Desde hace un par de meses que representantes de la familia militar – algunos de ellos con imputaciones por crímenes a los DDHH- vienen generando un intenso lobby en el Congreso en pos de mejoras en sus sistemas de salud y pensiones, además del punto más polémico: la flexibilización de las penas para los militares detenidos en Punta Peuco. Esto ha derivado en dos proyectos de ley y una moción especial que, de aprobarse, permitirían a algunos de los enjuicidados por crímenes de lesa humanidad cumplir sus penas en geriátricos, hospitales e inclusive en sus hogares. La iniciativa de estas agrupaciones abre un debate entre los defensores de los Derechos Humanos ¿Qué hacemos cuando sus violadores abogan por ellos?
El día 28 de octubre del año 2015, más de cien exuniformados se congregaron en un auditorio de Valparaíso para asistir a la fundación de la Multigremial de las Fuerzas Armadas; agrupación que congrega a Personal en Retiro de las instituciones castrenses, Carabineros e Investigaciones de Chile; y que en palabra de sus impulsores, busca -entre otros ítemes- "acabar con las condenas de presunción de algunos de los reos en Punta Peuco".
En la ocasión, uno de sus invitados de honor fue el escritor y exministro de Cultura, Roberto Ampuero. En su discurso, cargado de críticas a la Nueva Mayoría -a quienes calificó de "jacobinos marxistas"-, el autor de Nuestros años Verde Olivo alabó la valentía de los exmilitares, marinos, carabineros y detectives de la PDI presentes, y los instó en la búsqueda del diálogo y el liderazgo "que Chile hoy tiene tan extraviados".
Bajo un atronador aplauso, los presentes acordaron pactar reuniones con parlamentarios, ministerios "y hasta entidades internacionales de ser necesario" para velar por los Derechos Humanos de los reos presentes en Punta Peuco.
En poco tiempo, el llamado hizo eco en varios congresistas: actualmente existen dos proyectos de ley y una moción parlamentaria, apoyada por 19 senadores, entre ellos cuatro adherentes de la Nueva Mayoría -Jorge Pizarro, Manuel Antonio Matta, Eugenio Tuma y Andrés Zaldívar- que buscan la libertad vigilada intensiva y el cumplimiento alternativo de las condenas por motivos humanitarios a favor de reos que padezcan una enfermedad grave, invalidante o terminal.
De aprobarse, estas leyes permitirían que algunos de los reos presentes en Punta Peuco cumplieran sus condenas en geriátricos e inclusive en sus hogares.
Esa noche, en Valparaíso, comenzó la historia de los lobbystas de Punta Peuco.
Reconciliación nacional y DD.HH.
"Conjuntamente con saludarlo respetuosamente, y abusando de su siempre gentileza y atención, interrumpimos su apretada e importante agenda, para solicitarle una corta audiencia para dos integrantes de la Directiva de la ONG CREN; Organización de carácter humanitaria y solidaria, integrada por ex Generales y Oficiales de las FFAA, dedicada exclusivamente a la ayuda y apoyo humanitario de exmiembros de las FFAA".
Así comienza la misiva que desde marzo de este año comenzaron a recibir autoridades gubernamentales, parlamentarias, judiciales y religiosas. Los firmantes: Sergio Canals Baldwin, Roberto Hernández y Eduardo Catalán Brunet, todos exmiembros de las Fuerzas Armadas, y con un pasado vinculado a la violación de los Derechos Humanos durante la dictadura.
En sus propias palabras, la CREN (cuya sigla quiere decir Cruzada por la Reconciliación Nacional y Derechos Humanos), se define como una organización de carácter humanitaria, y es una de las tantas agrupaciones de exmiembros de las Fuerzas Armadas aglomeradas bajo el manto de la Multigremial.
Eduardo Catalán Brunet, teniente (R) y vocero de ONG CREN.
"Queremos sensibilizar a todos los sectores políticos acerca de la falta de Derechos Humanos sobre los Prisioneros Políticos Militares presentes en Punta Peuco. Hemos conversado transversalmente con un sinnúmero de parlamentarios, y fruto de ese trabajo es que están saliendo los proyectos que vemos actualmente", sostiene su vicepresidente, el teniente en retiro Eduardo Catalán Brunet.
Ingresado a la Escuela Militar el año 1964, Catalán llevaba seis años como teniente para el Golpe Militar. Según una investigación del periodista Jorge Escalante, Catalán fue uno de los primeros cuatro militares en hacer ingreso al segundo piso de La Moneda luego de la rendición de los colaboradores de Salvador Allende. Posterior a su carrera en el ejército, Catalán se tituló como abogado, y actualmente dedica al menos un día de la semana para viajar a Valparaíso a reunirse con representantes de la Multigremial y, en ocasiones, con los diputados y senadores quienes han aprobado sus solicitudes mediante la ley de lobby.
"Llegamos incluso a reunirnos con el senador Carlos Montes, quien luego de escucharnos nos dijo 'yo fui torturado, ¡no me pueden pedir eso a mí!' Y está bien, yo respeto eso, pero una cosa no quita a la otra", agrega Catalán.
Para Sergio Canals Baldwin, otro de los miembros de la CREN, no se trata de impugnar las condenas, sino que los reos que padezcan enfermedades terminales o demencia senil las cumplan desde geriátricos o desde sus casas. "A mí me parece que por muy canalla que hayan sido algunos, no puedes jugar a ser más canalla que ellos. Esos viejos se están muriendo, ¿qué sacas con tenerlos ahí?", sostiene.
Sergio Canals Baldwin, miembro de CREN y ocho veces productor ejecutivo del Festival de Viña del Mar.
La trayectoria de Canals Baldwin es, sin duda, particular. En el libro Terrorismo de Estadio, de la periodista Pascale Bonnefoy, se consigna que mientras Sergio Canals Baldwin era teniente del ejército, cumplió labores de seguridad en el Estadio Nacional. Aunque Canals niega haber pisado el recinto, varios prisioneros aseguran haberlo visto en el estadio y posteriormente en el centro de detención Chacabuco, donde fue oficial encargado de seguridad del Campamento de Prisioneros.
Tiempo después, llegó a ser segundo comandante de la División de Inteligencia de la Región Metropolitana de la CNI entre 1981 y 1983, la cual dependía directamente de Álvaro Corbalán. Recientemente estuvo procesado en el crimen del líder sindical Tucapel Jiménez y por su participación como cómplice en los homicidios calificados de Hugo Ratier Noguera y Alejandro Salgado Troquian, conocido como el montaje de calle Janequeo, en la comuna de Quinta Normal. Causas en las cuales aún no hay sentencia.
Luego de su paso por el ejército, Canals fundó la productora de eventos SCB (bautizada así por sus iniciales), de la cual es hoy director ejecutivo. En la página de SCB, se lee una breve reseña de su trayectoria como productor: "Vasta experiencia en la industria de la Televisión y Espectáculos, 25 años en Canal 13 participando activamente en el equipo realizador del destacado director Gonzalo Bertrán, y ocho años como Productor General del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar".
Para él, sin embargo, la causa de los presos en Punta Peuco va más allá de su vinculación con el mundo militar. "El problema no existe sólo en Punta Peuco, sino en todos los penales de Chile. La justicia, la reparación, eso no se toca. Pero tampoco podemos tener un ser humano que ni sabe qué es lo que pasa, ¡déjenlo vivir sus últimos días con su familia! Es una cuestión de lógica humana. ¡Chile necesita humanizarse!".
Para Lorena Pizarro, presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), hay algo grave en que estas agrupaciones se encuentren sosteniendo reuniones en el Congreso. "Están cambiando la realidad de la historia. Quienes ayer fueron bestias, hoy se están cambiando la piel y están tratando de instalar la idea en el inconsciente colectivo de que son unos pobres viejitos", sostiene.
Sobre las imputaciones que actualmente existen sobre Sergio Canals, este se defiende. "Tengo un profundo respeto por Lorena Pizarro. Entiendo perfecto el otro lado, que hay mucho dolor, que no conocen donde están sus familiares. Pero también hay que escuchar lo que dice el padre Montes. Él es una autoridad transversal. Se dio cuenta que aquí también había una falla, algo que todos como sociedad tenemos que solucionar", reflexiona.
Para Pizarro, el tema no acaba ahí. "Si están envejeciendo, el recinto carcelario tendrá que hacerse cargo de sus enfermedades. Hay que recordar que existe un trato bastante inequitativo en torno a este tipo de presos y el común de los mortales".
En otro reportaje del periodista Escalante, se consigna que Roberto Hernández, el tercer miembro de la CREN que figura en las solicitudes a los congresistas, habría acompañado a la comitiva del teniente Kenny Aravena en el retiro de dos prisioneros de la Cárcel Pública para su posterior asesinato; enmarcado en los crímenes cometidos en el Regimiento de Buin.
Proyectos de ley
Uno de los argumentos más recurrentes de quienes defienden las iniciativas presentadas en el Congreso, es el del respeto a los Derechos Humanos del Adulto Mayor. "Yo creo que Chile no ha sido sancionado por algún organismo internacional de DDHH por gracia de Dios, nomás. Tener prisionera a gente que sufre de Alzheimer es una crueldad", sostiene el senador por la Región de Atacama, Baldo Prokurica.
En efecto, una de las resoluciones de la Convención Interamericana sobre la protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores de la OEA garantiza en su artículo 13 "el acceso a programas especiales y atención integral, incluidos los mecanismos de rehabilitación para su reinserción en la sociedad y, según corresponda, se promoverán medidas alternativas respecto a la privación de libertad (…)".
El año pasado, Prokurica visitó Punta Peuco invitado por familiares de quienes allí se encuentran. Sobre lo que vio, cuenta: "Fue una experiencia muy dura, salí muy golpeado. He ido a muchas cárceles, este caso era especialmente muy duro".
"Me encontré con gente de 89 años, con muletas, personas con alzheimer que no saben dónde están, gente que está siendo tratada en un lugar que no tiene agua potable. Visité la cocina donde se prepara la comida tanto de los internos como de los funcionarios y es un desastre, no hay un restaurant de Santiago que pasaría una inspección con las normas de sanidad que presentaba esta cocina", sostiene.
Actualmente, y según Gendarmería, existen 118 reclusos en el penal construido especialmente para exmilitares procesados por delitos a los DD.HH. Según la CREN, al menos una decena de ellos padece de demencia senil, y otros varios más son incapaces de velar por sus propios cuidados. "Hay familias que tienen que pagarle al vecino de celda para que les limpie el poto y le cambie los pañales a los prisioneros, porque es evidente que los gendarmes no se van a prestar para esas cosas", sostiene Prokurica. El senador agrega: "seguir teniendo a esos viejos ahí, imposibilitados de ver a sus familiares cuando fallecen, es propio de nazis, de gente muy mala. Yo entiendo cuando los representantes de Derechos Humanos en Chile dicen que ellos fueron criminales atroces, pero ¿eso nos permite a nosotros hacer lo mismo con ellos?".
El primer párrafo del proyecto de ley presentado por Prokurica (el cual también firman Iván Moreira y Francisco Chahuán) consigna que los condenados calificados de bajo compromiso delictual, y quienes durante el cumplimiento de su condena alcancen la condición legal de adulto mayor, podrían continuar "cumpliendo la pena impuesta bajo arresto domiciliario y custodia de un familiar, persona o institución responsable que asuma su cuidado hasta completar la condena impuesta".
Alejandro Navarro, uno de los senadores que presentó el proyecto de ley junto a José Manuel Ossandón, asegura que uno de los problemas de la iniciativa es qué tan confiables serán los informes médicos que acrediten enfermedades catastróficas o mentales. "El gran estigma de quienes hoy alegan estados graves de salud o demencia senil, es la imagen de Pinochet bajándose del avión en Pudahuel, luego de estar detenido en Londres, levantándose de la silla de ruedas y besando el suelo del aeropuerto. Eso removió muy fuertemente la conciencia de todos: que el principal responsable de los crímenes contra los Derechos Humanos haya huido de la justicia mediante el ardid de fingir una grave enfermedad".
Impunidad
"¡Los senadores no deben liberar a esos criminales de lesa humanidad!" vocifera Verónica De Negri, madre del joven fotógrafo asesinado durante la dictadura, Rodrigo Rojas. Detrás de ella, una decena de mujeres pertenecientes a la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) la siguen a coro, encadenadas a una de las rejas del ex Congreso Nacional.
Hace tres días que como agrupación se enteraron de los proyectos de ley que buscan flexibilizar las penas para los reos presentes en Punta Peuco, y han decidido encadenarse para exigir una reunión con el ministro del Interior para presentar su oposición a los proyectos de ley.
"Por lo general, cuando visitan las comisiones en el Congreso, se presentan a sí mismos como 'Conscriptos víctimas del terrorismo de Estado'. Pero lo que finalmente uno se encuentra es a sujetos vinculados a las FFAA, sujetos que fueron parte de la maquinaria criminal de la dictadura. Lo que hacen estas asociaciones, en el papel, es buscar impunidad para los violadores de derechos humanos", sostiene Verónica De Negri, miembro de la AFDD.
Lorena Pizarro, la presidenta de la agrupación, complementa: "¿Acaso de nuestro lado no han pasado los años también? Carmen Vivanco está a punto de cumplir 100 años, y aún no hay claridad de dónde están sus cinco familiares desaparecidos por la dictadura. Entonces, en casos donde hay condenas que llegaron tarde, y donde ellos nunca colaboraron ¿nos vienen a pedir ahora que nosotros los ayudemos a morir más tranquilos? Deberían asumir con más dignidad su proceso".
Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
Diplomado en "Gestión del Conocimiento" de la ONU
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Santiago- Chile
Por más de 10 años las empresas habrían fijado los precios en el retail.