El 11 de julio, un día después de la emisión del programa de Informe Especial que reveló la existencia de correos electrónicos y documentos que mostraban el financiamiento de Fipes, Industrias Pesqueras del Sur Austral, al diputado Iván Fuentes -previa mediación del senador Ignacio Walker-, el fiscal Emiliano Arias dio inicio a una serie de diligencias en el marco del caso Corpesca. Un mes después, en un hecho que el fiscal nacional, Jorge Abbott, atribuyó públicamente a una entrevista de Arias a La Tercera, en que éste señaló que existía corrupción en la génesis de la ley de pesca, el persecutor fue apartado de la causa y se le instruyó un sumario administrativo.
Más allá de la explicación entregada desde el Ministerio Público a través de un comunicado oficial, según pudo reconstruir The Clinic Online, de acuerdo a fuentes de la Fiscalía y documentos que constan en la carpeta de investigación de la causa -cuyo eje central lo encabeza la fiscal Ximena Chong-, Arias impulsó durante julio y agosto la incautación de antecedentes tanto en el Congreso como en todas las pesqueras que presentaron rectificaciones entre los años 2010 a 2015, situación que habría alterado el ánimo en la clase política que podría haberse visto expuesta a una nueva crisis, similar al que provocó el financiamiento transversal de campañas por parte de Soquimich.
Un elemento crucial en esta historia es la actitud reacia del Servicio de Impuestos Internos (SII) a colaborar con las indagatorias, ya que se ofició en dos ocasiones a esta instancia para que entregara los detalles de los antecedentes proporcionados por las pesqueras, algunas de las cuales habían realizado hasta cuatro rectificaciones en el periodo requerido.
El asunto, explican en Fiscalía, fue tornándose complejo porque dentro de los blancos de investigación que en su minuto manejó Arias -además de dirigentes de las empresas como Valeria Carvajal (Gerente General de Fipes), Luis Felipe Moncada Arroyo (Presidente de Asipes), Héctor Bacigalupo (Presidente de Sonapesca), Rodrigo Sarquis Said (vicepresidente de Pesquera Blumar)- figuraban parlamentarios como Jorge Ulloa (UDI) Antonio Horvath (IND, ex RN), Clemira Pacheco (PS) , Iván Fuentes (pro DC) y Patricio Walker (DC), ya que aparecían mencionados en correos electrónicos de ejecutivos de Corpesca.
LAS DILIGENCIAS
En total, entre Arias y el fiscal Sergio Moya, emitieron más de 20 oficios vinculados a esta causa, no obstante, tras los primeros pasos, Abbott fue cerrando el camino a las indagatorias. Así, cuando se conoció que Arias y Chong indagarían la arista Fipes, la directora de la unidad especializada anticorrupción del Ministerio Público, Marta Herrera, informó que ese flanco quedaría a cargo del Fiscal Regional de Aysén, Pedro Salgado, pese a las advertencias que se realizaron a Abbott de lo difícil que era especializarse en casos de corrupción. Posteriormente, Arias se concentró en todo el resto de las empresas pesqueras que habían presentado rectificaciones.
Así, por ejemplo, el 18 de julio se envió una orden de investigar a la PDI donde se precisa que, conforme a lo dispuesto en el artículo 79 del Código Procesal Penal, por los delitos de Fraude al Fisco, Cohecho y Otros, se solicita identificar a las Industrias Pesqueras y Asociaciones Gremiales de la macro zona centro sur, que operan en las costas de nuestro país; informar del directorio de las mismas, las especies que extraen y las cuotas autorizadas, y todo otro antecedente de utilidad para la investigación; con la información proporcionada por el SII, identificar si dichas empresas han rectificado sus declaraciones al impuesto a la renta y el motivo de dichas rectificaciones; para el caso que las rectificaciones a las declaraciones de impuesto a la renta, se hayan realizado por boletas de honorarios por servicios, identificar a quienes extendieron dichas boletas, y recabar de estas personas la entrega voluntaria de la documentación respectiva; asimismo, con la información proporcionada por el Congreso Nacional sobre asesores y personas asistentes a la Comisión de Pesca, determinar si existe alguna vinculación con las empresas pesqueras o asociaciones gremiales de la pesca industrial de la macro zona centro sur; y en el caso de existir vinculaciones, indagar respecto de éstas, empadronar testigos, tomarles declaración voluntaria por delegación del Fiscal , con excepción de imputados y parlamentarios en actual ejercicio; solicitar la entrega voluntaria de toda documentación, libros, soportes informáticos, correos electrónicos, computadores y demás antecedentes que se relacionan con los hechos investigados, comunicando por la vía más expedita del resultado de esta diligencia; y fijar fotográficamente los diversos sitios de suceso y evidencias levantadas.
Para todo ello se entregó un plazo de 45 días.
A las pesqueras, en tanto, se les pidió la entrega voluntaria de los libros de contabilidad entre los años 2010 a 2014, en formato digital, especialmente respecto de los libros de compras, de pago de honorarios, declaraciones de impuesto a la renta, rectificaciones a las mismas y de las boletas de honorarios; y la declaración voluntaria por delegación del Fiscal Regional al encargado de la contabilidad entre los años 2010 a 2014.
Al SII, en paralelo, se le pidió el 19 de julio, con un plazo de 15 días, el detalle de las rectificaciones de las empresas Pesquera Alimentos del Mar S.A, Pesquera Bahía Coronel S.A, Pesquera Coloso S.A, Pesquera Empedes S.A, Pesquera Enapesca S.A, Pesquera Grimar S.A, Pesquera Landes S.A, Pesquera Los Fiordos S.A, Pesquera Lota Protein S.A y Pesquera Pesca Chile. También se exigió informar si Pesquera Blumar S.A. y Pesquera Orizon S. A. habían presentado rectificaciones entre los años 2009 a 2015.
Ante la nula respuesta del SII, el 9 de agosto se insistió en la orden esta vez con la indicación perentoria de presentar los datos en 5 días.
A la PDI además se le ordenó obtener documentación de Camanchaca y Los Fiordos.
Del listado de las empresas requeridas por Arias, varias de ellas son parte de la Asociación de Industriales Pesqueros, Asipes. Entre ellas destacan las pesqueras Alimentos Marinos, de la familia Izquierdo Menéndez; y Pesquera Bahía Coronel, empresa que tiene el mismo domicilio que Pesquera Enapesca -también indagada- y que según un informe de Huphreys citado por Ciper en 2012, serían parte del grupo Errázuriz (Francisco Javier).
Las otras compañías pesqueras son Pesquera Coloso S.A, asociada a Corpesca y parte del grupo Lecaros Menéndez -familiares de los Izquierdo Menéndez-; Pesquera Landes S.A, propiedad de los empresarios Eduardo Bohorodzaner y Eduardo Fosk; y Pesquera Los Fiordos Ltda., parte del holding SuperSalmón, de Agrosuper (Gonzalo Vial).
Además, las empresas de Nissui Group como Pesquera Emdepes S.A y Pesquera Grimar S.A, que a su vez es parte de Friosur, propiedad de los japoneses en conjunto con el grupo Del Río; Pesquera Lota Protein S.A, del grupo noruego Kappernaes; y Pesquera Pesca Chile, perteneciente al grupo español Pescanova.
Junto a ellos, Arias exigió informar si habían presentado rectificaciones entre los años 2009 a 2015 las empresas Pesquera Blumar S.A., propiedad de los grupos Sarquis y Yaconi-Santa Cruz; y Pesquera Orizon S. A. del holding Copec, que lidera el grupo Angelini.
Pese a los avances de Arias, Abbott decidió que la causa quedaría en manos del Fiscal Regional del Biobío, Julio Contardo. Ello aunque la mañana del martes, consultado en Radio ADN por la criticada entrevista del fiscal a La Tercera, no había dado señal alguna al respecto: "Si las causas siguen creciendo, hay que seguir investigando y hay que seguir investigando de la forma más eficiente posible. Nunca ha estado en el propósito la intención de la Fiscalía Nacional limitar las investigaciones. Por el contrario, lo que nos parece es que debe llegarse a fondo en todas las investigaciones. Lo que hay que hacerlo (sic) es con un grado de eficiencia y tomando decisiones, y no postergar las decisiones de modo tal que se eternicen las investigaciones, que es lo que no le hace bien al Ministerio Público porque tiene que tener destinado un número no menor de fiscales que también deben abocarse a otro tipo de investigación. Pero en nada, en lo absoluto ello significa o puede entenderse como una limitación a investigar todo aquello que deba ser investigado", dijo en esa ocasión.
LOS DESENCUENTROS CON ARIAS
La remoción de Arias del caso Corpesca no es la primera disputa pública entre Abbott y el actual fiscal jefe de O'Higgins. En junio pasado, el mismo fiscal nacional tuvo que intervenir en la disputa pública entre los fiscales Arias y Pablo Gómez, tras una entrevista del primero a CNN Chile en la que señaló que a fines de 2015 entregó un informe con la información sobre los correos entre Pablo Longueira y el gerente general de SQM Patricio Contesse, por posible cohecho y eventual responsabilidad de la persona jurídica.
Sin embargo, el fiscal regional de Valparaíso le respondió diciendo que dichos antecedentes los recibió recién el 8 de enero. "Arias los tenía desde hace meses. Es fácil acreditarlo", dijo en esa oportunidad.
Por esa razón, Abbott declaró públicamente que telefoneó a ambos fiscales para que evitaran debates públicos "que a nada conducen". Eso sí, el jefe del Ministerio Público criticó la actitud del fiscal de O'Higgins y respaldó el trabajo que llevaba Gómez en la causa Soquimich.
"En particular le he señalado al fiscal Arias que sus comentarios han producido efectos que lamento, por las dudas que pueda sembrar sobre la actuación de otros fiscales del Ministerio Público, sin que exista justificación alguna para ello", dijo la tarde del 7 de junio.
Por el contrario, Abbott señaló esa vez que en el caso SQM Gómez "está avanzando seriamente en la investigación de los delitos que se pudieren haber cometido y en la imputación que hubiere de formularse a los responsables, tal como la ciudadanía espera del Ministerio Público".
Todo ello se sumó a los dichos de Arias el fin de semana pasado en entrevista con La Tercera, donde particularmente "puede haber más casos como el de (Jaime) Orpis y más pesqueras que hayan hecho donaciones a políticos".
