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sábado, noviembre 14, 2009

tasas de inflacion en america latina

TASAS DE INFLACION EN AMERICA LATINA


ARGENTINA

Septiembre 2009 0,7 % 
(Agosto 2009 0,8 %)
Enero-Septiembre 2009 5 % 
 
Ultimos 12 meses 6,2 % 
Enero-Diciembre 2008 7,2 % 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).



BOLIVIA

Octubre 2009 0,32 % 
(Septiembre 2009 0,11 %)
Enero-Octubre 2009 0,22 % 
 
Ultimos 12 meses 0,78 % 
Enero-Diciembre 2008 11,85 % 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE).



BRASIL

Septiembre 2009 0,24 % 
(Agosto 2009 0,15 %)
Enero-Septiembre 2009 3,21 % 
 
Ultimos 12 meses 4,34 % 
Enero-Diciembre 2008 5,9 % 
Fuente: Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE, estatal)



CHILE

Octubre 2009 0 % 
(Septiembre 2009 1 %)
Enero-Octubre 2009 -0,6 % 
 
Ultimos 12 meses -1,9 % 
Enero-Diciembre 2008 7,1 % 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE).



COLOMBIA

Octubre 2009 -0,13 % 
(Septiembre 2009 -0,83 %)
Enero-Octubre 2009 1,98 % 
 
Ultimos 12 meses 2,72 % 
Enero-Diciembre 2008 7,67 % 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadisticas(DANE).



COSTA RICA

Octubre 2009 0,23 % 
(Septiembre 2009 0,11 %)
Enero-Octubre 2009 3,16 % 
 
Ultimos 12 meses 4 % 
Enero-Diciembre 2008 13,9 % 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo



ECUADOR

Septiembre 2009 0,63 % 
(Agosto 2009 -0,3 %)
Enero-Septiembre 2009 8,65 % 
 
Ultimos 12 meses 9,97 % 
Enero-Diciembre 2008 8,83 % 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).



EL SALVADOR

Septiembre 2009 -0,2 % 
(Agosto 2009 -0,2 %)
Enero-Septiembre 2009 0 % 
 
Ultimos 12 meses -1,3 % 
Enero-Diciembre 2008 5,5 % 
Fuente: Banco Central de Reserva (BCR).



ESTADOS UNIDOS

Septiembre 2009 0,2 % 
(Agosto 2009 0,4 %)
Enero-Septiembre 2009 -1,4 % 
 
Ultimos 12 meses -1,3 % 
Enero-Diciembre 2008 0,1 % 
Fuente: Departamento del Trabajo.



GUATEMALA

Septiembre 2009 0,62 % 
(Agosto 2009 0,07 %)
Enero-Septiembre 2009 -0,09 % 
 
Ultimos 12 meses 0,03 % 
Enero-Diciembre 2008 9,4 % 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)



HONDURAS

Septiembre 2009 0,1 % 
(Agosto 2009 0,1 %)
Enero-Septiembre 2009 2,5 % 
 
Ultimos 12 meses 3,1 % 
Enero-Diciembre 2008 10,8 % 
Fuente: Banco Central



MEXICO

Septiembre 2009 0,5 % 
(Agosto 2009 0,24 %)
Enero-Septiembre 2009 2,3 % 
 
Ultimos 12 meses 4,89 % 
Enero-Diciembre 2008 6,53 % 
Fuente: Banco de México.



NICARAGUA

Septiembre 2009 0,35 % 
(Agosto 2009 0,3 %)
Enero-Septiembre 2009 0,19 % 
 
Ultimos 12 meses 0,01 % 
Enero-Diciembre 2008 13,77 % 
Fuente: Banco Central de Nicaragua.



PARAGUAY

Octubre 2009 0,8 % 
(Septiembre 2009 0,4 %)
Enero-Octubre 2009 1,9 % 
 
Ultimos 12 meses 2,8 % 
Enero-Diciembre 2008 7,5 % 
Fuente: Banco Central de Paraguay (BCP).



PERU

Octubre 2009 0,12 % 
(Septiembre 2009 -0,09 %)
Enero-Octubre 2009 0,04 % 
 
Ultimos 12 meses 0,71 % 
Enero-Diciembre 2008 6,65 % 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).



URUGUAY

Octubre 2009 -0,01 % 
(Septiembre 2009 0,23 %)
Enero-Octubre 2009 5,35 % 
 
Ultimos 12 meses 6,53 % 
Enero-Diciembre 2008 9,19 % 
Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censo.



VENEZUELA

Octubre 2009 1,9 % 
(Septiembre 2009 2,5 %)
Enero-Octubre 2009 20,7 % 
 
Ultimos 12 meses 28,9 % 
Enero-Diciembre 2008 30,9 % 
Fuente: Banco Central de Venezuela

FUENTE: IPS
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RODRIGO GONZALEZ FERNANDEZ
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AMBIENTE-EEUU: Empleos verdes para una economía sustentable

AMBIENTE-EEUU: Empleos verdes para una economía sustentable

Por Matthew Cardinale

Gloria Tatum se ocupa de su huerta  / Crédito:Matthew Cardinale/IPS
Gloria Tatum se ocupa de su huerta

Crédito: Matthew Cardinale/IPS

ATLANTA, Estados Unidos, nov (IPS/IFEJ) - La posibilidad de una catástrofe ambiental lleva a muchos políticos, académicos y ciudadanos a reformular el paradigma, antes incólume, de una economía basada sobre el crecimiento constante.

Esto es así porque a sectores cada vez más amplios de la población, especialmente la de la mayor potencia mundial, Estados Unidos, les queda claro que tendrá que consumir menos recursos naturales para minimizar los peligros que amenazan de muerte al planeta.

La gran pregunta es: ¿cómo puede pasar Estados Unidos a una economía de "crecimiento cero" que se sustente y en la cual no aumente el desempleo? Si la población consume menos bienes y servicios, ¿eso significará menos trabajo en la industria manufacturera y en la venta y provisión de esos bienes y de servicios?

"Es una buena pregunta, porque en este momento afrontamos niveles insostenibles de consumo", dijo para este artículo John Talberth, presidente del Centro para la Economía Sustentable. "Si no consumimos suficiente, toda la economía colapsa, y tenemos que cambiar."

En ese sentido, el gobierno de Barack Obama promueve empleos "verdes" en la producción de energía de fuentes renovables, como la eólica y la solar, de modo de asegurarle a su país el mantenimiento de su competencia económica, al mismo tiempo que aborda problemas como el cambio climático.

Sin embargo, los empleos verdes avanzan sólo hasta cierto punto, principalmente reemplazando a los más sucios en los sectores del petróleo, el carbón y los reactores nucleares. Esto no alcanza para compensar la posible pérdida de trabajos que implica la reducción del consumo general en este país.

Muchos ciudadanos estadounidenses ya comienzan a reducir su consumo, aunque no necesariamente por una preocupación ambiental, sino por el terrible estado de la economía, la misma razón por la cual cada vez más restaurantes y comercios cierran sus puertas.

Cuando la gente compra menos, las autoridades de las ciudades, cuyos presupuestos dependen de impuestos a las ventas, reducen, a su vez, servicios como el cuidado de espacios públicos y los policiales.

PASARSE AL LOCALISMO

En las últimas décadas se ha constatado una tendencia mundial a la globalización, la centralización, la especialización y la producción masiva. El argumento económico para la centralización es la eficiencia: que menos personas produzcan más mercaderías. Esa práctica ha redundado en desempleo.

"El pasaje de industrias pequeñas a industrias de gran escala redujo la demanda de mano de obra", observó Talberth.

"Hemos salido de tres décadas o más de concentrarnos en una política económica de globalización. Como sabemos, esto ha llevado a desestimar enormemente la base manufacturera estadounidense, y ha perjudicado a comunidades de todo el mundo. Si dejamos la globalización para pasar a la 'localización', crearemos una cantidad fantástica de nuevos empleos", agregó.

Judy Wicks, fundadora de la Alianza Empresarial para las Economías Locales Vivas, describió la visión de una nueva modalidad de producción según la cual "los puestos dedicados a la fabricación de bienes innecesarios que se destinan a consumidores autómatas serán reemplazados por empleos valiosos que ayuden a construir la autonomía local".

"La mayoría de nuestros alimentos son importados y procesados por grandes compañías en otros lugares. No sólo necesitamos apoyar a nuestros agricultores locales, sino también a los trabajos y empresas que distribuyen los productos frescos y procesan nuestros alimentos, para que los enlatados de nuestra tienda procedan de nuestra localidad", añadió.

La masajista Gloria Tatum, de Decatur, en el sudoriental estado de Georgia, llegó a esa misma conclusión el año pasado, cuando la demanda de sus servicios se redujo. Fue entonces que decidió cultivar verduras en el jardín del frente de su casa. En 2008 cosechó más de la mitad de los alimentos que consumió, y espera llegar a las tres cuartas partes el año próximo.

Según Wicks, "esto significará más empresas y muchos más propietarios. La propiedad de las empresas se distribuirá de un modo mucho más amplio".

Es decir que los beneficios del consumo comunitario llegarán más a las familias y menos a accionistas corporativos y a instituciones financieras, explicó. "La economía local coloca en el mercado productos realmente únicos y apoya la innovación local. Las dinámicas economías locales apoyan a sus artistas locales, a sus músicos, a su cultura local. Sus comunidades crean productos únicos que expresen la cultura local", expresó.

"Puede ser un gran vino, un gran queso, una nueva moda… cualquier cosa que una comunidad cree, para que su economía cree cosas que celebren al ser humano y no a los productos básicos", dijo Wicks.

INVERSIONES VERDES Y SOCIALES

"Nuestra economía debe crecer, pero nuestras inversiones deberían ser verdes. Se debería invertir en grande en mejoras a la eficiencia energética de los edificios y de las industrias, en energía eólica y solar, en transporte masivo", dijo James Heintz, del Instituto de Investigaciones sobre Economía Política de la Universidad de Massachussets en Amherst.

"Una parte de esto sería la modernización de la infraestructura eléctrica nacional. La red está muy centralizada y es muy vieja. No puede adaptarse a la energía solar y eólica", señaló.

"Todas estas inversiones crearán empleos y ayudarán a mantenerlos en las áreas de la economía que ya existen", agregó.

El presidente Barack Obama y el Congreso legislativo de Estados Unidos aprobaron un paquete de estímulo incluido en Ley Estadounidense de Recuperación y Reinversión (ARRA, por sus siglas en inglés).

La norma prevé una inversión de unos 100.000 millones de dólares "para apoyar esta clase de inversiones verdes", dijo Heinz. El experto consideró que esa ley "no sólo crea inversiones en empleos verdes", sino que también dispone que ciertas instalaciones hoy en uso sean dejadas de lado "para que la economía avance hacia el futuro", dijo Heintz.

"Los estándares de eficiencia energética para los edificios nuevos producen rédito con mucha rapidez, gracias al ahorro de energía. En cinco años se recupera la inversión", aseguró.

Sin embargo, el dinero previsto por la ARRA para edificios energéticamente eficientes no alcanzará a todas las construcciones de Estados Unidos. Eso llevará al menos 30 años, dijo.

"Hay que crear incentivos ahora para que la economía pase a una clase de producción y consumo que mejoren mucho la eficiencia en el uso de los escasos recursos que tenemos, y le exija menos al ambiente de modo que los ecosistemas puedan asimilar la contaminación", opinó Heintz.

La eficiencia energética también permitirá que las familias ahorren dinero, añadió.

Talberth, del Centro para la Economía Sustentable, sostuvo que Estados Unidos necesita, además, inversiones sociales.

TRABAJAR MENOS

Algunos sugieren que en un futuro la sociedad puede concluir que no es necesario ni deseable que toda la población económicamente activa trabaje tanto. Es decir, que se puede producir colectivamente todo lo que se necesita, con menos trabajo y menos empleados.

"Si tenemos a toda la población a salvo de la pobreza y el hambre, recibiendo atención médica y educación, no hay motivos para que todos deban trabajar 40 o 60 horas a la semana. Tiene que haber más tiempo dedicado al ocio", dijo Talberth.

Según Wicks, "esto también significa que trabajemos menos".

"Muchas veces la gente está desesperada por dinero porque quiere comprar toda esta basura. Tal vez si cambiamos nuestros valores no necesitaremos tanto dinero, y tampoco necesitaremos trabajar tanto", dijo.

* Este artículo es parte de una serie producida por IPS (Inter Press Service) e IFEJ (siglas en inglés de Federación Internacional de Periodistas Ambientales) para la Alianza de Comunicadores para el Desarrollo Sostenible (http://www.complusalliance.org). (FIN/2009)

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CAMBIO CLIMÁTICO-EEUU: A Copenhague con muy poco en la valija

CAMBIO CLIMÁTICO-EEUU: A Copenhague con muy poco en la valija
 
 

Por Matthew Berger

WASHINGTON, 7 nov (IPS) - El impulso que adquirió en las últimas semanas la iniciativa legislativa para combatir el cambio climático en Estados Unidos no alcanzará para conformar un marco legal antes de la conferencia de la ONU, que se realizará en diciembre en Copenhague.

Además, parece excesivo el precio que tendrán que pagar quienes están más comprometidos en este país con obtener una ley que ponga límites a la contaminación de gases invernadero causantes del cambio climático.

La senadora del gobernante Partido Demócrata, Barbara Boxer, logró que el Comité de Ambiente y Obras Públicas del Senado, que preside, aprobara el jueves el proyecto de ley titulado Clean Energy Jobs and American Power (Empleos en energías limpias y electricidad en Estados Unidos), pese al boicot de los integrantes del opositor Partido Republicano, quienes reclamaron un análisis mayor de su impacto económico.

Los senadores John Kerry, Joe Lieberman y Lindsey Graham anunciaron el miércoles que trabajarán fuera del comité para redactar una nueva versión y conseguir el suficiente apoyo de legisladores de ambos partidos para que se apruebe el proyecto. Necesitan al menos 60 votos para evitar todo tipo de obstrucción legislativa.

Todo esto sucede cuatro semanas antes de la conferencia Copenhague, donde se tratará de alcanzar un tratado que reemplace al Protocolo de Kyoto, que vence en 2012. El convenio acordado en Japón en 1997 y en vigor desde 2005, obliga a 37 países industrializados a reducir sus emisiones de gases invernadero en al menos 5,2 por ciento para esa fecha, respecto de los volúmenes registrados en 1990.

Por su parte, la Cámara de Comercio de Estados Unidos, que representa a una gran cantidad de intereses corporativos locales y que ya trabó otras iniciativas legislativas, apoyó la propuesta de los tres senadores.

La entidad espera que el Congreso legislativo apruebe una ley sobre cambio climático "con apoyo de ambos partidos y que reconozca las diferencias regionales, el avance tecnológico y la necesidad imperiosa de llegar a una solución que minimice el impacto económico global", explicó en un comunicado.

El demócrata Kerry y el republicano Graham indicaron en una columna publicada en octubre en el periódico The New York Times, que su propuesta bipartidista contemplará la inversión en energía solar y eólica e incluirá otros aumentos para más centrales nucleares y más prospecciones petroleras.

"Lo que necesito para apoyar un proyecto de ley sobre cambio climático", dijo Graham a una radio a fines del mes pasado, es "un artículo sobre perforaciones marítimas que nos permitan aumentar nuestras reservas y generar dinero para crear empleo y mejorar la capacidad interna. No sólo alguna que otra perforación, sino que muchas".

Graham declaró el jueves que él hubiera vota en contra del proyecto que aprobó esa mañana el comité de Ambiente y Obras Públicas si ésa hubiera sido la versión enviada al Senado.

El independiente Lieberman forma parte de un bloque de senadores que esperan incluir incentivos financieros para construir nuevas plantas nucleares en la versión final de la propuesta.

Las organizaciones ambientalistas ven con buenos ojos los avances en la discusión legislativa de un asunto deliberadamente ignorado por el gobierno de George W. Bush (2001-2009), pero lamentan que deban incluirse esos otros elementos.

"Primero, y antes que nada, queremos que se ponga un tope a las emisiones", señaló Sarah Saylor, asesora de Earthjustice en materia legislativa. Pero "avanzar en la dirección de algo que aumente las emisiones sería una de las opciones menos paliativas", apuntó.

Existe una desconexión entre "lo que la política legislativa establecerá y lo que el clima dictará", según ella.

En relación con la opinión de Kerry y Graham de que la energía nuclear tiene demasiadas regulaciones y pocas inversiones, Saylor señaló que, en general, esa alternativa "se ha beneficiado de muchos fondos federales, a diferencia de otras fuentes limpias como la solar".

La Cámara de Representantes aprobó en junio un proyecto que apunta a reducir 17 por ciento las emisiones de gases de efecto invernadero para 2020, respecto de los niveles registrados en 2005. La propuesta del Senado plantea una disminución de 20 por ciento, aunque se supone que será modificada cuando llegue a sala, si es que lo logra.

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC), creado en el marco de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), propone reducciones de entre 25 y 40 por ciento para 2020, respecto de los volúmenes de emisiones de 1990.

Max Baucus, uno de los senadores demócratas no muy convencidos de una ley para contener el cambio climático, señaló en la sesión del jueves del comité de Ambiente y Obras Públicas que le gustaría que se baje el máximo a 17 por ciento con la posibilidad de aumentarlo a 20 por ciento en caso de que otros países adoptan medidas similares.

Esa es la discusión que tendrá lugar en la 15 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático, que se realizará en la capital danesa del 7 al 18 de diciembre.

Es muy poco probable que el Congreso de este país tenga algo sustancial para poner sobre la mesa antes de que empiecen las negociaciones.

Hay otros cuatro comités que deben dar su opinión sobre el proyecto de ley.

Además, el líder de la mayoría demócrata de esa cámara, Harry Reid, ya dijo que iba a pedir a la Agencia de Protección Ambiental que analizara en profundidad el proyecto que salga de las deliberaciones de los comités y de la propuesta de los senadores Kerry, Lieberman y Graham, proceso que puede demorar cinco semanas.

"En estas cuatro semanas no tenemos tiempo para atender cada detalle del tratado", respondió Kerry al ser consultado sobre qué espera de las negociaciones de Copenhague.

"Espero que se logre un verdadero acuerdo político vinculante que incluya mecanismos financieros, adaptación y objetivos de reducción de emisiones y así tener el esquema del tratado", indicó.

En definitiva, Kerry espera que los detalles y el texto del tratado se terminen de acordar el año que viene.

Una opinión similar expresó el jueves el secretario ejecutivo de la Convención de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) sobre cambio Climático, Yvo de Boer, en Barcelona, donde esta semana tuvo lugar la última instancia de negociaciones previa a las reuniones de diciembre.

"No creo que logremos un acuerdo vinculante en Copenhague", admitió. "Creo que lo alcanzaremos dentro de un año", añadió.

Podría pensarse entonces que el hecho de que Estados Unidos no tenga una legislación integral no marcará una diferencia significativa en el éxito de las negociaciones en la Convención. Pero hay otras razones para lograr algo en Copenhague, aun sin que los delegados de este país tengan un mandato legislativo en materia de reducción de emisiones.

"Lo que la gente parece olvidar es que hay dos discusiones distintas", explicó Kate Homer, analista de Amigos de la Tierra: una es la que mantendrán los delegados de los 192 estados parte de la Convención, suscrita en Río de Janeiro en 1992, y otra la de los 184 países partes del Protocolo de Kyoto, firmado en 1997.

Estados Unidos sólo es parte de la Convención de la ONU sobre Cambio Climático.

Los países que ratificaron el Protocolo de Kyoto tratarán de fijar nuevos compromisos de reducción de emisiones para que asuman las naciones industriales después de 2012, en tanto Estados Unidos y otros miembros de la Convención discutirán un plan de acción más amplio en materia de cambio climático.

"Que Estados Unidos tenga, o no, una ley no tiene importancia" en lo que respecta al Protocolo de Kyoto, remarcó Homer. Lo que espera Amigos de la Tierra es "que los firmantes del convenio se comprometan con objetivos vinculantes", apuntó.

De todas maneras, "el gobierno de Barack Obama tiene la potestad de fijar reducciones de emisiones sin que el Senado apruebe una ley, y esperamos que lo haga", añadió.

Pero Saylor recordó el compromiso del vicepresidente Al Gore con el Protocolo de Kyoto, suscrito por Bill Clinton (1993-2001), y el fracaso posterior ante un Senado hostil a ratificarlo, coronado más tarde por la decisión de Bush de retirar la firma que su predecesor había estampado en el tratado.

Es importante que el Senado apruebe el proyecto de ley, según ella, "para que el gobierno de Obama sepa qué rumbo toma la legislación de este país".

"Es bueno para otros países que Estados Unidos realice un esfuerzo de buena fe", añadió.

Pero no parece ser suficiente. Los países africanos se retiraron de las negociaciones de Barcelona el jueves por la falta de compromiso de las naciones industrializadas en materia de reducción de emisiones contaminantes.

"A los países en desarrollo les preocupa que las naciones industrializadas no se hayan tomado el asunto con la seriedad que exige", concluyó Homer. (FIN/2009)

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ENERGÍA-BRASIL: Los rayos y centellas del apagón

ENERGÍA-BRASIL: Los rayos y centellas del apagón

Por Fabiana Frayssinet

RÍO DE JANEIRO, nov (IPS) - Con un mayor acceso de la población más pobre a los bienes de consumo y veranos anticipados por los cambios climáticos, Brasil afronta el desafío de mejorar su red energética para evitar más apagones como el que el martes 10 dejó a oscuras a casi medio país.

La palabra vulnerabilidad era la que expresaban los pocos transeúntes que se atrevían a circular en la oscuridad casi total por las calles en la jornada en que Brasil quedó sin energía eléctrica.

Vulnerabilidad por "cómo es que se apaga la luz de la mitad de Brasil y por tanto tiempo", según la profesora Janette Lenine.

Vulnerabilidad porque un simple vendaval deje a oscuras a las principales economías del país, según el testimonio del empleado Felipe Medici.

Vulnerabilidad al fin, según los especialistas de energía, dejada al descubierto por el mayor apagón de los últimos 10 años, que causó numerosos trastornos urbanos como la falta de transporte, el congestionamiento de tránsito, problemas de comunicación, accidentes y el desabastecimiento de otros servicios esenciales como el agua.

La caída de las generadoras interrumpió 45 por ciento del abastecimiento energético, afectando a unos 60 millones de los casi 190 millones de brasileños por más de tres horas en 18 estados (provincias).

Los argumentos del gobierno del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva no dejaron satisfechos a muchos. Según su ministro de Energía y Minas, Edison Lobao, la causa del "accidente" fue un fenómeno meteorológico fuera de lo normal

Una conjunción de rayos, lluvias y vientos muy fuertes provocó un cortocircuito en tres líneas de transmisión que unen el complejo hidroeléctrico de Itaipú, compartido con Paraguay, en el sureño estado de Paraná, con la subestación de Itaberá, en el estado de Sao Paulo, y la consecuente desconexión total de la planta, por primera vez en su historia.

Itaipú produce cerca de 20 por ciento de la energía eléctrica que usa Brasil y casi 90 de la de su vecino Paraguay.

En Brasil es fundamental para abastecer una de las regiones más ricas del país, como es la del sudeste, con estados económicamente importantes como Río de Janeiro y Sao Paulo.

"Hubo un cortocircuito en los tres circuitos que vienen de Itaipú", explicó al ministro tras aclarar que se desconectaron las otras dos líneas de transmisión restantes para evitar que el problema no se propagase.

"El sistema (de interconexión) eléctrica es bueno", dijo, y lo comparó con un avión, que es "una de las máquinas más perfectas que la humanidad creó, y también se cae". Luego subrayó Lobao que el de Brasil no fue el único apagón en el mundo causado por fenómenos climáticos.

Pero el avión, según Luiz Pinguelli, director del Centro de Postgrado de Ingeniería de la Universidad Federal de Río de Janeiro, puede hasta caer por un rayo, pero no arrastrar consigo a toda una flota.

"Hay tres líneas de Itaipú hacia el centro-sur del país. Si cae una línea, las otras dos tendrían que tener una forma de asegurar parte importante del sistema", declaró a IPS Pinguelli, ex presidente de la empresa estatal Electrobrás.

Para el experto, es necesario una mejor administración del sistema de energía eléctrica para evitar la propagación de un problema en "una dimensión tan grande".

"El sistema tiene que ser más inteligente. Es normal que caiga una línea, no hay como evitarlo. Pero esta vez fue demasiado. El apagón fue demasiado grande", acotó.

El accidente tuvo lugar apenas tres días después de otro que afectó varios barrios de Río de Janeiro el fin de semana, y que la empresa distribuidora Ligth atribuyó a la sobrecarga del sistema.

"No pueden alegar que las personas compran heladeras. Tienen que hacer una previsión porque como concesionaria está obligada a ofrecer energía. La firma no puede decir que el consumidor no puede comprar aparatos de aire acondicionado", cuestionó Pinguelli.

Como parte de una política de estímulo al consumo para combatir los efectos de la crisis financiera internacional en curso, el gobierno de Lula redujo este año impuestos de los aparatos electrodomésticos causando así un récord de ventas.

El fin de semana, ante temperaturas más altas de lo habitual para esta época del año y que llegaron a los 40 grados, el aumento de las compras de estos productos llevó al desabastecimiento en muchas tiendas de Río de Janeiro.

Adriano Pires, director del Centro Brasileño de Infraestructura, tampoco, como Pinguelli, cree en rayos y centellas como causa del accidente, aunque sí en el encendido simultáneo de heladeras y aparatos de aire acondicionado, que habrían llevado al derrumbe del sistema por sobrecarga. En entrevista con IPS, el experto en energía lo atribuye a causas estructurales.

"Yo creo que lo que ocurrió en Itaipú muestra que es necesario hacer inversiones para la ampliación de las líneas de transmisión y para una gestión más moderna", sostuvo, al conjeturar que lo que probablemente ocurrió fue una sobrecarga del sistema en una época inusual de calor.

"La población tiene hoy un acceso mucho mayor a electrodomésticos como aires acondicionados y heladeras y se registró entontes una sobrecarga y el sistema no esta preparado para eso y derrumba redes", analizó.

Pires añadió que el apagón debe servir para que el gobierno retome las inversiones en infraestructura para acompañar el crecimiento económico.

"Cuando el mundo tuvo un alto crecimiento económico y había gran liquidez financiera en el mercado internacional, se debió haber aprovechado esa fase para modernizar nuestra infraestructura que es muy precaria", agregó.

El gobierno de Lula lo desmiente y atribuye a razones electorales las críticas sobre falta de inversiones, entre otras las del candidato a la presidencia de Brasil, el oposición y hoy gobernador de Sao Paulo, José Serra.

La candidata oficialista para las elecciones de octubre de 2010, la jefa de la Casa Civil (especie de primer ministra), Dilma Rousseff, fue hasta 2005 precisamente ministra de Energía.

En la época del antecesor de Lula, su rival Fernando Henrique Cardoso (1995-2003), hubo una serie de apagones que culminaron en un gran racionamiento energético en 2001.

Pero Lula asegura que su gobierno superó esos problemas y que las causas del reciente apagón no tienen nada ver con las del pasado.

"Lo que ocurrió en 2001 es que no se producía energía suficiente. Y además no teníamos líneas de transmisión para inter-ligar todo el sistema eléctrico brasileño. Hoy tenemos el sistema totalmente inter-ligado", se defendió Lula, mientras su ministro da como cifra un 98 por ciento.

Según Lula, en los últimos siete años se invirtió en concepto de líneas de transmisión 30 por ciento de lo que se había hecho en 123 años.

Jean Paul Prates, secretario de Energía del gobierno de Río Grande do Norte, coincide con algunos argumentos oficiales, por ejemplo los que atribuyen a un fenómeno meteorológico anormal el perjuicio en las líneas de transmisión.

En ese sentido, llama la atención inclusive en la rapidez en que reaccionó el sistema para volver a al normalidad, comparándolo a otros eventos similares en Estados Unidos y Europa.

Pero Prates, quien fomenta en su estado la producción de una energía limpia, como es la eólica, cuestiona también la deficiencia en el sistema de transmisión.

Deficiencia que no se corrige pese a las licitaciones de transmisión impulsadas por el gobierno federal, pero mucho menos rápidas que las necesidades de satisfacción de la demanda energética creciente.

"Para diciembre tenemos en Río Grande do Norte una oferta de más de 4.000 megavatios de energía eólica, pero no tenemos líneas de transmisión para llevar esa energía", ilustró al referirse a la primera licitación nacional para producir energía eólica, que tendrá lugar el 14 de diciembre.

Con el mayor potencial de oferta energética eólica del país, que llegan a unos 22.000 megavatios equivalentes a "dos Itaipús", Rio Grande do Norte también quiere "exportar" electricidad a otros estados vecinos.

Su estado, que es el último en la red de transmisión, tuvo 28 municipios afectados por el apagón durante 22 minutos. Según Prates, si cada estado pudiera aumentar su potencial de producir energía, se evitaría la necesidad de transportarla con sus consecuentes riesgos de transmisión y costos.

"Tenemos nota 10 en potencial eólico, pero apenas cuatro en líneas de transmisión", calificó al reforzar la necesidad de impulsar otros tipos de energía. El 80 por ciento de la energía brasileña proviene de represas hidroeléctricas.

El secretario dice que otras energías alternativas limpias como la eólica, podrían aliviar el sistema del sur y evitar problemas como el reciente apagón.

Pero para ello reclama una mayor atención del gobierno de Lula a efectos de una planificación energética nacional. Pide que además de escuchar a las distribuidoras de energía consulte también a las secretarias de Energía de los gobiernos provinciales.(FIN/2009)

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¿por que teme a bachelet alan garcia y arranca como derrotado en guerra?

Alan García dejará anticipadamente la APEC por caso de espionaje

  • El canciller peruano, José García Balaunde, explicó que el caso ha generado un problema político y que él también se marchará con el mandatario, dejando claro que no se reunirán con la Presidenta Bachelet.
AP
Sábado 14 de Noviembre de 2009 19:12
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SINGAPUR.- El presidente peruano, Alan García, abandonará anticipadamente el domingo el foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), debido al caso de espionaje en el que supuestamente estaría involucrado Chile, según anunció el canciller de Perú José García Balaunde.


El ministro precisó que García dejará la cumbre 24 horas antes de lo presupuestado, perdiendo las sesiones del domingo por la tarde de los 21 países que participan en el foro.


García Belaunde precisó que el regreso se debe al anuncio de que un suboficial de las Fuerza Aéreas peruanas habría sido financiado por Chile para hacer espionaje.


Además, explicó que el caso ha generado un problema político y que él se marchará con García, mientras que el ministro de Comercio se quedará en la cumbre, de esta manera, dejó claro que el presidente García no se reunirá con la Presidenta Michelle Bachelet.


"Sí, se trata de un caso de espionaje. Felizmente ya está en manos del Poder Judicial. Es un trágico, lamentable y repudiable caso de espionaje", señaló el canciller en declaraciones a la emisora limeña Radioprogramas.


En tanto, el primer ministro de Perú, Javier Velásquez, consideró que el supuesto espionaje era "muy delicado y esto es una actitud ofensiva y poco amistosa de Chile al Perú".


Asimismo, demandó al gobierno de Michelle Bachelet a "hacer una profunda investigación, ya que también estarían comprometidos dos militares del país sureño, a fin de determinar el grado de responsabilidad que también tendrían".


En tanto, García Belaunde dijo que este nuevo impasse pone "en un momento delicado" las relaciones entre Perú y Chile, ya tensas debido al litigio jurídico por límites marítimos que sostienen los dos países en la Corte Internacional de Justicia de La Haya desde enero del 2008.


"Voy a llamar a Lima al embajador (de Perú en Santiago) Carlos Pareja para que sea informado debidamente, y esperamos que el gobierno chileno tome las providencias del caso para investigar y sancionar a los responsables de este acto inamistoso y ofensivo", dijo García Belaunde.

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PRESIDENTE PERUANO NO ENFRENTA REUNIÓN CON PRESIDENTA BACHELET

ALAN GARCÍA TEME REUNIRSE CON PRESIDENTA CHILENA BACHELET Y HUYE

 

Este show del Presidente Peruano ya es clásico. Permanentemente está buscando motivos para agredir a Chile. Pero teme a enfrentarse con Bachelet y no va a asistir a una reunión programada. Pero al mismo tiempo manda a funcionarios subalternos y manda a busca a  embajador.

Es una práctica del Perú inventar situaciones falsas para ir pre-constituyendo  pruebas posteriores. Lo hace en la cuestión marítima, en planos y mapas, en libros etc.

Esto tiene menos validez que si Chile exigiera su limite Norte en Lima , sitio en el cual fue Botín de Guerra y desde allí se dirigió la ocupación en guerra.

www.conflictochile-perú.blogspot.com

 

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ALAN GARCIA PRESIDENTE DEL PERU CANCELO REUNION CON PRESIDENTA BACHELET DE CHILE

Mandatario canceló reunión con Presidenta Bachelet:


A. García se retira de APEC y llama a embajador en Santiago, mientras Chile niega espionaje


Gobierno peruano invoca como pretexto el caso del militar de ese país que supuestamente habría entregado información a Chile. Canciller Fernández: "Descartamos la participación del gobierno chileno en cualquier actividad respecto de cualquier cosa que sea ilegal".

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PRESIDENTE PERUANO ELUDE REUNION CON BACHELET

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Gobierno peruano invoca como pretexto el caso del militar de ese país que supuestamente habría entregado información a Chile. Canciller Fernández: "Descartamos la participación del gobierno chileno en cualquier actividad respecto de cualquier cosa que sea ilegal".  

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¿QUIEN ES EL CANDIDATO FREI O BACHELET?

Frei apareció tres segundos, mientras la Presidenta Bachelet la protagonizó durante un minuto y 44 segundos:

Comando de Frei se queja ante la DC por ausencia del candidato en la franja electoral de su partido

Jorge Pizarro: "Yo esperaba que el partido fuera el que pusiera el máximo posible de imágenes de él". La Mandataria aparece el 43% del tiempo de duración del spot del primer día.  

 

Girardi (PPD): "Para un acuerdo en segunda vuelta entre Frei y Marco es clave que Ominami sea reelecto"

Expertos enjuician el esperado estreno de la franja de los cuatro postulantes a La Moneda

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Defensoría para Víctimas garantizaría una mayor investigación de casos

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UN ANHELO DE LOS CIUDADANOS...
 
Defensoría para Víctimas garantizaría una mayor investigación de casos
 
 
 
El senador Hernán Larraín señaló que la gran cantidad de casos relacionados con robos violentos que se archivan sin culpables, demuestran que el sistema de persecución de delitos no está siendo efectivo.

Un llamado a implementar una Defensoría para las Víctimas que se preocupe de velar porque se realice la mayor investigación posible de los delitos denunciados hizo el senador Hernán Larraín, tras conocer las últimas estadísticas elaboradas por el Ministerio Público, que señalan que entre enero y septiembre de este año un 74% de los casos de robos violentos se archivó sin culpables.

En tanto, en el caso de los robos no violentos, como los que afectan a las casas sin moradores o a los locales comerciales, se archivó el 86,2% de ellos, sin que se hayan determinado los responsables.

En tal sentido, el senador Larraín señaló que "cada vez se hace más urgente la necesidad de una Defensoría de Víctimas, porque si tuviésemos abogados para ellos, no dejarían que se cerraran las causas a menos que efectivamente hubiera constatación de que esa causa ya está terminada".

Agregó que ello no sólo serviría para defender mejor a las víctimas, sino que también "para asegurar que se haga la mayor justicia posible en esos casos y fiscalizar la labor de los fiscales, en el sentido de asegurarse que cumplan expeditamente con su rol en la investigación de los delitos que se le han encomendado".

SITUACIÓN PREOCUPANTE

En opinión del senador Larraín el sistema que tiene el Ministerio Público para archivar casos, conlleva a que "el trabajo propiamente judicial, sea muy poco y es preocupante esta situación de los archivos, en general, porque es el camino más expedito para terminar las causas y ciertamente esa no es la manera de resolver los problemas judiciales que existen en el país, porque la gente queda tremendamente insatisfecha con estas soluciones".

A su juicio, se debe revisar el sistema de archivos "porque lo que se está logrando es que no haya justicia y que mucha gente quede en la impunidad. El sistema no está siendo efectivo. La falta de investigación y de éxito en las investigaciones, está llevando a que la mejor manera de terminar los procesos sea por la vía del archivo, lo cual es un contrasentido, porque quiere decir que todas esas causas no son investigadas". 

El legislador señaló que puede haber mecanismos internos que favorezcan a que se opte por cerrar una causa en vez de investigarla. 

En tal sentido, la directora del programa Seguridad y Ciudadanía de Flacso, Lucía Dammert serñaló que existiría una tendencia a archivar los casos por parte de los fiscales para cumplir con las metas que se les exigen.

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Instituto de Derechos Humanos sentará las bases para crear una cultura del respeto

Instituto de Derechos Humanos sentará las bases para crear una cultura del respeto
 
 
Senador Pedro Muñoz valoró la aprobación en el Parlamento de ésta nueva instancia que tendrá a su cargo la promoción y protección de derechos humanos en el país.

"El Instituto de Derechos Humanos es un gran paso, que recoge la experiencia vivida por Chile en décadas pasadas y que evitará que hechos tan repudiables vuelvan a ocurrir en el futuro". Así lo destacó el senador Pedro Muñoz quien valoró la aprobación definitiva en el Congreso Nacional de esta nueva instancia que tendrá a su cargo la promoción y protección de estos principios fundamentales en el país.

 

El legislador recordó que la iniciativa surgió de la propuesta "No hay mañana sin ayer", del Presidente Ricardo Lagos y tuvo una extensa tramitación legislativa, la que no estuvo exenta de dificultades por el rechazo de la derecha a ampliar su ámbito de competencia, garantizar su plena autonomía y aprobar algunas facultades.

 

Entre las principales atribuciones de la nueva entidad se encuentran la posibilidad de asesorar a los organismos públicos en la materia; elaborar un Informe anual sobre el estado de los derechos humanos en el país, que será remitido a organismos internacionales; comunicar al Gobierno y a otros órganos del Estado situaciones que estime atentatorias contra los derechos humanos y, en general, difundir y promover estas garantías en el país.

 

El senador Muñoz aseveró que lo más importante es que se logró aprobar la norma que permitirá al Instituto querellarse y ejercer acciones legales en casos de crímenes de genocidio, lesa humanidad y de guerra, tortura, desaparición forzada de personas, tráfico de migrantes, trata de blancas y, además, los recursos de protección y amparo.

 

"Se trata de una norma muy importante, en tanto, por la especial connotación de este tipo de delitos se autoriza a un organismo ajeno al Ministerio Público y las víctimas para ejercer la acción penal." - indicó.

 

MEDIDAS DE REPARACIÓN

 

El parlamentario explicó que el proyecto despachado por el Parlamento, contiene, además, "un mejoramiento de las medidas de reparación para los casos de violaciones a los derechos humanos de la Dictadura".

 

En este sentido valoró que se permita, expresamente, a traspasar a un descendiente la beca educativa contenida en la Ley Valech. "Esta es una larga aspiración de muchos ex presos políticos y víctimas de tortura, que no deseaban estudiar, pero sí querían ceder su derecho a sus hijos o nietos, lo que ahora queda solucionado" - precisó.

 

Del mismo modo, se amplían las excepciones sobre la obligatoriedad del servicio militar, para familiares de víctimas violaciones a los derechos humanos.

 

Se incorpora, también, una pensión para la cónyuge sobreviviente de las víctimas de tortura y prisión política, para la que se fijaron montos mínimos de $ 104 mil 960 pesos, si la viuda fuera menor de 70 años; $ 114 mil 766 si tuviera entre 70 y 75 años y $ 122 mil 451 si es mayor de 75 años de edad.

 

El texto establece, también, una Comisión destinada a recibir nuevos antecedentes sobre detenidos desaparecidos, prisioneros políticos y casos de tortura durante el régimen militar e institucionaliza el PRAIS para evitar que pudiera ser eliminado por futuros Gobiernos.

 

 "Lo anterior viene a dar seguridad a muchas víctimas y sus familiares, en tanto, este programa se había configurado a través de decretos y resoluciones administrativas cuya continuidad era incierta, lo que ahora queda asegurado", precisó el senador Muñoz.

 

Puntualizó además la trascendencia del despacho de este proyecto de ley, indicando que "constituye un avance trascendental, en cuanto permitirá al país, por primera vez en su historia, contar con una entidad especializada en la promoción y protección de los derechos humanos".

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Asegurarán una mayor transparencia en los contratos de servicios de Internet

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Asegurarán una mayor transparencia en los contratos de servicios de Internet
 
 
 
Así lo manifestó el senador José García Ruminot, presidente de las Comisiones Unidas de Economía y Transportes en el marco del estudio del proyecto que consagra el principio de neutralidad en la red para los consumidores y usuarios de Internet.

Garantizar la entrega de contenidos amplios y abiertos a toda recepción y transparentar los contratos de Internet son las principales materias que abordan las más de 40 indicaciones que recibió el proyecto, en segundo trámite, que consagra el principio de neutralidad en la red para los consumidores y usuarios de Internet.

 

Cabe recordar que, el Ejecutivo dio calificación de "suma urgencia", es decir, de 10 días para ser tramitado por cada rama legislativa, al proyecto que se encuentra en el Senado desde marzo del 2007, de modo que antes de fin de año sea despachada por el Congreso Nacional.

 

El senador José García Ruminot explicó que la instancia se encuentra en plena etapa de análisis de las indicaciones que recibió la iniciativa de modo de que en esta área operen sólo las limitaciones generales del ordenamiento jurídico para evitar contenidos que inciten al terrorismo, la violencia o la pornografía.

 

El legislador recalcó que de acuerdo al proyecto "quienes ofrecen Internet deben cautelar que estén disponibles todas las alternativas y redes y que las personas tengan acceso a todos los contenidos".

 

Por otra parte, insistió en que las Comisiones Unidas están revisando las normas que cautelan el cumplimiento de los contratos que los distintos servidores de Internet ofrecen a los usuarios.

 

En esa línea señaló que "algunos contratos ofrecen banda ancha superior a un mega de capacidad, sin embargo, en la práctica lo que sucede es que todos sus clientes usan la misma banda y, si lo hacen al mismo tiempo el servicio sigue operando con gran lentitud".

 

El senador García Ruminot aseveró que "éste es uno de los reclamos más reiterados que se reciben en materia de acceso a Internet y por ello, queremos ser extremadamente precisos en la legislación".

 

En lo fundamental, la iniciativa legal busca garantizar que internet sea un espacio libre y abierto para la innovación y la creatividad, y que los usuarios encuentren todas las prestaciones que necesitan.

 

Este proyecto recoge los principios que la Comisión Federal de las Comunicaciones (FCC) de EE.UU. dio a conocer en cuanto a los criterios de no discriminación en la red para que todos los consumidores puedan acceder a los contenidos legales.

 

En ese sentido la iniciativa dispone que las concesionarias de servicio público de telecomunicaciones que presten servicio a los proveedores de acceso a Internet no podrán bloquear, interferir, discriminar, entorpecer ni restringir arbitrariamente el derecho de cualquier usuario de Internet para utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación o servicio legal a través de Internet, así como cualquier otro tipo de actividad o uso legal realizado a través de la red.

 

En este sentido, deberán ofrecer a cada usuario un servicio de acceso a Internet o de conectividad al proveedor de acceso a Internet, según corresponda, que no distinga contenidos, aplicaciones o servicios, basados en la fuente de origen del mismo o de la propiedad de éstos, considerando las distintas configuraciones de la conexión a Internet según el  contrato vigente con los usuarios.

 

Con todo, los concesionarios de servicio público de telecomunicaciones y los proveedores de acceso a Internet podrán tomar las medidas o acciones necesarias para la gestión de tráfico y administración de red, en el exclusivo ámbito de la actividad que les ha sido autorizada, siempre que ello no tenga por objeto realizar acciones que afecten o puedan afectar la libre competencia.

 

En tanto, para la protección de los derechos de los usuarios de Internet, el Ministerio y la Subsecretaría podrán emplear todas las facultades que actualmente contempla esta ley y su normativa complementaria

 

Finalmente, un Reglamento establecerá  las condiciones mínimas necesarias de la prestación del servicio del acceso a Internet, así como las acciones que serán consideradas como prácticas restrictivas a la libertad de utilización de los contenidos, aplicaciones o servicios que se presten a través de Internet.

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Cada Cámara tendrá autonomía para contratar al personal de los parlamentarios

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Así lo ratificó la Comisión Mixta de senadores y diputados, encargada de resolver las discrepancias en torno al proyecto que adecua la Ley Orgánica del Congreso a la reforma constitucional del 2005 que consagró el principio de transparencia.

Con el acuerdo de que tanto el Senado como la Cámara de Diputados podrán definir de manera autónoma la forma de contratar al personal que trabaja con los parlamentarios, la Comisión Mixta encargada de resolver las discrepancias en torno al proyecto que modifica la Ley Orgánica del Congreso zanjó uno de los puntos más críticos, terminando con el análisis de la iniciativa.

 

Así lo informaron los senadores Andrés Chadwick y Pedro Muñoz, presidente e integrante de la instancia, respectivamente, tras precisar que con la aprobación de esta disposición el proyecto queda en condiciones de ser sometido a la votación de las respectivas salas del Congreso.

 

Cabe recordar que si bien había acuerdos sustantivos en la mayoría de las normas, no los hubo respecto de la contratación del personal que trabaja con los parlamentarios, puesto que el Senado y la Cámara tenían opiniones distintas sobre la materia.

 

En tal sentido, el senador Chadwick señaló que "hay una diferencia. La Cámara buscaba que se estableciera un sistema de carácter general para todo el Congreso y el Senado era partidario de que se dejara a cada corporación una autonomía, porque son realidades completamente distintas. La Cámara tiene, por su número de diputados, una carga y una estructura administrativa que es cuatro veces la del Senado y por tanto se entendía que eran realidades distintas".

 

Agregó que con esta disposición cada corporación "podrá establecer si contratan al personal directamente, a través de los parlamentarios o del Código del Trabajo, con lo cual la norma llegó a ordenar el sistema de contratación y deja tanto al Senado como a la Cámara con la posibilidad de hacerlo según lo estimen conveniente y esté más de acuerdo a su tradición".

 

En tal sentido, el senador Muñoz precisó que en virtud de esta autonomía, "la Cámara Baja podrá elegir el sistema que más le acomode, pero en el Senado se mantendrá el sistema que se usa actualmente, es decir, que sean los senadores quienes contraten a su personal".

 

MODIFICACIONES SUSTANCIALES

 

El proyecto que modifica la Ley Orgánica Constitucional del Congreso apunta a adecuarla a las enmiendas constitucionales del año 2005, que entre otras materias consagró el principio de transparencia en los actos y resoluciones de los órganos de la administración del Estado.

 

En lo fundamental, introduce más de 35 modificaciones destinadas a regular todo el sistema de aprobación de los tratados internacionales por parte del Congreso y también el funcionamiento de las comisiones investigadoras de la Cámara de Diputados, instancias a las que se le fortalecieron sus atribuciones.

 

En materia de transparencia se incorpora una disposición para ampliar las obligaciones que tienen las Corporaciones respecto de la información que deben entregar cuando se les requiera por un particular y se establecen procedimientos para reclamar.

 

La iniciativa también consagra en la Ley la existencia de una Comisión de Ética y Transparencia en cada cámara, pues actualmente sólo están contempladas en los reglamentos. Estas instancias podrán, de oficio o a petición de un parlamentario, iniciar investigación respecto del comportamiento de sus pares.

 

También se realizan una serie de adecuaciones para mejorar los mecanismos a través de los cuales los parlamentarios hacen sus declaraciones de intereses y patrimonio, para precisar de mejor manera las oportunidades en que tienen que hacerla, el plazo en que tienen que efectuarlo y las sanciones a las cuales se pueden ver afectos.

 

Otro aspecto importante dice relación con la forma en que el Senado y la Cámara pueden pedir información a las empresas públicas. En tal sentido se estableció que pueden solicitar esos antecedentes, pero éstas pueden oponerse a entregarla si es que tiene carácter reservado o estratégico. Si hay una controversia, las cámaras pueden pedir que el punto lo aclare la Contraloría General de la República.

 

Además se crea un Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias que va afijar el monto y el destino de tales recursos. Estará compuesto por un ex consejero del Banco Central; un ex decano de una facultad de administración, economía o derecho de cualquier universidad acreditada por el Estado; un ex diputado y un ex senador que hayan desempeñado sus funciones durante un mínimo de 8 años; y un ex Ministro de Hacienda o un ex Ministro de Economía o un ex Director de Presupuestos.

 

Junto con ello se establece el Comité de Auditoría Parlamentaria que se encargará de analizar que las asignaciones que reciben los legisladores se enmarquen en los parámetros estipulados. Estará integrado por un abogado y un contador auditor con a lo menos 10 años de ejercicio de la profesión y un profesional que se haya desempeñado por más de 10 años en un cargo directivo en la Contraloría o en la Superintendencia de Valores y Seguros.

 

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Senador Sergio Romero: "Perú insiste en su estrategia de colocar a Chile como una nación belicista"

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Senador Romero: "Perú insiste en su estrategia de colocar a Chile como una nación belicista"
 
 
  • El parlamentario recordó que el vecino país "también realiza compras de armamento que nosotros no comentamos" y tampoco "hicimos un escándalo" cuando estalló el caso de espionaje telefónico a oficiales de la Fach y donde estaba involucrado un ex oficial de la Marina de Guerra de Perú.
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Como "una estrategia equivocada" calificó el senador Sergio Romero, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores los comentarios de autoridades peruanas en orden a criticar el interés de Chile por la compra de armamento por US$ 665 millones, según lo informado por el Congreso Norteamericano.

El parlamentario aseguró que "Perú insiste en hacer comentarios impropios que simplemente corresponden a una práctica que la opinión pública ya conoce", y aclaró que "las posibles adquisiciones militares obedecen al reemplazo de elementos necesarios para la defensa nacional que soberanamente nosotros definimos".

Se refirió así al interés de compra manifestado por nuestro país para la adquisición de misiles Stinger por US$455 millones, misiles AIM de mediano alcance avaluados en US$145 millones y sistemas de radar Sentinel, por US$65 millones.

Cabe señalar que hace 10 años Perú adquirió misiles de origen ruso Vimpel R-77 para sus aviones de combate, que serían equivalentes a los que eventualmente podría comprar Chile.

Al respecto, el senador Romero afirmó que "Perú en la práctica hace lo mismo, sin embargo, nosotros no andamos criticando ni haciendo mención del armamento que adquieren nuestros países vecinos".

Agregó que "una vez más, Lima cae en esta errónea táctica y debe recapacitar y reconsiderar este tipo de actitudes que no ayudan en el objetivo propuesto de levantar por una parte, una decaída figura del Primer Mandatario del Perú y, por otra, de crear artificialmente una imagen que Chile no tiene".

ESPIONAJE

Consultado sobre las versiones que dan cuenta de la detención del suboficial de inteligencia de la Fuerza Aérea peruana, Víctor Ariza Mendoza, acusado de espiar para Chile, el senador Romero fue enfático en señalar que "es absolutamente improbable que esto sea real. Nosotros no acostumbramos a utilizar este tipo de elementos y creo que esta situación también puede ser parte de esta misma estrategia que cada cierto tiempo levanta el Perú".

De acuerdo a informaciones de prensa, el suboficial Ariza Mendoza se habría desempeñado en la embajada de Perú en Chile el año 2003 y a su regreso a Lima se habría descubierto que recibía remesas de dinero desde el extranjero, presuntamente en retribución a sus labores de espionaje.

El senador Romero recordó que "en materia de espionaje son más bien nuestros vecinos los que debieran explicar -lo que ellos mismos denunciaron- cuando una empresa de propiedad de un ex oficial de la Marina de Guerra de Perú se encargaba de captar conversaciones y correos de militares de la Fuerza Aérea de Chile, y donde hubo 5 implicados, todos ex miembros de las Fuerzas Armadas de Perú".

Precisó que en esa oportunidad, "Chile no hizo ningún escándalo y dejó que el caso siguiera su curso en los tribunales peruanos porque lo único que se consigue con este tipo de actitudes es empañar las buenas relaciones que deben existir entre países vecinos".

El parlamentario aludió así al caso detectado a mediados de este año cuando la prensa peruana también reveló la existencia de correos electrónicos y audios con conversaciones telefónicas que corresponderían a cuatro oficiales de la Fuerza Aérea chilena: Fernando Santander, Felipe Valenzuela, Rodolfo Calderón de la Fuente y Rodrigo Vargas, entre julio y agosto de 2004.

Este material fue hallado en el computador del ex oficial de la Marina de Guerra de ese país, Elías Ponce Feijoo, gerente general de la empresa Business Track (BTR), también vinculada a un caso de espionaje telefónico en contra de dos personeros del partido del Presidente García, por el cual está procesado. En esa oportunidad, el gobierno peruano aseguró que las interceptaciones ocurrieron antes de la administración del Presidente Alan García 

Por otra parte, en abril de 2009, Chile expulsó del país a Odar de la Cruz Muñoz, ciudadano peruano que fue descubierto tomando fotografías en instalaciones reservadas de la Armada en Viña del Mar, donde se prohíbe tomar imágenes.

En tanto, en mayo de 2001, en la embajada de Chile en Lima se encontraron cuatro micrófonos. Si bien los aparatos electrónicos no estaban activos, la situación también generó una dura polémica.

FUENTE: SENADO
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Nueva política salarial tiene que compatibilizar demandas de gremios y realidad inflacionaria

Nueva política salarial tiene que compatibilizar demandas de gremios y realidad inflacionaria
 
Por Jovino Novoa, Presidente del Senado

IImagennstalada como una tradición de fin de año, justo antes del período navideño, la Asociación de Empleados Fiscales convocó nuevamente un paro para exigir un reajuste de sus remuneraciones. Haciendo gala de una gran coordinación, fruto de años de experiencia, los miembros de la ANEF desfilaron por la Plaza de Armas y frente al Congreso Nacional en demanda de un reajuste salarial superior al 7%. Una cifra excesiva si se tiene en cuenta que este año finalizará con un IPC negativo. Finalmente, y después de fuertes presiones, el Congreso aprobó un reajuste de 4,5%, y la ANEF quedó contenta. Con justa razón, pues se trata de la tasa real más alta en dos décadas.

 

Cabe preguntarse si en el contexto de crisis económica que estamos viviendo es adecuado que el sector público obtenga beneficios que se pagan con la plata de todos los chilenos, muchos de ellos cesantes o que experimentaron una baja importante en su sueldo. Recordemos que la situación del sector público es privilegiada, ya que nuestros puestos de trabajo no peligran con las crisis económicas (me incluyo, porque ni mi cargo de senador ni mis ingresos se ven afectados por la coyuntura).

 

Otra pregunta atingente es si este reajuste beneficia la eficiencia del sector público. La respuesta es no, porque no va asociada a aumentos de productividad. El reajuste de 4,5% se aplica de manera generalizada a todos los funcionarios del sector público, tanto a los que han cumplido su tarea con excelencia como a aquellos que no han cumplido con lo mínimo. Y si bien actualmente existe un ingrediente variable en su sueldo, este no funciona como un premio a la eficiencia porque para obtenerlo se ponen exigencias tan bajas que son cumplidas por la gran mayoría de los empleados.

 

Una tercera pregunta válida es si el reajuste permite mejorar la situación salarial de quienes ganan menos en el sector público. Si comparamos  los salarios más bajos y los más altos del sector, tenemos que con cada reajuste aumenta la brecha entre ambos, por lo que se generan mayores desigualdades en el sistema.

 

Ahora bien, si comparamos los sueldos del mundo privado y el público tenemos que efectivamente el reajuste tiende a equipararlos, bajo la premisa de que el sector privado paga sueldos mayores que el Estado. Pero es bien sabido que en los últimos años esta brecha se ha acortado considerablemente.

 

Después de que explotó el caso sobresueldos se creó un sistema para aumentar las remuneraciones, a través de asignaciones de desempeño superior, funciones críticas y aumentos de las remuneraciones de ministros, subsecretarios e intendentes, lo cual emparejó bastante los sueldos de los cargos de mayor responsabilidad con los del mundo privado. Asimismo, los cargos de los niveles 1 y 2 del sistema de Alta Dirección Pública reciben salarios elevados y que permiten contratar  personas de primer nivel. Dichas mejoras hacen innecesario un aumento salarial por la vía del reajuste. Por lo demás, en los cargos medios y de menor responsabilidad los sueldos son iguales y, en muchos casos, superiores que en el sector privado, y los reajustes introducen una distorsión mayor, lo que acentúa la diferencia.

 

Dicen que en pedir no hay engaño, pero año a año, cada vez que la ANEF exige un nuevo reajuste se tienden a acentuar una serie de defectos que tiene el actual sistema de remuneración del sector público.

 

Frente a todos estos cuestionamientos vale la pena plantear la posibilidad de reformular el sistema de negociación y aplicación de reajustes salariales al sector público.

 

Es necesario analizar los efectos que se buscan con el reajuste y no aprobarlo sólo respondiendo a presiones. Se deben estudiar fórmulas que permitan mejorar la eficiencia del sector público a través de premios a la productividad, que garanticen una mejora salarial en los cargos de menor remuneración y que adecúen las demandas del gremio a la realidad inflacionaria del país.

 

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SENADOR ALBERTO ESPINA:reajuste no es justo para las personas de menores ingresos

El 4,5% de reajuste no es justo para las personas de menores ingresos

ImagenEn Chile, desde hace muchos años que los funcionarios públicos son maltratados, en primer lugar, por los gobiernos, en el trato que reciben; y en segundo lugar, en el respeto a sus derechos

Y ni hablar de lo que ocurre con los profesores a quien debemos reconocerles la función esencial que cumplen en nuestra sociedad. Lo mismo ocurre con los funcionarios públicos.

Es curioso que en las noticias respecto a los funcionarios públicos siempre se destaquen las cosas malas. Pero nunca se destacan a cientos de miles de funcionarios públicos, que yo veo en la Región de la Araucanía que represento en el Parlamento, que atienden en hospitales públicos en condiciones muy precarias; en servicios públicos, con una enorme cantidad de dificultades

Y sin embargo, me da la sensación de que no existe en el Estado de Chile la conciencia de respetar a quienes han resuelto trabajar en la administración pública en condiciones a veces mucho más difíciles que en el sector privado.               

Desde luego, basta ver las condiciones laborales: trabajadores a contrata, trabajadores a honorarios, que no tienen derecho a indemnización, que no tienen feriado proporcional y que tienen una inestabilidad absoluta en su trabajo, y que cuando asume una nueva autoridad en un municipio, están siempre sujetos a que puedan ser despedidos simplemente por no tener coincidencia ideológica con quien asume.

Lo mismo pasa en muchos servicios públicos.

 

Este es un tema que la sociedad chilena ha ido dejando abandonado. Y hay cierto dejo de mirar, de alguna manera, en forma despectiva a quien legítimamente contribuye al país desde el servicio público y desde la Administración Pública.        

Nosotros acabamos de vivir una crisis económica; a quienes más afectó probablemente son a aquellas personas de menos recursos.

Por lo tanto, cuál es la razón para que un reajuste del sector público no pueda ser superior para aquellas personas que tienen ingresos, por ejemplo, inferiores a 500 mil pesos. ¿Qué razón hay?

Nosotros tenemos en Chile una desigualdad de ingresos enorme. El porcentaje de chilenos que ganan más dinero gana  es muchísimo más que el de  aquellas personas de menos recursos. Y esa diferencia se ha ido ahondando, no se ha ido acortando.               

No sabemos cual es la razón por la cual las personas que tienen menos ingresos no pueden tener un reajuste mayor. No hemos tenido una respuesta satisfactoria del Ministro de Hacienda.                  

Esta era una respuesta de fondo que esperábamos para lograr que los funcionarios públicos en nuestro país lograran remuneraciones acordes con la responsabilidad que Chile les entrega. Tienen que administrar a las Municipalidades; tienen que atender a la gente en los hospitales; tienen que atender la educación; tienen que estar a cargo de los servicios públicos. Sin embargo, el país no les retribuye de la forma como se les exige.

El reajuste de 4,5% para el sector público no me parece justo con las personas que tienen menos recursos; no me parece que se les haya dado una explicación convincente ante sus mayores expectativas.

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TRABAJO DECENTE: Salvo excepciones, en el sector público no impera el trabajo decente

Salvo excepciones, en el sector público no impera el trabajo decente
  • La "discusión inmediata", con que recibimos el proyecto que otorgó un 4,5% de reajuste al sectorImagen público  no permitió una reflexión profunda y detallada sobre la complejidad de los temas que involucra la administración pública, y con trabajadores movilizados con mucho esfuerzo a nivel nacional.

                  

Me preocupa haber tenido que legislar sintiendo que hay un conjunto de trabajadores que tienen la sensación de que no son objeto del trato que se merecen, de reconocimiento a la función que cumplen en la sociedad.  Pienso que este es un problema bien complejo y delicado.

Creo que no hay ningún país que se pueda desarrollar sin contar con una Administración Pública que se sienta orgullosa de sí misma, que la ciudadanía además la valore como tal. En esto un serio problema.                

La política que hoy día se sigue está mucho más basada en la desconfianza que en el diálogo y en la búsqueda de acuerdos. En eso, hemos venido retrocediendo respecto de años anteriores. A inicios de la democracia se hizo un esfuerzo grande por generar mecanismos de concertación social, mecanismos de diálogo social que desgraciadamente se han ido perdiendo en la noche de los tiempos.               

Hay una contradicción fundamental que no hemos sido capaces de resolver. Si uno analiza hoy día cuáles son las tareas de la Administración Pública y de sus distintos servicios, se va a encontrar con que el trabajo se ha multiplicado por varias veces, por dos, por tres o por cuatro. Esto se puede ver en la Administración centralizada, en el sector de la salud, en la vivienda, en la educación, en las universidades, en los municipios.          

Hay, en consecuencia, una carga de trabajo que se ha multiplicado por varias veces. Pero no han ido evolucionando ni las condiciones laborales ni las  remuneraciones de manera proporcional. Hay una brecha fuerte entre lo que se les pide a los trabajadores del sector público y lo que se les entrega como contrapartida.

¿Cuál es la realidad de fondo del sector público                 

Salvo excepciones, en el sector público chileno no impera el trabajo decente. Esa es la verdad: no impera el trabajo decente.               

Lo que está establecido como norma permanente en la Ley de Bases de la Administración en el sentido de que el 80 por ciento de los trabajadores debe ser parte de las plantas y solamente el 20 deben ser parte a contrata o a honorarios, no se cumple en absoluto. Debe ser raro el servicio que cumple con esa norma. En general la norma es más bien lo inverso. Y cada año tenemos que autorizar a través de la Ley de Presupuestos para que la ley no se cumpla.            

Es muy grave que el Estado no esté en condiciones de predicar con el ejemplo. Cuando el Estado hace ver las irregularidades que existen en el sector privado en materia laboral, la verdad es que lo hace con muy poca autoridad moral. Porque las condiciones que se practican en el sector público están muy lejos de los estándares de trabajo decente.                

Hoy día se puede ser trabajador permanente en el sector público y ser pobre, por el nivel de remuneraciones. Una persona que sea cabeza de familia, que tenga dos hijos y que gane las remuneraciones de los últimos grados de la escala puede seguir siendo un trabajador pobre.                 

Lo que impera, como decía, es el trabajo precario, el trabajo a contrata, el trabajo a honorarios, muy lejos de los estándares establecidos internacionalmente respecto del trabajo decente.                

Sin perjuicio de los avances objetivos no comparto la política general hacia la Administración Pública.

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