La Presidenta Michelle Bachelet dará a conocer este jueves la esperada agenda energética. Previo al anuncio representantes de las empresas generadoras y distribuidoras de energía junto a expertos del área adelantaron a La Tercera las principales temáticas que esperan que aborde la iniciativa, las que tienen relación con establecer medidas para dar una mayor certeza jurídica a las inversiones, mejorar la relación con las comunidades, determinar un ordenamiento territorial para los proyectos e instaurar una figura más participativa del Estado.
René Muga, gerente general Asociación Gremial de Generadoras de Chile, explica que el atractivo de las empresas de generación por invertir en Chile a través de la instalación de proyectos "está claro", sobre todo previendo que la cantidad de energía que consume el país se va a duplicar en 10 a 12 años. En ese sentido, estima que lo principal que debe abordar la agenda tiene que ver con asegurar esta inversión.
"Estos proyectos son de 30 a 40 años de recuperación de la inversión, por lo tanto, se requiere estabilidad en las reglas, una mayor claridad respecto al uso del territorio, sobre el tipo de relación con las comunidades, cómo vamos a ir solucionando eventuales conflictos que se produzcan, cómo vamos a ir entendiendo el rol de cada uno y cómo vamos a ir asegurando acuerdos mínimos que permitan que el desarrollo de las inversiones se pueda hacer de una manera más rápida, son todos elementos que espero que estén presentes", señaló Muga.
El representante de las generadoras agregó que "estoy seguro que van a estar presentes en la agenda y que nos van a ayudar a tener mayor claridad de cómo ve la autoridad, no solamente el futuro del desarrollo eléctrico del país, también el cómo avanzamos a la mayor velocidad posible en ir construyendo esa mayor capacidad que el país necesita".
En tanto, Eric Ahumada, vicepresidente de Desarrollo de Negocios de Transelec sostiene que "estamos bastantes expectantes. Creemos que es una agenda que se requiere hoy día con más acciones. Entendemos que debería venir también un capítulo con respecto a la temática de transmisión en donde vamos a ser también parte, seguramente, de las discusiones para llevar esto a acciones más concretas".
Sin embargo, Ahumada aclara que para las compañías lo importante va más enfocado a la clara definición de un ordenamiento territorial para la instalación de los proyectos de transmisión. "Más que certeza jurídica, creo que tenemos que hablar de temáticas en lo que es la planificación con mayores holguras (cómo hacer sistemas con mayores holguras), que hoy día lamentablemente como está escrito en la ley no se permite y adicionalmente a eso, un ordenamiento territorial, que permita también tener franjas para avenidas de transmisión en el futuro", apuntó.
Para Hugh Rudnick, director de Sytep, la agenda debería incorporar "plazos bien claros para poder abordar estas diversas temáticas con objetivos bien definidos, de que para tal fecha esperamos resolver tal tema"
En esa línea, el experto espera que contemple "una clara indicación madura del gobierno de cual es la matriz energética a la que aspiramos, porque para realmente contar con energía abundante, segura y económica, requerimos de todas las tecnologías. No vamos a resolver el problema solo con la energía solar y eólica - la energía solar tiene un tremendo potencial en el largo plazo y en los años 30 o 50 probablemente sea un gran componente de nuestra matriz-, pero mientras lleguemos a esos plazos, necesitamos de energía tradicional".
En este sentido indica que se ha estado discutiendo mucho del 20% de las ERNC, y no se ha discutido del restante 80% "y esperamos que hayan sólidos planteamientos que ilustren que necesitamos desarrollar hidroelectricidad y termoelectricidad,porque de otro modo nos estamos engañando".
ROL DEL ESTADO
Si bien existe consenso sobre la importancia de un rol más activo del Estado dentro del sector, para Muga y Ahumada va más por el lado de que el Ejecutivo impulse líneamientos y normas que dejen las "reglas claras" para los inversionistas, mientras que Rudnick va un paso más allá a través de una participación fiscalizadora de los temas de competencia.
"Creo que aquí, más que un rol fiscalizador del Estado, es ver cómo el Estado y la autoridad interviene para ir disminuyendo esos niveles de incertidumbre e ir posibilitando que la nueva inversión pueda empezar a hacer el trabajo desde hoy día. El Estado tiene que ayudarnos a ir fijando reglas más claras para que todos tengamos mayor certeza respecto a cuál es la regulación que va a regir a estos proyectos", considera Muga.
Mientras Rudnick estima "se necesita un Estado más observador, más indicativo, que señale planes de desarrollo futuro y que convenza a la población sobre cuáles son las alternativas energéticas reales para obtener energía abundante y barata; y también que fiscalice los temas de competencia. Han salido estudios que demuestran que no necesariamente estamos teniendo toda la competencia en el país que se requiere en el ámbito eléctrico y gasífero y creo que el Estado debe tomar acciones en esa línea. Eso es muy relevante. Y me imagino que va a estar en la agenda, porque es uno de los elementos que él (ministro) ha enfatizado con bastante fuerza".
Por otro lado, Ahumada señala "hay algunas cosas que van a requerir modificación legal y otras seguramente una temática de coordinación interministerial, que vemos que hoy día hay un ministerio que está con mucha fuerza al respecto".
IMPUESTOS VERDES
Un punto que ha generado controversia es la inclusión del llamado impuesto verde dentro del proyecto de ley de reforma tributaria que se tramita actualmente en el Congreso y cómo se condice con la señal que ha querido dar el nuevo gobierno de mayor seguridad al sector energético a través de la creación de esta agenda para destrabar el desarrollo de las inversiones.
En ese sentido, Muga es claro en afirmar que "el impuesto verde lamentablemente no fue parte de la agenda. Hubiéramos esperado primero tener la agenda, los objetivos, cuáles son los instrumentos y luego discutir respecto de los instrumentos. Hoy día tenemos un impuesto verde que no forma parte de la agenda, que a nosotros nos parece que genera incertidumbre, que es un impuesto que básicamente tiene un objetivo más bien recaudatorio y que al analizarlo, hemos encontrado una serie de deficiencias como la discriminación que produce, como la indeterminación de las tasas que también establece, como el tratamiento distinto a diferentes fuentes, como la no creación de ningún incentivo para reducir emisiones".
Asimismo, Rudnick asocia la medida a un tema muy distinto al netamente técnico y que debería involucrar al ámbito energético. "La señal del impuesto verde es una señal que en la práctica indica un aumento del precio de la energía, porque las energías más baratas no hidroeléctricas son el carbón y el gas y si le agregamos un impuesto evidentemente va a implicar un alza del precio de la energía".
Añade que se debe aclarar como teniendo la norma de emisión "va a conversar con un impuesto adicional sobre las emisiones. No sé si la agenda traerá esta materia, es un tema formulado desde el ámbito de Hacienda y de la necesidad de recoger recursos más que desde el ámbito energético propiamente tal".
