La frontera rediviva
El Ministerio Público investiga la posibilidad de que Francisco Curimil, comunero mapuche de 27 años, haya sido ajusticiado por tres integrantes de la comunidad Temucuicui autónoma, que opera en la zona de Ercilla. De ser efectivo, estaríamos ante una situación gravísima: un grupo armado terrorista que mata en las afueras de su casa a un ciudadano chileno. El motivo del crimen sería que le atribuyen el haber actuado como testigo protegido, entregando información sobre los participantes en un asalto armado a una plaza de peaje y el baleo a una patrulla de Carabineros y otros vehículos luego que fallaran en su objetivo de hacer volar dos camiones cargados con combustible que venían de Argentina.
La principal función que tiene el Estado en toda sociedad es garantizar el orden público y la seguridad ciudadana. No hay otra acción del Gobierno que sea más importante que ésta, no hay cosa alguna que los ciudadanos les pidan a las autoridades con mayor prioridad. Todos valoran en primer lugar la seguridad de sus familias; por eso, cuando se ven amenazados, claman por ayuda, a veces con verdadera angustia.
Como la de René Urban, agricultor de la zona de Ercilla cuya propiedad ha sido tomada más de 60 veces por comunidades mapuches agrupadas en Temucuicui, organización violentista que es la que mayor receptora de tierras de la Conadi. Sí, porque resulta que el Estado de Chile compra predios y se los entrega a comunidades que reclaman derechos ancestrales, y fíjese que estos señores han descubierto que si se toman un fundo, de atrás viene la Conadi y lo compra, y se los entrega a ellos.
El caso de Urban, de quien se dice que podría finalmente ceder a la presión y vender sus tierras a la Conadi, no es por supuesto el único. Hay agricultores de las zonas afectadas que salen todos los días de sus casas con chalecos antibalas. Se sabe del caso de otros que han debido dar alojamiento al interior de sus viviendas a carabineros, ante la inminencia de un ataque armado.
Para quienes estamos lejos, estas son noticias, a lo más relatos espeluznantes contados en torno a una buena mesa por conocidos o amigos que tienen la desgracia de vivir y trabajar allá; para ellos es lo cotidiano, lo que deben sufrir todos los días.
¿Cómo es posible que hayamos llegado a este extremo? ¿Estamos frente al riesgo de recrear un Chiapas en Chile, de resucitar la región de La Frontera, que durante siglos representó la emancipación de la Araucanía?
Sólo las torpes políticas gubernamentales podrían llevar a tales extremos. La verdad es que la población mapuche es pacífica, se reconocen como chilenos y viven en su mayoría en Santiago o en la Novena Región. Quieren, como muchos otros, tener acceso a un buen trabajo, a atención de salud y a una educación de calidad que les permita surgir.
Pero la imagen caricaturesca de los pueblos ancestrales que tienen en la mente quienes conciben las políticas indígenas, los asocia solamente a la tierra, y entonces sus acciones están orientadas a entregarles predios. La Conadi ha gastado 154 mil millones de pesos en comprar tierras y entregarlas a comunidades que escasamente las trabajan. El mundo viene de vuelta en relación a este tema, como lo indica la experiencia de Australia. La mayoría de estas entregas de tierras son discrecionales y favorecen a comunidades que usan la violencia, postergándose el Fondo de Desarrollo Indígena, que recibe apenas un 5% del presupuesto de la Conadi para apoyar iniciativas económicas y sociales a favor de las comunidades.
Con el apoyo de ONGs y financiamiento externo se ha desarrollado un activismo indigenista que tiene peligrosas conexiones con las FARC en Colombia, país al que han viajado varios integrantes de la Coordinadora Arauco Malleco, uno de los grupos más violentos.
Sólo un vuelco radical de la política indígena nos librará de la estupidez de convertir un país unitario y sin conflictos mayores, admirado en el extranjero por esas características, en una tierra asolada por la violencia y el terror.
