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CUIDADO POR LA DEMOCRACIA PARALELA
ARGENTINA-VENEZUELA:
Negocios poco claros
Por Marcela Valente
BUENOS AIRES, 17 ago (IPS) - El hallazgo de una maleta con dólares sin declarar que portaba el empresario venezolano Guido Antonini en el avión de una comitiva oficial de Argentina ha dado pie a muchas hipótesis y a una única certeza: es poca la transparencia en los negocios entre ambos países, conducidos por una diplomacia paralela.
Trece días después del incómodo arribo, se desconoce el origen y el destino que se pretendía dar a los casi 800.000 dólares en billetes chicos que traía la valija de Antonini. El gobierno de Venezuela se queja de una conspiración mediática y de Estados Unidos y el de Argentina procura sin éxito despegarse del asunto.
Pero el escándalo permite al menos arrojar luz sobre un vínculo cuyas características despiertan fuertes sospechas y que se empeñaba en permanecer en un cono de sombra.
El flanco débil de la relación entre ambos gobiernos emerge en la forma del fideicomiso creado en el marco de un acuerdo de cooperación bilateral que moviliza cientos de millones de dólares y que escapa a la auditoría del Congreso legislativo argentino, a la de los organismos de control y de los investigadores especializados en estos asuntos.
Una definición genérica de derecho comercial establece que el fideicomiso es un contrato por el cual una persona física o jurídica destina ciertos bienes a un fin lícito determinado, encomendando su realización a una institución fiduciaria.
El convenio de cooperación firmado en 2004 por Buenos Aires y Caracas establece que la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Argentino pague el combustible vendido por Petróleos de Venezuela (Pdvsa) a través de un fideicomiso administrado por el Banco de Desarrollo Social de Venezuela y el Banco de Inversión y Comercio Exterior de Argentina.
Ese dinero es utilizado por Venezuela para adquirir bienes de industrias privadas argentinas de diversos rubros, no sólo energéticos. El fondo adelanta 30 por ciento del pago al proveedor y, según el semanario Perfil de Argentina, para agilizar los plazos de pago estaba Claudio Uberti, el funcionario desplazado del gobierno argentino a raíz del escándalo de la valija.
Uberti, que era director del Órgano de Control de Concesiones Viales, viajaba el 4 de agosto en el avión privado rentado por la empresa petrolera estatal argentina Enarsa procedente de Caracas, que traía también al venezolano Antonini, quien dejó Buenos Aires tres días después y, desde el jueves, tiene un pedido de captura internacional emitido por la justicia de este país.
Otros pasajeros del vuelo eran el presidente de Enarsa, Ezequiel Espinoza, y algunos funcionarios de Pdvsa.
Uberti, cesado una semana después del incidente, dependía del ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, y, si bien el mandato de su cargo era otro, oficiaba de responsable directo de los negocios entre ambos países en una suerte de diplomacia paralela.
"¿Por qué razón estos asuntos no dependían de los organismos correspondientes, en este caso la cancillería?", se preguntó el economista Rubén Lo Vuolo, del Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas.
"En la administración (del presidente argentino Néstor) Kirchner hubo un crecimiento exponencial de fondos fiduciarios que se utilizan para desviar fondos públicos del control de otros órganos del Estado, para subsidiar al capital privado", aseguró Lo Vuolo a IPS. El experto y coautor de "Los Fondos Fiduciarios en Argentina. La privatización de los Recursos Públicos", admitió desconocer detalles del fideicomiso creado con el producto de las ventas de combustible venezolano a Argentina, pero advirtió que no hay razón para apelar a un diseño que resulta tan esquivo a los controles.
El diputado opositor Claudio Lozano, un economista vinculado a la Central de Trabajadores Argentinos, también reconoció a IPS que desconocía la existencia de ese fideicomiso en los negocios entre ambos países, y afirmó que se trata de "una política pública construida para eludir controles".
"La concentración del poder en pocas manos, el abuso de decretos, la subordinación del Congreso, la manipulación de los organismos de control son todos factores que favorecen la corrupción", enumeró el legislador, y puso a los fondos fiduciarios en ese mismo contexto. "Esos fondos no tienen ningún control", aseguró.
En su trabajo sobre este tema, Lo Vuolo aclara que Argentina desarrolló con los fondos fiduciarios "un híbrido" que "sólo de manera lejana" puede asimilarse al funcionamiento de un fideicomiso.
Según Lo Vuolo, los fideicomisos son herramientas de excepción que sirven para garantizar obras públicas de largo aliento, protegiendo los proyectos de una eventual crisis. Pero aquí "se desvirtuó" ese fin y sus fondos se ofrecen como subsidio a empresas privadas en un momento de plena reactivación económica.
En el vuelo de Enarsa viajaba el hijo del responsable de Pdvsa en Argentina, Diego Uzcátegui Matheus, único que permaneció junto a Antonini cuando la aduana interceptó su valija. Si bien con lentitud, el incidente dio pie a varias causas judiciales en Argentina para investigar si Antonini incurrió en infracción aduanera, contrabando, o lavado de dinero. También se intenta dilucidar si hubo incumplimiento de deberes de funcionarios, malversación de caudales públicos o corrupción por parte de los argentinos involucrados.
Otra investigación podría abrirse a partir del pedido del abogado Ricardo Monner Sans, quien solicitó por escrito a Enarsa que explicara quién permitió que Antonini viajara en el avión alquilado por la empresa estatal, si pagó por el traslado y si estaba asegurado, como exigen las normas del derecho aeronáutico.
"Estoy recibiendo información reservada de diversas fuentes que indica que el dinero que venía en ese vuelo era mucho más que los 800.000 dólares que se encontraron. Se trata de un tema de una magnitud insospechada, muy oscuro, que por el momento sólo nos permite hacer conjeturas", dijo Monner Sans a IPS.
El gobierno de Argentina se jacta de haber cancelado su deuda con el Fondo Monetario Internacional, pero tiene ahora "un financista más caro que es (el presidente venezolano) Hugo Chávez", sostuvo.
En su opinión, la celeridad con la que Kirchner destituyó a Uberti es sugestiva.
Cuando la empresa sueca Skanska fue denunciada por el presunto pago de sobornos en la construcción de gasoductos, el gobierno negó durante meses que pudiera haber funcionarios involucrados, hasta que se vio obligado a separar del cargo a Fulvio Madaro, titular del Enargás, ente estatal regulador del sector.
Junto con Madaro dimitió además Néstor Ulloa, director de Nación Fideicomisos, área de negocios del estatal Banco Nación dedicada a administrar los fondos fiduciarios que se recaudan del pago de tarifas de servicios públicos para financiar obras de infraestructura, en este caso la ampliación de gasoductos. "El presidente cambió su propia doctrina, porque en esos casos demoró meses en pedir renuncias, pero aquí inmediatamente ordenó desplazar a Uberti", señaló Monner Sans, que anticipó que este escándalo podría tener mayores repercusiones políticas cuando faltan sólo dos meses para las elecciones presidenciales.(FIN/2007)
LIMA, 16 ago (IPS) - La localidad pesquera de Pisco, ubicada a 250 kilómetros al sur de la capital peruana, es la más afectada por el devastador terremoto de 7 grados en la escala de Richter que sacudió casi todo el país por dos minutos. La actualización de cifras trágicas sigue de modo constante.
Otras ciudades dañadas por las ondas del seísmo son Ica, Chincha, Paracas y Cañete, emplazadas en zonas costeras del océano Pacífico. Precisamente, el epicentro fue localizado en el fondo del mar 60 kilómetros al oeste de Pisco y a 33 kilómetros de profundidad, según el Instituto Geofísico Nacional.
El anterior terremoto de parecida magnitud que sufrió Perú se registró en octubre de 1974 y alcanzó los 6,6 grados de la escala Ritcher.
El Instituto Nacional de Defensa Civil, que dirige las operaciones de rescate, reportó hasta ahora la muerte de 437 personas y más de un millar de heridos, pero no descartó que la cifra de víctimas se incremente notablemente conforme avance la búsqueda entre los escombros de miles de viviendas y otros edificios destruidos.
También Defensa Civil informó que hasta el momento son 80.000 las personas damnificadas y 16.000 viviendas quedaron destruidas sólo en la provincia de Chincha, en la región Ica, que es una de las más afectadas.
Numerosos asentamientos irregulares ubicados frente a la costa del puerto del Callao son actualmente golpeados por grandes olas y lo mismo ocurre hacia el norte del país. Se han suspendido las clases en las escuelas y la actividad en el Congreso legislativo, cuya sede fue dañada.
Los datos de la dimensión del desastre crecen conforme se restablecen las comunicaciones, pues el sur peruano había quedado prácticamente desconectado, sin energía eléctrica, agua potable ni teléfonos.
En Pisco sumarían 250 los muertos. "Todo indica que el número de muertos, por desgracia, va a subir y eso se debe a que hay varias zonas devastadas a las que todavía no se ha podido llegar", indicó el jefe de Defensa Civil, Luis Felipe Palomino.
"El 70 por ciento de las víctimas son de Pisco", puntualizó.
Aeronaves de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), que cuenta con una base en Pisco, han comenzado a sobrevolar las áreas afectadas por el seísmo.
"Pisco está prácticamente destruido. Hay zonas urbanas donde no hay una casa en pie. Aquí deben haber más de 1.000 muertos", dijo a IPS una fuente de la FAP respecto del impacto sufrido por esta ciudad pesquera y agroindustrial emplazada al costado de un desierto y con unos 130.000 habitantes.
"Tenemos cientos de muertos regados por las calles, miles de heridos en los hospitales. Esto es totalmente indescriptible. El pueblo ha sido devastado en más de sus tres partes", expresó el alcalde de Pisco, Juan Mendoza, a una radioemisora local. "No hay agua, no hay energía. ¡Necesitamos ayuda! Nos faltan manos", clamó.
"Estamos visitando pueblo por pueblo y en cada uno encontramos víctimas", explicó el alcalde de Ica, Mariano Nacimiento: "Aquí los fallecidos son 80. Lo que más requerimos son medicinas y hospitales de campaña".
El terremoto comenzó a las 18:40 hora local (23:40 hora GMT) del miércoles y se prolongó por más de dos minutos.
En ese momento en Lima es cuando la mayoría de los trabajadores salen con destino a su domicilio, lo cual motivó un caos vehicular en toda la ciudad. Pero lo peor de la situación fue que las comunicaciones se cortaron.
La situación resultó tan enojosa que el propio presidente de Perú, Alan García, se quejó del problema en la telefonía y ordenará investigar el tema, según anunció en el marco del discurso de solidaridad que dirigió al país por televisión a las 10 de la noche, hora local
García se trasladó este jueves a Pisco con un equipo de rescatistas, un embarque de medicinas, alimentos y todo tipo de ayuda. A su paso, la población le reclama por más ayuda. "¡Queremos más ataúdes!", gritan a voz en cuello.
Las autoridades de salud de Ica, Pisco y Chincha, reclamaron la instalación de hospitales de campaña, porque la infraestructura existente ha colapsado por la enorme cantidad de víctimas. Ya no hay forma de atender a los heridos, indicaron.
Ica es una región costera del sur del país que ha experimentado en los últimos años un notable crecimiento económico debido a las exportaciones agrícolas.
En Pisco, perteneciente a esta región, está ubicado el final del gasoducto de Camisea, pero la Transportadora de Gas del Perú (TGP) no reportó daños hasta ahora.
En el preciso momento que se remite este despacho todavía se registran réplicas del terremoto.
El director de Sismología del Instituto Geofísico Nacional de Perú, Hernando Tavera, informó a IPS que se han confirmado cerca de 350 réplicas y que continuarán.
La secuela más fuerte se sintió a las 05:30 (11:30 hora GMT) de este jueves y fue de 6,0 grados en la escala Ritcher, pero fue de muy corta duración. Otro se registró casi cinco horas después y fue tan violento que volvió a lanzar a la población a la calle ante el temor de más daños.
Tavera indicó que el terremoto del miércoles fue de 7,0 grados en la escala Richter. Aclaró que en un primer informe se había indicado que había sido de 7,9 grado, pero por error de la medición instantánea de ese momento.
También Defensa Civil había comenzado a organizar la evacuación del distrito de La Punta, en el puerto del Callao, en Lima, ante el alerta inicial de un posible tsunami, dado que el epicentro fue en océano próximo a la costa.
Centenares de personas comenzaron a ser transportadas a un amplio parque del Callao, pero en la madrugada de este jueves se dejó sin efecto el operativo al confirmarse sólo un fuerte oleaje, que inundó numerosas viviendas a lo largo de la costa, especialmente en barrios humildes. En el pasado, La Punta ha sufrido graves daños por maremotos.
En áreas urbanas antiguas y populares de Lima como Barrios Altos y Rímac se derrumbaron viviendas sobre-habitadas. Defensa Civil estima que 60 familias quedaron sin un lugar donde vivir.
La capital de Perú no sufrió, sin embargo, daños considerables, pero el pánico y el terror hicieron lo suyo, especialmente para los que se encontraban en edificios.
Como suele ocurrir en este tipo de desgracias, nunca faltan los que se aprovechan del dolor ajeno. Pobladores denunciaron a la prensa que las empresas de transporte de pasajero triplicaron el precio de los pasajes con dirección al sur del país donde se concentró la energía devastadora del movimiento telúrico.
Las quejas de la población por las radioemisoras son permanentes y reclama al gobierno una acción inmediata contra los propietarios de las líneas de autobuses. "¡Esos son unos buitres!", clamaban los pasajeros. (FIN/2007)
Crédito: diario La República Incendios causados por el sismo | |
LIMA, 17 ago (IPS) - Desesperados por la falta de agua, alimentos, auxilio médico y refugio, los pobladores de las sureñas ciudades peruanas de Pisco, Ica y Chincha, las más afectadas por el terremoto del miércoles, entraron en pánico y comenzaron a protagonizar actos violentos.
La policía ha tenido que disparar al aire para evitar que en el kilómetro 230 de la carretera Panamericana Sur, cerca de Pisco, y en el kilómetro 297 de la misma ruta, en los alrededores de Ica, damnificados por el sismo saquearan camiones que trasladaban víveres para las zonas del desastre.
El Ministerio de Defensa ordenó a tropas del ejército y de la marina desplazarse hacia los puntos de conflicto para frenar episodios de pillaje.
Por las radioemisoras locales los pobladores justificaban sus actos: "Nos prometen ayuda y no hay nada. No tenemos agua ni energía eléctrica, hay heridos que están esperando atención hace 48 horas, no hay comida. Los niños sólo han recibido un vaso de refresco y un sánguche (emparedado). Se han olvidado de nosotros. Por eso tenemos que buscar nuestros alimentos", dijo un poblador.
Las cifras oficiales indican 510 muertos, 1.500 heridos, 85.000 damnificados y 18.000 viviendas devastadas por el sismo de 7 grados en la escala Richter registrado en la tarde del miércoles.
La misma noche del terremoto, el presidente Alan García, al tiempo que pedía calma y orden, expresó desde la sede de gobierno su alivio porque el violento movimiento sísmico no había causado un elevado número de víctimas.
"Gracias a Dios, en el país no se ha producido una catástrofe", dijo. Pero la visita a Pisco le demostró que había incurrido en error.
Este viernes, el jefe de Estado estuvo nuevamente en Pisco, donde el impacto del sismo arrasó con más de 80 por ciento de esa ciudad pesquera situada sobre el océano Pacífico.
Los damnificados le hicieron notar a gritos la magnitud del desastre. "¡No llega nada, presidente!", "¿Dónde está la ayuda?", "¡Nos han abandonado!", "¿Qué hace el gobierno?", lo increparon.
"No hay que caer en desesperaciones exageradas sabiendo que el Estado está presente y que nadie va a morir de sed y nadie va a morir de hambre, eso puedo garantizarlo", replicó el presidente.
"Cualquier grito destemplado es parte de la desesperación, cuando no de alguna histeria justificable, pero tenemos que poner también el orden", expresó el mandatario.
García notificó a los pobladores de que el gobierno desplegaba todos sus esfuerzos, pero que, dada la dimensión de la catástrofe, algunos sentían que no recibían nada de atención.
Ya son casi 500 los heridos de gravedad evacuados a Lima y más de 300 féretros han llegado a Pisco. Las autoridades sanitarias temen que los cuerpos insepultos disparen epidemias. Los testimonios indican que el hedor de la descomposición de cadáveres ya es perceptible.
Pero, desoyendo el llamado de García, pobladores del distrito de Guadalupe, emplazado en el kilómetro 290 de la Panamericana Sur, en las afueras de la destrozada Ica, bloquearon la vía obligando a los camiones de transporte de alimentos a detenerse para saquearlos.
"Así no vamos a llegar a ningún lugar. ¡Piensen en sus hijos!", exhortó por las emisoras locales el alcalde de Guadalupe, Juan Quijandría, quien recordó que casi 80 por ciento de las casas de su distrito fueron arrasadas.
La subestimación inicial del presidente cambió de forma dramática este viernes, tras una inspección a los sitios donde se efectúan tareas de rescate.
"Ha sido un hecho de enorme gravedad que no se puede tratar a la ligera y rápidamente diciendo no hay esto, no hay aquello, no hay lo demás allá", explicó a los periodistas.
"Fácil es hablar desde lejos. El tema es abordar lo más urgente, y lo más urgente era enterrar nuestros muertos, desplazar a nuestros heridos más graves. Y, en segundo lugar, devolver agua y electricidad a las poblaciones, en la medida que esto no genere nuevos problemas", dijo.
Horas después, cuando recibió en el puerto de Pisco a un contingente de infantes de marina, y enterado de nuevos incidentes, el mandatario aseguró que "la marina impondrá el respeto a quienes pretendan protagonizar saqueos".
El presidente del Congreso legislativo, Luis González Posada, natural de la región de Ica, advirtió que "el problema de abastecimiento de alimentos tardará una semana en solucionarse".
El desastre es tal que toda ayuda recibida resulta poca. Ya se han trasladado 80 toneladas de medicinas y alimentos y se han efectuado 59 vuelos entre Lima y Pisco. Y todavía hace falta mucho más.
Los canales de televisión reportan en vivo y directo las quejas de la población que no tiene dónde dormir porque las tiendas de campaña son insuficientes. Las cifras oficiales indican que en Pisco reciben albergue sólo 17.000 personas, en una ciudad de más de 100.000 habitantes. En el invierno austral, la temperatura en la costa sur puede bajar hasta cinco grados.
"Necesitamos unas 600 carpas (tiendas) para socorrer a los que se han quedado sin techo. Han llegado muy pocas", lamentó por una radioemisora José Navarro, alcalde de Chincha, una de las localidades más dañadas.
El gobierno reportó que se habían recibido unos 40 millones de dólares en ayuda de varios países y organismos internacionales.
En medio de la desesperación por lo ocurrido, la tierra continúa temblando. El Instituto Geofísico del Perú ha reportado casi 400 réplicas del sismo. El jueves los movimientos más fuertes se presentaron a las 5:30 de la mañana local, (6 grados Richter), a las 10:12 horas (4,7 grados), a las 19:31 (4,7 grados) y a las 20:45 horas (3,7 grados).
Este viernes, el temblor más violento se registró a la hora 8:20, con 5,5 grados Richter.
En todos los casos el epicentro se localizó en el océano Pacífico, frente a las costas de Pisco, Ica y Chincha, lo que desató el pánico en los pobladores que se han quedado cerca de sus casas derruidas para evitar que se pierdan sus pertenencias.
Las clases se reanudaron este viernes en las escuelas, pero los estudiantes fueron sorprendidos muy temprano por los nuevos temblores, lo que obligó a numerosas evacuaciones en previsión de un nuevo terremoto, que no se descarta.
El director de Sismología del Instituto Geofísico, Hernán Tavera, estimó difícil prevenir cuántos temblores más se sucederán. Pero advirtió de la necesidad de tomar precauciones porque las edificaciones parcialmente dañadas por el sismo del miércoles podrían venirse abajo con las réplicas.
Éstas "son como señales de que el terremoto todavía no ha terminado", dijo. (FIN/2007)
Definirán el porcentaje de los recursos destinados a programas sociales que se gastan en burocracia
Senador Jovino Novoa, Región Metropolitana |
Primera Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos analizó la ejecución presupuestaria del primer semestre de MIDEPLAN y sus programas Chile Solidario, Puente, Fosis y de los instrumentos de medición de la vulnerabilidad social.
Definir qué porcentaje de los recursos destinados para programas sociales de MIDEPLAN llega efectivamente a los bolsillos de las personas y cuánto se destina a costos de administración, comisiones y burocracia es el fin que pretende aclarar la Primera Subcomisión Mixta de Presupuestos.
Aliviar la situación desmejorada de muchas familias chilenas es una tarea a la que todos debemos contribuir
Por Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Presidente del Senado
Presidente del Senado, Eduardo Frei Ruiz-Tagle
En estos últimos días, hemos sido testigos de un intenso debate a propósito de las palabras de Monseñor Alejandro Goic en torno al salario de los trabajadores. Esta interpelación debemos asumirla como una invitación para que como sociedad nos pongamos de acuerdo acerca de importantes temas sociales e institucionales que requieren de discusión, análisis y construcción de consensos.
Precisamente hace un año propuse una iniciativa en el Senado firmada por representantes de todos los partidos políticos con presencia en el Parlamento- para crear el Consejo de Diálogo Social como una institución permanente en nuestro país.
Es una forma de fortalecer nuestra democracia a través de un instrumento que permita, con altura de miras, establecer diálogos amplios y fructíferos entre los actores políticos, sociales y la ciudadanía, que redunden en un mejoramiento sustancial en la calidad de vida de todas las chilenas y chilenos.
Esta idea surgió del ejemplo que nos brindan los países más exitosos del mundo, los que han sido capaces de generar confianzas y alianzas estratégicas de largo plazo para el logro de objetivos comunes. Por lo tanto, en este contexto, mi llamado al Ejecutivo es a patrocinar este proyecto enviándolo a la brevedad a trámite legislativo, de tal forma de aprovechar la actual coyuntura política-social con una acción concreta que provocará enormes beneficios al progreso del país.
Sin perjuicio de lo anterior, mi obligación como senador es saber interpretar el sentir de la gente y encaminarlo a través de propuestas concretas que apunten al desarrollo del país y que tengan un contenido solidario. Fiel a esa convicción, presenté al Ministro de Hacienda, Andrés Velasco, cinco iniciativas destinadas a apoyar a los sectores más necesitados de nuestra sociedad y a las pequeñas empresas y a sus trabajadores.
La primera de ellas está orientada a mejorar las condiciones de vida de los jubilados y consiste en eliminar la cotización del 7% de salud que actualmente se rebaja a las personas que reciben jubilación. Además, planteé que se les fije una tarifa preferencial en los sistemas de transporte público de manera que lo que se pague, sea, a lo menos, equivalente al valor que cancelan los estudiantes.
Y también, en este ámbito, solicité al Ejecutivo que envíe al Congreso Nacional un proyecto de ley que permita que aquellos jubilados que tienen que trabajar para complementar sus bajas entradas, no les sea considerada en su renta global, para los efectos de pagar impuestos, aquella parte de sus ingresos obtenidos por la pensión que reciben, tributando sólo por lo que corresponde a lo que efectivamente están percibiendo por el trabajo que realizan.
Mi segunda propuesta consiste en crear un subsidio al consumo de electricidad destinado a las familias más pobres del país, similar al que se entrega por el consumo de agua potable. De este modo, llegaría directo al beneficiario, sin burocracia ni demoras y favorecería a cerca de 450 mil familias, es decir, a unos 2 millones de habitantes.
En tercer lugar, planteé una serie de medidas de orden impositivo destinadas a apoyar a las Pymes con ventas menores a las 20.000 UF al año. Ellas son: acelerar el trámite legislativo del proyecto de ley que permite que las deudas tributarias se puedan renegociar con Tesorería a 36 meses, otorgando el beneficio de condonación de los intereses, reajustes y multas; la eliminación del impuesto de timbres y estampillas para el segmento indicado; el envío al Congreso Nacional de una iniciativa que posibilite que los impuestos que pagan las Pymes sólo se cancelen una vez que se retiren las utilidades, estableciendo una exención cuando éstas sean reinvertidas por las empresas; y aprobar el proyecto sobre depreciación acelerada, acotando los beneficios establecidos a la categoría de Pymes señalada.
En cuarto lugar, rebajar el impuesto específico a las gasolinas en un 20%, de manera de beneficiar a los consumidores con una reducción de cerca de un 10% en el precio final de estos productos y con ello contribuir a disminuir los costos en que incurren muchos sectores productivos.
Por último, propuse fortalecer la capacitación de los trabajadores, ya que en la actualidad el subsidio que el Estado entrega con ese fin, es utilizado en cerca de un 80% por las grandes empresas. Del total de los recursos asignados a este beneficio, entre un 30 y un 40% no son usados, por lo que amerita que se busque una alternativa distinta, especialmente cuando existe una gran cantidad de necesidades en materia de certificación de competencias laborales.
He querido aportar de forma constructiva al debate suscitado tras las declaraciones de Monseñor Goic, sugiriendo propuestas concretas que de implementarse van a mejorar la calidad de vida de los sectores más necesitados de nuestro país. Creo que es la manera responsable de aprovechar la gran oportunidad que hoy tenemos para hacerlo, dada la gran cantidad de recursos que disponemos y el amplio consenso que se ha generado en torno a este tema.
Sin perjuicio de lo anterior, quiero decir que más allá del esfuerzo que haga y que debe hacer el Estado, el sector privado también tiene que hacer un aporte. Aliviar la situación desmejorada de muchas familias chilenas es una tarea país a la que todos debemos contribuir, especialmente aquellos que más se han beneficiado gracias al crecimiento que ha experimentado el país en los últimos diecisiete años.
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