SANTIAGO.- La séptima versión del informe anual sobre Derechos Humanos elaborado por la Universidad Diego Portales revela que el Gobierno, en los informes oficiales que envía a diferentes organismos internacionales para dar cuenta de la situación de los DD.HH. en Chile, omite información relevante.
La aseveración se basa en el análisis de tres informes oficiales entregados por nuestro país durante 2008 y 2009 en los que, según el estudio de la UDP, la autoridad ha omitido informes alternativos aportados por la sociedad civil. Estos últimos análisis, llamados "informes sombra", permiten aportar elementos alternativos que contrarresten las informaciones oficiales.
"Las autoridades estatales, a pesar de sostener un discurso que promueve la participación de la sociedad civil, en los hechos desatiende sus recomendaciones y omite información crítica que es de interés para los órganos de tratado", afirma el informe de la UDP, presentado por el director del Centro de Derechos Humanos de la universidad, Jorge Contesse.
Uno de los casos paradigmáticos se refiere a la situación de las personas privadas de libertad, especialmente los menores de edad. En este tema, diversas entidades -como la UDP, Unicef, el Departamento de Estado de Estados Unidos y la Contraloría- plantearon denuncias graves.
La Contraloría, por ejemplo, denunció la falta de personal, irregularidades en la aplicación de sanciones, sobrepoblación de internos y las malas condiciones de los recintos. Sin embargo, el informe oficial del Gobierno sólo hace referencia a este punto señalando que la implementación de la reforma de Responsabilidad Penal Juvenil no ha estado exenta de dificultades.
"Detenido desaparecido" en democracia
Otra de las denuncias planteadas por el informe de la UDP da cuenta del que sería el primer caso de un "detenido desaparecido" en democracia. Se trata de José Huenante, desaparecido a sus 16 años, el 3 de septiembre de 2005, tras ser detenido por carabineros en Puerto Montt.
"Un caso muy grave de violencia policial contra menores de edad detenidos arbitrariamente ha venido a rememorar prácticas propias del peor período de la dictadura militar: El drama de la desaparición forzada de personas y de la falta de información y de respuesta oportuna de la justicia y la policía a las demandas de los familiares", afirma el estudio.
Constata que sólo en marzo de 2009, cuatro años después de los hechos, tres carabineros fueron formalizados por el secuestro y sustracción de José Huenante y dados de baja de la institución. Sin embargo, denuncia que los restos del adolescente siguen extraviados y la investigación judicial registra escaso avance y poca colaboración de parte de Carabineros de Chile.
Indígenas e inmigrantes entre los más vulnerables
De acuerdo al informe, que se lanzará oficialmente el 30 de noviembre, entre los grupos vulnerables o especialmente discriminados, se encuentran las mujeres, personas con discapacidad, pueblos indígenas, migrantes y refugiados, homo e intersexuales y los pueblos indígenas.
En este sentido, afirma que la política indígena del Gobierno "no ha resultado exitosa" y alerta sobre la falta de respuestas adecuadas a las demandas de tierra del pueblo mapuche. Añade que, pese a la entrada en vigencia del Convenio 169 de la OIT, "no se ha logrado institucionalizar canales de participación que alejen el enfrentamiento entre autoridades estatales e indígenas".
En cuanto a los homo e intersexuales, recomienda al Estado "implementar una normativa que rija la situación de personas cuya identidad sexual no coincide con el género registrado en la partida de nacimiento (intersex), quienes en la actualidad se someten al régimen de las personas transexuales".
Menciona el caso de Alison Ruiz, quien nació como René Ruiz y logró que la justicia aceptara su cambio de nombre, pero no de sexo en su cédula de identidad. Por esto, en las elecciones deberá continuar votando en una mesa de varones.
También denuncia el caso de hijos de extranjeros en situación migratoria irregular y de quienes, pese a haber nacido en Chile, se les niega la nacionalidad. "En agosto de 2009, V.N.A. continuaba registrada como hija de extranjera transeúnte, lo que le impedía beneficiarse de, por ejemplo, el programa 'Chile crece contigo', que cuenta con un amplio programa de salas cuna", señala.
A la luz de los antecedentes, Jorge Contesse estima que "si bien es posible destacar avances en áreas específicas, como el acceso a la información pública, el panorama general muestra que aún queda mucho camino por recorrer para hacer realidad las promesas de igual dignidad y libertad, contenidas en los tratados que Chile ha suscrito y que recoge la propia Constitución".
El informe advierte además sobre temas emergentes que revisten preocupación, como la situación de los trabajadores al interior de las empresas, muchos de los cuales "deben soportar la lesión a sus derechos más básicos para no perder el empleo"; y la "nueva forma de exclusión basada en el desempeño escolar, que se ve agravada por la utilización de rankings, y que suponen violaciones inaceptables a los derechos de los niños en edad escolar".
No obstante, el informe destaca que en los últimos años, Chile ha ido buscando una posición de referente internacional en materia de Derechos Humanos. "La transición a la democracia, sumado a la potente historia personal de su Jefa de Estado, quien vivió en carne propia el terror de Estado, pavimentaron el camino para que Chile saliera de su posición tradicional de observador para aspirar a convertirse en un Estado con una fuerte voz en la arena internacional", señala.
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Entidad dirigida por el PS Mahmud Aleuy, desde 2008 a la fecha no ha abierto las cuentas corrientes de tres iniciativas que benefician a distintas regiones, lo que impidió al organismo fiscalizador realizar una revisión completa. El documento establece una grave "falta de control" en los recursos, de los cuales se ha ocupado una mínima parte. A la vez, ya se han pagado al BID intereses superiores a los US$ 300 mil.
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Estas características o circunstancias especiales se aplican "cuando por la magnitud e importancia que implica la contratación se hace indispensable recurrir a un proveedor determinado en razón de la confianza y seguridad que se derivan de su experiencia comprobada en la provisión de los bienes o servicios requeridos, y siempre que se estime fundadamente que no existen otros proveedores que otorguen esa seguridad y confianza".