Decisión de demanda internacional contra Chile dividió a gobierno boliviano
Vicepresidente García Linera apostó por recurrir a instancias internacionales, a contrapelo del canciller Choquehuanca.
por Francisco Artaza, La Paz
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Como pocas veces en las últimas semanas, La Paz amaneció ayer calma, sin grandes focos de protestas ciudadanas. El Presidente de Bolivia, Evo Morales, realizó sólo una visita a Cobija, sin mencionar ninguna palabra del duro discurso hacia Chile que había realizado 24 horas antes, en el que amenazó con recurrir a tribunales u organismos internacionales para obtener una salida al mar con soberanía.
El silencio boliviano, sin embargo, no era sinónimo de tranquilidad. Además de las críticas que comenzaron a surgir desde la oposición, la ofensiva anunciada por Morales había tenido como trasfondo una fuerte división al interior del propio gobierno.
Según fuentes bolivianas, en la antesala del discurso del Día del Mar había dos grupos. Uno, liderado por el canciller David Choquehuanca, quien junto al cónsul de Bolivia en Santiago, Walker San Miguel, defendía mantener el diálogo con Chile, pero endureciéndolo, estableciendo plazos claros para que La Moneda entregara una propuesta en el tema marítimo.
Ambos personeros planteaban la idea de un acuerdo "gradual": que en principio no incorporara cesión de soberanía, pero que pusiera este elemento como meta de un nuevo proceso de diálogo.
Pero, por otra parte, estaba el grupo liderado por el vicepresidente Alvaro García Linera, cuya postura más dura era compartida por la ex vicecanciller Mónica Soriano y el presidente de la Cámara de Diputados de Bolivia, Héctor Arce, del oficialista MAS.
Ellos, dicen las fuentes, eran partidarios de abrir la vía multilateral y explorar una demanda internacional, como finalmente anunció Morales.
Soriano, de hecho -quien dejó su cargo hace algunas semanas- trabajó en febrero en un diseño de eventual demanda contra Chile.
De ahí vienen, comentaban en La Paz, las alternativas jurídicas que comenzaron a ser analizadas. Opciones que, en todo caso, eran consideradas "muy difíciles" en Chile.
Emplazamiento
En tanto, a primera hora de ayer, el cónsul de Chile en La Paz, Jorge Canelas, tomó un avión a Santiago y hoy se reunirá con el canciller Alfredo Moreno, para analizar el escenario interno paceño. En RR.EE. dijeron que su regreso estaba agendado previamente.
Ayer, la atención chilena estaba puesta en qué reacción habría desde La Paz a la respuesta que había entregado el miércoles en la noche el Presidente Sebastián Piñera: es "inadmisible" levantar la opción de una demanda internacional y, al mismo tiempo, pedir mantener el diálogo político sobre el mismo tema.
En Santiago decían estar "tranquilos" y apuntaban a una complicación boliviana, pues se estima que no hay argumentos jurídicos para una demanda internacional. Así, si La Paz insistía, serían ellos quienes aparecerían bloqueando el diálogo directo.
En ese contexto, el canciller Alfredo Moreno hizo un emplazamiento más explícito. "Está en manos del gobierno boliviano determinar cuál es el camino que quiere continuar hacia adelante. Naturalmente, uno no puede transitar todos los caminos al mismo tiempo", dijo el titular de RR.EE.
La respuesta boliviana vino cerca de las 18 horas, por parte del canciller David Choquehuanca.
En un tono distinto al ocupado por Morales en la víspera y aunque insistió en que "tenemos que explorar otras alternativas, otros caminos, no podemos seguir esperando otros 132 años", Choquehuanca insistió en que "somos de la cultura del diálogo, jamás vamos a cerrar las puertas del diálogo con Chile".
Incluso, el canciller paceño -quien evitó hablar de "demanda"- dijo que "hay pendiente una próxima reunión de vicecancilleres, en la que se van a abordar estos temas".
En todo caso, informó que el próximo miércoles el consejo de ministros bolivianos trabajará en el decreto que crea la nueva Dirección de Reivindicación Marítima, que buscará los argumentos para recurrir a instancias internacionales. "Este tema nunca dejó de ser una preocupación de la región, de organismos multilaterales, como la OEA", agregó.
Las complejas vías que analiza La Paz
Acuerdo de Bogotá
Uno de los tratados internacionales que Bolivia pedirá ratificar en el Congreso es el Pacto de Bogotá, de 1948. Al hacerlo, podrá exigir que Chile responda una eventual demanda ante la Corte Internacional de Justicia, tal como lo hizo Perú con su petición limítrofe. Sin embargo, el debate en Bolivia -y también los análisis en Chile- apuntan a que ambos casos no son comparables. En Santiago dicen que Lima "construyó" un caso durante años, enviando notas diplomáticas a Chile, cambiando leyes internas e incluso, haciendo un ultimátum que luego le permitió dar por agotada la vía de la negociación. Bolivia, dicen en La Paz, carece de todo ese trabajo.
Nulidad de tratado y ONU
El martes, Morales dijo que "el Tratado de 1904 se forjó bajo la presión chilena y (...) el anuncio de tropas chilenas apostadas en la frontera". Esto apunta, dicen en ambos países, a un argumento para, eventualmente, pedir ante la ONU la nulidad de dicho tratado limítrofe con Chile. Según se explicó, la Convención de Viena de 1969 -otro de los acuerdos que La Paz deberá ratificar en su Congreso- dice en su artículo 52 que "es nulo todo tratado cuya celebración se haya obtenido por la amenaza o el uso de la fuerza". En Chile, sin embargo, consideran que hay poco piso para que la comunidad internacional desahucie el pacto que cerró la Guerra del Pacífico.
El mismo pacto de 1904
"El injusto tratado de 1904 no se cumple ni ha sido cumplido por Chile", dijo el martes Morales, en referencia al "régimen de libre tránsito" establecido por este pacto. Esto apunta, dicen diplomáticos de ambos países, a invocar el mismo tratado, que establece en su último artículo un mecanismo para resolver "todas las cuestiones que llegaren a suscitarse con motivo de la inteligencia o ejecución" del acuerdo. Sin embargo, este dice que las controversias serán llevadas ante "Su Majestad el Emperador de Alemania". Ante las miradas de extrañeza de Santiago, en La Paz insisten en que se podría pedir llevar alguna diferencia ante la Corte de La Haya.
