Cuando este miércoles la actual ministra de Educación, Carolina Schmidt, recibió a Nicolás Eyzaguirre en el séptimo piso del MINEDUC, lo primero que hizo fue regalarle una caja de bombones, advirtiéndole que “aquí se pasan momentos muy amargos, y es bueno pasarlos con dulces”. Acto seguido, le hizo entrega de una fornida carpeta que contenía un resumen del trabajo pendiente que deja la administración de Sebastián Piñera en el área: ocho proyectos de ley en el Congreso –entre los que se cuentan la carrera docente, la Superintendencia de Educación Superior y la subvención escolar preferencial–, además de las investigaciones abiertas contra seis universidades sospechosas de lucrar.
El fin al lucro en el sistema educacional fue una de las consignas más importantes levantadas por el movimiento estudiantil del 2011, y luego uno de los pilares de la reforma educacional que Michelle Bachelet prometió al país durante la pasada campaña presidencial. Si bien el programa de la mandataria electa contribuyó a su triunfo, con más del 60% de los votos en la segunda vuelta, en la Nueva Mayoría la reforma a la educación no termina de generar consenso. Hace poco, la ex ministra de Educación DC, Mariana Aylwin, aseguró que el programa se había transformado en “un nuevo dogma”, y son varios los miembros del conglomerado que forman parte de los diversos negocios que giran en torno a la educación. Sin ir más lejos, esa fue la razón de la inédita caída de la nominada subsecretaria del ramo, Claudia Peirano. La batalla está anunciada.
“Creo que inevitablemente, aunque alguien no lo quiera, el próximo gobierno debe llevar esa investigación a fondo. El ministro Beyer fue acusado constitucionalmente y fue destituido por no investigar. Si hay que perfeccionar alguna norma, habrá que hacerlo, y rápido”, plantea el senador electo del PS, Carlos Montes, quien agrega que una solución podría ser el envío de un proyecto de ley que cree la figura del interventor estatal en las instituciones. Otro que coincide en la necesidad de legislar al respecto, es el vicepresidente del Consejo de Rectores, Juan Manuel Zolezzi, quien adelanta que Eyzaguirre no podrá mirar para el lado en este tipo de casos: “Si hay lucro en ciertas universidades, hay que sancionarlas. El lucro apunta contra la calidad, contra los estudiantes, las familias y el país. Si le toca investigar al gobierno de la Nueva Mayoría, le tocará y tendrá que pedir facultades; si no lo hace, nos vamos a ir encima”.
Como síntoma de que el tema del lucro seguirá en el tope de la agenda, esta semana el rector de la Universidad de Chile, Víctor Pérez, hizo explotar las dudas existentes en torno a dos de las universidades controladas por el grupo transnacional Laureate, Andrés Bello y de Las Américas, cuando, en una entrevista a La Segunda, cuestionó la idoneidad de la ministra Schmidt para fiscalizar que se cumpla la ley que impide retirar ganancias de las instituciones de educación superior. “El silencio de la ministra Schmidt no es bueno para el país, podría verse como sospechoso y, con todo respeto, quiero saber si estamos en presencia o no de algo que le impida o inhiba a ella ordenar el inicio de una investigación formal”, señaló al vespertino.
El rector hacía referencia a la información dada a conocer por El Mostrador, que evidenciaba el vínculo existente entre el marido de la secretaria de Estado, Gonzalo Molina, con Laureate –a través del bufete de abogados Barros & Errazuriz–, que ha asesorado al grupo desde que el 2008 adquirió varios planteles.
Otro que se sumó a los cuestionamientos fue el ex secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Acreditación, el DC Patricio Basso, quien en entrevista con CNN Chile aseguró que “el gobierno está coludido con los grupos económicos”. Más allá que muchos sospechen de las reales intenciones del rector Pérez para instalar la duda –“habla sólo cuando le tocan el bolsillo”, señaló Basso en alusión a su figura, que se ha visto cuestionada por negarse a transparentar las finanzas de la Universidad de Chile–, la pelota estaba en el área chica, y la ministra se vio obligada a reaccionar.
El miércoles, Schmidt salió a anunciar que el MINEDUC había iniciado un proceso de investigación contra cuatro instituciones –Las Américas, Andrés Bello, Iberoamericana y Gabriela Mistral–, las que se suman a otras dos que tienen procesos pendientes –San Sebastián y La República–, en total, seis universidades que, sumadas, educan a más de 100 mil estudiantes. Cerca de un tercio de la matricula total del sistema privado.
El anuncio sorprendió a Eyzaguirre retornando de sus vacaciones, y el tema fue abordado en el encuentro con Schmidt de este miércoles.
No es menor, el conglomerado del nuevo ministro lanzó un escupo a la forma en cómo se han tratado hasta ahora las denuncias de lucro –destituyendo a Harald Beyer por negarse a fiscalizar el sistema– y, ahora, varios esperan que no les caiga en la cara. El militante PPD deberá llegar al Ministerio a hacerse cargo de la indagatoria que incluye a los “pesos pesados” del sector, donde además dirigentes de la Nueva Mayoría están incluidos en directorios y cargos de relevancia.
MONSTRUOS DE LA EDUCACIÓN
Cuando en diciembre la CNA decidió no renovar la acreditación de la Universidad de Las Américas, muchos recordaron la polémica jugada con la que la UDLA consiguió acreditarse por primera vez el 2008, cuando debió acudir al Consejo Superior de Educación para lograrlo. En esa época, Paulina Dittborn –hermana del subsecretario de Hacienda, Julio Dittborn–, ocupaba la vicepresidencia del organismo y, luego de dar el voto para acreditar a la UDLA, pasó a ser prorrectora del plantel. Otro voto decisivo fue el de Julio Castro, jefe de la División de Educación Superior en el primer gobierno de Bachelet, quien luego de apoyar a la institución, pasó a formar parte de Laureate, siendo designado rector de la Universidad de Viña del Mar, la última casa de estudios adquirida por el grupo económico. El tema fue un escándalo y comenzó a mostrar cómo el poder político, de forma transversal, se involucraba con el negocio de la educación.
Actualmente la investigada UDLA cuenta entre sus filas con varios militantes de partidos de la Nueva Mayoría. EL DC Genaro Arriagada, ex ministro de Frei Ruiz Tagle y ex embajador en Estados Unidos, es parte de su junta directiva. En la secretaría general está Cristian Inzulza, abogado de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación en el periodo de Sally Bendersky, y miembro de Æqualis, el foro de educación superior levantado por la ex ministra del ramo, la también DC Mónica Jiménez.
No son los únicos. Pilar Armanet es su vicerrectora académica; militante PPD y ex ministra Secretaria General de la Presidencia de Michelle Bachelet, ocupó la jefatura de la División de Educación Superior en el gobierno de Ricardo Lagos. La decana de educación es la economista Pilar Romaguera, cercana al PS y ex subsecretaria de Educación de Bachelet.
Más allá de las fronteras de la Nueva Mayoría también resaltan otros apellidos que pisan fuerte, como el del transversal Herman Chadwick, presidente de la junta directiva, quien es primo del Presidente Sebastián Piñera y hermano del ministro del Interior, Andrés Chadwick. Herman Chadwick aportó en su momento a la fundación Democracia y Desarrollo, del ex Presidente Ricardo Lagos.
Actualmente, la matrícula de la UDLA supera los 30 mil estudiantes. En el informe de rechazo de su acreditación, la CNA cuestionó el traspaso de recursos a su grupo controlador, Laureate, que en los últimos años alcanzó los US$ 18 millones. El CNED se sumó a los cuestionamientos y objetó la utilidad de los contratos con Laureate, lo que lo motivó a enviar esos antecedentes al MINEDUC, cuestión que en definitiva gatilló que el plantel se incluyera entre los que están siendo investigados.
El otro plantel de Laureate que comenzó a indagar el MINEDUC es la Universidad Andrés Bello, la que no registra participación relevante de militantes de la Nueva Mayoría, aunque sí de figuras de la derecha, como Juan Antonio Guzmán Molinari, ex ministro de Educación durante la dictadura, oJorge Selume, parte de los antiguos dueños de la casa de estudios y ex director de Presupuestos en el periodo militar. La historiadora Patricia Arancibia Clavel también participa del directorio.
Con una matrícula aun mayor a la de la UDLA, la Andrés Bello supera los 40 mil alumnos, y es la más grande de las universidades. El 2013, la CNA le redujo de cinco a cuatro sus años de acreditación, y también detectó traspasos de varios millones de dólares a Laureate.
La otra gigante del sistema que está siendo investigada es la San Sebastián. Con una historia ligada a los mismos dueños de la Andrés Bello, la USS cuenta con el ex ministro de Economía de Michelle Bachelet, el DC Hugo Lavados, como su decano de Economía y Negocios.
Con una matrícula que ronda los 25 mil alumnos, la San Sebastián tiene un directorio compuesto fundamentalmente por empresarios. Juan José Cueto, de LAN, y Andrés Navarro, amigo del Presidente Piñera y ex dueño de Sonda, se sientan en la mesa que toma las decisiones en el plantel, la que es presidida por el ex hombre fuerte del grupo Angelini, Alejandro Pérez. Las luces de alarma se encendieron, respecto a la USS, cuando se detectó que sus controladores se habían autocomprado una serie de sociedades dueñas de los inmuebles donde funciona la institución, por más de 25 mil millones de pesos, a pesar de que estaban avaluadas en cerca de cuatro mil millones.
Las otras tres universidades investigadas –La República, Iberoamericana y Gabriela Mistral–, son sustantivamente más pequeñas, ninguna supera los cinco mil alumnos. Aunque están igual de cuestionadas.
La Iberoamericana, de la sostenedora de colegios particulares subvencionados, Filomena Narváez, fue objetada por la CNA luego que se detectará gran cantidad de movimientos financieros entre sociedades que tienen los mismos dueños –su familia–, y que son además propietarios de los inmuebles donde opera el plantel.
En el caso de La República, ligada a la masonería, cuenta entre sus filas a la militante radical Macarena Carvallo Silva, ex subsecretaria de Previsión Social del gobierno de Lagos. La institución nunca ha podido recuperarse de la crisis que la afectó el 2008, y hoy es investigada para conocer su real situación. De hecho, se duda si efectivamente es capaz de otorgar títulos a sus estudiantes.
La Universidad Gabriela Mistral, actualmente propiedad de la congregación del Sodalicio de Vida Cristiana, es investigada por no informar a la CNA de la operación que significó el traspaso de la propiedad del plantel de las manos de Alicia Romo a sus nuevos dueños.
En todo caso, el principal problema que enfrentará Eyzaguirre con estas investigaciones podrían no ser las redes de influencia que han tejido en los últimos años estas universidades, sino que las facultades y herramientas con que cuenta el Ministerio para poder fiscalizarlas.
Según explican en el MINEDUC, este “sólo puede investigar en caso de incurrirse en alguna de las causales del artículo 64 del DFL 2, 2009, esto es: Si la universidad no cumple con sus objetivos estatutarios; Si realizare actividades contrarias a la moral, al orden público, a las buenas costumbres y a la seguridad nacional; Si incurriere en infracciones graves a sus estatutos o si dejare de otorgar títulos profesionales de aquellos que requieren haber obtenido previamente el grado de licenciado”.
Respecto de las sanciones que se pueden aplicar si se considera que alguna de las instituciones cometió las faltas enumeradas –donde el lucro podría caber en la violación a los estatutos, que las declaran como sin fines de lucro–, desde el Ministerio se aclara que la actual normativa sólo establece dos tipos de castigos: “Según la ley el Mineduc sólo puede, con aprobación del CNED, cancelar la personalidad jurídica y revocar el reconocimiento oficial de toda la institución o bien cerrar sedes y carreras. No existen en la ley sanciones intermedias. Las facultades del MINEDUC no se encuentran establecidas en ninguna ley ni reglamento, por tanto son difusas. El MINEDUC para llegar a sus conclusiones solicita información y antecedentes a las instituciones (las que voluntariamente las entregan) y en ciertos casos a otros organismos”.
Actualmente los procesos de investigación a los planteles están en dos niveles diferentes. En el caso de la Andrés Bello, Las Américas, Iberoamericana, San Sebastián y Gabriela Mistral, están en “proceso de información previa”, el que podría derivar en un “proceso administrativo sancionatorio”, que actualmente se cursa contra La República.
Durante el 2013, el MINEDUC sobreseyó a las universidades Pedro de Valdivia, SEK, Santo Tomás y UNIACC, que también fueron investigadas, pero se consideró que no cumplían con los requisitos para ser sancionadas. Una fuente de la Secretaría de Estado confidenció a El Mostrador que esas indagatorias complicaron a las autoridades, ya que el proceso de cierre de la Universidad del Mar fue traumático por la gran cantidad de estudiantes que quedaron sin plantel, y que la actual administración “no quería quedar como el gobierno que cerraba planteles”. Por ello, se optó por derivar los antecedentes recopilados al fiscal Carlos Gajardo, que lleva adelante una investigación por lucro contra doce instituciones.
La pregunta es si el nuevo ministro podrá optar por esa salida, o bien deberá hacerse cargo del problema. Al parecer, el horno no está para bollos.
LAS EXPECTATIVAS
“Creo que inevitablemente, aunque alguien no lo quiera, el próximo gobierno debe llevar esa investigación a fondo. El ministro Beyer fue acusado constitucionalmente y fue destituido por no investigar. Si hay que perfeccionar alguna norma, habrá que hacerlo, y rápido”, plantea el senador electo del PS, Carlos Montes, quien agrega que una solución podría ser el envío de un proyecto de ley que cree la figura del interventor estatal en las instituciones.
Otro que coincide en la necesidad de legislar al respecto, es el vicepresidente del Consejo de Rectores, Juan Manuel Zolezzi, quien adelanta que Eyzaguirre no podrá mirar para el lado en este tipo de casos: “Si hay lucro en ciertas universidades, hay que sancionarlas. El lucro apunta contra la calidad, contra los estudiantes, las familias y el país. Si le toca investigar al gobierno de la Nueva Mayoría, le tocará y tendrá que pedir facultades; si no lo hace, nos vamos a ir encima”.
El presidente del Consorcio de Universidades Estatales, Aldo Valle, refuerza esta postura, y señala que “los rectores vamos a estar muy atentos a que se haga aplicación efectiva de la ley que prohíbe el lucro, y que en definitiva el MINEDUC deje de ser un facilitador en cuanto a las motivaciones lucrativas que puedan tener oferentes del sistema de educación privada. De lo contrario, los actores del sistema de educación superior vamos a seguir demandando transparencia, porque eso le hace bien al país”.
Alguien que sabe de cómo opera el lucro en la educación superior es la premio nacional de periodismo, María Olivia Monckeberg, quien ha publicado dos libros que analizan a fondo el sistema. La investigadora cree que la situación ya no da para más, y apunta a que Eyzaguirre deberá realizar una cirugía a fondo: “El tema de la educación está como número uno en el debate, y lo que debiera ocurrir es que por lo menos la gente del gobierno y de los parlamentarios recientemente elegidos, propongan todas las medidas adecuadas para parar esto. Esta historia es escandalosa. El Ministerio va a tener que actuar y no van a poder ser medidas suaves”.
Monckeberg no pasa por alto la red de influencias que se ha tejido en torno a los planteles privados, y dice que lo que se viene es un juego de ajedrez: “Esto es un juego y estamos al medio del tablero. Hay muchas fuerzas que están jugando desde el 2011, cuando cambió el escenario. El movimiento estudiantil lo que hizo fue poner en evidencia lo que estaba ocurriendo, y la gente empatizó con eso. Por otro lado, existen fuerzas que quieren defender el statu quo. En ese aspecto, lo que sucede con el grupo Laureate es muy interesante. En el caso de la UDLA el presidente de la junta directiva es Chadwick, primo del Presidente Sebastián Piñera y hermano del ministro del Interior. Está también Genaro Arriagada, hace varios años. Está la Pilar Armanet, Pilar Romaguera, que también fue subsecretaria de Educación. Están Jorge Selume y Juan Antonio Guzmán en el grupo Laureate. Toda esta gente está forcejeando para que esto no cambie y no se tomen medidas”.
Las figuras que surgieron de las movilizaciones del 2011 y que desde marzo ocuparán un escaño en el Congreso, coinciden con lo planteado por la periodista, y advierten que estarán con una lupa mirando lo que haga, o deje de hacer, el nuevo ministro. El diputado electo por Magallanes, Gabriel Boric, así lo señala: “Sin lugar a dudas, el tema del lucro, y esta investigación en particular, va a ser una prueba de fuego para el gobierno de la Nueva Mayoría. Y ojalá que este se haga cargo. Acá hay que generar un nuevo marco legal. Eso puede tomar su tiempo, mientras tanto hay que hacerse cargo y no podemos seguir escudándonos en que no hay facultades, que no inventen excusas, hay que hacerse cargo”.
Giorgio Jackson, futuro integrante de la Comisión de Educación en la Cámara, dispara contra la administración de Schmidt y la acusa de no tener voluntad para investigar el tema, aunque prefiere no anticipar juicios sobre lo que pueda hacer, o no, Eyzaguirre: “No tienen nuevas facultades, pero tampoco tuvieron la voluntad para modificar, de manera decidida, esas facultades. Yo esperaría que el gobierno entrante sí pusiera ese énfasis”.
“En la cancha se ven los gallos”, señala de entrada el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago, Takuri Tapia, quien liderará las anunciadas nuevas movilizaciones a partir de marzo. El nuevo dirigente estudiantil añade que “nos vamos a fijar especialmente en la actuación de la Nueva Mayoría. La pregunta es ¿se van a comprometer con las demandas o van a operar a través de los conflictos de interés que ellos tienen?”.
Además de los ocho proyectos de ley que el actual gobierno dejará pendientes en el Congreso, en el comando de Michelle Bachelet han dicho que el nuevo ministro de Educación deberá enviar, en los primeros 100 días de su administración, otros tantos para implementar la prometida reforma a la educación: la que contempla el fin al lucro, la gratuidad progresiva de la enseñanza superior, la desmunicipalización de los liceos y la creación de nuevas instituciones. A lo anterior, podría sumarse un nuevo proyecto que viniera a reforzar y ordenar la espalda fiscalizadora del Ministerio. A menos que Eyzaguirre decida enfrentar la investigación contra las principales universidades privadas con las facultades que actualmente tiene.
La pregunta quedó pendiente la tarde del miércoles, en el punto de prensa que ofreció el nuevo titular de Educación junto a Carolina Schmidt. “Ministro, ¿está dispuesto a cerrar universidades si es que se comprueba que han lucrado con la educación?”. “Gracias, muchas gracias”, se limitó a expresar Eyzaguirre –frente a la lluvia de consultas que le lanzaban los periodistas–, dejando en el aire esa y muchas otras interrogantes.
