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La Fiscalía Centro Norte acogió a tramitación la denuncia por prevaricación que interpuso un grupo de diputados de RN contra los ex defensores de Natalia Compagnon -los abogados Felipe Polanco y Jessica Norambuena-, durante la primera etapa del caso Caval.
Así lo anunciaron los diputados RN José Manuel Edwards, Diego Paulsen y Paulina Núñez, quienes acudieron al Ministerio Público el 16 de junio para interponer la denuncia, con el objetivo de que se indague si los ex defensores perjudicaron a Compagnon, además de una posible intervención de La Moneda en la estrategia seguida por Polanco y Norambuena.
La acción judicial fue presentada luego de que Natalia Compagnon manifestara su disconformidad con el manejo de sus anteriores abogados, no descartando que su defensa estuviera controlada por La Moneda.
"A ellos les importaba mucho que yo no hablara con la prensa, que siguiera estrictamente el camino judicial en esto, que ojalá salpicara lo menos posible al gobierno, siempre la idea fue separarme completamente de La Moneda", dijo la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet en entrevista con Reportajes de La Tercera, donde agregó que se sentía "perjudicada" por el manejo de sus ex defensores, ligados al estudio del abogado Isidro Solís, históricamente cercano a la Mandataria.
"Estamos muy conformes porque se acogió a trámite la denuncia y esperamos que se llegue a la verdad respecto de si La Moneda digitó o no el caso Caval a través de influenciar de manera no legal el actuar de los abogados de Compagnon", dijo el diputado Edwards.
Según el legislador, "si el delito de prevaricación se llegara a comprobar, estaríamos frente a una situación en que el hilo se pudo haber cortado por lo más delgado, que era dejar caer a Compagnon para así salvar a la Presidenta Bachelet y a su hijo, Sebastián Dávalos".
En la denuncia, los parlamentarios invocan el artículo 231 del Código Penal, que señala que "el abogado o procurador que con abuso malicioso de su oficio, perjudicare a su cliente o descubriere sus secretos, será castigado según la gravedad del perjuicio que causare". Las penas van desde la suspensión hasta la inhabilitación perpetua para el cargo o la profesión, además de una multa de 11 a 20 unidades tributarias mensuales.
En esa línea, el abogado patrocinante de la denuncia, Eduardo Riquelme, afirmó que "valoramos que la denuncia se haya acogido a trámite por parte de la fiscalía, y esperamos que se realicen algunas diligencias a fin de esclarecer el ilícito que se ha denunciado".
A cargo de la investigación, la Fiscalía Centro Norte designó a la fiscal Giovanna Herrera.
