Los continuos y cada vez más graves incidentes que protagonizan grupos radicalizados mapuches en las regiones de Malleco y la Araucanía han puesto nuevamente en un inquietante primer plano los problemas de la zona indígena y han conseguido que algunas de las máximas autoridades del país aparezcan interesadas en ese conflicto. Sin duda, el Gobierno ha estado preocupado por él durante los últimos años, pero no siempre ha parecido interesado en buscar soluciones viables y duraderas, sino más bien en contener los problemas y en evitar que se transformen en asuntos que puedan afectar su popularidad.
En los últimos días, la mayor agresividad de los pequeños grupos subversivos ha provocado respuestas de varios ministros. Este problema tiene evidente envergadura, y cabe distinguir varios planos de acción, en todos los cuales se espera una actitud más resuelta de la autoridad. En primer lugar existe un tema de urgencia, cual es el del orden público y el de garantizar seguridad a la población. Es natural que la autoridad concentre su actuación en este plano en el corto plazo, pues no es admisible que grupos internos de nuestro propio país desafíen al Estado de Chile y puedan dejarlo en una situación de desprestigio. Corresponde a las autoridades del Ministerio del Interior y a la policía de Carabineros garantizar a todos los ciudadanos —tanto a la inmensa mayoría pacífica mapuche como a los demás— que podrán desarrollar sus actividades sin temor.
Pero el hecho de que se haya llegado a este punto de desorden en esa zona crea el riesgo de que las autoridades estimen que ésa es la única tarea de importancia que deben cumplir al respecto. En realidad, además de la seguridad y del orden público básico, existe la necesidad de diseñar políticas públicas adecuadas, que tengan como base un buen diagnóstico de la situación y de los graves problemas que sufre la mayoría del pueblo mapuche. Las carencias que enfrentan los indígenas han sido incuestionablemente un factor que ha contribuido a impulsar a los grupos rebeldes. Al respecto, la política de reparto discrecional de tierras —que surgió sin mayor análisis durante el primer conflicto que tuvieron que enfrentar los gobiernos de la Concertación hace 15 años— parece haber estimulado los incidentes violentos, sin aportar una solución a los problemas socioeconómicos. Por el contrario, al enfocar las políticas en una identificación de la tenencia de la tierra con la cultura indígena, se está forzando a los mapuches a una situación de ruralidad comunitaria difícil de compatibilizar con el mundo moderno.
Algunas políticas en aplicación se basan en una discutible visión conceptual y filosófica de la cultura mapuche, y, ostensiblemente, es a causa de los errores que se cometen en este plano que surgen problemas en los demás. Sin una línea realista y clara, con los continuos cambios que se han hecho a la institucionalidad indígena y con una permanente rotación de funcionarios encargados, ahora es el ministro Secretario General de la Presidencia el encargado de coordinar los asuntos indígenas. Sus ideas han sido presentadas como un nuevo enfoque de estos problemas, pero al plantear que la incorporación de los indígenas a la sociedad chilena supone negar su identidad y su cultura, en cierto modo valida los mismos errores de las políticas seguidas hasta ahora. Los mapuches —como todos los demás grupos indígenas— viven hoy en el siglo XXI y —como todas las culturas en todo el mundo— enfrentan el desafío de adecuar sus valores y tradiciones a la época actual. Si un gobierno los fuerza a vivir de un modo que los mantendrá en la pobreza, los problemas sólo se agravarán, a pesar de las buenas intenciones de los gobernantes y de los propios grupos indígenas organizados
Saludos
Rodrigo González Fernández
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