La sala de la Cámara de Diputados.Hace algunas semanas, la mesa de la Cámara le solicitó a la Comisión de Ética de la corporación que elabore un informe en el que se determine el grado de cumplimiento, por parte de los 120 diputados, de las normas incluidas en la Ley de Lobby.
La gestión se produjo en paralelo a otra iniciativa que está en proceso de elaboración: la creación de un registro de todas las reuniones que han sostenido los diputados con distintos actores, en el marco de esta normativa que a fin de mes cumple un año de vigencia.
Este último trabajo consiste en generar un listado público de lobistas, sistematizando la información sobre las distintas personas naturales y jurídicas que han buscado influir, hasta ahora, en las decisiones de los legisladores .
En ese registro se focalizará la información, destacando cuáles son los lobistas -que reciben un sueldo por realizar esta actividad- o gestores de intereses -que no perciben remuneración- que han actuado en mayor cantidad de oportunidades. Esto, junto con detallar los parlamentarios más solicitados, los motivos de las reuniones y sus resultados.
"Queremos hacer un uso proactivo de la ley, que establece que cuando se sostienen audiencias solicitadas por un lobista o gestor de intereses, existe la facultad de la corporación de transformar eso en una lista de lobistas. Vamos a establecer ese registro para que se sepa quién ejerce tal función", explica el vicepresidente de la Cámara, Patricio Vallespín (DC).
En síntesis, ambas iniciativas constituirán el primer catastro de la aplicación y cumplimiento de la Ley de Lobby al interior de la Cámara.
Asimismo, se incorporará un apartado para determinar si una audiencia solicitada en calidad de gestor de intereses califica como tal o si, por el contrario, se infringió la ley y se debió inscribir como una reunión de lobby.
Actualmente, el reglamento interno de la corporación establece multas de hasta un 15% de la dieta para los diputados, en caso de incumplimiento de la ley, a diferencia del Senado, que aún no cuenta con ese tipo de sanciones. En todo caso, ya existe un proyecto que busca perfeccionar la Ley Orgánica del Congreso Nacional sobre esta materia.
La normativa no obliga a generar un listado previo de lobistas, sino que esa nómina se va elaborando en cada repartición pública a medida que una persona o empresa en particular se inscriba para solicitar una audiencia con una autoridad determinada. Así ha sucedido, también, en el caso de la Cámara.
Y hasta ahora, la información en la corporación y en el Consejo para la Transparencia arroja un total de 39 personas naturales o jurídicas que han sostenido reuniones con diputados. Esto, bajo la categoría de lobistas. Además, figuran más de 100 gestores de intereses particulares que también sostuvieron encuentros con legisladores.
Entre los datos aparecen, además, 14 diputados que no han sostenido ninguna reunión. Así, el informe que prepara la mesa de la Cámara incluirá esa información, en paralelo a una modificación que se introducirá al reglamento de la corporación. El objetivo de este último ajuste es dejar constancia de los casos en los que, por ejemplo, se haya rechazado una solicitud de audiencia, información que hoy no es pública.
