Eduardo Olivares y Mario Riveros
"Me despierto a las tres de la mañana, a sobresaltos. No sé cómo empezar cada día: por un lado, gané las licitaciones para trabajarles a varios hospitales, pero por el otro no me pagan. Estoy endeudado para no tener que deberle a Impuestos Internos ni a mis trabajadores. ¡Cómo sobrevivo!", exclama un microempresario santiaguino que presta mantenciones a hospitales públicos. Dice que si no fuera porque trabaja con clínicas privadas -que pagan a tiempo-, ya estaría quebrado.
Los casos de morosidad del Estado se multiplican en todo Chile. La Cámara de Diputados citó para esta tarde a los ministros de Hacienda y de Economía (s) para que den explicaciones del tema.
Se cuestiona el respeto al instructivo presidencial de 2006 sobre el plazo máximo de 30 días para el pago del Estado a sus proveedores (para Salud era 60 días). El 13 de abril de ese año, la Presidenta Michelle Bachelet anunció esa medida y puso al Estado como modelo: "Micro, pequeñas y medianas empresas tienen dificultades con el sector privado, y quiero hacer un llamado a los empresarios a que sigan este (nuestro) ejemplo".
Los ministerios más mencionados por los consultados como morosos son Salud y OO.PP.
Ximena Loyola, de la Constructora Yelcho, dice que el MOP sólo puede pagar cuando cuenta con el decreto de fondo que proviene de la Dirección de Presupuestos, el cual es nominativo; sin embargo, cuando esta empresa finaliza su trabajo, pueden pasar meses antes de que el MOP le pida la factura.
En Salud, en cambio, el sistema sería así: los servicios de salud reciben recursos y los distribuyen entre los hospitales, que pagan a sus proveedores en forma disímil y desfasada. El ministro del ramo, Álvaro Erazo, ha dicho que está en vías de solución, e incluso redujo a 45 días el plazo máximo de pago.
El ministro de Obras Públicas, Sergio Bitar, asegura que el pago debe realizarse cuando el trabajo está terminado, y que se han preocupado de acelerar tales procedimientos. Si no, que se denuncie. Renato Villalobos, de la Constructora Alba, cuenta que el MOP se demoró seis meses en pagarle por un trabajo en la Quebrada de San Ramón. "Ya no volveremos a trabajar con ellos", opina.
Para el superintendente de Quiebras, Rodrigo Albornoz, hay una relación directa entre la demora en el pago por parte del Estado u otro comprador, con que una pyme caiga en insolvencia.
Consultada la Dipres, sólo dice que Hacienda se ha preocupado de que la ejecución presupuestaria (14% a febrero) esté en línea con los objetivos del Plan Fiscal.
Arica: despidos de personal y empresario llevado a Dicom por el mismo fisco
En Femipas Metalúrgica-Ferretería FGT ya no saben qué hacer. Del 27 de junio de 2008 data la factura impaga más antigua con el Cuerpo Militar del Trabajo (CMT), del Ejército de Chile, y de diciembre la más reciente. Son 12 facturas por $7,1 millones. "En 2008 despedimos a dos personas, y este año una más", dice Juan Muñoz Soto, de esa empresa. Se endeudaron, pero la presión de cobros fue tanta que no les dio para pagar el IVA al mismo fisco. Y éste no perdona: pese a que hicieron una repactación parcial con la Tesorería, fueron mandados a Dicom. "Y ahora Chilecompras, que fue el medio por el cual ganamos la licitación para trabajar con el CMT, no acepta que participemos en otra licitación, porque estamos en Dicom. Para ellos, somos un proveedor poco confiable", describe, incrédulo ante la evidente paradoja.
Las empresas Dacovi, Frenoteca JS y Rectificaciones Rivera suman casi $50 millones en conjunto de acreencias con el mismo CMT, en el cual se responsabiliza a la Dirección de Vialidad, del Ministerio de Obras Públicas. Por cierto, en Arica ya son pocos quienes aceptan contratos con el CMT.
Osorno: moras de un año e intereses que se acumulan por los préstamos bancarios
Luis Álvarez, de la maestranza Tormesol, tiene una factura que data de hace un año (abril de 2008) con el CMT de Osorno. Le adeudan $28,7 millones. "Había 35 empleados, y ahora vamos en 25", narra. Rodrigo Gálvez (de Gálvez y Di Genova) y Carlos Hofmann (Transportes Hofmann) se aventuraron, y ganaron una licitación para trasladar coigüe a Tierra del Fuego, por encargo del CMT de Punta Arenas. A Gálvez le deben $30,4 millones; a Hofmann, $4 millones directos. Este último tiene sus líneas de crédito copadas; Gálvez debe pagar intereses por un préstamo bancario por $18 millones para pagar sus deudas y a sus actuales 12 trabajadores (tenía 18).
Sus quejas son contra el MOP. El ministro Sergio Bitar responde que el problema sí existe, entre otras razones, por la demora en las tomas de razón de la Contraloría, de la firma de decretos de Hacienda y de la propia revisión de contratos en Obras Públicas. "La única forma de cambiar esto es que se le permita al CMT contar con un capital de trabajo, que hoy no tiene. Sé que Defensa lo está pidiendo", dice. El diputado Javier Hernández (UDI) está indignado, y exige soluciones concretas al Gobierno.
Al laboratorio le deben $2 mil mills.
$2 mil millones y en aumento. Eso le debe el sistema público al laboratorio Biosano. El subgerente general de la empresa, Claudio Reginato, dice que aunque quiera no puede dejar de mandarles productos, "porque nos multan si no despachamos". Explica que consultorios, hospitales y la Cenabast tienen atrasos superiores a 60 días, y que la factura impaga más antigua es de enero de 2007. En promedio, el atraso supera los 200 días.
Como empresa familiar, se endeudaron para conservar a sus 150 trabajadores. Factoring y líneas de crédito han ayudado, pero congelaron una proyectada ampliación que implicaba la contratación de 50 personas. "Nos han cerrado cuentas, achicado líneas y subido los costos. Hoy nuestro costo financiero es de más de $35 millones. Y todo para usar plata que es nuestra".
Los instrumentos de Corfo no sirven si hay morosidad
Valtek es una mediana empresa dedicada a la innovación biotecnológica. No le han pagado facturas por más de $100 millones en consultorios municipales, y del orden de $50 millones en hospitales. Debió asumir deudas para cumplir con sus propios proveedores, trabajadores y el fisco. "Esto es absurdo", expresa su gerente general, Rodolfo Valdés: "Como el Estado nos deja sin capital de trabajo, se nos obliga a recurrir a los bancos con garantías Corfo de reprogramación. Más efectivo que inventar los Fogape y Fogain sería que el Estado pagara sus facturas", se queja.
Por años golpeando puertas y no hubo eco del Gobierno
Patricia Pérez es conocida por su faceta dirigencial. Presidió Asexma y dice que desde hace años que pidieron a las autoridades, en privado, que resolvieran el escollo de la morosidad. "No tuvimos eco. Espero que si ahora lo solucionan, no sea por un rato y que después volvamos a lo mismo", dice. "Lo más trágico está en las municipalidades, pero el Gobienro ahí tiene poca injerencia", agrega.
A su empresa de productos ortopédicos Blunding hay hospitales que le deben desde hace un año. Plantea que los despidos son improbables, pues se trata de capital humano especializado.
Debió postergar inversiones y usar el dinero para pagar deudas
Alega que no tiene por qué endeudarse en un banco o pagar una comisión al factoring por la morosidad del Estado. Pero ha tenido que endeudarse de todos modos si quiere estar al día con sus compromisos.
Jorge Nieto, gerente comercial de la firma de insumos médicos SASF, relata que el Gobierno le debe $81 millones. "Debí haber capitalizado mi primer contenedor desde China, pero no pude. En cambio, tuve que usar hasta mis líneas de crédito para pagar el IVA y las imposiciones laborales", asegura. Rechaza que mientras el Gobierno habla de las pymes, "cuando nosotros llamamos a los hospitales tienen respuestas lamentables: 'No han llegado remesas y no sabemos para cuándo'".
Sobre la posibilidad de factorizar, retruca que los márgenes en la industria de insumos médicos (gasas y apósitos, especialmente) son bajos, y que la comisión del factoring liquidaría toda ganancia.
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Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en RSE de la ONU
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