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miércoles, diciembre 27, 2006

en 2006 ....¿es chile un país moderno?

 Al término del 2006, ¿es Chile un país moderno?

por  Leopoldo Lavín Mujica

Cuando un ex presidente de Chile y líder político demócrata cristiano, considerado por algunos una “reserva moral del país”, impide a los militantes de su partido debatir abiertamente sobre un documento autocrítico, redactado por dos intelectuales sinceros con el fin de que la colectividad se reconcilie con su pasado golpista, cabe preguntarse si se puede hablar de un partido político moderno de un país moderno.

Y cuando la derecha exige que el busto de un dictador anti-moderno (por el uso de la fuerza y el desprecio por la Razón), que la comandó y sometió como un sátrapa y no como un líder honorable, sea erigido frente a La Moneda, a la que bombardeó con alevosía y cuyas imágenes son un símbolo planetario de la destrucción de la Democracia en el siglo XX, es obvio preguntarse si se trata de una derecha responsable y moderna.

Cuando la alta jerarquía militar del Ejército no sólo decide rendirle postreros honores militares a un terrorista internacional acusado de mandar a matar con cargas explosivas a un compañero de armas en Buenos Aires y a un compatriota diplomático en Washington, sino que además permite que el acto se convierta en una evidente apología de la violencia militar y se banalice el putchismo, vale la pena preguntarse si las FF. AA son profesionales, modernas, respetuosas de la soberanía popular y de las instituciones y los valores republicanos.

Y si la jerarquía del clero católico de Chile(*) lanza por la borda su capital de simpatía —heredado de la resistencia democrática de tantos sacerdotes y monjas que lucharon por los valores del humanismo cristiano en los “años de plomo” de la dictadura— para santificar la obra de un dictador que asesinó a sus palomas, adhiriendo en la práctica a la opción de los más poderosos y defendiendo en la escena pública los valores de la derecha integrista que la alejaron en el pasado de las mayorías chilenas, es pertinente plantearse si la Iglesia es capaz de entender los cambios culturales de un país que aspira ser moderno.

De más están los comentarios acerca de los criterios poco modernos (racional y burocrático ‘weberianos’ de eficiencia) de un Poder Judicial que no quiso dotarse de los instrumentos legales para juzgar y condenar en vida al primer responsable de crímenes de lesa humanidad. Al no hacerlo renunció a aplicar el principio ‘hegeliano’ y jurídico moderno que sostiene que “en el Estado el Hombre tiene una existencia conforme a la Razón”. Idea socrática, llena de profundo contenido democrático, que señala de que nadie está por encima de la Ley.

Y cuando el ministro de Hacienda viaja a un país nórdico a copiar el modelo de “flexiseguridad” del fluido “mercado laboral” danés (entiéndase: el trabajo-mercancía debe regularse según las exigencias y necesidades del Capital), omitiendo referirse a la inexistencia de las condiciones mínimas para instalarlo en Chile, debido las relaciones de fuerza asimétricas existentes entre un movimiento sindical chileno fragilizado y un empresariado empoderado y favorecido por 32 años de políticas del Estado chileno, cabe interrogarse si se puede describir como un “país moderno” aquel donde sus autoridades son incapaces de expresarse franca y claramente, sin manipular a su auditorio, es decir, sin privarlo de los antecedentes contextuales que le permitan formarse por sí mismo una opinión.

Cuando el descarado favoritismo del Estado por el empresariado bajo la dictadura, se transforma en cultura de la corrupción bajo la “democracia de baja intensidad” de la Concertación, la que en vez de democratizar el sistema político y reemplazar el sistema binominal por uno proporcional se limita a medidas de maquillaje, sin siquiera exigir la renuncia a los diputados y senadores responsables de corruptela o de doble empleo, habría que reflexionar si el sistema de partidos del régimen político postdictadura genera condiciones para el ejercicio de la probidad y la transparencia, componentes fundamentales de una ética del servicio público en una sociedad moderna y democrática.

¿Es posible caracterizar el Espacio Público como moderno y formador de la voluntad ciudadana aquel donde dos medios impresos del dispositivo mediático comparten el 80% de las ventas y debido al carácter oligopólico del mercado de la información, dos consorcios “periodísticos” se benefician con el 70% de la ayuda estatal en publicidad con el agravante de que no pierden ocasión para transformarse en mera caja de resonancia de los intereses de las elites dominantes y en hacer la apología post-mortem del dictador?

Va quedando el mentado Modelo. ¿Qué tiene de “moderno” un sistema económico rechazado por más del 80% de la ciudadanía, generador de profundas desigualdades, concentrador de la riqueza en menos del 8% de la población, desconectado con las necesidades y los valores sociales de una sociedad que aspira a la igualdad de condiciones? La conectividad con la economía global es una cualidad tecnológica. La regulación capitalista de una economía nacional es un mecanismo que responde a las dinámicas de la economía global para alimentar el sistema financiero mundial.

La Modernidad implica el dominio y el control en pos de objetivos humanos de procesos ciegos y de lógicas autónomas: la tecnológica y la económica. La sociedad moderna, para ser libre, debe someter los poderes de la tecnociencia actualmente fagocitados por la lógica del capital y la ganancia. Este continúa siendo el proyecto de la Modernidad.

Por suerte vimos este año un movimiento estudiantil moderno que pugna por un sistema de educación público de calidad para todos con medios tecnológicos al servicio del conocimiento y el aprendizaje; un movimiento mapuche que lucha por dotar a su comunidad de poderes autónomos; una ciudadanía reflexiva que desconfía de los cantos de sirena del neoliberalismo real y discursivo; un movimiento ecologista que comienza a luchar contra la mercantilización y destrucción del planeta y por una vida sana; un movimiento de DD.HH. con gran tradición que continúa la lucha por la justicia y la Razón histórica y un sindicalismo que por fin comienza a responder claramente a la arrogancia empresarial.

Esperemos que alce la cabeza un movimiento de mujeres que ponga la exigencia moderna de la igualdad de géneros y la equidad salarial en la agenda política.

Cabe preguntarse si algún político chileno puede exponer acerca del tema y defender la tesis, “Chile País Moderno”, en una aula o campus ante un público universitario de un país latinoamericano, europeo o norteamericano. Ante intelectuales y estudiantes educados en la racionalidad crítica y los valores de la modernidad (y no sólo en la cultura MBA de la racionalidad instrumental, del “management” y de la ideología del capitalismo global). El pensamiento moderno nacido en el siglo XVII en la lucha contra la arbitrariedad del poder, los abusos, la superstición religiosa, el poder patriarcal del clero, y los privilegios de la plutocracia y de las oligarquías militares, aún está vigente cuando se trata de enmendar rumbos.

Obvio, falta una Izquierda democrática, antisistémica y con voluntad de poder.

La Izquierda se encuentra todavía en pañales frente a las tareas urgentes. Jibarizada por la desunión. Atrasada en la comprensión de las condiciones objetivas y subjetivas (le deja la crítica del Modelo neoliberal a fracciones democristianas y sigue desgarrada entre la política del “mal menor”, de apoyo a la Concertación, o de asumirse con un proyecto autónomo de gobierno). Una lástima, esperemos que en el 2007 la Izquierda sepa crear instancias abiertas de reflexión y de acción sociopolítica común para dotarse de un programa que permita construir un país moderno, solidario y democrático.



(*) El clero romano acaba de negarse a celebrar ceremonias religiosas a un difunto ciudadano italiano que solicitó la eutanasia y el clero chileno participa obsequioso en un homenaje funerario que santifica al dictador Pinochet, responsable de crímenes contra la humanidad. Son las dos caras de una misma moneda. Pese a la retórica “social” del papa Ratzinger, la jerarquía eclesiástica católica adopta posiciones cada vez más integristas.



Leopoldo Lavín Mujica. Profesor del Departamento de Filosofía del Collège de Limoilou, Québec, Canadá.
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RODRIGO GONZALEZ FERNANDEZ
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desde republica Dominicana: asi nos ven

CHILE:

La derecha chilena a la ofensiva con denuncias

La oposición derechista podría pasar de acusadora a acusada

Por Gustavo González
Diario DigitalRD.Com miércoles 27 de diciembre de 2006, 12:00:00 AM (AST)

SANTIAGO, dic (IPS) - La oposición derechista se ha dado un festín en Chile con las revelaciones de corrupción en el financiamiento de campañas electorales de la coalición de centroizquierda en el gobierno, pero con ello abre para 2007 un proceso de ajuste de cuentas en que podría pasar de acusadora a acusada.
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El foco periodístico sobre la corrupción tuvo una breve pausa entre el 10 y el 13 de diciembre con motivo de la muerte del ex dictador Augusto Pinochet (1973-1990), quien se aprovechó del poder y de su cargo de comandante en jefe del ejército hasta marzo de 1998 para su enriquecimiento personal y el de su familia.

No está de más recordar que en el momento de su muerte Pinochet afrontaba, aparte de cuatro causas por crímenes represivos, otros dos juicios por las cuentas bancarias secretas de él, su esposa y sus cinco hijos. El militar, fallecido a los 91 años, se fue de este mundo sin pagar ninguna deuda con la justicia.

Ahora, tras una guerrilla sin pausa de emplazamientos desplegada por la derecha, se abre la posibilidad de investigar gastos reservados del gobierno en los cinco últimos años de la dictadura, ya no solo en provecho de Pinochet y su entorno familiar, sino también de sectores civiles vinculados estrechamente con el régimen militar.

Altos representantes del Partido Socialista (PS), al cual pertenece la presidenta Michelle Bachelet, dijeron el 23 de este mes que debe aclararse el empleo de recursos públicos para la creación, en las postrimerías de la dictadura, de los dos grandes partidos de derecha, la Unión Demócrata Independiente (UDI) y Renovación Nacional (PRN).

La gestación, a través del traspaso de empresas públicas a precio de liquidación, de grupos empresariales que hoy financian las campañas electorales de esos dos partidos es otro aspecto a indagar a fondo si la derecha pretende un ajuste de cuentas integral y definitivo con las prácticas de corrupción, apuntan los socialistas.

El debate sobre el uso irregular de fondos públicos partió en noviembre con el llamado caso Chiledeportes, al conocerse que esa entidad estatal traspasó en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2005 fondos a candidatos del oficialista Partido Por la Democracia (PPD), justificados luego como gastos electorales a través de facturas falsas.

Si bien se comprobó que candidatos del opositor PRN usaron la misma empresa que el PPD para "inflar" gastos electorales, la derechista Alianza por Chile, que integran ese partido y la UDI, busca instalar la imagen de la corrupción enquistada en el Estado.

Según la derecha, la Concertación por la Democracia, que gobierna este país desde el fin de la dictadura en marzo de 1990, montó mecanismos de traspaso de fondos públicos a los partidos oficialistas, sobre todo bajo el sexenio del presidente Ricardo Lagos, quien entregó el poder a Bachelet el 11 de marzo de este año.

Las acusaciones opositoras tuvieron el aval de dirigentes del oficialismo, como el ex ministro Edgardo Boeninger, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), el mayor de los partidos de la coalición de centroizquierda, integrada también por el PPD, el PS y el Partido Radical Socialdemócrata.

El PDC encabezó los dos primeros gobiernos de la transición, con Patricio Aylwin (1990-1994) y Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000), para ceder paso luego a Lagos, un socialista moderado (2000-2006), bajo cuya gestión se habrían producido las irregularidades descubiertas en Chiledeportes.

El ex diputado y ex presidente del PPD Jorge Schaulsohn se sumó al coro de críticas internas en la Concertación por la Democracia al afirmar en una entrevista al diario El Mercurio que bajo los gobiernos de esta coalición se ha implantado una "ideología de la corrupción".

Esta "ideología" les permitiría justificar el uso de recursos públicos en las campañas, con el argumento de que ésta es la única forma de contrarrestar los cuantiosos apoyos empresariales a los partidos de derecha, cuestión que el propio Schaulsohn desvirtuó ya que, dijo, hay empresarios que también apoyan al oficialismo.

El día 17, también en una entrevista con El Mercurio, Gonzalo Martner, ex presidente del PS, echó más leña al fuego al sostener que los partidos oficialistas usan para su financiamiento fondos reservados del gobierno, los cuales por su naturaleza están al margen de toda fiscalización.

Al igual que las afirmaciones de Schaulsohn, los dichos de Martner tuvieron un duro rechazo en los partidos gobernantes. El senador Camilo Escalona, presidente del PS, aseguró que ningún partido oficialista ha recibido recursos de los gastos reservados desde la restauración de la democracia en 1990.

En un enfrentamiento verbal con el diputado del PRN Alberto Cardemil, Escalona afirmó que entre 1980 y 1988, en la fase final de la dictadura, los montos de los gastos reservados a disposición de Pinochet eran 15 veces más altos que los que mantienen los gobiernos desde 1999, cuando se comenzaron a rebajar sustantivamente.

La aseveración de Martner sirvió para que la Alianza por Chile presentara una demanda ante los tribunales, que abrieron una investigación a cargo de la jueza Macarena Rubilar, quien rechazó el pedido opositor de que fueran citadas a declarar 102 personas que han ejercido altos cargos públicos desde 1990.

La oposición optó por judicializar el conflicto con el pretexto de que la coalición de gobierno, mayoritaria en la Cámara de Diputados, estaba saboteando el trabajo de una comisión investigadora creada en noviembre, cuyo presidente es Nicolás Monckeberg, del PRN.

Mientras tanto, el caso de Chiledeportes transcurre igualmente por rieles jurídicos, a través de una investigación del fiscal Xavier Armendáriz, quien hasta el día 20 había formalizado cargos contra nueve ex funcionarios de esa entidad.

La presidenta Bachelet sostiene que el afán acusador de la derecha es parte de una estrategia que apunta a desprestigiar a la coalición de centroizquierda y revertir las derrotas que ha sufrido en todas las elecciones presidenciales desde el retorno de la democracia.

En medios políticos se comenta que el blanco principal de esta estrategia es el ex presidente Lagos, quien se retiró del gobierno con un índice de popularidad de 70 por ciento y que podría ser candidato en las presidenciales de diciembre de 2009.

Una campaña que se retroalimenta en sectores "anti-laguistas" de la coalición gobernante, con los cuales se identificarían Schaulsohn y Martner, así como Boeninger, quien dijo que Lagos debería anunciar desde ya su decisión de no ser candidato en 2009 a raíz del escándalo de Chiledeportes.

El cambio de año sorprende así a la política chilena en un conflicto que tiene su raíz en casos concretos de corrupción, pero que sugiere a la vez la existencia de maniobras con vistas a las próximas elecciones presidenciales y que podría abrir paso a una revisión histórica de cómo los actuales líderes y partidos de la derecha fueron catapultados por la dictadura.

Todo esto ocurre en el país que según el último informe de Transparencia Internacional, publicado en noviembre, es entre los latinoamericanos el que tiene la imagen de menor corrupción, en el lugar número 20, que comparte con Estados Unidos y Bélgica, en un ranking mundial de 163 Estados. (FIN/IPS/ggr/mj/la ip sl dv if/06)(FIN/2006)

 
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Un ejercicio democrático fascinante

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Un abrazo Rodrigo González Fernández.

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desde el morrocotudo

Corrupción: Malabarismos en Tejados de Vidrio

categorias: Columna - Política - Nacional

El gobierno, transcurrido un año, está entre arenas movedizas y, por lo mismo, necesita anclarse a principios republicanos muy sólidos. La falla geológica en la ética pública y privada ha quedado al descubierto.

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Escrito por Hernán Narbona

La opinión pública ha presenciado en los recientes meses una escalada de denuncias por corrupción en contra del gobierno de la Concertación, por malas prácticas en la gestión de recursos públicos.

ChileDeportes, con clubes fantasmas y muertos jugando tenis o levantando pesas; SENCE, con uso fraudulento de fondos para generación de empleo y actuación de operadores que apoyaban campañas políticas y en donde hay actualmente un grupo de parlamentarios implicados; el uso de facturas falsas detectadas en las rendiciones de cuentas ante el Servicio Electoral (la punta de una madeja extensa que con empresas como Publicam supera ya los 500 millones de pesos de daño fiscal); los casos que aún están en proceso, -MOP GATE, MOP CIADE - donde se dio la colusión de intereses de empresas constructoras concesionarias de carreteras y puentes con los funcionarios que dirigían Concesiones del Ministerio Obras Públicas, y que debían fiscalizarlos; el descubrimiento de un sistema ideado para canalizar sobreprecios, triangulados por medio de contratos ficticios; alcaldes corruptos que se han apropiado de fondos previsionales de los trabajadores municipales y otros que manipulan los planos reguladores para facilitar los negocios de intereses privados invasivos de las comunidades locales (presiones y tráfico de influencias para instalar proyectos rechazados por la ciudadanía, en Cerrillos, Vitacura, Valparaíso); son, entre muchos otros casos, evidencias de que la corrosión de los principios y normas de probidad venía dándose desde hace mucho tiempo en Chile, en los palacios del poder, en los feudos regionales y en las pequeñas parcelas de las comunas.

El gobierno de la Concertación ha reaccionado enviando un paquete de medidas al Congreso. Sin embargo, en la crisis del 2003, lo mismo hizo el gobierno de Ricardo Lagos Escobar, pero, a la larga, muchas de esas medidas no han podido ser aplicadas por faltar reglamentos que jamás se dictaron. Entre otros proyectos frustrados, destaca el del "Defensor del Pueblo", que habría permitido contar con una instancia legal para perseguir los abusos de organismo públicos y privados en contra de las personas y los intereses ciudadanos.

Ahora, la situación se torna más crítica para la Presidente Bachelet. El fenómeno de la corrupción aparece a borbotones y en la vorágine de denuncias cruzadas dentro de la propia coalición gobernante, algunos de sus personeros han llegado a una suerte de autoflagelación. A un "harakiri" que talvez sea necesario para salvar la nave madre, el gobierno de Bachelet. Para eso, es preciso echar por la borda el lastre de culpas heredadas dejando que asuman esas responsabilidades políticas quienes correspondan.

Así se explica en el imaginario político la conversación de Michelle Bachelet con personas que no eran de las cúpulas de los partidos que la apoyan, y las denuncias sucesivas de Flores, Boeninger, Schaulsohn y Martner, reconociendo las malas prácticas dentro del conglomerado y en sucesivos gobiernos.

La percepción es que el gobierno se da cuenta de que ha transcurrido un año y está entre arenas movedizas, con una oposición que no le dará oxígeno, como Longueira se lo dio a Lagos en aquella negociación cuyos alcances no se han terminado de clarificar. Por lo mismo, el gobierno necesita anclarse a principios republicanos muy sólidos y se nota que se le dificulta bregar hacia decisiones de limpieza ética, por la ramificación de las máquinas enquistadas en el sistema.

En parte, esto se infiere de las declaraciones del Ministro Bitrán al diario La Nación, en donde planteó el grave riesgo para la democracia que él ve en el hecho de que los agentes sujetos pasivos de la fiscalización tengan tan gran influencia en los organismos que deben fiscalizarlos. Cabe recordar que por decisión del Ministro se paralizó el puente de Chiloé que, a la luz de los cálculos del Ministerio, bajo el actual gobierno, aparecía con un sobreprecio de 250 millones de dólares. Además, en el ejercicio 2006, el Ministerio paralizó obras en la novena región por una investigación por denuncias de corrupción y hay una decena de funcionarios involucrados en el caso.

Si se revisaran los 17 años de gobiernos democráticos se encontrará en el periodismo independiente numerosos hitos que fueron disimulados bajo la alfombra o en jarrones ad hoc. Porque esas denuncias fueron testimonios dispersos, en una etapa en que no existían las redes ni la Internet, con lo que esas denuncias no alcanzaban a llegar a toda la ciudadanía, siendo, por lo tanto, posibles de disimular mediáticamente. Sin embargo hoy el peso de la prensa ciudadana, de los blogs periodísticos, hacen imposible para los que detentan el poder, mantener la mugre bajo la alfombra.

Así, los intentos de cubrir estas situaciones de corrupción como hechos aislados o excepcionales o de invocar el empate con los robos y saqueos de patrimonio público durante el régimen militar, comienzan a fracasar ante el peso de las evidencias. Si alguien realiza el esfuerzo de repasar los últimos treinta años encontrará una extensa lista de situaciones de abusos, a diestra y siniestra, que transgredieron la línea roja de la legalidad, pero que se taparon por consideraciones de Estado, por tácitos acuerdos o por presiones de lobbistas renovados que, en definitiva, dieron impunidad a sus autores, cómplices y encubridores.

Hoy la falla geológica en la ética pública y privada ha quedado al descubierto y nadie, ni de gobierno ni de oposición, puede pretender hacer malabarismos con los hechos conocidos, porque todos tienen tejados de vidrio, lo cual les obliga a consensuar medidas de fondo, un nunca más a la desfachatez y la sinvergüenzura, que implique cambios conductuales, reformas categóricas a los estilos febles y amorales o antivalóricos que impuso el pragmatismo en la política nacional.

Se legitima en estos escenarios la tutela inteligente e informada de la ciudadanía organizada y Michelle Bachelet está a tiempo, a tres años plazo, para apoyarse en las fuerzas sociales y erradicar los vicios que arrastra la coalición gobernante, convocando nuevos rostros, que estén con las manos limpias y decididos a un compromiso republicano con el servicio público, la integridad, la honestidad, la probidad, como estrategia de un estilo participativo genuino y de una limpieza necesaria de esas malas prácticas que deterioran las confianzas y ponen en grave riesgo a la democracia.

Periodismo Independiente
Promovamos las buenas prácticas.
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"Expulsión de Schaulsohn es perversa e indignante"

Senador Navarro: “Expulsión de Schaulsohn es perversa e indignante"
Fuente :La Segunda Internet


 


Su rechazo a la expulsión del ex diputado Jorge Schaulsohn de las filas del PPD, por considerarla "absurda, confusa e innecesaria" manifestó el senador Alejandro Navarro quien dijo que "no comparto la tesis de la idelogía de la corrupción que ha levantado Schaulsohn, pero tampoco comparto la medida de expulsarlo, porque los problemas de la Concertación no se resuelven expulsando disidentes. Esa es una lógica perversa y ajena a lo que funda y representa la Concertación".

"A estas alturas -agregó- el tema ya no es Schaulsohn, Martner o Boeninger, el tema es la incapacidad que tenemos en la Concertación para resolver nuestras diferencias y nuestros problemas, especialmente porque no existen los mecanismos de resolución adecuados apara abordar nuestras diferencias y problemas. Es lo que ha pasado con la discusión sobre la eutanasia y el aborto y es lo que está pasando ahora con este tema".

Navarro señaló sentirse frustrado, defraudado y molesto con la decisión del tribunal supremo del PPD "porque no resuelve el tema de fondo, no se acaba el debate con la salida de Schaulson y además agudiza la crisis de credibilidad de los partidos ante la ciudadania, ante los jóvenes. El error del tribunal es hacer una lectura personal de un conflicto que supera con largueza las fronteras partidaria del PPD. Están en una burbuja y creen que estos temas solo lo afectan a ellos, cuando en realidad afectan a la democracia y a los demás partidos. El tribunal supremo del PPD le quitó al espoleta a la bomba de destrucción masiva de Schaulsohn".

"Es una contradicción -añadió- que sea el partido por la democracia el que expulse a un militante por sus opiniones políticas o por tener posturas disidentes. Su decisión pone en tela de juicio la esencia de la democracia interna y de los mecanismos de resolución de conflictos, que afecta a la Concertación, a la política y a los partidos. Aquí esta en juego la libertad de expresion y el derecho a disentir que es algo que desde la Concertación hemos ayudado a construir todos".


Enríquez-Ominami acusó de prepotencia y arbitrariedad a "censuradores" de Jorge Schaulsohn

El diputado socialista Marco Enríquez-Ominami lamentó la decisión del Tribunal Supremo del PPD de expulsar a Jorge Schaulsohn, por denunciar que el uso de recursos públicos para campañas políticas apareció con mayor fuerza desde las presidenciales de 1999.

"Hago un llamado a los censuradores de la Concertación a calmarse y debatir. Este tipo de acciones sólo dañan a la Concertación. Es incomprensible que un miembro del conglomerado no pueda manifestar su opinión y realizar autocríticas de manera tranquila y libre. ¿Dónde está el pluralismo que en el fondo nos debiera unir?", señaló.

"En democracia la libertad de opinión debe reinar, debe estar presente en todo momento, y con ella la autocrítica. Cada uno es libre de decir lo que quiera, no somos soldaditos que nos tenemos que regir por los mismos pensamientos.

El parlamentario aclaró que existe un grupo de "censuradores" al interior de la Concertación que buscan establecer restricciones al actuar de los militantes, de acuerdo a cánones y formas de actuar que no están establecidas en ningún régimen interno de las coaliciones concertacionistas.
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"Schaulsohn no pertenece a la mafia siciliana"

Carlos Larraín (RN): “Schaulsohn no pertenece a la mafia siciliana”
Fuente :La Segunda Internet


 




El presidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín, calificó como una decisión “estalinista” y “siciliana” la expulsión de Jorge Schaulsohn anunciada anoche por el tribunal supremo del PPD.

El político comparó la medida con las de la mafia siciliana y aseguró que al ex candidato a alcalde por Santiago “en Sicilia lo hubieran matado”.

“Yo creo que él se ha revelado contra una especie de ambiente interno en el PPD, que quiere reprimir cualquier seña de discrepancia y que quiere alinearlos en un sentido siciliano y Shaulsohn no pertenece a la mafia siciliana, se para en sus pies y no vive de la política, eso es lo que pasó con Schaulsohn”, dijo.

Por su parte, en la Unión Demócrata Independiente (UDI) indicaron que “no hay caiga quien caiga”, ya que en la Concertación “cae el que habla”.
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