Esta semana el Ejecutivo le puso urgencia a los denominados proyectos MEO: entre ellos, los
proyectos que se discuten en el Senado y que están destinados a "fortalecer la educación pública" y consagrar el voto voluntario, la inscripción automática y el voto de chilenos en el extranjero. El ex candidato presidencial pidió públicamente que se aceleraran estas iniciativas a como un gesto, a cambio del cual él apoyaría al candidato de la Concertación. Y así lo hizo este miércoles.
Considero totalmente inadecuado que el Gobierno utilice de manera tan burda al Poder Legislativo con tal de obtener dividendos electorales. Se supone que el Ejecutivo envía leyes y las jerarquiza de acuerdo a su importancia para el país y no como moneda de cambio para negociar componendas políticas.
Las leyes de las que estamos hablando son importantes. El proyecto de inscripción automática, voto voluntario y voto en el exterior cambia radicalmente el sistema electoral chileno, que es uno de los orgullos que tenemos como país y que garantiza que las elecciones sean limpias y transparentes. Discutir esto en tres días es una irresponsabilidad, ya que es humanamente imposible despachar leyes de buena calidad en tan poco tiempo.
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, donde se discute la reforma al sistema electoral., envió un oficio señalando la dificultad que han tenido para estudiar dicha iniciativa en un día, que es el plazo otorgado a los proyectos con discusión inmediata (sólo un día para el trabajo en la comisión). Es evidente que en un sólo día no se pueden discutir y votar los 216 artículos del proyecto y sus 270 indicaciones, más aún si se tiene en cuenta que hay materias que deben ser consultadas a la Corte Suprema, al Servicio Electoral y al Tribunal Calificador de Elecciones.
La utilización de las urgencias es una forma de intervención del Gobierno en el proceso electoral, cargando la balanza hacia el candidato oficialista, lo cual es injusto con el resto de los competidores y peligroso para la democracia.
El mal uso que se está dando al rol de colegislador que tiene el Ejecutivo se contradice con lo planteado por la propia Presidenta Michelle Bachelet en el texto original de la Ley de Transparencia, Modernización del Estado y Calidad de la Política. Dicha reforma contenía una norma que señala que el Presidente de la República "no podrá hacer presente la urgencia en el despacho de un proyecto durante los treinta días anteriores a una elección presidencial, a menos que la funde en exigencias provenientes de los intereses generales o de la seguridad nacional". Lamentablemente, este artículo fue rechazado en su discusión parlamentaria.
Creo que es fundamental aprobar una ley que impida hacer uso de las urgencias legislativas en período electoral. Una vez realizadas estas elecciones impulsaré una norma en este sentido de manera de evitar lo que considero un abuso de parte del Ejecutivo.
Pero más allá de una reforma legal lo que se requiere es que las facultades que la ley da a las autoridades sean usadas, en cualquier tiempo, de con un criterio que se adecúe a la naturaleza de la norma. La urgencia de "discusión inmediata" está establecida por el legislador para que se despachen leyes cuya demora provocaría un grave daño para el país o para legislar ante una emergencia o, incluso, para impedir que el Congreso dilate artificialmente la tramitación de un proyecto.
Ninguna de las razones que justificarían una urgencia se dan en el caso ocurrido esta semana y ello justifica la decisión unánime de la Comisión de Constitución (donde hay mayoría de la Concertación) de hacer presente formalmente la imposibilidad de despachar el proyecto en el tiempo estipulado.
