Conociendo de un recurso de casación en el fondo interpuesto por BancoEstado en un juicio ordinario sobre declaración de mera certeza, la Corte Suprema ha confirmado la sujeción de dicho banco a la fiscalización de la Cámara de Diputados y de la Contraloría. En su demanda, él había sostenido estar sólo entregado a la fiscalización de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, como cualquier otra entidad bancaria. Motivó esa solicitud de declaración el requerimiento de antecedentes por dicha Cámara sobre los vehículos asignados a la gerencia, así como el listado de las empresas externas que operaban con ese banco en materia de cobranzas judiciales y extrajudiciales. Ante la negativa del mismo de proporcionar tales datos, la Contraloría exigió su entrega.
Varios aspectos de este fallo son importantes. Así, del análisis de la historia fidedigna de su ley orgánica pudo desprenderse que, pese a su función y características, BancoEstado no deja de ser un ente estatal, cuyo estatuto de regulación, propio del sector privado, no es sino una figura (el fallo de la Corte Suprema la califica como "ficción legal") incapaz de alterar esa naturaleza pública.
Igualmente interesantes resultan las consideraciones relativas a las atribuciones de fiscalización de la Cámara de Diputados. Al respecto, el fallo determina que la intención del constituyente fue que los funcionarios de las empresas estatales estuvieran obligados a suministrar los antecedentes a las comisiones de la misma. Y en la historia fidedigna de esa modificación constitucional, tanto el propio BancoEstado como Televisión Nacional de Chile y Codelco quedaron consignados como casos ejemplares de empresas estatales que se mostraban permanentemente renuentes a la entrega de información.
Este pronunciamiento de la Corte Suprema, aunque aplicable sólo al caso particular, probablemente sentará jurisprudencia en cuanto a que la fiscalización de las comisiones investigadoras de la Cámara y de la Contraloría alcanza también a los demás entes estatales. En lo sucesivo, las empresas públicas, sociedades del Estado o entidades en que el Estado participe mayoritariamente estarían, pues, obligadas a proporcionar la información que requieran los órganos fiscalizadores. Esto podrá quizá ser percibido por BancoEstado como una desventaja competitiva frente a los bancos privados, pero tendrá que asumirla, así como ellos asumen su propia desventaja ante la seguridad estatal de aquél.
En todo caso, este fallo es perfectamente congruente con el sello de transparencia irrestricta que la Presidenta Bachelet ha querido imprimir a su gestión. Lo sorprendente no es dicha sentencia, sino la oposición de BancoEstado a entregar estos datos, que la ciudadanía -su dueña- siempre tuvo derecho a conocer.
Este fallo probablemente sentará jurisprudencia en cuanto a que la fiscalización de la Cámara y de la Contraloría alcanza también a los demás entes estatales.
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Fuente:el mercurio
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Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
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