No hay peor ciego que el que no quiere ver
YA HAN pasado más de tres años desde que Michelle Bachelet asumió la conducción del gobierno y junto a la Nueva Mayoría comenzaron una vorágine reformista -casi refundacional-, que afectó gravemente los sólidos cimientos de la estructura social y económica chilena y con ello, el bienestar de miles de compatriotas.
Muchos advertimos sobre los efectos que tendría para el país la lógica de la retroexcavadora, pero debido a nuestra minoría parlamentaria, muy poco pudimos hacer para evitar la aprobación de las reformas tributaria, educacional y laboral, que sumadas a una visión extremadamente ideologizada en casi todas las políticas públicas impulsadas por el actual gobierno, han desviado a Chile de un camino virtuoso de desarrollo.
Lamentablemente así lo reflejan las cifras: Hace pocos días, el Banco Central dio a conocer el peor desempeño de la actividad económica desde el año 2009 y en materia de inversión, llevamos una caída de tres años consecutivos y, de acuerdo al último IPOM, las proyecciones no son muy esperanzadoras.
Pero como dice el refrán, "no hay peor ciego que el que no quiere ver", y cuando todo indica que el frenesí reformista debe parar, el gobierno nos sorprende con una nueva reforma, la más grande de todas, la que genera más incertezas y, en consecuencia, la que produce más daño a la institucionalidad política y económica, al empleo y al salario de los chilenos.
Se trata de una propuesta de reforma constitucional que, además de no ser lo que se prometió en octubre de 2015, busca incorporar un nuevo artículo 130 al Capítulo XV de la Carta Fundamental para establecer a través de una Convención -que será normada por una Ley Orgánica Constitucional en otro momento- la posibilidad de cambiar completamente la Constitución. Es decir, se pretende entregarle a un grupo de personas, que nadie sabe quiénes serán ni cómo van a funcionar, la facultad de alterar todo el arquetipo constitucional chileno.
Y es que estamos frente a un gobierno que no quiere ver que todos los índices van a la baja desde que asumieron.
El reciente IPoM disminuyó la proyección de crecimiento para 2017 a un rango de entre 1% a 2%, el nivel más bajo de la última década; y en materia de trabajo, de acuerdo a los últimos datos entregados esta semana por el INE, se registró un aumento del 0,5% del desempleo, siendo lo más grave el notable deterioro del empleo asalariado (-2,1%) frente a una marcada alza de trabajo por cuenta propia (8,1%) con toda la precariedad que ello significa.
Tampoco quieren ver las encuestas. Todas, sin excepción, afirman que los chilenos no quieren más reformas. Sin ir más lejos, de acuerdo a la encuesta CEP de diciembre pasado, la última prioridad de la ciudadanía es reformar la Constitución con solo un 2% de las menciones.
Pero incluso, si obviáramos lo anterior, el anuncio de reforma constitucional es irresponsable. Han pasado cuatro años desde que la Nueva Mayoría comenzó a instalar la idea de una nueva Constitución; ya van dos años desde que nos embarcaron en un proceso constituyente que costó más de 4 mil millones de pesos al Estado y donde no participó ni el 0,5% de los chilenos; y hoy, a menos de un año que termine su mandato, todavía no son capaces de decirle al país cuál es la Constitución que quieren.
Cuando lo que más pide el país son certezas; la Nueva Mayoría, con esta nueva reforma, nos sumerge en un mar de inseguridades.
Al inicio del gobierno, poco después de la Reforma Tributaria, el entonces ministro de Hacienda pedía que lo juzgaran por los resultados. Hoy, a tres años de esa insigne frase, cuando el resultado es conocido por todos, resulta difícil no recordarla. Lamentablemente estamos frente a un gobierno que no quiere ver.
Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
Diplomado en "Gestión del Conocimiento" de la ONU
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Santiago- Chile
Lo que más incomoda a los críticos de este nombramiento es que Prado Puga vendría a integrar la Cuarta Sala de la Corte Suprema, que es la encargada de temas laborales, en reemplazo de Patricio Valdés, ex gerente de la Sofofa. "De concretarse su nombramiento, la gran banca y la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (Sbif) tendría a un hombre de sus filas en el corazón de la suprema", afirma un abogado que pertenece a los altos niveles del Poder Judicial. Otra posibilidad es que se sume a la Tercera Sala de la Corte, la que revisa asuntos constitucionales.