La educación superior en Chile suma 1.161.222 estudiantes en 2016."Si faltaba algo para deprimir las expectativas en materia de inversión es que se mantuvieran latentes posibles alzas tributarias en el futuro, para financiar la gratuidad universal de la educación", advirtió el economista y director de empresas, Aldo Lema, en un primer acercamiento a la propuesta del gobierno.
El proyecto de educación superior, que ingresó ayer por la tarde al Congreso por la Cámara de Diputados y sin urgencia, es la última de las iniciativas comprometidas por la administración Bachelet dentro del ciclo de la gran reforma a la educación, como ella la definió.
En el texto se plantea la ruta para lograr la gratuidad para el 100% de los alumnos, incluidos los de mayores ingresos. Según la última minuta entregada por el gobierno a distintos parlamentarios, para incluir a los estudiantes del sexto decil en 2018 se requiere que los ingresos estructurales como porcentaje del PIB tendencial (capacidad de crecimiento de la economía en el largo plazo), lleguen al 23%. Luego, esa relación debe avanzar hacia el 23,5% para la llegada del decil siete. Para el octavo decil la exigencia es un punto más (a 24,5%); del ocho al nueve el salto es de dos puntos (a 26,5%) y del nueve al diez, tres puntos (a 29,5%), lo que a juicio de los expertos es muy difícil de lograr.
Aldo Lema precisa que, según lo que se conoce hasta ahora, los números no dan, y por lo mismo ello es terreno fértil para que "grupos de presión intensifiquen sus acciones pidiendo nuevas alzas de impuestos", donde el impuesto a la renta y el de las personas figuran como los candidatos de primera línea.
Algo de ello ya se verificó ayer tras el comité político efectuado en La Moneda. Al término de la cita, el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, enunció que para cumplir con la gratuidad quizás sea necesario que el próximo gobierno realice una reforma tributaria.
Otro economista plantea que para cumplir con los objetivos, según lo esbozado hasta ahora, "se necesitarían dos reformas tributarias para alcanzar al 29,5%, requisito para la gratuidad total". El experto detalla que se apunta a 6 puntos del PIB , unos US$ 18 mil millones de recaudación en régimen para llevar la gratuidad del 60% al 100%.
En esa misma línea, el economista de la U. Adolfo Ibáñez, Claudio Agostini, asegura que la fórmula para el avance de cobertura de la gratuidad condiciona la incorporación de más deciles a la recaudación vía mayores impuestos que los actuales. Un mayor crecimiento económico del país no es suficiente.
"La única manera de cumplir con la fórmula es haciendo una nueva reforma tributaria, porque sólo se puede incorporar a más deciles en la medida que se recaude más respecto al PIB y para eso se necesita modificar la carga tributaria con una reforma que la aumente", detalló Agostini.
Ahora bien, aun cuando hubiesen nuevas reformas, los expertos advierten que también se necesitarán recursos para otros objetivos, tal como ocurrió con la reforma tributaria de 2014. De hecho, la propia ministra de Educación, Adriana Delpiano destacó que no todos los recursos asociados a un eventual crecimiento pueden ser dedicados a educación, ya que "también existen otras necesidades".
Para Gabriel Iturra, presidente de la Federación de Estudiantes de la U. Central y vocero de la Confeh, es difícil estimar el avance de la gratuidad. "No sé cuántos años se demorará el gobierno en alcanzar la universalidad, ya que son muchos los factores que influyen para lograr ese objetivo, pero es una posibilidad que sea en 30 años o incluso más. No es lo que queríamos, porque esto extenderá el endeudamiento de las familias".
Bola de cristal
Para Sergio Urzúa, economista de Clapes-UC, toda proyección de cifras económicas está sujeta a revisiones. En este sentido, agrega, "el espíritu de la propuesta es clara: nadie puede asegurar hoy con seguridad que existirá gratuidad universal en educación superior en Chile en el futuro".
Para el experto, "dada la realidad económica actual del país y todas las proyecciones, sería sorprendente que la extensión a otros deciles se concrete durante la próxima década" y añade que la gratuidad universal "representa un capricho que no es sustentada por argumentos técnicos. Durante las próximas décadas, Chile enfrentará desafíos importantes que requerirán inmensos recursos públicos en materias de salud, pensiones, educación pre escolar, básica y media, entre otras. Los pasivos contingentes generados por la propuesta de gratuidad universal serán una traba", sentenció.
Una opinión similar manifestó el presidente de la Comisión de Productividad del gobierno, Joseph Ramos, quien más allá de si la fórmula cuadra o no tiene reparos de fondo. "Más que gratuidad universal, creo que es más urgente tener un ingreso ético de $ 300 mil; garantizar la educación técnica superior, asegurar una educación básica y media de calidad, ampliar la pre básica, creo que esos recursos debieran destinarse a otros objetivos", acotó.
Para la economista de Libertad y Desarrollo (LyD), María Paz Arzola, la propuesta no es clara, ya que habla de ingresos estructurales y también de carga tributaria, lo que es un error. Si efectivamente fueran ingresos estructurales, a su juicio sería "difícil llegar a la gratuidad".
De ahí que Arzola espera una mayor claridad en los parámetros, y más allá de ello cree que la reforma educacional está mal enfocada, al igual que Stefano Zecchetto, del Instituto Libertad, para quien la fórmula del gobierno resulta "algo riesgosa", pues las reformas tributarias tienen efectos de largo plazo, sobre todo en países pequeños como Chile, ya que terminan afectando el capital, los salarios y el crecimiento, más aún "en un escenario de incertidumbre como el actual".
