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viernes, mayo 16, 2014

DAVID GALLAGHER La arremetida de los eslóganes

REFORMA TRIBUTARIA 

La arremetida de los eslóganes

"Es porque han tenido que cuadrar tantos círculos que a los técnicos de la Nueva Mayoría se les ve tan poco convencidos de sus políticas, y tan agresivos al explicarlas. Es que en su corazón siempre supieron que no aguantaban mucha discusión racional..."

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Un aspecto notable de la reforma tributaria ha sido la singular combinación de simplismo y de agresión con que los ministros y sus parlamentarios la han pregonado y defendido. Sordos a sus críticos, a quienes descalifican, procuran venderla con aseveraciones equívocas repetidas al unísono, como si las hubieran aprendido de memoria.

Algunas estaban desde el comienzo, como esa de que las empresas en Chile ya no necesitan reinvertir sus utilidades. Pero hay otras más nuevas, como aquella de que los inversionistas no se fijan en la carga tributaria de un país para invertir. Les importaría solo su estabilidad institucional, la confiabilidad de sus reglas del juego, cosas que Chile tendría ganadas.

Nada más absurdo. Si se implementa la reforma tributaria, y el impuesto a las empresas sube al 35 por ciento, será el tercero más alto de la OCDE, después de Estados Unidos, con 39,1 y Japón con 36 por ciento. Imposible que eso no inhiba a los inversionistas, sobre todo que en otros países hay exenciones y rebajas. En Estados Unidos, por ejemplo, la tasa promedio efectiva es de solo el 12,6 por ciento.

Es cierto que los inversionistas valoran la estabilidad institucional y la confiabilidad de las reglas del juego, y que en Chile las teníamos ganadas. Pero eso era en un pasado que nuestras autoridades ahora repudian. Un shock tributario de la magnitud propuesta representa una inmensa ruptura de las reglas del juego; para qué hablar del séquito de medidas adicionales que se van proponiendo, como la derogación del DL 600. Eso que todavía sabemos poco de la nueva Constitución. Agréguese la alarma que produce ver a autoridades dar explicaciones que revelan -no sé cuál es peor- o ignorancia, o desprecio por la verdad y la racionalidad, y se entiende el descorazonamiento que hay entre los inversionistas y ahorrantes del país, sean chicos o grandes. Por algo la reforma tributaria se vuelve cada vez más impopular. Más de una encuesta revela que la gente cree que sí va a afectar a la clase media. En cuanto a que "van a pagar más los que más pueden", aparte de ser una obviedad, no es un gran consuelo, porque cualquiera sabe que los que más pueden son los que menos sufren.

Una reforma mal concebida ha complicado las loables intenciones de la Presidenta de darnos un país más inclusivo. Y eso que apenas empezamos a discutir lo que promete ser una reforma educacional muy confusa, en que el esfuerzo recaudatorio se va a destinar a traspasos de un bolsillo a otro y no a inversión en calidad. Qué raro que no se prefiera invertir todo ese dinero en mejorar la educación escolar pública.

¿Cómo ocurrió todo esto? Una hipótesis. A los técnicos de la Nueva Mayoría se les encomendó una misión imposible. La de trasladar a políticas públicas un paquete de eslóganes ideados por intelectuales de una izquierda sesentera, y refractados desde la calle con euforia estudiantil; eslóganes cuya seductora simpleza había conquistado a las cúpulas de la Nueva Mayoría, y que Michelle Bachelet tuvo que adoptar al llegar a Chile. Es porque han tenido que cuadrar tantos círculos que a los técnicos se les ve tan poco convencidos de sus políticas, y tan agresivos al explicarlas. Es que en su corazón siempre supieron que no aguantaban mucha discusión racional, por lo que había que imponerlas con aplanadora. Por otro lado, donde las políticas públicas emanan de eslóganes, es difícil difundirlas sin recurrir a más eslóganes.

En estos días en que pareciera que se quiere volver a un socialismo sesentero, qué difícil no sentir nostalgia por un año como el 2000, cuando se instalaba el primer Presidente socialista en treinta años, para implantar en el país una sana socialdemocracia del siglo 21.

















































































Saludos
Rodrigo González Fernández
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jueves, mayo 15, 2014

DIPUTADO MORALES SOLICITA “LLAMAR A CONSULTA” A EMBAJADOR GABRIEL ASCENCIO TRAS APOYO DE PRESIDENTE DE ECUADOR A DEMANDA BOLIVIANA

DIPUTADO MORALES SOLICITA "LLAMAR A CONSULTA" A EMBAJADOR GABRIEL ASCENCIO TRAS APOYO DE PRESIDENTE DE ECUADOR A DEMANDA BOLIVIANA

Publicado el 15 de mayo del 2014

El parlamentario e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, aseguró que los dichos de Rafael Correa "son graves, porque está interfiriendo en un tema entre dos naciones, y que los tratados ya lo tienen absolutamente zanjado".

     El diputado Celso Morales (UDI), integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, solicitó al Gobierno que llame a consulta al embajador de Chile en Ecuador, Gabriel Ascencio, tras las declaraciones que el Presidente Rafael Correa hizo apoyando la demanda boliviana.

    "Las declaraciones que efectuó el Presidente del Ecuador Rafael Correa, representan una grave intromisión en los asuntos internos de nuestro país, porque opinó sobre un tema entre dos naciones; y no es pertinente que un tercer país, a través de su máxima autoridad, emita declaraciones apoyando una solicitud como la que está haciendo Bolivia", dijo el parlamentario.

    Por ello Morales solicitó "a la Presidenta Michelle Bachelet que llame a consulta al embajador de Chile en Ecuador, Gabriel Ascencio, por este apoyo que el Presidente Correa le entregó a Bolivia en su demanda marítima".

    "Y el hecho tiene un antecedente aún más grave - enfatizó el legislador - porque el apoyo fue entregado durante una visita oficial de Correa a nuestro país".

    Frente a la cita sostenida por la Primera Mandataria con los ex presidentes el diputadoCelso Morales, dijo que "valoramos profundamente la reunión de esta mañana entre la Presidenta Michelle Bachelet y los ex presidentes Aylwin, Frei, Lagos y Piñera, ya que aquí estamos frente a un tema de Estado; y el apoyo por parte nuestro a las decisiones que tome el Gobierno es irrestricto, tal como ocurrió en el litigio con el Perú".

    "Lo más importante es que los ex Presidentes junto a la Presidenta Bachelet, coincidieron en un análisis que nosotros hicimos hace un par de semanas en la Comisión de Relaciones Exteriores, y que dice relación con impugnar la competencia del Tribunal de La Haya en esta demanda", precisó Morales.

    Sobre lo anterior, el diputado UDI agregó que "acá el Tratado de 1904 es sólido, y eso Bolivia lo debe tener claro, por lo que defenderemos nuestros intereses basados en el derecho internacional, y no con argumentos que tienen fundamentos sólo en lo político y comunicacional".

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    COMISIÓN DE HACIENDA DESPACHÓ SIN VOTOS EN CONTRA PROYECTO QUE CREA ADMINISTRADOR PROVISIONAL

    COMISIÓN DE HACIENDA DESPACHÓ SIN VOTOS EN CONTRA PROYECTO QUE CREA ADMINISTRADOR PROVISIONAL

    Publicado el 15 de mayo del 2014

    La instancia ratificó por nueve votos a favor y cuatro abstenciones el mismo texto despachado por la Comisión de Educación. El proyecto será visto por la Sala el próximo martes 20 de mayo.

       Con la presencia del Ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, y del Subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó y despachó a la Sala el proyecto (boletín 9333) que crea las figuras de administrador provisional y de cierre para instituciones de educación superior y que fija regulaciones en materia de administración provisional de sostenedores educacionales.

      La instancia tuvo que pronunciarse respecto de seis artículos de la propuesta legal relativos a materias propias de su competencia, los cuales fueron ratificados por nueve votos a favor (ocho diputados de la Nueva Mayoría más el diputado RN Diego Paulsen) y cuatro abstenciones, todas provenientes de diputados de la UDI.

      El Ministro Eyzaguirre agradeció el expedito trabajo de los diputados, tanto de la Comisión de Educación como de Hacienda, y muy particularmente la conducción de sus presidentes, diputados Mario Venegas (DC) y Pablo Lorenzini (DC), respectivamente. Destacó que en ninguna de las dos instancias hubo votos de rechazo al proyecto, lo que estimó es una buena señal y una verificación del sentido de fondo de la propuesta. "Se entendió bien que el único interés del Gobierno es proteger los derechos de los estudiantes", puntualizó.

      Estimó que, en la medida que se avance con celeridad en el trámite legislativo, se podrá dar una señal de tranquilidad a decenas de miles de estudiantes que hoy pueden estar sintiendo inseguridad respecto de la continuidad de sus estudios. 

      El diputado Lorenzini recordó que la recién despachada reforma tributaria (desde la Cámara) contempla recursos, justamente, para sustentar la reforma a la educación, respecto de la cual este proyecto es parte inicial.

      Destacó el trabajo efectuado y la colaboración del sector opositor para trabajar en conjunto y resaltó que el Ministro de Educación estuvo asequible a muchas de las indicaciones presentadas por los legisladores. Adicionalmente, anunció que la Sala de la Cámara de Diputados analizará este proyecto el próximo martes 20, con lo cual se espera cumplir con el compromiso con la Presidenta Michelle Bachelet.

      El diputado Manuel Monsalve (PS) valoró que este proyecto permita la introducción de administradores provisionales y de cierre en establecimientos de educación superior, de modo de evitar situaciones como las vividas con la Universidad del Mar (UDM), en donde miles de estudiantes quedaron en estado de abandono respecto de sus proyectos estudiantiles.

      "Frente a situaciones de crisis económica, académica o administrativa de las instituciones, el Estado chileno va a poder garantizar a los estudiantes la continuidad de sus estudios, eso es muy importante en el marco de garantizar el derecho a la educación", planteó.

      El diputado Felipe De Mussy (UDI) reconoció que existe un problema y que es preciso abordar cambios en el sistema, sin embargo, criticó la celeridad que se le impone al debate, restando opciones a la discusión de modificaciones a texto legal. "No va a salir un proyecto tan bueno como podría haber sido", estimó.

      Sostuvo que la actual redacción mantiene una suerte de discrecionalidad a favor del Estado, ya que será el Gobierno de turno el que podrá elegir a los administradores, por lo que se mostró partidario de fijar órganos intermedios que puedan hacer dicho trabajo. Además, consideró que tampoco existe mucha claridad respecto de los recursos involucrados.

      Precisiones en el Debate

      En la sesión de hoy, el Ministro Nicolás Eyzaguirre explicó a los diputados algunos puntos del proyecto que fueron observados tanto en la jornada de hoy como durante el trámite en la Comisión de Educación, específicamente, el tema de la revisión de los contratos, la forma en que operará el sistema y los recursos estatales involucrados.

      Respecto del primer punto, reconoció que la regla habitual es que los contratos se resuelvan entre privados, pero recordó que cuando hay derechos ciudadanos envueltos y está en juego la fe pública, el Estado debe hacerse responsable de las eventuales consecuencias de la interrupción de los servicios entregados por los prestadores. En este plano, acotó, se explica la participación de un administrador provisional, figura ya vigente para las Isapres, AFPs y bancos, que posee esta facultad de revisar contratos firmados por la entidad intervenida. 

      Indicó que la idea original era poner en discusión qué derecho era el que predominaba, si el de los estudiantes o el de los acreedores sobre la universidad, en virtud de contratos ya celebrados (entendiéndose que ambos se oponen en una situación de crisis), pero resaltó que finalmente se optó por acotar la opción a lo establecido en el Código Civil, es decir, definir que los contratos serán revocables cuando sean "maliciosos", calificación que debe ser sancionada por un juez de la República. 

      "Hay posibilidad de revocar contratos vigentes que hayan sido celebrados con anterioridad, si y solo si, se prueba judicialmente que es un contrato malicioso", precisó.

      En cuanto a la forma en que operará el nombramiento de un administrador provisional, informó que, tras evaluar en su mérito una determinada denuncia, la División de Educación Superior del Ministerio podrá proceder a una investigación del establecimiento, debiéndose notificar sobre el respecto al investigado (hoy no es obligatoria este requisito). Luego, se abre una opción para los descargos del afectado que, de desestimarse, podrá impulsar una de las siguientes opciones: sobreseer el caso; dar un plazo de 120 días para que la institución supere los problemas detectados; o promover una presentación ante el Consejo Nacional de Educación (CNE) para solicitar la designación de un administrador provisional o de cierre.

      Precisó que, tras un acuerdo alcanzado con los diputados de la Comisión de Educación, se definió que el CNE deberá aprobar la designación de un administrador provisional con el voto favorable de la mayoría de sus miembros en ejercicio, en sesión convocada para ese efecto. Además, se posibilitó que esta instancia, antes de dar su aprobación a la medida, efectúe audiencias donde el imputado justifique sus actos.

      Finalmente, en materia de recursos, el Ministro y el Subsecretario Micco aclararon que el costo de implementar un administrador será de cargo de la institución intervenida y sostuvieron que sólo se utilizarán recursos fiscales para garantizar la continuidad de estudios de los alumnos, una vez que se haya verificado este costo excede a los recursos vigentes del establecimiento.
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      #energia: Las expectativas de los actores del sector frente a la agenda energética

      Las expectativas de los actores del sector frente a la agenda energética

      Mayor certeza jurídica a las inversiones, una mejor relación con las comunidades y planificación territorial son algunos de los temas que se espera que incluya la agenda.

      por Lucy Aravena - 13/05/2014 - 17:37
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      La Presidenta Michelle Bachelet dará a conocer este jueves la esperada agenda energética. Previo al anuncio representantes de las empresas generadoras y distribuidoras de energía junto a expertos del área adelantaron a La Tercera las principales temáticas que esperan que aborde la iniciativa, las que tienen relación con establecer medidas para dar una mayor certeza jurídica a las inversiones, mejorar la relación con las comunidades, determinar un ordenamiento territorial para los proyectos e instaurar una figura más participativa del Estado.

      René Muga, gerente general Asociación Gremial de Generadoras de Chile, explica que el atractivo de las empresas de generación por invertir en Chile a través de la instalación de proyectos "está claro", sobre todo previendo que la cantidad de energía que consume el país se va a duplicar en 10 a 12 años. En ese sentido, estima que lo principal que debe abordar la agenda tiene que ver con asegurar esta inversión. 

      "Estos proyectos son de 30 a 40 años de recuperación de la inversión, por lo tanto, se requiere estabilidad en las reglas, una mayor claridad respecto al uso del territorio, sobre el tipo de relación con las comunidades, cómo vamos a ir solucionando eventuales conflictos que se produzcan, cómo vamos a ir entendiendo el rol de cada uno y cómo vamos a ir asegurando acuerdos mínimos que permitan que el desarrollo de las inversiones se pueda hacer de una manera más rápida, son todos elementos que espero que estén presentes", señaló Muga. 

      El representante de las generadoras agregó que "estoy seguro que van a estar presentes en la agenda y que nos van a ayudar a tener mayor claridad de cómo ve la autoridad, no solamente el futuro del desarrollo eléctrico del país, también el cómo avanzamos a la mayor velocidad posible en ir construyendo esa mayor capacidad que el país necesita".

      En tanto, Eric Ahumada, vicepresidente de Desarrollo de Negocios de Transelec sostiene que "estamos bastantes expectantes. Creemos que es una agenda que se requiere hoy día con más acciones. Entendemos que debería venir también un capítulo con respecto a la temática de transmisión en donde vamos a ser también parte, seguramente, de las discusiones para llevar esto a acciones más concretas". 

      Sin embargo, Ahumada aclara que para las compañías lo importante va más enfocado a la clara definición de un ordenamiento territorial para la instalación de los proyectos de transmisión.  "Más que certeza jurídica, creo que tenemos que hablar de temáticas en lo que es la planificación con mayores holguras (cómo hacer sistemas con mayores holguras), que hoy día lamentablemente como está escrito en la ley no se permite y adicionalmente a eso, un ordenamiento territorial, que permita también tener franjas para avenidas de transmisión en el futuro", apuntó. 

      Para Hugh Rudnick, director de Sytep, la agenda debería incorporar "plazos bien claros para poder abordar estas diversas temáticas con objetivos bien definidos, de que para tal fecha esperamos resolver tal tema"

      En esa línea, el experto espera que contemple "una clara indicación madura del gobierno de cual es la matriz energética a la que aspiramos, porque para realmente contar con energía abundante, segura y económica, requerimos de todas las tecnologías. No vamos a resolver el problema solo con la energía solar y eólica - la energía solar tiene un tremendo potencial en el largo plazo y en los años 30 o 50 probablemente sea un gran componente de nuestra matriz-, pero mientras lleguemos a esos plazos, necesitamos de energía tradicional". 

      En este sentido indica que se ha estado discutiendo mucho del 20% de las ERNC, y no se ha discutido del restante 80% "y esperamos que hayan sólidos planteamientos que ilustren que necesitamos desarrollar hidroelectricidad y termoelectricidad,porque de otro modo nos estamos engañando".

      ROL DEL ESTADO

      Si bien existe consenso sobre la importancia de un rol más activo del Estado dentro del sector, para Muga y Ahumada va más por el lado de que el Ejecutivo impulse líneamientos y normas que dejen las "reglas claras" para los inversionistas, mientras que Rudnick va un paso más allá a través de una participación fiscalizadora de los temas de competencia.

      "Creo que aquí, más que un rol fiscalizador del Estado, es ver cómo el Estado y la autoridad interviene para ir disminuyendo esos niveles de incertidumbre e ir posibilitando que la nueva inversión pueda empezar a hacer el trabajo desde hoy día. El Estado tiene que ayudarnos a ir fijando reglas más claras para que todos tengamos mayor certeza respecto a cuál es la regulación que va a regir a estos proyectos", considera Muga.

      Mientras Rudnick estima "se necesita un Estado más observador, más indicativo, que señale planes de desarrollo futuro y que convenza a la población sobre cuáles son las alternativas energéticas reales para obtener energía abundante y barata; y también que fiscalice los temas de competencia. Han salido estudios que demuestran que no necesariamente estamos teniendo toda la competencia en el país que se requiere en el ámbito eléctrico y gasífero y creo que el Estado debe tomar acciones en esa línea. Eso es muy relevante. Y me imagino que va a estar en la agenda, porque es uno de los elementos que él (ministro) ha enfatizado con bastante fuerza".         

      Por otro lado, Ahumada señala "hay algunas cosas que van a requerir modificación legal y otras seguramente una temática de coordinación interministerial, que vemos que hoy día hay un ministerio que está con mucha fuerza al respecto".

      IMPUESTOS VERDES

      Un punto que ha generado controversia es la inclusión del llamado impuesto verde dentro del proyecto de ley de reforma tributaria que se tramita actualmente en el Congreso y cómo se condice con la señal que ha querido dar el nuevo gobierno de mayor seguridad al sector energético a través de la creación de esta agenda para destrabar el desarrollo de las inversiones.

      En ese sentido, Muga es claro en afirmar que "el impuesto verde lamentablemente no fue parte de la agenda. Hubiéramos esperado primero tener la agenda, los objetivos, cuáles son los instrumentos y luego discutir respecto de los instrumentos. Hoy día tenemos un impuesto verde que no forma parte de la agenda, que a nosotros nos parece que genera incertidumbre, que es un impuesto que básicamente tiene un objetivo más bien recaudatorio y que al analizarlo, hemos encontrado una serie de deficiencias como la discriminación que produce, como la indeterminación de las tasas que también establece, como el tratamiento distinto a diferentes fuentes, como la no creación de ningún incentivo para reducir emisiones".

      Asimismo, Rudnick asocia la medida a un tema muy distinto al netamente técnico y que debería involucrar al ámbito energético. "La señal del impuesto verde es una señal que en la práctica indica un aumento del precio de la energía, porque las energías más baratas no hidroeléctricas son el carbón y el gas y si le agregamos un impuesto evidentemente va a implicar un alza del precio de la energía". 

      Añade que se debe aclarar como teniendo la norma de emisión "va a conversar con un impuesto adicional sobre las emisiones. No sé si la agenda traerá esta materia, es un tema formulado desde el ámbito de Hacienda y de la necesidad de recoger recursos más que desde el ámbito energético propiamente tal".






























































































































































































































































      Fuente:latercera

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      DOS MINISTROS CON UN PASADO CUESTIONABLE QUEDEBERIAN RENUNCIAR



      VEA COMO ES QUE MINISTROS DE BACHELET TIENEN PASADOS TENEBROSOS. PROGRAMA DE TELEVISION SE REFIERE A MINISTRO ARENAS Y EYZAGUIRRE

       

      Un Programa de TV en la RED  @Asisomosoficial  informa sobre un informe de corrupción de la Universidad de Chile : se le acusó a Arenas   de   cohecho, soborno, extorsión , estafa al fisco,malversación de caudales públicos  etc.


      El actual Ministro Eyzaguirre  se dice que tendría Responsabilidad Politica en los hechos investigados por haber sido Ministro de Hacienda entre los años 2000 y 2006 periodo en que se lleva a cabo la investigación  Universitaria.


      La pregunta es como es que estos hoy  Ministros pueden seguir en sus cargos teniendo tan dudoso pasado 


      Vea el video que sorprenderá  ln.is/lared.cl/qjl22 



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