Este martes la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados despachó el proyecto del gobierno que aumenta las sanciones para los actos de colusión.
Esto luego que el lunes de la semana pasada el gobierno pusiera suma urgencia a la iniciativa ingresada en marzo de este año, y que contempla mayores multas y penas de cárcel a la colusión (ver detalles en subtítulo).
Además, en la comisión se aprobó replicar los criterios de la denominada "Ley Emilia" a los actos colusorios, asegurando así al menos un año efectivo de cárcel antes de que los responsables puedan acceder a formas alternativas de cumplimiento de penas.
"Para que la legislación opere como un real disuasivo los actores económicos deben saber que existe la posibilidad concreta de pagar con cárcel por este tipo de conductas, lo que se podía evitar en ciertos casos por la aplicación de atenuante"
LEONARDO SOTO, PRESIDENTE COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN
Junto con esto, los parlamentarios aprobaron que en caso que la colusión implique bienes de primera necesidad se apliquen penas por sobre los 7 años y medio de cárcel.
Otra de las modificaciones introducidas al proyecto por la Comisión de Constitución fue restringir los beneficios otorgados por la delación compensada, para que sólo la primera empresa en autodenunciarse pueda eximirse de la sanción penal y del total de la multa.
En paralelo al proyecto del gobierno ayer las comisiones de Economía y Constitución del Senado aprobaron dos mociones en esta materia, que probablemente se fusionen con la del Ejecutivo.
Los ejes del proyecto del gobierno
1) Mayores multas
El proyecto del año 2004 fija multas de hasta 30 mil UTA (Unidades tributarias anuales), equivalentes a aproximadamente 25 millones de dólares.
En este contexto, uno de los ejes centrales del proyecto apunta a terminar con la "desproporción" que existe entre el tope de las multas fijadas en la actual normativa y los perjuicios causados.
A modo de ejemplo, en el caso de la colusión de los pollos el TDLC impuso la multa máxima de 25 millones de dólares. Sin embargo, el daño causado se estimaba en 1.500 millones de dólares.
En este contexto, el proyecto del gobierno apunta a pasar a un sistema de multa fija a uno variable, que contempla dos escenarios.
Un límite máximo de multa del doble de la ganancia obtenida por el infractor o el doble de la pérdida causada a las víctimas.
Una multa de hasta un 30% del valor de las ventas, multiplicado por el número de años en que se cometió la infracción.
2) Penas de cárcel
Hasta el año 2003 Chile contó con penas de presidio menor en cualquiera de sus grados (de 61 días hasta 5 años) para quienes atentaran contra la libre competencia. Sin embargo, esta sanción nunca se aplicó, entre otras cosas por la falta de una institucionalidad para actuar frente a estos casos.
A más de una década de este cambio, el gobierno propone reponer esta pena a las conductas relacionadas con casos de colusión, recogiendo una serie de mociones ingresadas por parlamentarios de diversos sectores políticos.
En concreto se propone que aquellos ejecutivos que celebren, implementen o ejecuten acuerdos de colusión, así como las personas naturales que los organicen, como directivos de asociaciones o asesores, se establece una pena principal de crimen, es decir, reclusión mayor en su grado mínimo (de 5 años y un día hasta 10 años).
Junto con esto se propone la inhabilitación para ejercer cargos públicos, así como de director o gerente de empresas del Estado por un plazo de cinco años.
