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jueves, mayo 15, 2014

#energia: Las expectativas de los actores del sector frente a la agenda energética

Las expectativas de los actores del sector frente a la agenda energética

Mayor certeza jurídica a las inversiones, una mejor relación con las comunidades y planificación territorial son algunos de los temas que se espera que incluya la agenda.

por Lucy Aravena - 13/05/2014 - 17:37
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La Presidenta Michelle Bachelet dará a conocer este jueves la esperada agenda energética. Previo al anuncio representantes de las empresas generadoras y distribuidoras de energía junto a expertos del área adelantaron a La Tercera las principales temáticas que esperan que aborde la iniciativa, las que tienen relación con establecer medidas para dar una mayor certeza jurídica a las inversiones, mejorar la relación con las comunidades, determinar un ordenamiento territorial para los proyectos e instaurar una figura más participativa del Estado.

René Muga, gerente general Asociación Gremial de Generadoras de Chile, explica que el atractivo de las empresas de generación por invertir en Chile a través de la instalación de proyectos "está claro", sobre todo previendo que la cantidad de energía que consume el país se va a duplicar en 10 a 12 años. En ese sentido, estima que lo principal que debe abordar la agenda tiene que ver con asegurar esta inversión. 

"Estos proyectos son de 30 a 40 años de recuperación de la inversión, por lo tanto, se requiere estabilidad en las reglas, una mayor claridad respecto al uso del territorio, sobre el tipo de relación con las comunidades, cómo vamos a ir solucionando eventuales conflictos que se produzcan, cómo vamos a ir entendiendo el rol de cada uno y cómo vamos a ir asegurando acuerdos mínimos que permitan que el desarrollo de las inversiones se pueda hacer de una manera más rápida, son todos elementos que espero que estén presentes", señaló Muga. 

El representante de las generadoras agregó que "estoy seguro que van a estar presentes en la agenda y que nos van a ayudar a tener mayor claridad de cómo ve la autoridad, no solamente el futuro del desarrollo eléctrico del país, también el cómo avanzamos a la mayor velocidad posible en ir construyendo esa mayor capacidad que el país necesita".

En tanto, Eric Ahumada, vicepresidente de Desarrollo de Negocios de Transelec sostiene que "estamos bastantes expectantes. Creemos que es una agenda que se requiere hoy día con más acciones. Entendemos que debería venir también un capítulo con respecto a la temática de transmisión en donde vamos a ser también parte, seguramente, de las discusiones para llevar esto a acciones más concretas". 

Sin embargo, Ahumada aclara que para las compañías lo importante va más enfocado a la clara definición de un ordenamiento territorial para la instalación de los proyectos de transmisión.  "Más que certeza jurídica, creo que tenemos que hablar de temáticas en lo que es la planificación con mayores holguras (cómo hacer sistemas con mayores holguras), que hoy día lamentablemente como está escrito en la ley no se permite y adicionalmente a eso, un ordenamiento territorial, que permita también tener franjas para avenidas de transmisión en el futuro", apuntó. 

Para Hugh Rudnick, director de Sytep, la agenda debería incorporar "plazos bien claros para poder abordar estas diversas temáticas con objetivos bien definidos, de que para tal fecha esperamos resolver tal tema"

En esa línea, el experto espera que contemple "una clara indicación madura del gobierno de cual es la matriz energética a la que aspiramos, porque para realmente contar con energía abundante, segura y económica, requerimos de todas las tecnologías. No vamos a resolver el problema solo con la energía solar y eólica - la energía solar tiene un tremendo potencial en el largo plazo y en los años 30 o 50 probablemente sea un gran componente de nuestra matriz-, pero mientras lleguemos a esos plazos, necesitamos de energía tradicional". 

En este sentido indica que se ha estado discutiendo mucho del 20% de las ERNC, y no se ha discutido del restante 80% "y esperamos que hayan sólidos planteamientos que ilustren que necesitamos desarrollar hidroelectricidad y termoelectricidad,porque de otro modo nos estamos engañando".

ROL DEL ESTADO

Si bien existe consenso sobre la importancia de un rol más activo del Estado dentro del sector, para Muga y Ahumada va más por el lado de que el Ejecutivo impulse líneamientos y normas que dejen las "reglas claras" para los inversionistas, mientras que Rudnick va un paso más allá a través de una participación fiscalizadora de los temas de competencia.

"Creo que aquí, más que un rol fiscalizador del Estado, es ver cómo el Estado y la autoridad interviene para ir disminuyendo esos niveles de incertidumbre e ir posibilitando que la nueva inversión pueda empezar a hacer el trabajo desde hoy día. El Estado tiene que ayudarnos a ir fijando reglas más claras para que todos tengamos mayor certeza respecto a cuál es la regulación que va a regir a estos proyectos", considera Muga.

Mientras Rudnick estima "se necesita un Estado más observador, más indicativo, que señale planes de desarrollo futuro y que convenza a la población sobre cuáles son las alternativas energéticas reales para obtener energía abundante y barata; y también que fiscalice los temas de competencia. Han salido estudios que demuestran que no necesariamente estamos teniendo toda la competencia en el país que se requiere en el ámbito eléctrico y gasífero y creo que el Estado debe tomar acciones en esa línea. Eso es muy relevante. Y me imagino que va a estar en la agenda, porque es uno de los elementos que él (ministro) ha enfatizado con bastante fuerza".         

Por otro lado, Ahumada señala "hay algunas cosas que van a requerir modificación legal y otras seguramente una temática de coordinación interministerial, que vemos que hoy día hay un ministerio que está con mucha fuerza al respecto".

IMPUESTOS VERDES

Un punto que ha generado controversia es la inclusión del llamado impuesto verde dentro del proyecto de ley de reforma tributaria que se tramita actualmente en el Congreso y cómo se condice con la señal que ha querido dar el nuevo gobierno de mayor seguridad al sector energético a través de la creación de esta agenda para destrabar el desarrollo de las inversiones.

En ese sentido, Muga es claro en afirmar que "el impuesto verde lamentablemente no fue parte de la agenda. Hubiéramos esperado primero tener la agenda, los objetivos, cuáles son los instrumentos y luego discutir respecto de los instrumentos. Hoy día tenemos un impuesto verde que no forma parte de la agenda, que a nosotros nos parece que genera incertidumbre, que es un impuesto que básicamente tiene un objetivo más bien recaudatorio y que al analizarlo, hemos encontrado una serie de deficiencias como la discriminación que produce, como la indeterminación de las tasas que también establece, como el tratamiento distinto a diferentes fuentes, como la no creación de ningún incentivo para reducir emisiones".

Asimismo, Rudnick asocia la medida a un tema muy distinto al netamente técnico y que debería involucrar al ámbito energético. "La señal del impuesto verde es una señal que en la práctica indica un aumento del precio de la energía, porque las energías más baratas no hidroeléctricas son el carbón y el gas y si le agregamos un impuesto evidentemente va a implicar un alza del precio de la energía". 

Añade que se debe aclarar como teniendo la norma de emisión "va a conversar con un impuesto adicional sobre las emisiones. No sé si la agenda traerá esta materia, es un tema formulado desde el ámbito de Hacienda y de la necesidad de recoger recursos más que desde el ámbito energético propiamente tal".






























































































































































































































































Fuente:latercera

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DOS MINISTROS CON UN PASADO CUESTIONABLE QUEDEBERIAN RENUNCIAR



VEA COMO ES QUE MINISTROS DE BACHELET TIENEN PASADOS TENEBROSOS. PROGRAMA DE TELEVISION SE REFIERE A MINISTRO ARENAS Y EYZAGUIRRE

 

Un Programa de TV en la RED  @Asisomosoficial  informa sobre un informe de corrupción de la Universidad de Chile : se le acusó a Arenas   de   cohecho, soborno, extorsión , estafa al fisco,malversación de caudales públicos  etc.


El actual Ministro Eyzaguirre  se dice que tendría Responsabilidad Politica en los hechos investigados por haber sido Ministro de Hacienda entre los años 2000 y 2006 periodo en que se lleva a cabo la investigación  Universitaria.


La pregunta es como es que estos hoy  Ministros pueden seguir en sus cargos teniendo tan dudoso pasado 


Vea el video que sorprenderá  ln.is/lared.cl/qjl22 



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SENADOR ANDRES ALLAMAND

Segregación y financiamiento compartido: Disparo equivocado

Andrés Allamand: "¿Quién entiende la lógica? Prohibir los aportes voluntarios para reemplazarlos por recursos públicos que debieran destinarse a prioridades acuciantes como las que existen en la educación parvularia y técnico-profesional..."

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El centro de estudios Espacio Público señala acertadamente que uno de los desafíos de nuestro sistema escolar es reducir la alta segregación. Sin embargo, a la hora de explicar tal fenómeno, su diagnóstico es, a la vez, correcto y equivocado.

Es correcto cuando señala que el incumplimiento de la ley en cuanto a la prohibición de seleccionar hasta sexto grado no se cumple ni se fiscaliza. La ley es clara: "En ningún caso se podrá considerar en cada uno de estos cursos el rendimiento escolar pasado o potencial del postulante. Asimismo, en dichos procesos no será requisito la presentación de antecedentes socioeconómicos de la familia del postulante". Y es equivocado cuando sindica al Financiamiento Compartido (FC) como gran responsable de la segregación.

¿Qué dice la evidencia? De acuerdo con la base de datos del Mineduc, al año 2014, solo el 36,1% de los establecimientos particulares subvencionados tenían FC. ¿Y cuánto representa esa cifra sobre el total de colegios? Un 19,8%. Chile tiene 364 comunas, y en 73 de ellas no hay establecimientos particulares subvencionados. A su vez, en 184 comunas no hay establecimientos que reciban FC. Por ende, solo en 180 comunas hay establecimientos que reciben aportes de los padres y apoderados.

¿A cuánto ascienden tales aportes? En el 44,5% de los casos a menos de $10.025 y en la mitad de ellos, a menos de $5.000. En el 65,7% a menos de $20.055, y en el 87,5% a menos de $40.110. El 12,5% restante cobra entre $40.110 y $80.220 y el porcentaje que se acerca al máximo permitido es no mayor al 1%.

Es efectivo que a la educación estatal municipal asisten niños de familias con un ingreso inferior a los que concurren a la educación particular subvencionada, pero es igualmente cierto que el FC es un factor marginal en tal brecha.

En cualquier caso, el FC puede ser, a diferencia de lo que piensa Espacio Público, un eficaz factor de integración escolar. Para ello bastaría aplicar la norma legal que exige a los establecimientos adscritos al sistema incorporar un 15% de alumnos vulnerables a los mismos (norma que tampoco se cumple mediante un resquicio legal) y hacer obligatoria la subvención escolar preferencial (que impide cobrar a los alumnos que la reciben).

El FC, en un contexto como el señalado, puede, además de lo expuesto, generar un compromiso mayor de los padres con la educación de sus hijos, impulsar la calidad y, sobre todo, hacer posible la diversidad de proyectos educativos, un factor que habitualmente se ignora pero que es el que hace efectiva la libertad de enseñanza. Pero no solo eso: Aun los más enconados adversarios ideológicos del FC (muchos de los cuales son "conversos" que lo apoyaron hasta hace poco) coinciden en que para suprimirlo el Estado debe "compensar" los aportes de los padres. ¿Quién entiende la lógica? Prohibir los aportes voluntarios para reemplazarlos por recursos públicos que debieran destinarse a prioridades acuciantes como las que existen en la educación parvularia y técnico-profesional.

En la argumentación de Espacio Público se advierte un claro sesgo antieducación particular subvencionada, una de cuyas expresiones es el rechazo al FC. Es otra ola de la marea ideológica que algunos quisieran instalar como núcleo del debate educacional. En todo caso, lo que la ideología no explica es por qué un sistema que supuestamente "segrega", "selecciona", "descrema", "expulsa arbitrariamente" y además cobra, es consistentemente preferido por la mayoría de los padres y apoderados.

Ciertamente la reconocida seriedad de los académicos de Espacio Público debiera llevarlos a rechazar la simplista y descalificatoria explicación del ministro Eyzaguirre que considera que ello se debe a sostenedores que "embaucan" a familias "incautas".

Andrés Allamand
Senador


















































































Fuente:

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miércoles, mayo 14, 2014

Diputados de la Alianza exigen por oficio que ministro Arenas aclare alzas de hasta 98% en el sueldo a sus asesores

Por: 

Diputados de la Alianza exigen por oficio que ministro Arenas aclare alzas de hasta 98% en el sueldo a sus asesores

Publicado el 13 mayo 2014

  • Los parlamentarios presentaron el oficio en la Cámara luego de que Chile B hiciera públicas las diferencias de sueldo entre los funcionarios de la administración de Alberto Arenas y los de la de Felipe Larraín.
  • Entre otras solicitudes, exigen al ministro de Hacienda explicitar la política de reajuste salarial a partir del 11 de marzo.
Edwards

Pablo Ovalle Isasmendi / AgenciaUno

"Hemos tomado conocimiento de que el actual Gobierno está promoviendo una política de reajuste de remuneraciones respecto de ciertos cargos del Ministerio de Hacienda (…) cuyos contratos han sido reajustados de manera despoporcionada e injustificada", dice el oficio, al cual Chile B tuvo acceso y que entregaron los diputados Andrea Molina (UDI) y José Manuel Edwards (RN) al presidente de la Cámara, Aldo Cornejo (DC), para solicitarle que se investiguen las alzas en los sueldos de funcionarios de Hacienda.

En el documento, los parlamentarios aseguran que"resulta preocupante la arbitrariedad con que las nuevas autoridades políticas de ese Ministerio están tomando las decisiones de aumentos remuneratorios en favor de los funcionarios de su confianza, en desmedro de otros funcionarios igual o mejor calificados, lo que trae aparejado un tremendo perjuicio para las aspiraciones de carrera funcionaria de los trabajadores de esa Secretaría de Estado, así como un incremento en los niveles de desigualdad remuneratoria dentro de la Administración pública".

Frente a los antecedentes, José Manuel Edwards señala que "tenemos la legítima duda si estas alzas son por capacidades de las personas o premios por lealtades políticas", mientras que la diputada Molina destaca que "esto no tiene precedentes, parece una tomadura de pelo, especialmente cuando hablamos de igualdad, de generar ingresos que sean equitativos para todos los chilenos".

En esta línea, los parlamentarios sostienen la presentación del oficio destacando que los funcionarios mencionados poseen sueldos mucho mayores a los de la administración Piñera y a que ganan "mucho más" que cuando estaban antes en el Ministerio de Hacienda.

Así, el oficio agrega que todo acto administrativo debe estar fundamentado en un criterio de razonabilidad, basándose en el artículo 8°, inciso segundo, de la Constitución Política y en los artículos 16, inciso segundo, y 41, inciso cuarto, de la Ley 19.880 y alega que de no existir criterios objetivos para las alzas en las remuneraciones, se afectaría la igualdad de oportunidades de ingreso a la adminsitración del Estado,considerando que "nuevos funcionarios están encontrando mejores oportunidades que aquellos que han esmerado su vida profesional a la carrera funcionaria".

Con todo, el oficio solicita al ministro de Hacienda, Alberto Arenas que se explique:

  • El número total de desvinculaciones a partir del 11 de marzo del presente año a la fecha, con detalle de la calidad jurídica de las contrataciones, el cargo o función desempeñada y su remuneración.
  • Copia de las Resoluciones, debidamente tomadas de razón por la Contraloría General de la República, que materializaron las desvinculaciones y su fundamento objetivo.
  • El número total de contrataciones a partir del 11 de marzo del presente año a la fecha, con detalle de la calidad jurídica de las contrataciones, el cargo o función desempeñada y su remuneración.
  • Copia de las Resoluciones, debidamente tomadas de razón por la Contraloría General de la República, que materializaron las contrataciones y su fundamento objetivo. 
  • La política de reajuste de remuneraciones que a partir del 11 de marzo de este año se ha implementado, con el detalle de todos los reajustes efectuados y el fundamento de los mismos, según cargo y/o función desempeñada, incluyendo para cada caso el porcentaje efectivo del aumento, en proporción a las remuneraciones que correspondían al misma cargo hasta el 10 de marzo de 2014.
  • Historial de cargos y remuneraciones en el servicio público de los señores: Enrique Paris Horvitz, Fidel Miranda Bravo, Macarena Lobos Palacios, Julio Valladares Muñoz, Sandra Novoa Fernández, Paula Benavides Salazar y Fernando Dazarola Leichtle.

 

Documento descargable

Captura de pantalla 2014-05-13 13.02.32

Descarga el oficio aquí


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VALIOSA OPINIÓN SOBRE LA REFORMA TRIBUTARIA DE HERMAN CHADWICK P

Tarea para el Congreso y el Ejecutivo

Señor Director:

La complejidad en el tratamiento de los temas nunca lleva a encontrar buenas soluciones. Lo que está ocurriendo con la reforma tributaria es un claro ejemplo de lo anterior. En pocos días han aparecido más de 20 propuestas alternativas que hasta ahora permanecían en silencio o guardadas en el bolsillo de quienes creían que no habría reforma o que esta se aprobaría sin oír a sus detractores.

Hoy tenemos claro que habrá reforma, pero que esta debe corregirse a fin de que se ajuste a la legalidad vigente y no se genere desconfianza, la que le hace mal al país. La reforma, en lo medular, no en sus colgajos, continúa gravando la renta de las personas -sean estas naturales o jurídicas- con tasas diferentes. A las personas naturales se les establece un global que en las rentas más altas alcanza un 35% de la renta percibida, y a las sociedades, un 25% de las rentas percibidas o devengadas. Para estas últimas se termina con el FUT, que les permitía, por las rentas no repartidas a los socios o accionistas, pagar solo el 20% y no afectarlas con el global complementario si el accionista o socio era persona natural.

El proyecto, además de elevar el tributo a las sociedades del 20% al 25%, que está bien, agrega una disposición que obliga a las sociedades a retener por cuenta de sus socios o accionistas un 10% más a cuenta de su global complementario para un eventual nuevo reparto o dividendo, hecho que puede ocurrir o no y por lo tanto no reviste ni la calidad de renta percibida ni devengada lo que no tiene sustento en nuestro ordenamiento jurídico.

Se agregaron a la reforma una serie de hechos gravados que hay que estudiar bien y que podrían separarse de este proyecto y dejarlos para más adelante.

De esta forma se lograría aprobar una reforma con un apoyo mayoritario y se podrían discutir los otros aspectos en su mérito. La democracia de los acuerdos tiene sus límites, pero no se puede desconocer que ha hecho grande a Chile.

Tratemos -una vez más-, aunque nos cueste, de lograrla. Tarea para el Congreso y, por cierto, para el Ejecutivo.

Herman Chadwick Piñera
















































Fuente:EMOL

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