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martes, mayo 17, 2016

CALENTAMIENTO GLOBAL: El plan de choque de la ONU contra el cambio climático se concreta en Bonn

El plan de choque de la ONU contra el cambio climático se concreta en Bonn

Por Luis Carballo | Con REUTERS, EFE

17/05 00:02 CET

  | actualizado hace xx m.

  | actualizado el 17/05 - 00:47

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"Lo que realmente ha cambiado la dinámica es que también hemos entendido que luchar contra el cambio climático trae consigo grandes oportunidades"

La ciudad alemana acoge desde el lunes durante 10 días a los representantes y negociadores de los países firmantes del Acuerdo de París, para concretar la aplicación de los puntos que quedaron abiertos y asegurar el cumplimiento de los compromisos adoptados.

La Secretaria Ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático explica por qué esta vez es diferente.

Christiana Figueres, Secretaria Ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático:

" Si quieren que les diga por qué vamos a progresar más rápidamente a partir de ahora, es porque: hemos entendido completamente las amenazas y, además de comprender los riesgos, lo que realmente ha cambiado la dinámica es que también hemos entendido que luchar contra el cambio climático trae consigo grandes oportunidades"

El Acuerdo de París, adoptado por 195 países el año pasado, obtuvo el compromiso de limitar el aumento de la temperatura global a menos de 2 grados con respecto a los niveles previos a la Revolución Industrial.

Pero ese primer pacto universal contra el calentamiento global no detalla los mecanismos de seguimiento de las acciones prometidas.

Por Luis Carballo | Con REUTERS, EFE


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REFORMA LABORAL SINDICAL CHILENA EN BUSCA DE LA CREATIVIDAD LEGAL

Cambio constitucional y ley interpretativa se abren espacio para reponer titularidad sindical

Ante el desfavorable fallo del TC, el oficialismo busca alternativas. La Moneda se tomará "una semana más" para analizar el documento.

  • Por Narayan V. Caviedes
    Cambio constitucional y ley interpretativa se abren espacio para reponer titularidad sindical

    Al interior del gobierno se mantienen las diversas interpretaciones sobre el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que eliminó la titularidad sindical y la extensión de beneficios por afiliación al sindicato de la reforma laboral. Las discrepancias se extienden a nivel parlamentario. Sin embargo, en La Moneda y en las filas de la Nueva Mayoría concuerdan en una cosa: es "casi imposible" entregarle un rol preferente al sindicato en la negociación colectiva.

    Por eso, el oficialismo explora diferentes salidas para materializar la titularidad sindical. Una, es una ley interpretativa del inciso quinto del artículo 19 N°16 de la Constitución, que aclare que si bien la negociación colectiva es un derecho de los trabajadores (como lo resolvió el TC), éste se ejerce a través de los sindicatos, como lo recomienda la OIT.

    Esta reforma, elaborada por la presidenta de la comisión de Trabajo del Senado, Adriana Muñoz (PPD), y el senador integrante de la instancia, Juan Pablo Letelier (PS), requiere la aprobación de 3/5 del Congreso, un escenario plausible para la Nueva Mayoría: necesita sumar dos votos en el Senado e igual número en la Cámara de Diputados.

    Sin embargo, un senador de la DC advirtió que el fallo del TC "es bastante claro" sobre el precepto constitucional de la negociación colectiva, por lo que este proyecto -que fue presentado a la ministra Ximena Rincón- sería inviable.

    Otro camino, más drástico, es una reforma constitucional del artículo 19 N°16 inciso quinto. Un grupo de senadores de la DC ya presentó un proyecto que busca asegurar que son los sindicatos -y no los grupos negociadores- los encargados de promover la negociación colectiva.

    A ellos se podrían sumar las bancadas de la Nueva Mayoría en la Cámara, que estudian actualmente la misma fórmula.

    Eso sí, una modificación de este tipo necesita de 2/3 del Parlamento, es decir, el oficialismo tendría que convencer a cuatro senadores y 10 diputados, ya sean independientes o de la oposición, bloque que votó en contra de la titularidad sindical en la reforma laboral.

    La senadora y presidenta de la DC, Carolina Goic, sostuvo que el Ejecutivo debe "garantizar que el cumplimiento de los derechos colectivos se ejercen a través del sindicato, cuando existe uno en la empresa", y que "no es lo mismo la negociación con los sindicatos, que con los grupos negociadores". Agregó que a la DC "le gustaría mucho" el respaldo del gobierno al proyecto presentado por los senadores de la colectividad.

    En el Ministerio del Trabajo consideran que ambas opciones, una ley interpretativa y reforma constitucional, son "atendibles", aunque lo primero es tener un análisis completo del fallo del TC y definir la estrategia legislativa para "equilibrar" la reforma laboral, vía veto presidencial y ley corta. La tarea, que parece sencilla, ha vuelto más compleja de lo previsto.

    "Una semana más"

    En el comité político, en La Moneda, y en las reuniones de coordinación legislativa, en Hacienda y Trabajo, se escuchó el mismo mensaje: el gobierno se tomará esta semana para analizar el fallo del TC y sus implicancias en la actual legislación y en la reforma laboral.

    Según comentaron parlamentarios, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, habría "retrocedido" en su análisis preliminar, sobre la titularidad que mantendrían los sindicatos para suscribir pactos de adaptabilidad. Esta visión estaría en sintonía con el análisis del Ministerio del Trabajo, donde alertan que los grupos negociadores podrían quedar, con el fallo del TC, en idénticas condiciones que los sindicatos. Así, podrían no sólo firmar convenios de flexibilidad laboral, sino que gozar de fuero sindical, derecho a huelga e, incluso, extender beneficios.

    Eso sí, se mantienen "diversas interpretaciones" en La Moneda, según comentó una fuente de gobierno, lo que explicaría el tiempo que se están tomando el Ejecutivo para resolver los contenidos de la ley corta que "muy posiblemente" se presente en junio. Tanta es la incerteza que tendría el gobierno, que la Presidenta no pronunciaría "una palabra" sobre la reforma laboral, en su discurso del 21 de mayo

Fuente:

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cinco pilares del populismo comunista

Los cinco pilares del populismo comunista

16/05/2016-18:58Selectos
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POP

Jaime G. Mora

Los politólogos Axel Kaiser y Gloria Álvarez desmontan las políticas que han arruinado América Latina.

Hugo Chávez y Nicolás Maduro, Fidel y Raúl Castro, Rafael Correa, Evo Morales, Dilma Rousseff… Pablo Iglesias. «Si Bolívar viviera hoy y pudiera ver lo que ha ocurrido» en los países latinoamericanos, sostienen el intelectual chileno Axel Kaiser y la politóloga guatemalteca Gloria Álvarez en «El engaño populista» (Deusto, 2016), «su depresión probablemente lo llevaría al psiquiatra». Los dos expertos desmontan en su libro las políticas de la ola populista que en los últimos años han «arruinado» la región.

La corriente bolivariana que manda en Latinoamérica no pertenece a la tradición de izquierda, dicen Kaiser y Álvarez, son puro populismo. El líder de Podemos, como los presidentes a los que ha tomado como modelo, «ha promovido deliberadamente un gran engaño, que es el de prometer bienestar para todos con ideas y proyectos políticos cuyo resultado no puede ser otro que la destrucción de las posibilidades de progreso y las libertad de los ciudadanos». Los pilares del «socialismo del siglo XXI» son cinco.

El «Pueblo» contra el «antipueblo»

El líder populista distingue en su discurso el «pueblo» del «antipueblo», y él es quien encarna el «pueblo». Los autores del libro mantienen que esta dualidad «fomenta el odio en la sociedad dividiéndola entre buenos y malos», y recuerdan el lema del Che Guevara en 1967: «El odio como factor de lucha».

Una vez establecido quién es el enemigo, «el segundo paso consiste en eliminar la libertad económica», siempre dentro de una «adoración febril del poder del Estado, su motor último». Según Kaiser y Álvarez, el populismo es estatista y, «más allá de la complejidad de las comparaciones, ideológicamente, gente como Mussolini, Hitler, Stalin y Mao estuvieron en la misma trayectoria de un Chávez, Perón, Castro, Iglesias». El fascismo y el nazismo están inspirados en gran parte en el socialismo marxista, argumentan los dos politólogos.

El líder «salvador» frente a los otros

La culpa de todos los males la tienen los otros, ya sean los ricos, los «gringos», el capitalismo o la CIA. El político populista siempre es la víctima y se presenta como el «salvador» que pondrá «fin a la conspiración conjunta de las oligarquías nacionales y los perversos intereses capitalistas internacionales».

Kaier y Álvarez explican que este complejo surgió hace varios siglos con el filósofo Montaigne, con la idea de que «el mercado es un juego de suma cero donde lo que uno gana se debe a que otro lo pierde».

Una idea, la de culpar a otros de los propios errores, que ha sido desarrollada por sucesivos autores a lo largo del tiempo y «sigue estando tan viva como nunca». Es una característica esencial de los populismos latinoamericanos.

Paranoia antineoliberal

«El«neoliberalismo» es una especie de genio maligno que amenaza con sumergirnos en las tinieblas para siempre», escriben en «El engaño populista». Chávez en Venezuela, Morales en Bolivia, Correa en Ecuador, Kirchner en Argentina…

Todos han señalado al «neoliberalismo» como causante de las desigualdades y ofrecen el socialismo del siglo XXI como salvación. No saben que el término, acuñado en 1932 por el intelectual alemán Alexander Rüstow, hacía referencia a un camino intermedio entre el capitalismo y el socialismo.

En su origen, el «neoliberalismo» estaba «más cercano al mundo socialista que al mundo propiamente liberal». Según los autores del libro, el uso populista del «neoliberalismo» es una trampa para justificar moralmente su «indefendible ambición de poder». Los números demuestran que los ingresos de los pobres son diez veces mayor en los países con más libertad económica que en los que esta queda restringida: «No es lo mismo ser pobre en Suiza que en Venezuela».

«Destruir la democracia desde dentro»

Si el socialismo clásico aspiraba a derrocar el orden burgués a través de la revolución violenta, el populismo «pretende llevar adelante su programa autoritario aprovechando los mecanismos electorales para destruir la democracia desde dentro».

Según su lógica, quienes se oponen a las decisiones de las mayorías gobernantes son «golpistas o antidemocráticos». Kaiser y Álvarez se detienen en Pablo Iglesias, «el más leído y escrito entre la nómina de populistas actuales», quien declaró que la democracia «es el movimiento dirigido a arrebatar el poder a quienes lo acaparan (el Monarca o las élites) para repartirlo entre el pueblo». La idea de democracia del líder de Podemos es «aquella que propusiera el verdugo Maximiliano Robespierre en tiempos de la Revolución francesa».

Cuando el secretario general de Podemos dice que la democracia solo es posible si desaparecen los privilegios de la clase dominante en favor de la mayoría desfavorecida, en realidad está diciendo que «la democracia equivale al socialismo, es decir, a la redistribución igualitaria de la riqueza», dicen los politólogos. Advierten de que Iglesias usa el concepto de democracia como una «mascarada, una verdadera farsa para avanzar proyectos populistas que buscan apariencia de legitimidad popular».

«Igualdad en la miseria»

El discurso populista, influenciado por el marxismo, se articula a partir de la igualdad material. Pero los propios líderes socialistas vulneran sus principios: Fidel Castro, con un patrimonio de 900 millones de dólares, es uno de los políticos más ricos del mundo. «Siempre es una élite la que reemplaza a otra», advierten Kaiser y Álvarez: «A lo sumo se puede decir que el populismo socialista ha logrado cierta igualdad, pero una igualdad en la miseria». La consecuencia de este igualitarismo es la corrupción: Transparencia Internacional sitúa a Venezuela al nivel de países como Haití y Corea del Norte.

ABC – Madrid






















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lunes, mayo 16, 2016

ANDRES CHADWICK HAY QUE ABRIR LOS OJOS

LUNES 16 DE MAYO DE 2016constitucionhay que abrir los ojos 


El proceso constituyente es un proceso tramposo.  ¿Por qué? No sólo por los vacíos y errores en su transparencia, ecuanimidad y equilibrios políticos. También por algo más grave aún y que permite entender el "control del gobierno" sobre este proceso y los evidentes errores democráticos en su implementación.

La Presidenta se ha comprometido a enviar en noviembre al Congreso una Reforma Constitucional. En ella, como ha anunciado, propondrá que el actual Parlamento apruebe -con los actuales quórums constitucionales de 2/3- cuatro mecanismos de reforma constitucional: una Asamblea Constituyente, una Comisión de Parlamentarios y Ciudadanos, una Comisión de Senadores y Diputados y, finalmente, que el Congreso pueda convocar a un plebiscito, para que la ciudadanía decida entre las tres anteriores. Pero además se agregará que sea el próximo Parlamento, electo en 2017, el que decida sobre los mecanismos de modificación constitucional propuestos. Y se establece para ello una rebaja de quórums de 2/3 a 3/5, que deberá ser aprobada por el Congreso.

¿Por qué la trampa? Es fácil entender que cualquiera de los mecanismos propuestos, que podría ejercer el poder constituyente originario, va a realizar su trabajo desde una hoja en blanco.

Por ello, a la Nueva Mayoría no le importan los contenidos constitucionales -llevamos dos años de debate y no se ha hablado una línea sobre qué quieren cambiar a la Constitución-, ni menos los debates en los cabildos, ni el resultado de ellos. Tampoco les importa el otro proyecto, de una nueva Constitución, que la Presidenta comprometió para fines de su mandato, en 2017. Porque saben que la NM -como han evidenciado las peleas internas de las últimas semanas y las diferencias en temas esenciales- no tiene cómo llegar a acuerdo en un texto constitucional.

Lo que les importa de verdad es el proyecto de reforma  sobre quién ejercerá el poder constituyente. Su único norte es rebajar los quórums y esperar un resultado favorable en la próxima parlamentaria, tras haber hecho un sistema electoral a su medida.

¿En qué sí les sirve el "proceso constituyente"? En que su principal conclusión va a ser que la gente quiere una Asamblea Constituyente. Y con ello crear el ambiente y la presión política y comunicacional para que el Congreso apruebe su reforma sobre los mecanismos y rebaja de quórums y dejar la discusión sobre los contenidos para la elección presidencial y parlamentaria, politizando el debate para evitar los temas que le importan a la gente y los pésimos resultados de este gobierno.

Hay que abrir los ojos. Hay que entender que hay un objetivo político claro y un camino predeterminado para lograr esos fines. El proceso de debate ciudadano -cuya representatividad nunca será suficiente y donde las dudas sobre instrumentalización serán permanentes- es el instrumento para, bajo la apariencia de respaldo ciudadano, darle legitimidad democrática a un proceso político con un diseño claro.

Por eso, Chile Vamos, junto con declarar la ilegitimidad de este proceso del gobierno y hacer una propuesta de contenidos constitucionales para un debate fructífero, tiene que estar muy unido y decidido para evitar la aprobación de la reforma de los mecanismos. No podemos caer en la trampa de la retroexcavadora constitucional.


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MAX COLODRO EL SERVEL EN LLAMAS Y EL DETERIORO POLITICO EN CHILE

El Servel en llamas

servvel

Ad portas de un nuevo ciclo electoral y luego de una reforma que buscó fortalecer su autonomía y atribuciones, el Servel enfrenta un incendio que abre duras interrogantes sobre su futuro inmediato. Como si no bastara ya con la generalizada pérdida de confianza en las instituciones, el órgano llamado a ser 'árbitro' en las próximas contiendas democráticas se agrega ahora al cuadro de descrédito.

Un consejero que debió renunciar al verse vinculado a una investigación judicial, fue el preludio al que siguieron los errores en la inscripción de las primarias de Nueva Mayoría.Corolario: una directora subrogante cuestionada por un fallo unánime del Tricel, seguido por un severo quiebre al interior del consejo directivo, que terminaron de poner a un actor clave de nuestra democracia electoral en un limbo peligrosamente cercano a la interdicción.

La frustrada inscripción del pacto oficialista generó una inicial controversia sobre la prolijidad de los procedimientos del Servicio Electoral. Lo que en primera instancia pareció una incapacidad de la Nueva Mayoría para arribar a tiempo a un acuerdo político, terminó, en definitiva, siendo sentenciado por el Tricel como un acto al margen de la ley, cometido por el organismo encargado precisamente de velar por la legalidad del proceso.

La imagen del Servel quedó, luego del incidente, en un serio entredicho, que se vio reforzado por su decisión de exigir una ley corta para poder adecuar los plazos a la pérdida de tiempo impuesta por la controversia. "Olor a desacato", sentenció el secretario general del PPD, Óscar Santelices, mientras la gestión de la directora cuestionada por el Tricel seguía siendo insistentemente respaldada por sus superiores.
Como remate para una situación ya a esa altura completamente inverosímil, el consejero Alfredo Joignant informa que el acta en que el consejo pide una ley express y avala el actuar de su directora, lo incluyó a pesar de estar ausente. Sin ambages, el integrante del organismo reconoce en una entrevista que desconfía de la actuación del presidente del consejo, Patricio Santamaría, y que ha solicitado su renuncia al cargo.
Parece un episodio de teleserie, pero es el desconcertante estado en que se encuentra una institución que acaba de ser reforzada, para, entre otras cosas, estar a la altura de los nuevos estándares en materia de fiscalización de las campañas.

Sin embargo, hoy los que deben dar confianza a la ciudadanía respecto de la seriedad y transparencia de las distintas etapas del proceso electoral, no confían entre sí; y aquellos que deben ser los garantes en el cumplimiento estricto de las normas, actúan, según el Tricel, al margen de la ley.
Resulta difícil imaginar que un sistema político duramente cuestionado pueda recuperar algo de su credibilidad cuando el órgano encargado de arbitrar las contiendas electorales no está en condiciones de generar una confianza básica respecto a sus propias actuaciones.

En el momento en que una sociedad ya no puede descansar en aquellos que deben asegurar el cumplimiento de las reglas del juego democrático, existe un alto riesgo de que una espiral de deterioro político se vuelva sistémica. Un escenario que a la luz de las evidencias de estos días no parece ya descartable, y que hace urgente agotar todos los esfuerzos para evitar.


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sábado, mayo 14, 2016

RESUMEN DE LOS PRINCIPALES TEMAS DE LA PROPUESTA CONSTITUCIONAL DE CHILE VAMOS

Principales temas de la propuesta de la Comisión de Asuntos 

Constitucionales de Chile Vamos

Home → Principales temas de la propuesta de la Comisión de Asuntos Constitucionales de Chile Vamos


  1. Reconocer nuevos derechos fundamentales y reforzar los actuales. Se fortalecen derechos como el derecho preferente de los padres de educar a sus hijos; el derecho a la vida, la integridad física y síquica eliminando la pena de muerte y proscribiendo todo trato degradante e inhumano. Se consagran otros como el derecho de los consumidores y usuarios de servicios del Estado a ser protegidos e indemnizados contra todo abuso que sufran; el derecho de toda persona a la rehabilitación y la reinserción social; el respeto y protección a la imagen de toda persona; el derecho a ser protegido contra el empleo indebido de los datos personales; el derecho a una competencia limpia y libre en los mercados, consagrando el deber del Estado de crear las condiciones de regulación y fiscalización necesarias que permitan evitar y sancionar los abusos.

 

  1. Consagrar deberes fundamentales del Estado. Junto al fortalecimiento y reconocimiento de los derechos fundamentales, se deben establecer los deberes que tiene el Estado con los ciudadanos, como generar las condiciones adecuadas e indispensables para que toda persona disponga de los recursos necesarios para una existencia acorde con la dignidad humana, un trabajo y vejez digna, el valor fundamental de la maternidad y sus protección en especial en casos de embarazos vulnerables, la especial consideración de las personas en situación de discapacidad, la conectividad y comunicación de todo el país, incentivar y desarrollar la investigación científica y tecnológica o propender a lograr el máximo desarrollo de las personas en las regiones según sus realidades. Asimismo, fortalece como deberes fundamentales del Estado con sus ciudadanos el resguardo del orden y seguridad pública, la certeza jurídica, la protección de las víctimas, el fomento de la inversión y el crecimiento económico, la protección del medio ambiente y del patrimonio natural en un contexto de sustentabilidad.
  1. Crear el Defensor de las Personas. Para que los deberes fundamentales del Estado y la acción política sean ineludibles para las autoridades política o administrativa, se crea una institución autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio propio, denominada, el "Defensor de las Personas", que les permita recurrir ante dicha institución para que requiera la adopción de medidas, tales como la necesidad de modificar leyes y políticas públicas que aseguren el efectivo goce de los derechos fundamentales garantizados por la Constitución y el cumplimiento de los deberes del Estado.

 

  1. Garantizar la paz social, la Democracia Representativa Constitucional y un Estado Democrático de Derecho a todas las personas.Esto exige de parte del Estado una fuerte condena al terrorismo, al narcotráfico, a la delincuencia, la trata de personas y a todo tipo de violencia, sea política, económica y social. El Estado debe hacerse responsable en caso de falta de servicio debidamente acreditada en todo el territorio nacional.
  1. Pasar de un Estado eminentemente Subsidiario a uno Subsidiario y Solidario. Estando el Estado al servicio de la persona, en las bases de la institucionalidad, la Constitución debe declarar el rol activo e insustituible del Estado en la búsqueda del bien común, reconociendo la prioridad de la Sociedad Civil en ello.
  1. Reconocer la multiculturalidad de nuestra nación y la enorme contribución de los pueblos indígenas al desarrollo del país.Nuestra nación se conforma por diversas culturas y pueblos que, desde hace siglos, han convivido para conformar una nación multicultural e intercultural lo que debe consagrarse constitucionalmente a través del reconocimiento de los pueblos indígenas.

 

  1. Fortalecer y reafirmar el derecho de propiedad. Proponemos reforzar la protección a la propiedad y el derecho de toda persona a ser indemnizada previamente, al contado y en conformidad al daño total causado por las expropiaciones, así como por las restricciones excesivas a la propiedad. Sin perjuicio de las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social.

 

  1. Consagrar la autonomía constitucional de los Servicios Públicos relevantes. A fin de generar adecuados contrapesos no sólo entre los poderes del Estado, sino también dentro del mismo poder ejecutivo, proponemos establecer un marco de autonomía a servicios públicos que cumplen funciones claves dentro del Estado. Entre ellos, el Servicio Civil, el Servicio de Impuestos Internos, el Servicio Nacional del Consumidor, la Fiscalía Nacional Económica, el Consejo para la Transparencia, el Instituto Nacional de Estadística, el Servicio de Evaluación Ambiental, la futura Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas, las Superintendencias y otros que la ley determine. Se deberá establecer todas las reglas y resguardos que garanticen que en el nombramiento de su órgano directivo, en la elaboración de las normas que dicten, en su funcionamiento y política de personal, se asegure la debida autonomía política, técnica y de gestión.

 

  1. Impulsar una profunda descentralización política y económica dentro de un Estado Unitario. Proponemos aplicar el principio de subsidiariedad territorial, debiendo el Estado prestar servicios a las personas en el nivel territorial más cercano a ellas que sea efectivo. Asimismo, junto con la elección directa de los Intendentes, proponemos crear Asambleas Regionales que permitan una mayor coordinación de las autoridades políticas regionales, provinciales y comunales. Por otra lado proponemos establecer que determinada parte de la recaudación tributaria sea asignada directamente a las regiones.

 

  1. Reafirmar la necesidad y legitimidad del Tribunal Constitucional. El ejercicio de la soberanía reconoce como límites los derechos que emanan de la naturaleza humana. Con el propósito de velar por el pleno respeto de la Constitución, consideramos fundamental la existencia del Tribunal Constitucional con su control preventivo y correctivo cuya función principal es proteger los derechos de las personas y la institucionalidad democrática.

 

  1. Modificar el régimen político de Gobierno. El actual régimen presidencial requiere de urgentes modificaciones que permitan un mayor equilibrio en las relaciones entre el Presidente de la República y el Congreso Nacional. Todo esto con el objeto de darle la estabilidad que se requiere para el desarrollo del país. El escenario actual, que podría agudizarse con un panorama más atomizado producto del último cambio al sistema electoral requiere reformas, y una atención permanente. Todo régimen político debe evitar eventuales bloqueos entre poderes del Estado y que la carencia de salidas institucionales sea un obstáculo a la gobernabilidad. Por eso proponemos cambios sustanciales en la lógica de un sistema presidencial moderado y también estamos abiertos a cambios en el régimen político como sería por ejemplo instaurar un régimen semipresidencial en el que conviva la figura del Presidente de la República con la de un Primer Ministro elegido por la mayoría parlamentaria.

 

  1. Ratificar el mecanismo de cambio constitucional participativo e institucional. La forma de modificar la Constitución es como se hace en las democracias representativas, esto es, a través de las instituciones vigentes. Por lo tanto no somos partidarios de una asamblea constituyente. Por eso, proponemos que la reforma futura debe tramitarse en el Congreso Nacional y que vaya precedida y acompañada de participación ciudadana amplia, objetiva y plural a lo largo del país. Sea que se trate de una reforma integral o de una modificación profunda a la Constitución, la deliberación en el Congreso Nacional debe dar lugar a que, en esta ocasión, la reforma aprobada en el Parlamento sea luego sometida en su conjunto a un plebiscito nacional.

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