Las manifestaciones asociadas a Responsabilidad Social en el sector público generan incentivos de buenas prácticas que permite tensionar tanto la filosofía como la gestión organizacional, generando los círculos virtuosos de mejora continua y de sostenibilidad en la forma de hacer las cosas, en pro de beneficios concretos para la ciudadanía.
Cuando las organizaciones deciden incorporar herramientas de gestión dentro de sus negocios, no siempre son conscientes de que están ajustando la filosofía que subyace en estas herramientas.
Por ejemplo, al considerar la implementación de un sistema de gestión de calidad, de una u otra forma obliga a que las directrices organizacionales, tanto sus políticas como su filosofía, incorporen el concepto de calidad en su amplio espectro. Obviamente esto va de la mano de la aplicación de las acciones y requisitos de un sistema de calidad, que dan consistencia y fortalecen la incorporación de a poco a una nueva filosofía, a una nueva forma de hacer las cosas al interior de la organización. Situación similar ocurre con otros sistemas de gestión, tales como ambiental, de riesgos, entre otros, en los que las transformaciones sistémicas producto de acciones o requisitos normativos, que inciden ajustando las directrices organizacionales.
Como resultado, después de numerosos esfuerzos y la perseverancia para que estos sistemas estén realmente incorporados al interior de la gestión, las organizaciones son reconocidas por los actores asociados como un negocio que incorpora estos conceptos. Así la permeabilidad a las buenas prácticas se traduce en estándares aceptados y comparables con los de otras organizaciones a nivel internacional.
Una vez que el sistema está implementado, las directrices de la organización junto con la cultura organizacional son las que harán que el sistema pueda permanecer en el tiempo. Por lo tanto, para implementar y darle sustentabilidad al los conceptos señalados, y en particular la Responsabilidad Social Corporativa, es importante que co-existan dos situaciones: permeabilidad en las directrices organizacionales e implementación de buenas prácticas como una forma de hacer las cosas al interior de la organización.
El Estado, y por lo tanto todas la institucionalidad pública, por definición tiene debe ejercer un rol en lo social, cuyo objetivo prioritario es la generación de políticas públicas en beneficio de toda la ciudadanía. Bajo esta perspectiva, se podría decir que, la Responsabilidad Social es parte inherente de la filosofía o política del Estado. Pero, ¿las buenas prácticas de RS están incorporadas dentro de su gestión?
Aquí es donde el Estado tiene un gran desafío que abordar. A través de la gestión de todas sus instituciones, puede ser reconocido por los actores involucrados, al aplicar buenas prácticas y ser Responsable Socialmente. No se puede dejar de mencionar la gran ventaja que posee frente a otras organizaciones cuyo fin es totalmente diferente. Sin embargo, el sector público tiene un "deber" respecto a la implementación coordinada y planificada de buenas prácticas en materia de RS, a pesar que se ha impulsado la implementación de una serie de herramientas de gestión en pro de una mejora, como por ejemplo el Programa de Mejoramiento de la Gestión Pública (PMG) creado a partir del año 1998 y perfeccionado en los años venideros, se enfrenta a limitaciones que dificultan una adecuada ejecución, como por ejemplo:
• La distribución del presupuesto de las institucionales públicas no es equitativa, por ejemplo, en términos de estándares de las instalaciones, en la utilización de recursos, en la cantidad de personal, etc.
• Excesiva burocracia en la gestión habitual del sector.
• Resguardos excesivos que se deben tomar para el desarrollo de proyectos, que en muchos casos terminan en la no implementación, ya que si no se obtienen resultados positivos en todos los proyectos a corto o mediano plazo, se cuestiona la posibilidad de generación de nuevos proyectos.
• En varias organizaciones existe una cultura establecida para hacer las cosas, que limita la implementación de nuevas ideas porque "siempre se han hecho las cosas así".
Para vencer estas dificultades, es necesario que las organizaciones y sus directivos, revisen sus estructuras, competencias, funciones, etc. y puedan definir las mejores estrategias para que los resultados sean mejores.
En este sentido, la implementación de prácticas socialmente responsables en las instituciones públicas, es un aporte significativo al funcionamiento general de las organizaciones porque genera valor agregado en todos los actores o stakeholders, porque incentiva la implementación de acciones en beneficio de la ciudadanía.
Por todo lo anterior, la manifestación de responsabilidad social en el sector público, promueve que las instituciones públicas revisen sus respectivos objetivos y funcionamiento de sus negocios en todas las dimensiones que considera el concepto (Gobierno Organizacional, Derechos Humanos, Prácticas Laborales, Medio Ambiente, Prácticas Operacionales Justas, Consumidores y Desarrollo Social y Económico de la Comunidad, consideradas en la Norma ISO 26000 que se está elaborando actualmente), y el cómo su accionar impacta a los stakeholders principales de cada organización, preocupándose y ocupándose de mejorar continuamente su gestión para que ésta sea cada vez mejor y así se la ciudadanía aumente su satisfacción (cliente principal del Estado), lo que contribuye directamente con el desarrollo del país.
*Ricardo Loyola Moraga es Ingeniero Civil Industrial por la Universidad de Chile. Cuenta con un MBA - Magíster en Gestión Empresarial de la Universidad Técnica Federico Santa María.Este artículo fue publicado en el blog:www.rsc-chile.cl.
Decadencia, mediocridad y desvergüenza parecen ser las claves del éxito ó por lo menos las nuevas consignas para triunfar en una Argentina que fue dejando su identidad en un gran basurero, acondicionado por los Kirchner para arrojar esos despojos.