explicó el abogado Jorge Bofill, que representa al controlador de SQM, la querella se basa en que las denuncias formuladas por Norte Grande o Julio Ponce han recibido un trato "completamente desigual" al que recibieron cuestionamientos presentados por terceros en contra del empresario.
"Nuestras quejas, peticiones y reclamaciones han sido rechazadas y desoídas, y dado que cuando una autoridad administrativa actúa de manera manifiestamente injusta y no le brinda a los particulares la protección que la ley les manda brindar, son constitutivas de delito, hemos presentado esta querella para demostrar que ellos han actuado injustamente", señaló.
Contenido
"La defensa de Julio Ponce ha dicho que una de las manifestaciones de la indefensión en la que se encuentra —el empresario— ha sido el trato desigual que ha recibido respecto de terceros, especialmente de Moneda Asset Management, las AFP, y personas vinculadas a ellas", afirmó Bofill.
Y aunque se refirió sólo en términos genéricos al contenido de la demanda, el abogado querellante explicó que el documento legal destaca la diferencia que hizo la SVS en casos como la denuncia que efectuó Norte Grande en contra de Moneda Asset Management por el bloqueo de transacciones sobre acciones de las cascadas que esta firma se habría autoimpuesto.
"Se demostró que, a pesar de lo declarado por Moneda, hubo operaciones en ese periodo, pero a pesar de ello el superintendente califica las operaciones que demostramos como inmateriales o poco importantes, lo cual es no es un criterio que la ley le entregue a él para los efectos de decidir si es o no constitutivo de una infracción a la Ley de Mercado de Valores", dice.
En esa línea, critica que mientras la SVS desplegó "una investigación frenética por un año y medio" a partir de una denuncia anónima de Moneda, tras la cual formuló cargos en el plazo que le permite a Coloma dictar resolución días antes de terminar su mandato, en el caso de la denuncia presentada por Norte Grande, la misma autoridad no hizo "prácticamente nada".
La querella aborda también las transacciones en bolsa cuestionadas por la SVS —por las cuales formuló cargos en contra de Ponce y otros tres ejecutivos ligados a él— en las que, según la defensa, participaron sociedades de inversión ligadas al Presidente Sebastián Piñera.
Según Bofill, "extrañamente" en el informe de formulación de cargos el superintendente detalló al extremo las operaciones en las que participaron Ponce o ligados a él. Sin embargo, plantea, cuando se trató de las transacciones en las que compraron o vendieron firmas ligadas al Mandatario "simplemente las pasó por arriba". "Nosotros no tenemos que dar explicaciones por eso. El que tiene que darlas es el SVS y esperamos que eso sea lo que haga en esta investigación penal", dice el abogado.
Al respecto, la SVS aseguró que ninguno de los funcionarios ha sido notificado de la querella.
Fuente:
Saludos
Rodrigo González Fernández
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